Liberalismo

“El cine español y el bolsillo del contribuyente” (Dolores Payás en El País)

Reproducimos la tribuna publicada por la directora cinematográfica Dolores Payás en el diario El País con el título “El cine español y el bolsillo del contribuyente”. El texto data de enero de 2010.

En el debate sobre la aplicación de la Ley de Cine -además de las propuestas de un lado y protestas del otro-, sería interesante que el contribuyente de a pie tuviera acceso a ejemplos concretos sobre lo que se está discutiendo. Al fin y al cabo, su dinero sirve para financiar una industria de la que, al menos idealmente, él es usuario y receptor último.

Los miembros de la profesión se lamentan del descrédito general que ésta sufre. Argumentan que los sectores automovilístico y agrícola están protegidos y nadie se queja. Muy cierto, pero los tomates y coches están en la calle. En cambio, si comparamos la cifra de películas subvencionadas anualmente con la cifra de películas difundidas los números no cuadran. ¿Dónde están esas obras que hemos contribuido a financiar y no vemos?

Vaya por delante que hay muchísimos productores honorables, profesionales magníficos. Pero también abundan los vividores que medran a costa del erario público y de los esforzados trabajadores de la industria. A estos productores de pacotilla les gusta navegar bajo el pomposo título de “independientes”, carta de nobleza que demasiado a menudo esconde una notoria falta de escrúpulos. Expondré un caso reciente. Su secuencia de acontecimientos, por extravagante que parezca, ilustra la realidad de bastantes películas españolas.

El productor descubre un guión. De momento no lo paga, está descapitalizado y además el autor, guionista y director, es un desconocido; bastante favor le hace gestionando su obra. El proyecto, cuyo presupuesto supera los dos millones, consigue todas las subvenciones posibles: TVE, avance sobre taquilla y Eurimages. Para acceder a esta última ayuda es condición indispensable que haya otros coproductores europeos. Aparecen dos, se firman contratos estipulando aportaciones y porcentajes a repartir: 20% para uno, 10% para el otro.

La película se rodará en Barcelona, nada más lógico que pedir también la subvención de la Generalitat. El coproductor local que realiza el trámite debe ser titular del 50% de la película. Ningún problema, de nuevo se firman contratos y reparten porcentajes. Se les ocurrirá, igual que a mí, que a estas alturas ya hay mucho fragmento de película desparramado por ahí. Pero sigamos.

Con la documentación de las ayudas concedidas, el productor va al banco y éste le adelanta dinero mediante créditos avalados por las instituciones y los socios coproductores. Recordemos que él no tiene dinero.

Empieza el rodaje, poco después la estrella protagonista amenaza con irse, no ha cobrado. Aterriza un nuevo, flamante coproductor. Se firman otros contratos y esparcen más porcentajes. Asombroso. Pero continuemos. Algo más tarde es el gerente de la sala de montaje quien avisa al autor: hasta el presente no ha cobrado y duda que el futuro traiga nada mejor. En la sala de efectos especiales se repite la melodramática escena. De improviso brotan deudas en cascada, los laboratorios bloquean el material, el proceso se atasca. A veces llegan noticias del productor, diversos reportes lo sitúan en interesantísimos y lejanos mercados: Los Ángeles, Tokio…

Cuando el autor, que tampoco cobra, consigue pedirle explicaciones, reacciona como lesa majestad ofendida. El autor ha hecho “su” película, contento debería estar.

Por fin, tras meses de angustias y sobresaltos sale la primera copia, proeza lograda gracias a la intervención de los coproductores catalanes y al previsible voluntarismo del susodicho autor que, aterrorizado, ve cómo años de trabajo se están yendo al garete.

Algunos impagados presentan denuncia y el juzgado ordena el embargo de bienes de la productora. No los hay. El productor tiene otras empresas pero su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y ninguna de las dos paga.

Los socios coproductores se inquietan. Presionan, le exigen que estrene, de otro modo no se materializan las subvenciones. Pero él ya no tiene dinero para estrenar. Anuncia entonces que la obra es fallida y no gusta a nadie, el negocio ha fracasado y toca asumirlo con humor. Lo del humor se aplica a los acreedores y a quienes depositaron avales bancarios. Porque él, rebobinemos, no ha puesto un euro.

Intervienen abogados, los contratos ven la luz. En un alarde creativo sin precedentes el productor ha pulverizado el sistema decimal repartiendo el 140% de la película. Los acuerdos firmados son dobles, triples, unos destinados a las instituciones, otros “internos”. La confusión es mayúscula y no se consigue desentrañar quién tiene qué, cuánto, cómo y por qué.

Acorralado, amenazado con una querella por uno de sus propios socios, el personaje trompetea que es un “independiente”, una víctima del sistema. Está profundamente dolido, nadie le entiende. A la vista de tanta incomprensión se proclama harto y cede la totalidad de la película al socio en cuestión. Se firma otro contrato del que se desconocen términos y porcentajes.

En realidad, hace tiempo que él se despreocupó de la obra. Hizo su negocio antes, con los créditos respaldados por avales ajenos. Ahora la película es mero campo de batalla en el que inversores y acreedores intentan salvar sus dineros. Tan sólo el autor sigue interesándose -inútilmente- por ella. Sobre su trabajo se ha construido el turbio andamiaje pero él es un peón irrelevante.

Entretanto, los coproductores catalanes deciden estrenar para rescatar la subvención de la Generalitat. Ya han perdido mucho dinero en intereses y lo hacen en precario: sólo cinco cines, cero publicidad. Pero en una conocida y céntrica sala de Barcelona la película aguanta tres meses y medio en cartel, un milagro dadas las condiciones. Se podría pensar que tras este prometedor despegue se difundirá en el resto de España. Todo lo contrario, se volatiliza. Hasta que -oh sorpresa- unos meses después reaparece súbitamente en las cifras oficiales de taquilla. Y, más sorprendente aún, está arrasando. Nadie ha oído hablar de ella, ni siquiera el autor sabe en qué remotas salas y horarios se proyecta, pero es un hecho que cada semana recauda una hermosa, redonda cifra, siempre idéntica. ¿Otro milagro? Lo cierto es que el dinero del avance sobre taquilla sólo se concreta cuando la película ha hecho un número determinado de entradas. En semejante tesitura, puede que el productor haya considerado más rentable -y seguro- comprar directamente esas entradas antes que despilfarrar el dinero en algo tan peregrino como es la promoción de la película. En conclusión, la habremos financiado todos pero muy pocos tendrán la oportunidad de verla.

El disparatado sainete es resultado de un sistema de ayudas que sin un control estricto tiene efectos doblemente perversos. Primero, facilita que productores fulleros trapicheen con el dinero público. Segundo, condena muchas películas al olvido pues ninguna, buena o mala, llegará al espectador si no se ponen los medios adecuados para ello.

La situación no invita al optimismo aunque últimamente se perfilan señales esperanzadoras. Los sindicatos de trabajadores del sector -ALMA, TACE- se han reactivado, y parecen llegar ciertos movimientos sísmicos con epicentro en el ministerio de Cultura. La ministra Ángeles González-Sinde es autora, probablemente no ignora los entresijos de estos burdos embrollos. Esperemos que el señor Ignasi Guardans, al frente del ICAA, sepa imponer filtros severos y mecanismos rigurosos para abortar operaciones que desprestigian a la totalidad de la industria cinematográfica. También sería deseable que los damnificados de turno denunciaran sin demora los impagos y actividades fraudulentas que detecten. Hay que perder el miedo y obviar la usual advertencia de ribetes mafiosos, esa cantinela que reza “tú no trabajarás más”.

Por último, los productores honestos deberían tener el máximo interés en que desaparezcan de la circulación los que son todo lo contrario. Para ello hay razones de orden ético, pero también práctico. Una operación de saneamiento a fondo no sólo beneficiaría al sector, caótico y viciado, sino que además rehabilitaría su imagen frente a una opinión pública muy sensibilizada, harta de que se inviertan sus impuestos en tejemanejes más que sospechosos.

Después de prohibir la promoción de alcohol, tabaco, juego… Zapatero apunta a los anuncios de contactos

Al igual que ocurre con la legalización de las drogas, la normalización de la prostitución es uno de los temas más evitados en el debate político español. Sin duda, la corrección política reinante hace muy difícil la consideración de este tipo de medidas. Sin embargo, es aún más sangrante la hipocresía que ha demostrado el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ha reclamado la eliminación de los anuncios de prostitución en la prensa escrita.

Lejos de avanzar cualquier tipo de legislación sobre el limbo jurídico y profesional en el que se encuentran todas las personas que se dedican a este negocio, Rodríguez Zapatero prefiere mirar hacia otro lado. Su propuesta atenta contra la libertad de expresión e información, dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española. Además, este deseo del presidente demuestra que prefiere condenar a la marginación y la oscuridad social a miles de personas antes que abordar su difícil situación. Resulta especialmente curioso que un gobierno publicitado como “valiente”, “feminista” y “campeón de los derechos sociales” actúe de forma tan hipócrita ante una realidad tan compleja. Como ha indicado la Asociación de Editores de Diarios Españoles, “si la prostitución constituyera una actividad ilícita, los periódicos nunca darían cabida a la publicidad referida a esta práctica”.

Sin embargo, no estamos ante un caso aislado: en los últimos años, los periódicos y los medios de comunicación en general no han parado de sufrir importantes limitaciones legales para la promoción y la publicidad de diferentes productos. En concreto, los medios de comunicación ya han sufrido la censura de la promoción relativa a productos como el alcohol, el tabaco, el juego, los anuncios societarios en prensa  determinados alimentos destinados a la juventud, por lo que esta nueva “mordaza” no debería sorprendernos… si bien tampoco debería dejar de indignarnos.

Nuevo retroceso en la competitividad de la economía española para 2010 y 2011

En los próximos días, analizaremos los resultados del Informe de Competitividad Global 2010-2011 publicado por el Foro Económico Mundial. Pueden descargarse el documento haciendo click aquí. Además, pueden consultar el análisis del informe 2009-2010 publicado en esta bitácora hace meses. Hagan click aquí para acceder a dicho texto.

Cabe destacar que España ha retrocedido casi 20 puestos desde la llegada al poder del Partido Socialista en 2004, pasando del número 23 al 42 en apenas seis años. Esto indica que la competitividad española se ha desplomado de forma alarmante, pasando de un nivel cercano a países como Francia, Austria, Corea del Sur, Israel o Chile a un ranking muy inferior, a la altura de economías mucho menos dinámicas (como la de Barbados, Indonesia, Eslovenia, Lituania…). Próximamente, el análisis completo en esta bitácora.

A continuación pueden ver dos entrevistas: la primera (en inglés) con el destacado economista catalán Xavier Sala-i-Martin, que ha comandado la edición 2010-2011 de este documento anual del World Economic Forum, y la segunda (en castellano) con Arturo Franco, máximo representante del Foro en Latinoamérica.

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Otra prueba de la insostenibilidad de la Seguridad Social: descentralizar la caja única dejaría a nueve regiones sin pensiones

La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado español ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema de “Seguridad Social” que tanto defienden los partidarios del llamado “Estado del Bienestar” (concepto de Bismarck que hoy defiende enérgicamente la socialdemocracia europea y el socialismo internacional). Tal y como anuncian diversas publicaciones económicas, transferir la “caja” del sistema a las administraciones autonómicas dejaría sin pensiones a los ciudadanos de nueve de las diecisiete comunidades autónomas.

El sistema de reparto no obedece a un ahorro personal y voluntario, capaz de aportar incluso una plusvalía al trabajador, sino que se caracteriza por ser una asignación burocrática y coactiva que no genera ningún valor añadido y solamente se sostiene mientras las circunstancias demográficas lo permitan. Por eso, es irónico que hablemos de “Seguridad Social” cuando todas las evidencias demuestran que este modelo no es nada seguro ni contribuye positivamente a la sociedad.

Así las cosas, regionalizar la Seguridad Social haría imposible a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía el pago de las pensiones actuales a sus jubilados. En todos estos territorios, la Seguridad Social registra déficit, ya que tiene menos de dos cotizantes por pensionista (la media nacional es de 2,57). En términos relativos, la comunidad que más dinero aporta es Madrid, seguida de Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.

Según algunos expertos, aprobar esta descentralización supondría un cierto conflicto constitucional. Sin embargo, repasando la Constitución de 1978 podemos comprobar que, si bien “el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado”, esto no supone “un perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”, por lo que la Carta Magna parece dar cabida a todo tipo de argumentaciones (algo que, por otra parte, también ocurre en otros aspectos fundamentales que nuestra Constitución tampoco resuelve tajantemente, como es el alcance del Estado de las Autonomías, la propiedad privada, etc.).

Por lo tanto, estamos ante una decisión que haría más caótico aún el sistema de pensiones español, aumentando enormemente su ineficiencia y duplicando los problemas innatos de este injusto sistema, consagrado en el Pacto de Toledo y aplaudido por los grandes partidos y medios de comunicación españoles.

¿Hay alternativa? Por supuesto: la Asociación para la Reforma de las Pensiones ofrece su explicación del modelo de capitalización en PensionesDignas.es, mientras que el chileno José Piñera (principal artífice de dicho sistema) viene explicando su propuesta para España desde el año 1996 (puede consultar su resumen ejecutivo haciendo click aquí).

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