Liberalismo

Logros del liberalismo español entre 1812 y 1929

A partir del libro “¡Viva la Pepa!”, de Felipe-José de Vicente Algueró, citamos a continuación algunos de los principales logros del liberalismo político en España, durante el periodo comprendido entre 1812 y 1929.

– 1812: Primera Constitución Española.

– 1812-1836: Abolición del régimen señorial.

– 1812-1836: Desarrollo jurídico del derecho de propiedad.

– 1812-1836: Desarrollo jurídico de la libertad de empresa.

– 1821: Primer proyecto de Código Civil.

– 1822: Primer Código Penal.

– 1833: División provincial española.

– 1833-1836: Leyes sobre el cercenamiento de fincas.

– 1834: Estatuto Real. Inicios del bicameralismo.

– 1835: Creación del cuerpo de ingenieros civiles.

– 1835: Prohibición del tráfico de esclavos.

– 1836: Desamortización de Mendizábal.

– 1836: Fin de los privilegios de los gremios y de la Mesta.

– 1836: Plena libertad de empresa.

– 1837: Constitución Española de 1837. Incluye la primera declaración detallada de derechos ciudadanos.

– 1837: Prohibición de la esclavitud en el territorio metropolitano.

– 1841: Eliminación de las últimas aduanas interiores existentes. Libre circulación de mercancías por el territorio español.

– 1844: Creación de la Guardia Civil.

– 1844: Primera legislación sobre ferrocarriles.

– 1845: Constitución Española de 1845. También “Constitución Moderada”.

– 1845: Reforma fiscal Mon-Santillán.

– 1848: Nuevo Código Penal.

– 1848-1880: Unificación de pesas y medidas sobre la base del sistema métrico decimal.

– 1848: Unificación monetaria en base al real.

– 1850: Creación del sello de correos.

– 1852-1918: Primera Ley de Funcionarios.

– 1855: Desamortización de Madoz.

– 1855: Ley General Ferroviaria.

– 1856: Leyes e Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito.

– 1857-1970: Ley de Educación.

– 1861: Ley Hipotecaria.

– 1862: Ley del Notariado.

– 1866: Ley de Aguas.

– 1868: Decreto de Bases de Legislación Minera.

– 1869: Primeras elecciones con sufragio universal masculino.

– 1869: Constitución Española de 1869. También llamada “Constitución liberal democrática”.

– 1869: Establecimiento de la peseta como unidad monetaria.

– 1869: Ley de Sociedades Anónimas.

– 1869: Ley de Bases Arancelarias. Marcado carácter librecambista.

– 1870: Ley de Matrimonio Civil y de Registro Civil.

– 1870: Nuevo Código Penal. Marcado carácter liberal.

– 1870: Ley Orgánica del Poder Judicial.

– 1870: Ley Municipal y Provincial. Establecimiento del sufragio universal masculino en la elección de concejales.

– 1872: Creación del Banco Hipotecario.

– 1873: Abolición de la esclavitud en la colonia de Puerto Rico.

– 1874: Concesión del monopolio de emisión de billetes al Banco de España.

– 1876: Constitución Española de 1876. Aprobada en amplio consenso liberal.

– 1876: Creación de la Institución Libre de Enseñanza.

– 1876-1878: Derogación de los fueros vascos, manteniendo régimen fiscal propio.

– 1878: Ley Constitutiva del Ejército.

– 1880: Abolición de la esclavitud en la colonia de Cuba.

– 1881: Ley de Enjuiciamiento Civil.

– 1881: Reconocimiento definitivo de la libertad de cátedra.

– 1882: Ley Provincial.

– 1883: Ley de Libertad de Imprenta. Ampara una amplia libertad de expresión.

– 1883: Creación de la Comisión de Reformas Sociales.

– 1885: Código de Comercio.

– 1887: Ley de Asociaciones.

– 1888: Ley del Jurado.

– 1889: Nuevo Código Civil.

– 1890: Código de Justicia Militar.

– 1890: Ley del sufragio universal masculino.

– 1899: Reforma fiscal y modernización de la Hacienda.

– 1900: Ley de Condiciones de Trabajo de las mujeres y los niños.

– 1902: Plan General de Canales de Riego y Pantanos.

– 1907: Ley Electoral.

– 1909: Ley para el fomento de las comunicaciones marítimas e industrias navales.

– 1909: Ley de huelgas y coaliciones.

– 1908: Ley de Consejos de Conciliación y Arbitraje.

– 1908: Creación de los Tribunales Industriales.

– 1910: Creación de la Residencia de Estudiantes.

– 1911: Ley de Riegos.

– 1913: Decreto de creación de las mancomunidades.

– 1918: Creación del Instituto-Escuela.

“¿Es usted liberal?” (Anotaciones de Pedro Schwartz al libro de David Boaz)

Por su interés, a continuación se recogen fragmentos del prólogo de Pedro Schwartz al libro “¿Es usted liberal?”, de David Boaz (vicepresidente del CATO Institute).

En 1995, estaba en pleno auge en los Estados Unidos un nuevo liberalismo, empeñado en la reducción del tamaño del Estado. Eran los momentos del Contrato con América, promovido por Newt Gingrich. No sólo iba a conseguirse una reducción de impuestos, también unas cuentas públicas equilibradas, un menor intervencionismo público en la educación, una privatización de las pensiones y del servicio de salud, una regulación del mercado más ligera, una descentralización del poder de Washington a favor de los estados de la Unión.

Muchas de esas esperanzas se frustraron, pese a que la Casa Blanca ha estado ocupada por un presidente republicano entre 2000 y 2008. Sin embargo, esa situación entonces halagüeña no cegó los ojos de gente como David Boaz, número dos del Instituto CATO, quien sigue demostrando que no está dispuesto a permitir que la marea liberal entre en retroceso. Al fin y al cabo, en todo círculo liberal subyace el pensamiento de que toda victoria de dicho pensamiento es siempre provisional, por lo que es permanente la necesidad de reafirmar y aclarar los principios liberales con rigor, convicción y entusiasmo.

Entre los principios del liberalismo que describe David Boaz en “Liberalismo, una aproximación”, debemos tener bien presentes los siguientes:

– Individualismo. El liberal toma al individuo como realidad fundamental de la vida en sociedad. Todo en la vida social ha de ser reducible a las acciones y planes de los individuos y a sus consecuencias inesperadas.

– Derechos individuales. Consisten en los derechos humanos en sentido estricto, que idealmente se definen como el derecho de propiedad sobre la propia persona y sobre los bienes y recursos con los que ella cuenta. Su ejercicio excluye la violencia, la coacción y el engaño.

– Dignidad del trabajo. Las personas se dignifican aplicando su ingenio, su inventiva, su esfuerzo, su ahorro e inversión a mejorar su condición y la de su familia. El Estado no debe favorecer la búsqueda de rentas públicas, discriminar con sus impuestos a los más afortunados ni fomentar la corrupción del Estado de Bienestar.

– Orden espontáneo. Las sociedades humanas se armonizan en el marco de la ley, sin que nadie las organice centralmente. Ello ocurre como si las guiara una mano escondida, movida por los acuerdos de intercambio voluntario de bienes y servicios que toman los individuos. Esos acuerdos son en mutuo beneficio precisamente porque los intereses de unos y otros no coinciden.

– Soberanía de la ley. No basta con proclamar el “Estado de Derecho”, en el que la legislación acordada por mayoría y promulgada formalmente puede imponer lo que quieran quienes detenten el poder político. La soberanía de la ley es algo más. Es la obediencia a una Constitución acordada unánimemente, que protege la vida, la persona y las propiedades de los individuos y permite acuerdos comunales cuando los ciudadanos los consideren en beneficio de todos.

– Igualdad ante la ley. La ley no puede hacer distingos por motivos de sexo, religión, raza o jerarquía. No son aceptables la discriminación positiva ni la igualación artificial de oportunidades –que son cosa distinta de la carrera abierta para todos los talentos.

– Mercado libre. En un marco de competencia suficiente, el libre mercado no sólo fomenta la riqueza de todos, sino que es un poderoso baluarte de las libertades individuales. El Estado no debe, pues, intervenir precios, intereses ni alquileres; tampoco debe prohibir contratos libremente acordados entre adultos, como serían los laborales o los de comercio de sustancias que sólo afectan a sus consumidores.

Muchas voces antiliberales critican estos principios. El principal argumento es que el libre movimiento del mercado crea pobreza y tiende a aumentar la distancia entre pobres y ricos. Muy al contrario, el economista Xavier Sala i Martín leva algunos años esforzándose por mostrar que la pobreza y la desigualdad del mundo están reduciéndose gracias a la globalización. En uno de sus últimos trabajos llega a la conclusión de que, a partir de 1970, el número absoluto de pobres ha disminuido (…), pese a que la población mundial ha crecido notablemente: dependiendo de la definición de pobreza que se quiera usar, el número absoluto de pobres cayó entre 212 y 248 millones de personas, pese a un aumento demográfico de aproximadamente 2.000 millones de personas entre 1970 y 2000.

¿Qué decir de la globalización? Otra crítica de los socialistas sin doctrina dirigida contra el capitalismo democrático se centra en este punto. Según algunos, la globalización permite “que las grandes corporaciones se estén adueñando del mundo”, que “consigan imponer una cultura uniforme a todas las naciones”, etc.

Primeramente, no es tan fácil mantenerse en un puesto destacado en un mercado competitivo: así, según la clasificación de Fortune Magazine, de las veinte mayores empresas del mundo clasificadas por ventas en abril de 1992, sólo un tercio se mantenía en la misma lista en abril de 2002; clasificadas por beneficios, igualmente un tercio; y clasificadas por capitalización bursátil, sólo la mitad. La eficacia, el buen hacer y la respuesta a las demandas de los consumidores no están al alcance de las organizaciones sin un esfuerzo continuo e inteligente.

En segundo lugar, la cultura, el deporte, los idiomas evolucionan a instancias de los individuos que los crean, los usan o los demandan: de hecho, la demanda de productos culturales diferenciados aumenta precisamente cuando los individuos gozan de una prosperidad que les libera de la esclavitud del hambre y el trabajo agotador.

En tercer lugar, la mundialización es cierto que contiene el poder que los Estados habían ido acumulando gracias al refinamiento de la tecnología burocrática a lo largo del siglo XX: ahora los individuos están adquiriendo capacidad de zafarse del brazo del Ogro filantrópico, que es como Octavio Paz llamaba a esa Administración que se cree con poderes para decidir qué fuman, comen, beben o a quién compran sexo las personas adultas, o cuál es el contenido de sus contratos laborales, o qué es lo que tienen que aprender en la escuela; en cambio, la globalización no hace sino ayudar a la realización de las funciones necesarias del Estado, merced a acuerdos más fácilmente realizables gracias a la mayor facilidad de contactos políticos internacionales.

Otro argumento contra la economía libre y la libertad individual es de orden moral. Muchos intelectuales a la violeta consideran que el capitalismo es inmoral porque, dicen, se basa en el egoísmo individual. Naturalmente, los políticos que pretenden gobernar nuestras vidas hasta el más mínimo detalle son profundamente altruistas y no buscan perpetuarse en el cargo con toda clase de triquiñuelas electorales. Es de todo el mundo sabido que en las religiones o en las ONG o en las instituciones sin ánimo de lucro no hay en absoluto luchas por el poder. Sólo la competencia y la claridad informativa disciplinan el natural interés propio de los individuos. Sólo en el capitalismo reinan la información y la competencia como en ninguna otra parte.

La libertad económica cae a nivel mundial por primera vez en décadas, según el Índice de Libertad Económica del CATO Institute

Chile es la quinta economía más libre del mundo y EE.UU. es la sexta, de acuerdo a los rankings anuales publicados hoy por el Cato Institute y el Fraser Institute de Canadá.

Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010 también muestra que la libertad económica experimentó su primer retroceso global durante los últimos 25 años, con el puntaje promedio cayendo a 6,67 en 2008 (el año más reciente para el cual hay datos disponibles) de 6,74 en 2007. De los 123 países incluidos en el índice desde 1980, el puntaje de 88 de ellos se redujo mientras que solo 35 registraron una mejora.

“Reaccionando al declive económico de 2008 a través de una perversa expansión del crédito y políticas regulatorias, los países alrededor del mundo debilitaron la libertad económica y han perjudicado el crecimiento a futuro”, dijo Ian Vásquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

El puntaje para EE.UU. (7,96) refleja un descenso en todas las áreas en que se mide la libertad económica y resulta de un aumento en el gasto público y de las regulaciones. La caída en la libertad económica de EE.UU. es parte de una tendencia que viene desde antes, habiéndose ubicado EE.UU. en la tercera posición del ranking en el año 2000 mientras que está en la sexta posición en el reporte de este año.

El reporte ubica a Hong Kong en la primera posición, seguido de Singapur y Nueva Zelanda. Zimbabwe una vez más tiene el nivel más bajo de libertad económica entre las 141 jurisdicciones incluidas en el estudio, seguido de Myanmar, Angola y Venezuela.

El Cato Institute co-publica Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010 en EE.UU. con el Fraser Institute de Canadá, un importante centro de investigaciones de ese país.

Libertad Económica en el Mundo utiliza 42 medidas diferentes para crear un índice que posiciona a los países de alrededor del mundo en base a políticas que promueven la libertad económica. Los pilares de la libertad económica son la libertad del individuo para elegir, el intercambio voluntario, la libertad de competir y la seguridad de la propiedad privada. La libertad económica es medida en cinco áreas distintas: (1) el tamaño del gobierno, (2) la estructura legal y la seguridad de los derechos de propiedad privada, (3) el acceso a una moneda estable, (4) la libertad de comercio a través de las fronteras, (5) la regulación del crédito, el trabajo y las empresas.

Varias investigaciones muestran que los individuos que viven en países con niveles altos de libertad económica gozan de niveles más altos de prosperidad, mayores libertades civiles y una expectativa de vida más alta. Un mayor grado de libertad económica está asociado con mejoras en toda la gama de indicadores de desarrollo humano. “La calidad de vida en países que mantienen mercados libres y abiertos es muy superior a aquella de los países que tienen economías manejadas por el Estado—incluso en momentos de recesión”, dijo Vásquez.

El reporte de este año también contiene nuevas investigaciones mostrando el impacto del grado de libertad económica sobre las tasas de desempleo y de homicidio.

Rankings internacionales

Hong Kong retiene el nivel más alto de libertad económica a nivel mundial con un puntaje de 9,05 de 10. Lo siguen Singapur (8,70), Nueva Zelanda (8,27), Suiza (8,08), Chile (8,03), EE.UU. (7,96), Canadá (7,95), Australia (7,90), Mauritius (7,82) y el Reino Unido (7,81).

Los rankings y puntajes de otras economías grandes incluyen a Taiwán en la posición 22 (7,48); Alemania empatada con Japón y Kuwait en la posición 24 (7,46); Francia en la posición 35 (7,32); Corea del Sur empatada con Suecia en la posición 27 (7,28); España empatada con Islandia y Honduras en la posición 39 (7,26); Italia empatada con Montenegro y Polonia en la posición 66 (6,90); México en la posición 69 (6,89); China empatada con Sudáfrica en la posición 82 (6,65); Rusia en la posición 84 (6,62); India empatada con Croacia y Moldova en la posición 87 (6,51); Brasil empatado con Madagascar en la posición 102 (6,18); y Argentina en la posición 114 (5,59).

Zimbabwe retiene el nivel más bajo de libertad económica entre las 141 jurisdicciones consideradas, seguido de Myanmar, Angola y Venezuela.

Varios países han aumentado considerablemente sus puntajes y mejorado sus niveles relativos de libertad económica a lo largo de las últimas tres décadas. Ghana experimentó el aumento más grande en el reporte de este año, aumentando su puntaje hasta llegar a 7,17 desde 3,27 en 1980, seguido de Uganda, la cual aumentó su puntaje a 7,15 desde 3,42; Perú, el cual llegó a 7,36 desde 4,27; Israel aumentó su puntaje a 6,86 desde 3,79; y Turquía, la cual aumentó su puntaje a 6,91 desde 3,95.

A lo largo del mismo periodo, la libertad económica ha retrocedido constantemente en muchos países. El puntaje de Venezuela cayó a 4,35 en 2008 desde un 6,29 en 1980, mientras que Zimbabwe cayó a 3,57 desde 4,93, Myanmar a 3,49 desde 4,84, Malaysia a 6,71 desde 7,07 y Nepal a 5,44 desde 5,75.

La libertad económica, el desempleo y el homicidio

El reporte de este año incluye un nuevo estudio que examina el impacto de la libertad económica sobre las tasas de desempleo. Los resultados sugieren que niveles altos de libertad económica conducen a una reducción del desempleo. Dinamarca, por ejemplo, aumentó su puntaje de libertad económica a 7,8 en 2007 desde 6,5 en 1980, causando una considerable mejora en el mercado laboral danés y una reducción estimada en la tasa de desempleo de entre 1,0 y 1,3 puntos porcentuales a lo largo del mismo periodo.

El reporte también examina el efecto de la libertad económica sobre las tasas de homicidio en Venezuela, Colombia, Sudáfrica, Latvia y Lituania.

Acerca de Libertad Económica en el Mundo

Libertad Económica en el Mundo mide el grado en que las políticas e instituciones de los países respaldan la libertad económica. El reporte de 2010 fue preparado por James Gwartney, académico destacado de la Florida State University; Robert A. Lawson de Auburn University; y Joshua Hall de Belloit College.

La publicación de este año incluye a 141 naciones que representan a 95% de la población mundial para 2008, el año más reciente para el cual hubo información disponible. El reporte también actualiza los datos en los reportes anteriores en caso de que los datos hayan sido revisados.

Chile: rentabilidad y seguridad (José Carlos Rodríguez, Instituto Juan de Mariana)

Fragmentos del artículo “Chile: rentabilidad y seguridad”, que publica José Carlos Rodríguez en el Instituto Juan de Mariana:

Ya atisbamos el final de este año 2010, un año extraordinario para Chile. En el plano político, porque el país se ha llenado de democracia al elegir por vez primera a un partido fuera de la Concertación, con Sebastián Piñera como cabeza del nuevo gobierno. En el económico, Chile ha sido reconocido como un país desarrollado por parte de la OCDE. En el plano social, el país se ha visto literalmente sacudido por una sucesión de seísmos de pavorosos efectos, pero ha salido adelante con dignidad y fortaleza. Este 2010 ha sido el año de Chile, y el año que viene tendremos que acordarnos de nuevo de él, porque se cumplirán 30 años de la reforma del sistema de pensiones que le ha convertido en un modelo para todo el mundo.

Recordemos que en 1981 el gobierno de Chile, en aquel momento todavía existía la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el sistema de reparto por otro de capitalización privado. La OCDE reconoce en Chile un país que ha crecido más de un 5 por ciento anual en las dos últimas décadas y que ha luchado eficazmente contra la pobreza. Este resultado no es ajeno al sistema de pensiones. Los salarios se fijan en función de la productividad y ésta crece a medida que aumenta el capital. El sistema privado de pensiones favorece la canalización del ahorro, mientras que el público destina las cotizaciones al consumo.

En los 28 años de experiencia del sistema chileno, la economía de aquél país ha pasado por momentos más y menos brillantes. Pero no se había visto sometida a una crisis tan brutal como la que ha vivido la economía mundial tras el 2007. En el año 2008 parecía que finalmente el sistema entraba en crisis. Los chilenos pueden invertir en cinco tipos de pensiones, desde la A, de perfil más arriesgado, al E, el más conservador.

En 2008 las rentabilidades fueron del -40 por ciento de media en los fondos A, -30 por ciento en B, -19 por ciento en C, -10 en D y -1 por ciento en E. La satisfacción de los críticos, eso sí, no ha durado más que un año, ya que las rentabilidades respectivas de los mismos fondos en el año 2009 fueron del 43 por ciento (A), 33 por ciento (B), 23 por ciento (C), 15 por ciento (D) y 8 por ciento (E). Las rentabilidades reales medias de 2002 a 2009 fueron del 4 por ciento en los fondos E al 9 por ciento en los A. En definitiva, el sistema se ha enfrentado a una dura crisis económica y financiera y la ha sorteado sin mayor problema.

La presidenta de Chile Michel Bachelet pidió un informe sobre una eventual reforma del sistema de pensiones en aquél país. La principal conclusión es que el sistema es muy rentable. No tanto como el 10 por ciento anual, dato que se da habitualmente. La rentabilidad media móvil de los últimos 10 años para cada fondo está en el 7,7 por ciento anual real.

En definitiva, el sistema chileno es rentable y fuerte, mientras que los sistemas públicos son ruinosos y están abocados a la ruina. No hay elección posible entre los dos, porque la realidad ya ha tomado su decisión.

Las razones para la huelga general de extrema izquierda convocada para el 29-S

Ha llegado a mis manos un panfleto publicado por el sindicato UGT con motivo de la “Huelga General” convocada para el próximo 29 de septiembre.

El primer argumento que aporta UGT en dicho informe afirma que “el despido de los trabajadores es ahora más fácil”. ¿Es este el caso? En absoluto: el último informe del Foro Económico Mundial ha llegado al extremo de afirmar que la rigidez laboral española es tan elevada que el proceso de despido ocupa el ranking 119 sobre un total de 139 economías. UGT afirma que el despido será “más rápido”, pero olvida que la nueva normativa ha burocratizado y judicializado aún más los procesos, por lo que los tiempos seguirán siendo largos y, además, el empleador seguirá a expensas de los juzgados a la hora de gestionar su propia plantilla de empleados.

El segundo argumento afirma que el empleo fijo será ahora “más vulnerable”. Estamos ante una vieja obsesión del sindicalismo español: el empleo “debe” ser fijo o, de lo contrario, constituye prácticamente una explotación del trabajador… UGT llega al extremo de afirmar que los trabajadores con contratos temporales son “más sumisos”, aunque para sumisión, la suya, ya que llevan seis años apoyando a un gobierno que ha visto aumentar la temporalidad del empleo frente al periodo anterior a 2004, en el que dicho indicador había decrecido.

El tercer argumento gira en torno a los convenios colectivos: UGT critica que las empresas “podrán descolgarse de los mismos”. Sin embargo, la nueva normativa no los ha abolido, y además, en cualquier caso, ¿qué soberanía puede tener un convenio colectivo sobre una empresa independiente en pleno S. XXI? ¿De verdad están dispuestos a prorrogar un modelo tan atrasado que impone a las empresas subidas salariales al margen de su propia voluntad? Si los empleadores no tienen garantías de independencia para poder gestionar sus compañías, la creación de empleo seguirá siendo precaria.

El cuarto argumento afirma que “se legalizan las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro”: este lamento afecta a UGT y CCOO ya que, desde hace muchos años, han tenido una fuerte influencia sobre las agencias públicas de empleo. Estos entes manejan cientos de millones de euros al año, pero han demostrado que su habilidad para la colocación laboral es nula, con resultados aplastantemente inferiores que los conseguidos por empresas privadas dedicadas a esta cuestión. Por lo tanto, esta es una medida que beneficia a los trabajadores y perjudica a los intereses particulares de los sindicatos, lo que demuestra una vez más que los sindicatos trabajan para sí mismos.

El quinto punto protesta porque los trabajadores desempleados que rechacen ofertas de empleo perderán su derecho a cobrar la prestación correspondiente. ¿Qué pretenden los sindicatos? ¿Que sigamos manteniendo a cientos de miles de españoles que rechazan oferta tras oferta debido a que cobrar el paro les resulta más beneficioso y les permite quedarse en casa sin hacer nada? Esta reforma se ha aplicado hace años en Alemania, EEUU… y ya fue propuesta en España a comienzos de la década pasada. Si ahora prospera un mínimo control sobre este punto, bienvenido sea.

Entre otras perlas del panfleto, podemos leer que “la modificación del horario de trabajo dependa de la empresa” (¿tan extraño es eso?), “las empresas y las administraciones públicas podrán reducir la jornada laboral de los trabajadores” (de nuevo… ¿qué hay de malo en ello?), la reforma laboral no contiene ni una sola medida que favorezca o impulse la contratación de los jóvenes (sin embargo, UGT no dudo en convocar una huelga general contra el gobierno popular que consiguió el mejor resultado histórico en los datos de empleo de la juventud española), etc.

Además, los sindicatos deciden cerrar el panfleto haciendo referencia a la “reforma de la Seguridad Social” como el “próximo ataque a nuestros derechos”. ¿Apoyaría UGT o CCOO un cambio del modelo, para que el ahorro sea propio y las pensiones no dependan de decisiones burocráticas y cuestiones demográficas? Desde luego que no: el modelo chileno siempre será despreciado por los sindicalistas, que no dudarán en llamarlo “neoliberal”, “capitalista salvaje” y demás. Sin embargo, y con el sistema cuya vigencia defienden, ¿qué espera UGT? ¿Cree acaso posible que las pensiones sigan y sigan creciendo cuando la estafa piramidal de la Seguridad Social se viene cada vez más abajo, víctima de su propia naturaleza equivocada?

En definitiva, UGT demuestra que no tiene nada que aportar a la economía española y a los trabajadores del país. Por eso, la huelga del 29 de septiembre aparece como una convocatoria descafeinada, ajena a la realidad y casi irracional. Bajo proclamas extremadamente intervencionistas, UGT y CCOO pretenden defender un modelo laboral indefendible, y lo hacen desde el ataque sistemático al empresariado, como si viviésemos en plena lucha de clases del S. XIX. Por lo tanto, cabe esperar que el apoyo a la huelga general sea tan bajo como anuncian las encuestas, ya que ni las huelgas son un instrumento de presión ni estos sindicatos (con sus millonarias subvenciones y sus miles de “liberados”) están mínimamente capacitados para apoyar a los trabajadores españoles.

Más impuestos en España: “peajes en las autovías”, “tributos para el juego online”, “nuevas tasas para la gasolina”, “IRPF al 50% y Sociedades al 35%”…

El equipo económico de La Moncloa nunca cesa en su empeño de subir los impuestos a los españoles. Entre las últimas ocurrencias está la aplicación de una “tasa voluntaria a los billetes aéreos para recaudar fondos para el desarrollo”. Además de esto, el presidente Zapatero también ha afirmado que “hay que instaurar una tasa sobre las transacciones financieras internacionales”.

Por supuesto, este tipo de anuncios se hace desde argumentos populistas y demagógicos, con los que todo gobierno busca legitimar un mayor intervencionismo. Así las cosas, se habla de un “mínimo esfuerzo” y de “pobreza extrema” para justificar una mayor presión fiscal… y sin embargo, ninguno de estos dirigentes está a favor de crear áreas de libre comercio para facilitar el verdadero desarrollo económico de las naciones emergentes.

La cosa no acaba aquí: el Ministerio de Industria ha decidido que, ante la ruina que suponen las millonarias subvenciones a las energías renovables, debe atacar más aún el bolsillo de los españoles. Por eso estudia una nueva tasa sobre los carburantes. Según lo publicado por la Agencia EFE, el precio del litro de gasolina y gasóleo subiría inmediatamente en unos cinco céntimos.

Pero todavía hay más: la presión de Izquierda Unida al Ejecutivo, unida a las voces más intervencionistas del propio partido de gobierno, podría apoyar una doble subida de impuestos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades. El primer tipo aumentaría su gravamen máximo al 50%, mientras que el segundo tributo pasaría a castigar el emprendimiento con un nivel del 35%.

Tampoco podemos olvidar que el Ejecutivo español baraja también el cobro de una tasa al transporte por autovías, una medida que, según, la Federación de Asociaciones de Empresarios del Transporte, encarecería los desplazamientos un 10%, con el consecuente auge de precios que esto supondría para los consumidores.

Y por si no fuese suficiente, la ministra de Economía Elena Salgado ha presentado en el último Consejo de Ministros un informe sobre un anteproyecto de ley que serviría para regular el sector del juego por internet con un nuevo impuesto (si bien las Loterías y Apuestas del Estado quedarían exentas de pagar dicho tributo, curiosamente).

Escondan sus billeteras, porque el Estado español está decidido a acabar con sus ahorros sea como sea.

La gran estafa del sistema de pensiones: la ¿Seguridad Social? explicada por el blog Desde El Exilio

A continuación reproducimos fragmentos de un texto firmado por Mill, blogger del sitio liberal Desde El Exilio. Pueden encontrar el artículo completo, mucho más amplio, haciendo click aquí.

El Estado del bienestar se basa en la típica estafa piramidal. Los trabajadores pagan a los pensionistas con la esperanza de que cuando se jubilen los trabajadores que queden en activo les paguen a ellos

La estafa se descubre cuando no aparecen suficientes nuevos trabajadores que paguen a los pensionistas.

El Estado del bienestar está en quiebra permanente. Sólo le separa del impago la capacidad de obligar a los trabajadores y a las empresas a pagar las cuotas de la Seguridad Social. Pero no tiene ni un céntimo de euro en activos propios.

Esta falta permanente de activos propios impide obtener intereses o beneficios adicionales con lo que el Estado del bienestar se convierte nada más que en una máquina de cobrar y pagar.

El Estado del bienestar tal y como está estructurado en los países de la UE requiere un crecimiento continuo de la población. Dado que el sistema no produce un crecimiento del capital acumulado, más que nada porque no acumula ningún capital, es la población que aporta dinero al sistema la que tiene que crecer o en otro caso la cuota a la Seguridad Social sería la que tendría que aumentar.

El Estado del bienestar ya ha agotado todos los márgenes: con el baby boom de los 60 -70 y con la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo consiguió aumentar el número de cotizantes y con el aumento de la productividad y los sueldos aumentó las bases de cotización.

Por contra la esperanza de vida aumentó en más diez años en los últimos 40 o 50 años y eso se comió parte de los aumentos de recaudación provocados por el aumento de cotizantes y el de los salarios.

El descenso de natalidad a partir de los años 80 ha puesto al descubierto, en este inicio de siglo, la falta de solvencia del sistema. Falta de solvencia que se irá acrecentando a medida que pase el tiempo. Aunque los políticos responsables del sistema intentan salvarlo mediante reducciones en el importe de las pensiones y retrasos en la edad de jubilación la impopularidad de estas medidas hace que estos recortes estén limitados.

La gente ha recibido y aún recibe un continuo lavado de cerebro sobre las maravillas del Estado del bienestar pero es ya muy difícil esconder los problemas.

Algunos hacen referencia a la juventud de la población inmigrante como posible “solución”, antes que admitir el fraude del sistema. Tampoco tienen en cuenta que, como no se cansa de repetir Juan Ramón Rallo, el capital no es homogéneo.  Y si el capital en general no es homogéneo imagínense el capital humano… ¿De dónde sacan los alemanes 250.000 o 500.000 jóvenes cualificados, ¡al año!, para mantener la productividad alemana? Puede que Turquía sea capaz de proporcionar tal cantidad de mano de obra, pero… ¿Con la cualificación adecuada? ¿Hablando alemán? E incluso, aunque pudiera, estaríamos descapitalizando de todo el talento de sus jóvenes a Turquía llevándolos a Alemania para pagar las ruinosas pensiones de los alemanes… El ejemplo vale igualmente, por desgracia, para España y cualquier otro país anclado en este sistema.

Si los trabajadores tuviesen el capital de sus pensiones estaríamos ante otra situación, pero ese capital no existe ni ha existido nunca. Vivimos dentro de una gran estafa.

La competitividad española, en entredicho (Informe del Foro Económico Mundial para 2010-2011)

Ya está aquí el informe del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global para el ejercicio 2010-2011. Para consultar un análisis detallado del informe 2009-2010, hagan click aquí. Si desean descargar la nueva versión para 2010-2011, hagan click aquí.

Como viene siendo habitual, el estudio analiza doce pilares de competitividad a nivel internacional. Esos doce pilares engloban las siguientes categorías: instituciones, infraestructuras, estabilidad macroeconómica, sanidad y educación primaria, educación superior, eficiencia mercantil, flexibilidad laboral, estabilidad financiera, adecuación tecnológica, tamaño del mercado, innovación y sofisticación empresarial. La correcta combinación de estos parámetros (clasificados en básicos, eficientes e innovadores según su relevancia) resultará en una economía innovadora y competitiva.

Según estos parámetros, el Foro Económico Mundial predice un ejercicio más complicado para las economías avanzadas que para los países emergentes. Los primeros han endeudando tanto sus cuentas públicas que el ajuste será complejo, lento y conflictivo. Los segundos han seguido ganando enteros en los pilares competitivos de la mano de reformas estructurales que permiten, por ejemplo, que Chile crezca al 6% tras sufrir un grave seísmo o que Perú cerrase el mes pasado (agosto) con un espectacular avance económico equivalente al 9,26% de su PIB. En conjunto, el FMI ya ha anunciado que, para el ejercicio 2010-2011, espera un crecimiento tres veces mayor en los países emergentes que en las economías avanzadas (6,25% frente a 2,25%).

No es casualidad que los países avanzados hayan disparado la deuda mundial a niveles solamente comparables a los de la posguerra de la II Guerra Mundial. La siguiente tabla muestra claramente cómo los países de economías avanzadas (y en especial, los países integrantes del G-7) no han parado de aumentar su endeudamiento desde 1980. Por el contrario, los países emergentes vienen reduciendo su endeudamiento desde comienzos de la década pasada, lo que contribuirá a evitar distorsiones en su economía y permitirá un avance creativo y continuado para sus economías.

La primera mención a España que encontramos en el informe hace referencia a la legislación laboral. Según el Foro Económico Mundial, su ineficacia y su rigidez suponen “grandes dificultades” para la recuperación. El informe pide una mayor libertad y una mayor relación esfuerzo-recompensa en los salarios (modificados artificialmente por los convenios colectivos) así como un despido más barato y un marco de contratación más flexible y claro.

Sin embargo, antes de analizar el caso español, conviene hacer un repaso a los diez países mejor valorados. En primer lugar encontramos a Suiza, cuyo liderazgo en I+D (158 patentes por cada millón de habitantes) y cuyo dinamismo empresarial (líder en el ámbito financiero a nivel mundial) han permitido un nuevo avance en el ranking del Foro Económico Mundial. Las infraestructuras, la flexibilidad laboral, la excelencia académica y la claridad y transparencia de su sistema jurídico también contribuyen a este tremendo éxito.

En segundo lugar encontramos a Suecia, antaño paraíso socialdemócrata y hoy sumida en un proceso de continua reestructuración liberal de la mano de unas pensiones en vías de capitalización, un sistema escolar basado en el modelo de cheques defendido hace décadas por Milton Friedman, un paradigma sanitario centrado en la participación privada y en la libertad de elección del paciente… Conviene leer el libro “Reinventar el Estado del Bienestar: la experiencia de Suecia” para conocer más de estas reformas, de la mano del profesor chileno Mauricio Rojas.

En tercer lugar encontramos a Singapur, justo por delante de EEUU. El país norteamericano acumula dos años de retroceso en el ranking debido a la ineficiencia de sus instituciones (que ocupan el puesto 40 a nivel mundial), sus dirigentes públicos (que ocupan el puesto 54 a nivel mundial y acumulan años de descrédito) y su creciente incompetencia para contener el gasto público (que califica en el puesto 68, ante una amplia desaprobación general sobre la forma en que se emplean los recursos de los contribuyentes).

A continuación encontramos a Alemania (que sigue subiendo en el ranking y podría superar a EEUU el próximo año), Japón (que empieza a recuperar niveles de crecimiento más sostenibles tras décadas de estancamiento, pero que sufre una de las deudas públicas más elevadas del mundo), Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Canadá.

ANALIZANDO LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA

España ocupa el puesto 42, tras experimentar un grave retroceso en los últimos doce meses. En concreto, el ranking 2009-2010 dejaba a nuestro país en el puesto 33, es decir, nueve puestos por delante de la nueva posición alcanzada.

Las principales carencias que señala el estudio se aprecian en las instituciones (relegadas al puesto 53 de un total de 139 economías), el entorno macroeconómico (calificado en el número 66 por el endeudamiento, la falta de crecimiento económico…) o la combinación de educación primaria y sanidad (relegadas al puesto 49 por su ineficiencia). La eficiencia laboral (relegada al puesto 115 por su absoluta rigidez) o el mercado financiero (que ocupa el puesto 56 tras una reforma de las cajas de ahorro aplicada de forma tardía e insuficiente) son otros de los pilares que retrasan el ranking español.

Entre los pilares que compensan parte de las carencias españolas citadas en el párrafo anterior podemos encontrar la educación superior (puesto 31), la dotación tecnológica (puesto 30) y, sobre todo, las infraestructuras (puesto 14). Los resultados relativos a la sofisticación empresarial y la innovación no son muy positivos (35 y 46 respectivamente) aunque se sitúan dentro de un intervalo cercano a la valoración general obtenida por la economía española. También el tamaño de mercado (gracias a la internacionalización empresarial vivida en los últimos 15 años) es valorado positivamente.

La siguiente tabla contextualiza la posición española en relación con las 27 economías de la Unión Europea. Esta clasificación continental relega a España al puesto 16, muy por detrás de Suecia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia… y más cerca de Portugal, Eslovenia, Lituania… Conviene señalar, además, que las calificaciones obtenidas por los países europeos evidencian un claro estancamiento económico en el viejo continente, lo que debería abrir un debate sobre el declive de la competitividad europea en los últimos años.

La siguiente tabla compara el desarrollo competitivo de España, Italia, Polonia o República Checa frente a naciones más avanzadas en la clasificación como Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia.

En la siguiente gráfica se puede comprobar la calificación obtenida por España en la llamada estrella de la competitividad, que recoge los 12 pilares analizados por el Foro Económico Mundial y compara los datos españoles con el resto de economías avanzadas (aquellas identificadas como “economías de grupo 3” o “economías de innovación”, según la terminología del organismo). Es fácil comprobar que las instituciones, el llamado I+D y el mercado laboral son los parámetros más problemáticos para la competitividad española, como ya hemos señalado anteriormente.

Entre los parámetros secundarios que mide el Foro Económico Mundial, encontramos con algunos puntos preocupantes:

– Debido a la ineficiencia del gasto público, España es relegada al puesto 101 dentro de dicho ranking.

– La regulación gubernamental es considerada tan excesiva que supone un relegado puesto en dicha escala (110).

– La inestabilidad y el endeudamiento en los presupuestos estatales relega a España al puesto 121.

– La falta de ahorro en España deja al país en el puesto 71.

– La calidad de la educación primaria es relegada al número 93. En ciencias y matemáticas, alcanzamos el puesto 114. La formación del profesorado tampoco sale bien parada: obtiene el número 89.

– La rigidez laboral supone un ranking tan bajo como el de 119º, si bien el proceso de despido es calificado aún peor, con el ranking 137.

Así las cosas, queda claro que España tiene grandes problemas de competitividad que, unidos a un Estado ineficiente y un mercado laboral de lo más atrasado, nos presentan un difícil panorama para la recuperación económica.

Las reformas estructurales centradas en conseguir un Estado mucho más eficiente son fundamentales, así como una revisión de arriba abajo al actual modelo de relaciones laborales. Sin estos ajustes, España no podrá recuperar la competitividad perdida desde hace años, y el ajuste económico será cada vez más duro, sobre todo con los trabajadores menos cualificados y los ciudadanos más vulnerables (personas de bajos ingresos, pensionistas, etc.).

El Instituto CATO pide a Obama una fuerte reducción del presupuesto federal

El Instituto CATO, prestigioso think-tank americano centrado en la promoción del liberalismo, ha publicado esta semana una serie de anuncios a toda página en diversos diarios estadounidenses, lanzando así una nueva campaña a favor de la limitación del gasto público y el poder del Estado frente a los individuos. En estos anuncios, los amigos de CATO le recuerdan a Barack Obama que “siguen esperando” los recortes y ajustes presupuestarios que prometió en noviembre de 2008, una vez elegido como presidente. Lo cierto es que, desde hace dos años, los “paquetes de estímulo económico” han supuesto un gasto para los contribuyentes equivalente a cientos de miles de millones de dólares. El endeudamiento es tal que, en el año 2012, la deuda nacional superará al conjunto de la economía del país.

Esta situación tiene mucho que ver con la deriva intervencionista del Partido Demócrata, pero también con la irresponsabilidad de antiguos dirigentes republicanos que ocuparon labores ejecutivas y legislativas en la última década. Por mencionar a uno de ellos, podemos recordad al vicepresidente Dick Cheney, que afirmó sin inmutarse que “los déficits no importan” para justificar este tipo de despilfarros.

Según el Instituto CATO, el presupuesto federal americano debería ajustarse siguiendo una serie de reformas y recortes clave:

– Subsidios en el sistema educativo: provocan un sobrecoste de $40,000 millones anualmente en el Departamento de Educación, y distorsionan la competencia entre los centros académicos.

– Subvenciones a los agricultores: los programas a favor de “salvar las granjas familiares” han acabado convirtiéndose en una burocracia muy costosa, que además ha conseguido el dudoso honor de poner el 70% de los subsidios disponibles en manos del 10% de los propietarios. Cada año, este punto supone $25,000 millones de gasto extra.

– Gasto militar: la salida de Iraq y Afganistán supondría un ahorro anual de $125,000 millones de dólares. Además, reducir la presencia en otra serie de misiones internacionales añadiría otro ahorro, esta vez de $100,000 millones, en los números del ejercicio siguiente.

– Infraestructuras: la gestión privada de cuestiones como el tráfico aéreo o las autopistas podría ahorrar $85,000 millones cada año.

– Subsidios a la compra de vivienda: el irresponsable comportamiento de las aseguradoras Fannie Mae y Freddie Mac en los últimos años demuestra que estos programas públicos no van a ninguna parte a la hora de solventar este problema. Por lo tanto, sacar al gobierno del mercado inmobiliario será positivo, y además, reducirá el gasto federal en $45,000 millones anuales.

– Salarios de los empleados públicos: una reducción del 10% en los salarios de los funcionarios y trabajadores de EEUU permitiría ahorrar $20,000 millones.

– Subsidios a la energía: la presencia pública en el sector aún supone $20,000 millones, una cantidad demasiado elevada para un mercado tan sofisticado y estratégico.

– Guerra a las drogas: la presencia en exteriores de este tipo de inversiones acaba suponiendo un gasto de $15,000 millones que, sin embargo, no evita el consumo de drogas dentro del país y alimenta los conflictos armados en naciones como México.

– Seguridad Social: en vez de atar el cálculo del sistema al salario, se debería mover según los indicadores de la inflación. De esta forma, el ahorro sería de $50,000 millones al año (en cualquier caso, convendría cambiar este sistema, para pasar de un modelo de reparto a uno de ahorro personal).

– Sanidad: los programas de Medicare y Medicaid, unidos a la nueva legislación aprobada por el Congreso, suponen un gasto sin precedentes de hasta $1 trillón de dólares para los próximos años. Por lo tanto, conviene repensar por completa el modelo sanitario, facilitando la eficiencia y eliminando la burocracia, los privilegios corporativos y el intervencionismo federal.

El CATO Institute ha explicado todos estos detalles y muchos más en su nuevo libro, “The struggle to limit government”, que puede descargarse haciendo click aquí. Sin duda, este es el tipo de iniciativas que hacen falta para recuperar los muchos espacios que los gobiernos han usurpado a las personas bajo falsas promesas de prosperidad y eficiencia.

“El cine español y el bolsillo del contribuyente” (Dolores Payás en El País)

Reproducimos la tribuna publicada por la directora cinematográfica Dolores Payás en el diario El País con el título “El cine español y el bolsillo del contribuyente”. El texto data de enero de 2010.

En el debate sobre la aplicación de la Ley de Cine -además de las propuestas de un lado y protestas del otro-, sería interesante que el contribuyente de a pie tuviera acceso a ejemplos concretos sobre lo que se está discutiendo. Al fin y al cabo, su dinero sirve para financiar una industria de la que, al menos idealmente, él es usuario y receptor último.

Los miembros de la profesión se lamentan del descrédito general que ésta sufre. Argumentan que los sectores automovilístico y agrícola están protegidos y nadie se queja. Muy cierto, pero los tomates y coches están en la calle. En cambio, si comparamos la cifra de películas subvencionadas anualmente con la cifra de películas difundidas los números no cuadran. ¿Dónde están esas obras que hemos contribuido a financiar y no vemos?

Vaya por delante que hay muchísimos productores honorables, profesionales magníficos. Pero también abundan los vividores que medran a costa del erario público y de los esforzados trabajadores de la industria. A estos productores de pacotilla les gusta navegar bajo el pomposo título de “independientes”, carta de nobleza que demasiado a menudo esconde una notoria falta de escrúpulos. Expondré un caso reciente. Su secuencia de acontecimientos, por extravagante que parezca, ilustra la realidad de bastantes películas españolas.

El productor descubre un guión. De momento no lo paga, está descapitalizado y además el autor, guionista y director, es un desconocido; bastante favor le hace gestionando su obra. El proyecto, cuyo presupuesto supera los dos millones, consigue todas las subvenciones posibles: TVE, avance sobre taquilla y Eurimages. Para acceder a esta última ayuda es condición indispensable que haya otros coproductores europeos. Aparecen dos, se firman contratos estipulando aportaciones y porcentajes a repartir: 20% para uno, 10% para el otro.

La película se rodará en Barcelona, nada más lógico que pedir también la subvención de la Generalitat. El coproductor local que realiza el trámite debe ser titular del 50% de la película. Ningún problema, de nuevo se firman contratos y reparten porcentajes. Se les ocurrirá, igual que a mí, que a estas alturas ya hay mucho fragmento de película desparramado por ahí. Pero sigamos.

Con la documentación de las ayudas concedidas, el productor va al banco y éste le adelanta dinero mediante créditos avalados por las instituciones y los socios coproductores. Recordemos que él no tiene dinero.

Empieza el rodaje, poco después la estrella protagonista amenaza con irse, no ha cobrado. Aterriza un nuevo, flamante coproductor. Se firman otros contratos y esparcen más porcentajes. Asombroso. Pero continuemos. Algo más tarde es el gerente de la sala de montaje quien avisa al autor: hasta el presente no ha cobrado y duda que el futuro traiga nada mejor. En la sala de efectos especiales se repite la melodramática escena. De improviso brotan deudas en cascada, los laboratorios bloquean el material, el proceso se atasca. A veces llegan noticias del productor, diversos reportes lo sitúan en interesantísimos y lejanos mercados: Los Ángeles, Tokio…

Cuando el autor, que tampoco cobra, consigue pedirle explicaciones, reacciona como lesa majestad ofendida. El autor ha hecho “su” película, contento debería estar.

Por fin, tras meses de angustias y sobresaltos sale la primera copia, proeza lograda gracias a la intervención de los coproductores catalanes y al previsible voluntarismo del susodicho autor que, aterrorizado, ve cómo años de trabajo se están yendo al garete.

Algunos impagados presentan denuncia y el juzgado ordena el embargo de bienes de la productora. No los hay. El productor tiene otras empresas pero su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y ninguna de las dos paga.

Los socios coproductores se inquietan. Presionan, le exigen que estrene, de otro modo no se materializan las subvenciones. Pero él ya no tiene dinero para estrenar. Anuncia entonces que la obra es fallida y no gusta a nadie, el negocio ha fracasado y toca asumirlo con humor. Lo del humor se aplica a los acreedores y a quienes depositaron avales bancarios. Porque él, rebobinemos, no ha puesto un euro.

Intervienen abogados, los contratos ven la luz. En un alarde creativo sin precedentes el productor ha pulverizado el sistema decimal repartiendo el 140% de la película. Los acuerdos firmados son dobles, triples, unos destinados a las instituciones, otros “internos”. La confusión es mayúscula y no se consigue desentrañar quién tiene qué, cuánto, cómo y por qué.

Acorralado, amenazado con una querella por uno de sus propios socios, el personaje trompetea que es un “independiente”, una víctima del sistema. Está profundamente dolido, nadie le entiende. A la vista de tanta incomprensión se proclama harto y cede la totalidad de la película al socio en cuestión. Se firma otro contrato del que se desconocen términos y porcentajes.

En realidad, hace tiempo que él se despreocupó de la obra. Hizo su negocio antes, con los créditos respaldados por avales ajenos. Ahora la película es mero campo de batalla en el que inversores y acreedores intentan salvar sus dineros. Tan sólo el autor sigue interesándose -inútilmente- por ella. Sobre su trabajo se ha construido el turbio andamiaje pero él es un peón irrelevante.

Entretanto, los coproductores catalanes deciden estrenar para rescatar la subvención de la Generalitat. Ya han perdido mucho dinero en intereses y lo hacen en precario: sólo cinco cines, cero publicidad. Pero en una conocida y céntrica sala de Barcelona la película aguanta tres meses y medio en cartel, un milagro dadas las condiciones. Se podría pensar que tras este prometedor despegue se difundirá en el resto de España. Todo lo contrario, se volatiliza. Hasta que -oh sorpresa- unos meses después reaparece súbitamente en las cifras oficiales de taquilla. Y, más sorprendente aún, está arrasando. Nadie ha oído hablar de ella, ni siquiera el autor sabe en qué remotas salas y horarios se proyecta, pero es un hecho que cada semana recauda una hermosa, redonda cifra, siempre idéntica. ¿Otro milagro? Lo cierto es que el dinero del avance sobre taquilla sólo se concreta cuando la película ha hecho un número determinado de entradas. En semejante tesitura, puede que el productor haya considerado más rentable -y seguro- comprar directamente esas entradas antes que despilfarrar el dinero en algo tan peregrino como es la promoción de la película. En conclusión, la habremos financiado todos pero muy pocos tendrán la oportunidad de verla.

El disparatado sainete es resultado de un sistema de ayudas que sin un control estricto tiene efectos doblemente perversos. Primero, facilita que productores fulleros trapicheen con el dinero público. Segundo, condena muchas películas al olvido pues ninguna, buena o mala, llegará al espectador si no se ponen los medios adecuados para ello.

La situación no invita al optimismo aunque últimamente se perfilan señales esperanzadoras. Los sindicatos de trabajadores del sector -ALMA, TACE- se han reactivado, y parecen llegar ciertos movimientos sísmicos con epicentro en el ministerio de Cultura. La ministra Ángeles González-Sinde es autora, probablemente no ignora los entresijos de estos burdos embrollos. Esperemos que el señor Ignasi Guardans, al frente del ICAA, sepa imponer filtros severos y mecanismos rigurosos para abortar operaciones que desprestigian a la totalidad de la industria cinematográfica. También sería deseable que los damnificados de turno denunciaran sin demora los impagos y actividades fraudulentas que detecten. Hay que perder el miedo y obviar la usual advertencia de ribetes mafiosos, esa cantinela que reza “tú no trabajarás más”.

Por último, los productores honestos deberían tener el máximo interés en que desaparezcan de la circulación los que son todo lo contrario. Para ello hay razones de orden ético, pero también práctico. Una operación de saneamiento a fondo no sólo beneficiaría al sector, caótico y viciado, sino que además rehabilitaría su imagen frente a una opinión pública muy sensibilizada, harta de que se inviertan sus impuestos en tejemanejes más que sospechosos.

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