Liberalismo

Ecuador: censura mediática y falso golpe (Aparicio Caicedo Castillo en El Mundo)

Enlace original disponible aquí.

Lo que se está viviendo en Ecuador es macondiano. Se impuso una vez más el sinsentido, el más absoluto sinsentido. Un puñado de policías, reclamando prebendas y privilegios, ha sido capaz de colapsar el país entero. La debilidad institucional es obvia, manifiesta, pero a eso estamos ya más que acostumbrados. No es novedad. No se trató de un amago de golpe de Estado, apenas una huelga de la policía, secundada por uno que otro militar que quiso pescar en río revuelto.

Al final, eso ha sido lo mejor que le podría haber pasado al régimen de Correa, que se dará un bañito de popularidad, mientras explota las escenas cursis de un presidente llamando a la muerte, a la vez que su propia guardia pretoriana repartía plomo ante unos manifestantes sin nada más que gases lacrimógenos. Cualquiera se hubiera envalentonado, porque en Ecuador nadie teme a la policía, saben que les cobran cada bala que disparan, cuando tienen alguna que disparar con sus vetustas pistolas. Eso y algunas hordas de delincuentes de medio pelo, oportunistas que saquearon tiendas en barrios populares.

Ha pasado inadvertido en el mundo entero el espectáculo de censura mediática implementado. Esa sí que ha sido la única novedad de lo ocurrido en Ecuador, suceso inédito. Correa inmediatamente ordenó sacar del aire a las emisoras de radio y televisión privadas, para llenar su espacio con la propaganda goebbeliana emitida por los medios públicos. Desde el hospital en el que estaba supuestamente secuestrado, pudo ordenar la censura, declarar el Estado de excepción, y seguir “demostrando” lo bravo que era.

Ni la omnipresente CNN internacional tenía más que emitir que lo que le filtraba el Gobierno. La única versión de los hechos que el mundo conoce es la que el Estado ecuatoriano ha querido dar. Y por muchas horas esa fue la única versión que incluso los ecuatorianos conocieron. El espectáculo de las redes sociales ha sido penoso, con decenas de periodistas en twitter, mendigando al menudeo alguna fuente independiente de información. Y nada. La respuesta recibida del director de un canal de televisión local: “nos han dicho que si emitimos nos cierran”.

Mientras, las fuerzas armadas, esos eternos parásitos, que en Latinoamérica terminan siempre fungiendo de árbitros del bien y del mal, llamaron a la calma, supuestamente “subordinadas al Gobierno”, pero sin olvidarse de imponer ciertas condiciones: asegurarse más privilegios. Una facción del Estado chantajeando a la otra, lo de siempre. Y todas sacaron algo.

Sabemos también lo que vendrá. La tartufocracia correísta iniciará una campaña de victimización, aprovecharán la ocasión para sumar más poder, para arrinconar más la poca libertad que el Estado no haya engullido todavía. La patria lo valdrá todo, todo sacrificio, todo abuso.

Un nuevo episodio de bananorepublicanismo. Pero nosotros ya estamos acostumbrados. Y mientras, la OEA, esa gran insignificante, monta el número, improvisa un guión perogrullesco. Al final del día tendrán la culpa lo yanquis, o las oligarquías.

Para ponerle más exuberancia, el ministro español Moratinos advierte que desplegará todo el “arsenal diplomático español”. Supongo que nada es poco para defender los feudos de poder de sus coleguitas latinoamericanos.

Algo se demostró y se demostrará. La oposición, y la propia sociedad civil, no tiene capacidad de reacción en Ecuador, ya no. Cerraron canales, y los periodistas cedían antes las amenazas del Gobierno. Mientras, todos los “analistas” internacionales justificarán sus honorarios y atención hablando de democracia, de respeto al orden inconstitucional. Y estaré de acuerdo con ello. No habría nada peor para Ecuador que dejar que el gorillorium castrense tome el poder, o dirima su ocupante nuevamente. Pero pocos, muy pocos, reconocerán que gran parte de lo que analizan es un encuadre mediático urdido desde Quito, que se apuró a poner los filtros adecuados tan pronto pudo, y dominó el flujo de información con facilidad.

Anotaciones sobre la crisis en Ecuador

Sobre los incidentes ocurridos ayer en Ecuador conviene hacer las siguientes anotaciones:

– La protesta de la policía no constituyó en forma alguna un golpe de Estado, sino una mera revuelta sin ambición ni plan alguno para tomar el poder. Por lo tanto, si bien este tipo de iniciativas no se corresponde con un comportamiento fiel a la legalidad democrática, no cabe hablar de golpe de Estado. Además, cabe señalar que la represión coordinada ayer por el gobierno ecuatoriano en contestación a la protesta policial provocó dos víctimas mortales, además de decenas de heridos.

– La policía ecuatoriana, en su rol como garante de la seguridad en el país, enfrenta desde hace años una situación insostenible:

  • El gobierno de Rafael Correa inauguró su primer mandato indultando a cientos de colaboradores del narcotráfico (“mulas”) y reuniéndose con la organización narco-terrorista de las FARC.
  • Se ha reformado el Código Penal para relajar el castigo legal a la delincuencia (relajando profundamente el criterio fijado para juzgar los robos), lo que ha supuesto un aumento notable en la delincuencia registrada, como confirma el propio gobierno. Sin embargo, en vez de rectificar, el Ejecutivo opta por aprobar una “Ley Seca” y vincular el crimen al “consumo de alcohol”.
  • En la primera mitad de 2010, el número de secuestros express casi duplica el registrado en 2008 (104 frente a 194).

– La libertad de expresión en Ecuador es nula, como se comprobó ayer con la suspensión “indefinida” de las transmisiones de todas las televisiones independientes del país. Durante toda la “crisis”, la única información televisada que recibieron los ecuatorianos fue la de uno de los canales controlados por el gobierno, ECUATV. Cabe señalar que desde 2008, el gobierno se ha dotado con decenas de medios de comunicación (radios, periódicos, televisiones) como herramienta de propaganda. A ello se le unen las “cadenas presidenciales”, con las que el Ejecutivo puede interrumpir la programación de las televisiones o radios privadas.

– Ecuador no ha parado de empobrecerse en los últimos años, siendo uno de los pocos países latinoamericanos que no ha avanzado económicamente en los últimos tiempos. Las tasas de crecimiento en América del Sur alcanzan cifras positivas en todos los países menos Ecuador y Venezuela. El Banco Central de Ecuador, fuertemente controlado por el gobierno desde la llegada de Correa, reconoció un crecimiento cero para el primer trimestre de 2010. Mientras tanto, los países vecinos (Colombia y Perú) avanzaban al 4,4% y al 9,2%.

– Las leyes y actitudes aprobadas por el Ejecutivo atentan contra la propiedad privada (algo que avanzaba ya la Constitución aprobada por el gobierno – analizada aquí por la articulista Gabriela Calderón de Burgos haciendo click aquí), la independencia de las instituciones judiciales (cuya corrupción está personalizada en el fiscal Washington Pesántez), la libertad educativa (como demuestra la nueva Ley de Educación Superior), etc.

Los sindicatos han perdido 270.000 afiliados en un año

Información completa disponible en Expansión.

Los sindicatos empiezan a sufrir en sus bases el rechazo a su actuación durante la crisis. Según los datos de afiliación a las centrales del Ministerio de Trabajo, 276.086 empleados dejaron de pertenecer a organizaciones como CCOO y UGT en un año. Si en 2008 sólo el 17,4% de los ocupados estaba afiliado a estas organizaciones, el pasado ejercicio sólo pertenecían a ella el 17,2% de los trabajadores.

Aunque los representantes de estas instituciones achacan el descenso a los despidos masivos, esta pérdida de confianza se explica fundamentalmente porque se dispara el desapego de los más jóvenes en las centrales. ¿La razón? Estos organismos se han dedicado sobre todo a defender a los empleados de más de 45 años, que tenían una indemnización por despido mayor. Sin embargo, no organizaron ninguna huelga en 2009, con los despidos masivos de trabajadores temporales.

Las cifras que revelan la confianza de los jóvenes en los sindicatos hablan por sí solas: 150.000 ocupados de entre 16 y 29 años se han dado de baja en estas organizaciones.

Es evidente que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el líder de UGT, Cándido Méndez, tienen un grave problema para captar a las nuevas generaciones: 40.721 empleados de entre 16 y 19 años dejaron su afiliación a los sindicatos desde que empezó la crisis. También se dieron de baja 164.914 ocupados de entre 25 y 29 años entre 2007 y 2009.

El abandono no se explica sólo porque haya caído la población activa, sino porque las centrales están perdiendo cada vez más peso entre los recién llegados a las empresas: en 2007 el 6% de los jóvenes ocupados estaban afiliados a los sindicatos, una cifra que escaló modestamente hasta el 7,3% en 2008. Sin embargo, en 2009 volvió a sufrir un fuerte retroceso: ya sólo el 5,7% de los jóvenes empleados pagan su cuota a estas organizaciones.

Las afiliaciones a centrales como UGT y CCOO han caído en picado sobre todo entre los jóvenes de entre 25 y 29 años. Si en 2007 el 12,2% de los empleados de estas edades estaba inscrito a un sindicato; en 2008, sólo el 10,9%. Y en 2009 sólo el 8,1% de los ocupados.

Los sindicatos –que a pesar de su escasa representatividad siguieron manteniendo el control de los convenios que regulan las condiciones laborales de 10,3 millones de empleados en 2009 (el 60%de los trabajadores)– siguen manteniendo poder entre los trabajadores de más de 45 años. Entre los empleados de mas de 45 años hay un 23,7% de trabajadores con carné de las centrales; una cifra que se reduce al 20,1% en el caso de los empleados con más de 55, los más cercanos a la jubilación.

“Rebelión en la granja” (por Fernando Savater, sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña)

Texto publicado íntegramente aquí.

Lo que diferencia el actual episodio del enfrentamiento entre taurinos y antitaurinos en el Parlamento catalán de otras fases de ese cíclico y antiguo debate es que por primera vez parece plantearse efectivamente la abolición de las corridas de toros en una región española. De modo que lo que se discute -o se debería discutir- no es tanto si ese espectáculo es una fiesta artística, portadora de tales y cuales valores, o por el contrario una muestra de barbarie anticuada, sino si debe o no ser prohibida para todos, la acepten o la rechacen. Es perfectamente imaginable que haya personas que sientan desagrado y repugnancia por las corridas pero que consideren abusiva su prohibición; incluso puede haber aficionados contritos que, reconociendo su gusto por ellas, admitan la necesidad de suprimirlas para verse libres de tan pecaminosa tentación, siguiendo el criterio de Pérez de Ayala: “Si yo mandase en España, suprimiría las corridas… pero como resulta que no mando, no me pierdo ni una”.

De modo que ahora el viejo debate alcanza un nivel efectivamente político, como también es político su trasfondo. No ha sido ciertamente Esperanza Aguirre la primera en politizarlo, como aseguran los que siempre miran la realidad con un ojo abierto y otro cerrado: aunque las argumentaciones escuchadas en el Parlament no sean de corte nacionalista, sin una motivación de fondo nacionalista no habría habido iniciativa popular ni probablemente ésta hubiera llegado al punto actual. Lo resume muy bien un chiste aparecido en La Razón: un litigante muestra un rehilete, con el palo decorado con el característico papel rizado rojo y gualda, explicando: “Esto es una banderilla; la parte de abajo causa heridas leves al toro y la parte de arriba hay que reconocer que ha causado esta comisión”. Claro que mejor que el debate sea en último término político, pues para eso se lleva a cabo en un Parlamento, que moral, como absurdamente suponen algunos. ¡No falta ya más que los Parlamentos decidan lo que es moral y lo que no lo es! Como parece que había quedado claro en otros casos -por ejemplo, el del aborto- el Parlamento no está para zanjar cuestiones de conciencia individual, sino para establecer normas que permitan convivir morales diferentes sin penalizar ninguna y respetando la libertad individual. Ahora, por lo visto, hay quien reclama del Parlament precisamente lo opuesto…

Lo digo porque en lo tocante a la moral, que es cuestión a la que he dedicado cierta perpleja atención durante bastante tiempo, no hay tanta unanimidad respecto al trato debido a los animales como algunas almas delicadas parecen suponer. Existen más razonamientos éticos en el cielo y en la tierra de lo que la filosofía de Peter Singer supone y no es lo mismo ser bueno que ser guay, aunque el matiz diferencial pueda resultar difícil de captar hoy en países como el nuestro. El repudio de la crueldad (no digamos “innecesaria”, porque si fuese necesaria ya no sería crueldad) y del maltrato animal es moneda corriente en los moralistas desde Tomás de Aquino, pero en cambio hay menos unanimidad a la hora de establecer qué diferencia a esas prácticas perversas de otras formas del empleo humano de las bestias. Y ahí es donde esta discusión se hace desde un punto de vista teórico más sugestiva: ¿qué hemos hecho y qué hacemos con los animales?, ¿en qué medida la relación con ellos ha configurado nuestra civilización e incluso nuestra “humanidad”?

Para empezar a comprender estos asuntos es imprescindible retroceder bastante en el tiempo. Digamos hasta el comienzo de la historia. El desarrollo de la sociedad humana se basa desde el principio en la utilización de animales para nuestros fines: nos han servido de alimento (“todo lo que nada, corre o vuela… ¡a la cazuela!”), de fuerza motriz tirando de carros o haciendo girar norias, de transporte y de arma de guerra (¡los escuadrones de Alejandro, los elefantes de Aníbal!), sus pieles curtidas nos han vestido y nos han calzado, han arado los campos, han defendido nuestras casas y nuestros rebaños (¡también formados por animales!) y -supongo que lo más humillante de todo- nos han servido de pasatiempo en circos y otros espectáculos, nos han hecho zalemas como mascotas de compañía y han trinado en jaulitas a la espera de su alpiste. Por no mencionar a los que han donado involuntariamente -y a veces aún vivos- sus cuerpos a la ciencia para el avance de la medicina, la cosmética y hasta la astronáutica (¡Laika, pionera del Sputnik!). Nos han sido imprescindibles para evitar males mayores: el antropólogo Marvin Harris justificó que los aztecas se comiesen a sus prisioneros por la ausencia en su territorio de mamíferos de talla suficiente para poder convertirse en fuente de proteínas y Jared Diamond explica el rezago de ciertas poblaciones africanas por carecer de bestias domesticables que pudiesen servirles para el transporte o la carga. Si tantos y tan variados empleos son formas de maltrato, hay que reconocer que la civilización humana se basa en el maltrato de los animales.

De modo que resulta un poco risible el argumento abolicionista de “que le pregunten al toro si le parece arte que le piquen o le den la puntilla”. Tampoco nadie le pregunta a la merluza si quiere donar su cogote a las sociedades gastronómicas o a los bueyes si quieren tirar del arado. Ni a perros, gatos o caballos de carreras si quieren ser castrados por nuestro bien. Porque en el caso del debate actual debe quedar claro que no se trata de introducir en nuestra cultura las corridas, sino de prohibir una práctica secular. ¿Que no sería hoy admisible iniciarlas? Imaginemos si aceptaríamos con los valores vigentes empezar a criar animales para alimentarnos con ellos. Me parece estar oyendo a quienes contemplasen corretear a unos pollos o a unos terneros: “¡Qué ricos son! ¿Verdad? Me refiero a que parecen sabrosos…”. Reconocemos que en los mataderos o las granjas avícolas industriales los bichos no lo pasan nada bien, pero se arguye que en tales lugares no se venden entradas para el espectáculo. Sin embargo, el argumento se vuelve contra lo que intenta demostrar, pues si fuera verdad que los espectadores disfrutan con el sufrimiento animal frecuentarían esos dignos establecimientos en lugar de las plazas de toros. Otros se escudan en que no es lo mismo sacrificar animales para atender nuestras necesidades que para satisfacer diversiones o lujos. Pero, como señaló Valéry, “tout ce qui fait le prix de la vie est curieusement inutile“. El asunto de fondo sigue siendo el mismo: ¿tenemos derecho o no?, ¿es crueldad o no?

La preocupación por el bienestar de los demás seres vivos obtuvo el patronazgo de notables ilustrados -Montaigne, Jeremy Bentham, Schopenhauer…- pero también el refrendo de algunos que mostraron humanitarismo con las bestias y bestialidad con los humanos: las primeras leyes europeas protoecologistas de protección de la Madre Tierra y de los animales fueron dictadas por el vegetariano Adolf Hitler. En cualquier caso, la sensibilidad hacia el sufrimiento de otros vivientes es un signo de la modernidad. A ella se deben medidas piadosas como el peto de los caballos de los picadores (impuesto por el dictador Primo de Rivera) o el suavizamiento de los obstáculos más peligrosos en la carrera del Grand National de Liverpool. No son desdeñables, pese a que ello implica que los animales van desapareciendo de nuestras vidas urbanas -circos, zoológicos- para hacerse sólo presentes virtualmente en los documentales de la televisión. Es una tendencia que continuará y que sin duda también acabará mañana afectando las corridas de toros, si no son abolidas. No revelan acercamiento a la naturaleza, sino el predominio humanista de dos instancias desconocidas en ella: la compasión y la hipocresía. Ambas, en su dialéctica perpetua, espiritualizan nuestra vida. Yo me quedo con el arrebato de Nietzsche en la plaza Carlo Alberto de Turín, abrazado llorando al cuello del viejo caballo fustigado por su cochero. ¿Síntoma de locura o comprensión abismal de la irreductible desdicha de existir?

Prohibir los toros costaría 57 euros a cada catalán

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña acarreará una indemnización de más de 300 millones de euros por parte de las administraciones públicas para los promotores de este tipo de festejos, según un estudio económico difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros.

El cálculo se remite a los 4,4 millones de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental a una media de 40 euros cada una, y apela al derecho civil catalán para asegurar que en caso de impedir el uso de una licencia de actividad se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.

El informe de la plataforma hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, y se fundamenta en que, como en la actividad económica que generan las corridas de toros intervienen muchos actores –toreros, ganaderos y propietarios del coso, entre otros–, también son muchos los actores a los que se debería indemnizar.

En cualquier caso, la plataforma reconoce que en Cataluña la afición taurina ha decrecido, como refleja que los festejos pasaron de 37 en 2001 hasta los 16 en 2007. Por todo ello, en declaraciones a Europa Press, el coordinador de la entidad ha confiado en que durante la votación definitiva del Parlamento catalán que se celebrará mañana triunfen “los postulados de la libertad”.

En concreto, la plataforma calcula entre 50 y 150 millones de euros el daño emergente que supondría la prohibición y el consecuente pago que se produciría únicamente por la compensación del uso que se hace de La Monumental. Para los taurinos, en la medida que se prohíba desarrollar una actividad económica, la Administración debe hacerse cargo del lugar donde se produce, basándose en el valor catastral.

Al mismo tiempo, y en virtud del llamado “lucro cesante” y el derecho civil, la Administración debería reparar los ingresos que se generan cada temporada en la Monumental, que a razón de 4 millones durante el próximo siglo suponen unos 400 millones. Con el descuento del interés y de la inflación, la cifra se sitúa en los 253 millones.

La suma de ambos conceptos arrojan una cantidad final entre los 300 y los 500 millones de euros que, según los cálculos de los mismos protaurinos, suponen que cada catalán debería pagar unos 57 euros de su bolsillo para permitir la prohibición de las corridas de toros en la comunidad.

España, el quinto país europeo con mayor Impuesto de Sociedades

España es el quinto país de la UE-27 que presenta el tipo máximo más alto en el Impuesto sobre Sociedades, con un 30%, lejos de la media comunitaria, situada en el 23,2%, según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Nuestro país sigue estando entre los países de cabeza, tras Malta, Francia, Bélgica e Italia, cuyos tipos máximos en Sociedades se alcanzan, respectivamente, el 35%, el 34,4%, 34% y el 31,4%.

No todos los países viven esta situación de alta presión fiscal al emprendimiento: por ejemplo, es el caso de Alemania y Bulgaria, donde el tipo máximo se ha reducido en 21,8 y 22,5 puntos desde el año 2000 a 2010, frente a los cinco puntos en los que ha descendido en España en este mismo periodo.

Precisamente, Bulgaria es, junto con Chipre, el país que presenta el tipo máximo más bajo de la UE, con tan sólo un 10%. También por debajo de la media comunitaria del 23,2% se sitúan Lituania y Letonia (15%); Rumanía (16%); Eslovaquia, Polonia y República Checa (19%); Eslovenia (20%), Hungría (20,6%), Estonia (21%). Por encima del promedio europeo se encuentran Grecia (24%); Austria y Dinamarca (25%), Países Bajos (25,5%), Finlandia (26%), Suecia (26,3%), Portugal (26,5%), Reino Unido (28%), Luxemburgo (28,6%), Alemania (29,8%), España (30%), Italia (31,4%), Bélgica (34%), Francia (34,4%), Malta (35%).

El Plan 2000E encareció hasta en 1,000 euros el precio de los coches

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) asegura que los fabricantes de automóviles han aumentado el precio franco fábrica de los coches (antes de impuestos, descuentos y ayudas), aprovechando la aplicación del Plan 2000E de incentivos directos a la adquisición de vehículos.

En su segundo informe anual sobre ayudas públicas, la CNC asegura que los precios franco fábrica han aumentado de forma generalizada en una media de 400 euros, si bien en algunos casos el crecimiento llegó a los mil euros.

Los incentivos del Plan 2000E, que expiró en julio pasado, alcanzaban un máximo de 2.000 euros por operación, de los que mil euros correspondían a las marcas, otros 500 euros al Gobierno central y los 500 euros restantes, a las comunidades autónomas.

El organismo que preside Luis Berenguer añade que los aumentos de precios de los automóviles podrían haber sido mayores mediante reducciones de los descuentos de fabricantes y vendedores, “pero éstos no son observables”.

“Ello parece inducir a pensar que el fabricante/importador ha aumentado los precios con el fin de contrarrestar el descuento e incorporar en el precio parte del subsidio, propósito que ha conseguido en mayor o menor medida en función de su capacidad de respuesta a la demanda adicional generada tras la implantación del Plan 2000E”, asegura.

No obstante, pese al aumento de los precios antes de impuestos, descuentos e incentivos que detecta la CNC, esta entidad indica que los precios de venta se redujeron aproximadamente un 5% tras la entrada en vigor del programa de ayudas, que además permitió elevar la demanda en un 12% adicional.

Diseño deficiente

Por otro lado, la autoridad de Competencia asegura que el diseño del Plan 2000E ha sido “deficiente”, en la medida en que no ha incluido los elementos necesarios para precisar y controlar el cumplimiento de la condición de descuento por parte de fabricantes o importadores.

Además, critica el hecho de que las ayudas de diferentes comunidades autónomas estuvieran condicionadas a la residencia del comprador en estas regiones, porque “supone una reducción de la competencia y una fragmentación del mercado”.

En otro orden de cosas, el informe de la CNC indica que el plan de ayudas para la compra de motos y ciclomotores (Moto-e) ofrece mayores incentivos para las motocicletas más contaminantes, es decir, las de más de 250 centímetros cúbicos.

Títulos universitarios de papel mojado

Texto tomado de Libertad Digital, disponible aquí.

Érase una vez una España con 52 provincias y 73 universidades distintas. Así podría comenzar la historia, con tintes trágicos, del sistema educativo español, caracterizado  por la habilidad de engendrar estudiantes cuyo perfil académico no se adapta a las necesidades de las empresas.

Con el inicio de la Democracia, los gobiernos se propusieron tumbar las vallas que habían mantenido a las facultades al alcance de sólo unos pocos para conseguir las generaciones mejor preparadas. El proceso derivó  luego, al albur de las competencias que fueron adquiriendo las comunidades autónomas, en un auténtico despliegue de centros universitarios sin parangón en el resto de Europa.

Un ejemplo: Alemania, meca europea de la ingeniería, prácticamente duplica la población española y, sin embargo, tiene un 40% de centros menos. Veinte años después de cultivar este campo de setas, las autoridades académicas se echan las manos a la cabeza.

España ha desembocado en lo que Santiago Molina García, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático de Educación Especial de la Universidad de Zaragoza, denomina “la masificación democrática de la universidad”. Sus señas prácticas: miles de licenciados arrinconados por el propio mercado.

Como resume Manuel O. Del Campo, experto en Recursos Humanos, los poderes públicos han orientado desde hace años a los jóvenes hacia la universidad por su interés de otorgar un grado más elevado de preparación a los habitantes. Pero de lo que no se estaban dando cuenta era de que se estaban produciendo dos fenómenos a la vez: la saturación y la escasez de personas capacitadas para desempeñar “profesiones”.

La necesidad de pintores, técnicos informáticos o electricistas responde a una regla de oro que no conviene obviar: el mercado laboral es quien redirecciona la oferta formativa, y no a la inversa. O dicho en clave metafórica: tener una espléndida plantación de papayas no sirve de nada si las familias sólo llenan su cesta de la compra de manzanas golden y plátanos canarios. Precisamente, el creciente interés por la Formación Profesional viene a rellenar este vacío en el mercado laboral.

FP: más formados y… mejor pagados

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en el curso 2006/2007 se habían matriculado en ciclos formativos de FP cerca de medio millón de alumnos (232.653, en grados medios y 212.802, en superiores).

Los tradicionales perfiles de electrónica o mecánica (por cierto, aún muy demandados) conviven con otras veintidós ramas profesionales, que aglutinan 140 titulaciones. Algunas tan novedosas como el Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, creado a raíz de la escasez de personal especializado en asesorar a los consumidores cada vez más aficionados a visitar este tipo de establecimientos.

El propio diseño de estos estudios, que garantiza por ley un 30% del tiempo invertido en prácticas, es uno de los secretos del valor creciente de la FP. De hecho, la tasa de inserción laboral de estos titulados se sitúa en el 92,6%, en el caso de Grado Medio, y en el 88,8%, en el Grado Superior, según los datos del Observatorio Joven de Empleo en España.

El antiguo concepto de la FP como una alternativa a los alumnos menos brillantes se ha transformado en una formación que responde a la demanda real de empleo, diluyendo trasnochados prejuicios, en los que no se detienen el resto de europeos.

Mientras la media de estudiantes de FP de Grado Medio de la UE ronda el 55%, superando al Bachillerato, en España tan sólo el 36% de los jóvenes se decanta por esta opción, según el informe Panorama de la Educación 2007 de la OCDE.

Estas cifras contrastan con los crecientes seguidores de la Universidad. Al término del pasado curso han salido de ella alrededor de 187.000 licenciados y diplomados, un 90% más que hace una década. Aunque la voz del mercado está comenzando a mandar. El acceso a la FP de grado superior ha crecido hasta el 22%, por encima de la media europea, a la vez que la tasa de entrada en la educación universitaria comienza a disminuir gradualmente.

Además de ahorrar tiempo (la titulación de grado medio requiere uno o dos años de estudios), los estudiantes de FP se encuentran entre los perfiles profesionales más demandados. Según el Informe Infoempleo 2007, el 23,3% de la oferta analizada solicita titulados de FP.

Las salidas de Formación Profesional

Entre ellos, los más demandados fueron aquellos perfiles de la familia de Fabricación Mecánica, con casi el 30% de la oferta, seguidos de las familias de electricidad y electrónica (25,5%) y Administración (15%). El 30% restante de la oferta se dirige a las áreas de Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil , Química, Informática y Automoción, Mantenimiento y Servicios y, por último, Sanidad.

Según la experiencia de varias consejerías de empleo autonómicas, ocho de cada diez  graduados en FP encuentran empleo antes de seis meses, un lujo que se pueden permitir pocos universitarios. Además, se estima que en su primer contrato pueden llegar a cobrar hasta un 20% más que los universitarios.

El nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, deberá hacer frente a la puesta en marcha de la reforma de la FP, anunciada en octubre pasado. Por el momento, el real decreto que permitirá a los trabajadores convalidar la experiencia adquirida en un oficio por módulos de la FP todavía está en proceso de tramitación.

El Gobierno tenía prevista su aprobación el pasado enero. Entre otras mejoras, se abrirá la opción de reconocer la experiencia como formación, bien para obtener un título o bien para optar a un sistema de evaluación que conduzca hacia la acreditación formal. Una vez superada la prueba de evaluación, el candidato recibe un documento que avala su competencia profesional, válido en cualquier lugar de España.

Un modelo obsoleto

Cada año salen de las facultades españolas alrededor de 180.000 jóvenes con un título bajo el brazo que sólo da derecho a conseguir un trabajo entre medio y un año después de la graduación, según Universia, y a un sueldo inicial que ronda los 1.200 euros mensuales.

El Estado puede controlar, a través de las notas de corte, cuántos alumnos estudiarán cada carrera. Este método ha desembocado en que el 23% de las 3.569 titulaciones que hay en España bastan para cubrir el 100% de las plazas ofertadas.

Es decir, 30 títulos aglutinan a la mitad del alumnado, lo que, según los analistas, prueba que la red tan extensa de universidades no está justificada. De otro lado, queda la frustración de quienes no pueden estudiar lo que desean. En Ciencias de la Salud, por ejemplo, la demanda supera en un 365% la oferta.

Del dinero fácil a la frustración

Según el Informe Pisa elaborado por la OCDE, los españoles de quince años no sólo están en el furgón de cola en los conocimientos de matemáticas y ciencias, sino que en la última edición (2006) se ha ido observando un fuerte retroceso en lectura, lo que ha desatado el horror entre las familias y la desazón del profesorado. Quizá este factor explique que el 30% de los alumnos no accede al Bachillerato, tras pasar por la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Aunque hay otra explicación: miles de chicos abandonaron sus estudios por la relativa facilidad de encontrar un empleo, en la anterior etapa de bonanza. De hecho, hasta el 2007 los expertos constataron este “efecto animoso”, por el que los potenciales trabajadores (a partir de los 16 años) se deciden a colgar los libros por la tentación de tener un sueldo propio.

Claro que, muerta la gallina de los huevos de oro (el sector de la construcción), estos jóvenes trabajadores tienen un doble problema: una formación raquítica y un bolsillo vacío. Otra razón estriba en el factor desánimo de saber que no se accederá luego a la carrera deseada, por las notas de corte.

El gobierno español ficha más de 1.000 empleados públicos en el primer trimestre

El pasado mes de marzo De la Vega anunciaba una “reducción drástica” la Oferta Pública de Empleo. El Ejecutivo se comprometió a crear tan sólo 781 plazas en la Administración General del Estado en 2010. En el primer trimestre, Zapatero ha colado por la puerta de atrás a más de 1,000 empleados públicos.

Lo comido por lo servido e, incluso, aún más. El Gobierno se hace, nuevamente, trampas al solitario… pero es que, además, la ansiada austeridad brillaba por su ausencia, ya que el gasto de personal se disparó en 71 millones de euros más de lo previsto en los dos primeros meses de del año. Y es que, según denunciaba entonces el PP, la supuesta reducción de la Oferta Pública tenía trampa, ya que el Gobierno estaba aumentando la contratación de personal laboral e interinos, con lo que la factura seguía siendo la misma e, incluso mayor.

Más información, aquí.

El modelo de Estado Autonómico cuesta a los españoles el 2,3% del PIB

El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente hasta el 2,3% del PIB nacional.

El mapa autonómico español, dividido en 17 comunidades y en dos ciudades autónomas, ha degenerado en una administración tremendamente costosa para el ciudadano y que, según revela el estudio de UPyD, incurre en numerosas duplicidades que no solo incrementan su coste, sino que tampoco demuestran realmente su eficiencia. Es más, según el informe, si las comunidades mejorasen sus prácticas de gestión y siguiesen el modelo marcado por las autonomías más eficientes, se ahorrarían, como mínimo, hasta 24.000 millones de euros al año.

Y es que, los desmanes, despilfarros y gastos superfluos son a veces muy llamativos, fruto de una tendencia cada vez mayor a crear organismos que ya pre-existían a nivel estatal. Defensores del pueblo, Cámaras o sindicaturas de Cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, institutos de estadística, consejos de consumo, agencias de protección de datos como las que ya existen en Cataluña, Madrid o País Vasco, embajadas autonómicas en el exterior, institutos de Meteorología, un sinfín de observatorios de muy variado pelaje… Un continuo suma y sigue, y un coste que está creando un sistema parasitario.

El informe no cuestiona, por ejemplo, la existencia del Parlamento de Cataluña, pero si su excesivo coste. La cámara cuenta con 135 diputados para una población de poco más de 7 millones de personas y con un presupuesto, en 2009, de 68,3 millones de euros. Mientras, el Congreso de los Diputados, 350 escaños para una población de 46 millones, gestiona un presupuesto de 98 millones. Así el gasto medio por un diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, mientras que el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926.

Más ejemplos: la ingente cantidad de páginas que se publican cada día en los diferentes Boletines Oficiales que aún no han dado el paso a la vía electrónica. En 1978, se publicaban en España 50.000 páginas en los diferentes Boletines de todos los niveles de la Administración. Hoy en día, esa cifra ha crecido hasta las 800.000 páginas diarias. Otro tanto ocurre con las televisiones autonómicas y locales surgidas en cada autonomía. Se dan casos “de no uno, sino dos y hasta tres canales autonómicos de televisión, sin contar los locales”. Como ya puso de manifiesto un informa de la consultora Deloitte, en 2008 el déficit de las televisiones públicas autonómicas se elevó hasta los 1.600 millones de euros.

Otro desmán del Estado autonómico puesto en evidencia es la obsesión de algunas autonomías por abrir embajadas en el extranjero, máxime cuando la Constitución estable como competencia del Estado “las relaciones internacionales”. En 1999 el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años, el País Vasco ha destinado 27´6 millones de euros a esta política. Algo parecido a lo que también ocurre en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia para lo que se ha destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.

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