Liberalismo

“Los ricos ya pagan más” (Albert Esplugas)

Texto íntegro disponible aquí.

Los que confunden la envidia con el afán de justicia repiten la consigna de que quien gana más debe pagar más. La factura del Estado discrimina según la renta, una práctica virtualmente inexistente en el mercado, donde empresas e instituciones privadas cobran el mismo precio por sus servicios con independencia de raza, religión, orientación sexual y poder adquisitivo. En el caso de los servicios públicos, en cambio, se acepta el principio discriminatorio de que los que obtienen más ingresos deben pagar un precio distinto.

Sin embargo, ni siquiera la discriminación se hace respetando un mínimo de proporcionalidad. Conforme uno obtiene más ingresos no paga una parte alícuota mayor (por los mismos servicios que antes, no lo olvidemos), sino que la excede. Si un individuo incrementa su renta de 20.000 euros al año a 40.000 euros al año, un aumento del 100%, no paga un 100% más de impuestos sino un 230% más. De 2.746 euros anuales pasa a pagar a Hacienda 9.033 euros.

Nuestro sistema fiscal no es proporcional sino “progresivo”, eufemismo de “desproporcional”. Los que reclaman que los ricos contribuyan “acorde con sus mayores ingresos” o “asuman el coste de la crisis como el resto” parecen no haberse enterado de que ya se les confisca una proporción mucho mayor de sus ingresos que a los demás.

En la medida en que las rentas altas obtienen ingresos de mercado, sin que medie la intervención del Estado, los impuestos desproporcionales penalizan el ingenio y la productividad. Castigan la acción de servir a la sociedad de la forma más eficiente posible, pues solo así es posible generar más beneficios e ingresos en el mercado. ¿No tendría más sentido, aunque fuera igualmente injusto, castigar con un impuesto la vagancia y la baja productividad? ¿Por qué no se penaliza con trabajos comunitarios a parados que rechazan empleos? El prejuicio contra los ricos es una lacra social en una economía de mercado. Solo está justificado en países íntegramente socialistas.

Legalizar las drogas en EEUU ahorraría más de 41.000 millones de dólares anuales en gasto público

Un trabajo del Instituto Cato, uno de los think tank liberales más importantes de los Estados Unidos, ha calculado el impacto presupuestario que tendría en el país norteamericano la legalización de las drogas. Según el trabajo, firmado por Jeffrey A. Miron (profesor de Harvard) y Katherine Waldock (doctorando en la New York University), legalizar las drogas supondría un ahorro de $41.300 billones de dólares cada año.

De tal monumental ahorro, $25.700 millones estarían vinculados al gasto que asumen las instituciones estatales y municipales en concepto de “defensa de la prohibición”, mientras que el gasto del gobierno federal caería en $15,6 billones. Unos $8.700 billones provendría de la legalización de la marihuana, mientras que $32,6 billones sería la factura ahorrada con la legalización de otras sustancias. Según el trabajo, asumiendo unos impuestos similares a los del alcohol, las administraciones norteamericanas ingresarían anualmente $46.700 billones de dólares, una cantidad nada desdeñable.

Para consultar “Diez razones para legalizar las drogas” (un artículo de Juan Carlos Hidalgo), hagan click aquí.

Los músicos ganan más gracias al P2P

Una tesis doctoral, llevada a cabo por estudiantes de la Escuela Noruega de Administración, sobre el efecto de la digitalización en la industria de la música en Noruega ha concluido que tanto el número de músicos como sus ingresos han experimentado un aumento importante en la última década.

En su tesis, los estudiantes examinan los diferentes ingresos de la industria musical entre 1999 y 2009. Su objetivo era responder a la pregunta de cómo la digitalización de la música y, en consecuencia, la piratería, han cambiado la situación económica de la industria de la música en Noruega.

Los investigadores concluyeron que los ingresos totales de la industria crecieron de 1.400 millones de coronas noruegas en 1999 a 1.900 millones en 2009. Después de ajustar esta cifra con la inflación, el aumento se reduce hasta un 4%. En este mismo período, los ingresos individuales de los músicos, después del ajuste por inflación, crecieron más del doble, un 114%, pasando de 255 millones de coronas en 1999 a 545 millones de coronas en 2009.

Parte del crecimiento se atribuye al aumento en el número de músicos, que subió un 28% en el mismo período de tiempo. Sin embargo, el ingreso anual por artista también aumentó, en este caso en un 66%, de 80.000 a 133.000 coronas entre 1999 y 2009.

En cuanto a la fuente de ingresos, el estudio defiende que las ventas de discos nunca han sido “una parte importante” de los ingresos anuales de los músicos. En 1999, al 70% de los artistas el beneficio por ventas de discos sólo les suponía un 9% de sus ingresos y diez años después el porcentaje de estos artistas disminuía un 20%. Las actuaciones en directo son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los músicos. El 37% de los artistas noruegos consiguieron más de la mitad de sus ingresos a través de conciertos en 2009, frente al 25% en 1999.

La deuda pública supone 18,000 euros por cada familia española

Cada español debe 4.477 euros más que cuando comenzó la crisis, en verano de 2007. Puede que no lo sepa porque no se refleje en su cuenta bancaria, pero tendrá que pagar igualmente. Los culpables: Gobierno, autonomías y ayuntamientos.

La deuda pública llegó en junio de este año a los 598.764 millones de euros, un 56,7% del PIB, según ha publicado este viernes el Banco de España. Es el porcentaje más alto desde el año 2001 y se acerca de forma preocupante al 60% de límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

El dato absoluto es elevado, pero quizás destaca más el crecimiento que ha tenido este indicador en los últimos tres años. Desde que empezó la crisis, la deuda pública ha crecido por encima del 54% y acumula 210.000 millones más. Ese dinero, como todo el que gasta el Estado, tendrán que pagarlo los contribuyentes españoles con sus impuestos futuros. Les toca a 4.477 euros por persona o 17.908 euros por familia de cuatro miembros. Es decir, que cada hogar español tiene una deuda extra de casi tres millones de las antiguas pesetas, cortesía de sus gobernantes.
En cualquier caso, no todas las administraciones públicas son iguales.

Así, mientras que los ayuntamientos han incrementado su deuda en un 26%, el Gobierno central lo ha hecho en un 52% y las autonomías en un 82%. Lo que quiere decir que los ejecutivos regionales españoles casi han doblado su nivel de deuda desde que empezó la crisis. En términos absolutos, 3 de cada 4 euros adeudados por las administraciones públicas españolas están en el balance del Gobierno central (supone un 43% del PIB). Cada hogar tendrá que pagar más de 39.000 euros extra en impuestos para equilibrar el balance negativo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

España se endeuda a 4,600 euros por segundo

Gobierno y autonomías han aumentado la deuda a un ritmo sin precedente en la historia de España, pero lo que ha sucedido es una broma si se compara con lo que nos espera. En 2011 el Tesoro emitirá casi 150.000 millones de euros para financiar el despilfarro público. Según denuncia el diario Expansión, de esos 150.000 millones, unos 95.000 millones servirán para pagar intereses de la deuda vencida y el resto (53.000 millones) financiará el despilfarro del Gobierno, CCAA y ayuntamientos en pleno año electoral.

CCOO y UGT fichan al 64% de sus empleados con “contratos basura”

Texto íntegro disponible aquí.

En casa de herrero, cuchillo de palo. Los sindicalistas son un claro exponente de lo que ellos mismos denominan “contratos basura”. El 64% de los contratos realizados por estas organizaciones desde 2008 son “precarios” frente a tan sólo un 9% de indefinidos.

La “precariedad laboral” es la eterna coletilla de Cándido Méndez y Fernández Toxo para justificar la existencia de las dos gigantescas centrales sindicales, CCOO y UGT. Pues bien, según recientes informaciones, podría ser precisamente lo que ambos sindicatos de clase practican con sus propios empleados.

Así lo señala un informe al que hace alusión Alerta Digital que se hará público en octubre. Se trataría de un estudio elaborado por el Gabinete Técnico del Centro de Análisis y Estudios de las Relaciones Laborales en colaboración con la revista Diálogos Económicos. Dicho estudio afirma que el 64% de los contratos que ofrecen los sindicatos a sus empleados son de esos que ellos mismos llaman precarios. Sólo un 9% son indefinidos con 45 días de indemnización.

Los empleados que han sido contratados en los dos últimos años para trabajar en UGT y CCOO tienen en el 63,72% de las ocasiones un contrato de formación, de circunstancias de la producción o por obra y servicio determinado. Sólo un 9% lo tienen de carácter indefinido, con indemnización de 45 días por año trabajado, mientras que los restantes indefinidos tienen indemnizaciones fijadas en su contrato de trabajo de 33 días por año trabajado.

Otro dato significativo es que el 43% de esos contratos de trabajo son a tiempo parcial, lo que significa que el empleado tiene una jornada inferior a las 40 horas semanales. Los datos con los que se ha elaborado el estudio proceden tanto de la encuesta de situación laboral del Instituto Nacional de Estadística como de los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Precisamente, hace unos días el diario Expansión publicó que el último convenio marco aprobado por UGT para regular las condiciones de su plantilla, establece unos salarios base que en muchos casos apenas sobrepasan los 900 euros netos mensuales al mes. Aunque no hay cifras oficiales, dentro del sindicato son muchas las voces que alertan también de un excesivo índice de precariedad.

La información detalla que el convenio vigente para este año ha reformado las categorías laborales, englobando por ejemplo para un único epígrafe a conserjes, limpiadoras, conductores, vigilantes o camareros. Su sueldo bruto al mes varía entre 1.114 y 1.126 euros. Pero, como tienen 14 pagas -dos de ellas extraordinarias- el salario se elevaría así a 15.596 euros brutos al año. Es decir, que el salario neto mensual está entre unos 890 y 900 euros aproximadamente.

La subida del IVA ha repercutido en un 1.1 puntos en el IPC

Tras conocerse la subida del IPC en el mes de agosto, el secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal ha declarado que “si no llega a ser por la subida del IVA tendríamos una inflación del 0.8, es decir muchísimo más baja” Nadal ha aclarado que el impacto de la subida del IVA del mes de julio en los precios en España muestra que del 1.9% que subieron los precios en julio, el 1.1 corresponde a la subida del IVA.

Nadal ha puesto de manifiesto el engaño al que el Gobierno ha querido llevar a los españoles cuando, la Vicepresidenta Económica, entre otros, aseguró que la subida del IVA no repercutiría en los precios.

La baja subida de precios que tenemos en nuestra economía se debe, una vez analizados los datos, a la subida de impuestos y a la subida del precio del petróleo. Lo que afecta, fundamentalmente, a los cientos de miles de pequeños comerciantes, que en España “ven como sus ventas están disminuyendo y que no terminan de salir de esta crisis”.

Un carbón que nadie quiere

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El Gobierno ha prorrogado una vez más las compras obligatorias por parte Hunosa de los excedentes de carbón de las compañías privadas. La cuantía de 15 millones para las necesidades de un mes puede parecer anecdótica.

No lo es el mecanismo, sin embargo, muestra del más burdo intervencionismo. Arreglar los desequilibrios esterilizando la oferta no cubierta con fondos públicos, constituye un atentado a la racionalidad económica que ni el modelo de planificación soviética se atrevió a consumar.

¿Cómo hemos llegado a tamaño despropósito? Sencillamente porque las acampadas en Rodiezmo pasan peaje, sobre todo si se incumplen las promesas formuladas con exceso de alegría. Se fomentaron los contratos de suministro de carbón nacional a precios excesivos, alimentando artificialmente la máquina de unas ayudas que cubren la diferencia con los costes de producción. Se endulzó la píldora a las eléctricas con la promesa de una prima que les compensase, a fuerza de dinero público, por tanta generosidad.

Pero Bruselas dio al trate con tamaño cambalache y las eléctricas cesaron de comprar un carbón de coste prohibitivo para su baja calidad. La patronal minera Carbounión a su vez amenazó con dejar de pagar los salarios a sus empleados y, en este juego de tira y afloja, la cuerda se rompió por lo más débil. Cedió el Gobierno a las primeras de cambio y transformó Hunosa en un almacén de compras. Llevamos así un año y las existencias se apilan sin remedio. Como los estímulos del mercado acaban imponiéndose, tan perverso mecanismo ha fomentado un incremento de la producción y fraudes en el suministro de un carbón de limitada calidad.

No sabemos qué pensará en su día el Tribunal de Cuentas de tamaño despilfarro, aunque cabe temer que se aferre a la legalidad formal de la medida. Por su parte la Comisión Europea bien poca diligencia ha mostrado para poner coto a unas ayudas manifiestamente contrarias a los más elementales principios de mercado. Por no hablar de la CNC, que no quiere darse por enterada.

Todos miran para otro lado. Ha tenido que ser el Gobierno quien idee una ingeniosa salida al problema: obligar a las eléctricas a comprar el carbón nacional, elevando de paso los precios de los contratos por decreto. Poco importa que se distorsione el mercado de la generación, penalizando de paso a las centrales de carbón importado y de gas.

Este flamante plan de acceso preferencial del carbón nacional ha costado ya un disgusto al comisario Almunia, ante la negativa reacción que mereció su propuesta de luz verde. La decisión del Gobierno no deja de constituir una provocación que dificulta el margen de maniobra de nuestro comisario y, de paso, le resta crédito si permanece impasible. Otra muestra más de la torpeza gubernamental.

Los ataques a la libertad del Ministerio de Sanidad

16 de noviembre, 2006

El Ministerio de Sanidad denuncia que “una hamburguesa de Burger King supera las recomendaciones internacionales de grasa saturada”. Elena Salgado, entonces titular de esta cartera y ahora responsable de Economía, pidió públicamente “la retirada de la campaña publicitaria de las hamburguesas XXL”.

16 de noviembre, 2007

“Se publica en los medios que el Ministerio de Sanidad estudia incluir el vino como una bebida alcohólica de venta prohibida para menores de edad. El amplio rechazo social acaba tumbando la medida, que además de intervencionista, chocaba legalmente con la Ley de la Viña y el Vino”.

19 de noviembre, 2008

“Sanidad abre un expediente informativo a la discoteca Pachá de Valencia por promocionar entre los asistentes a sus fiestas el sorteo de una operación de aumento de pecho valorada en 4,500 euros. El titular del Ministerio, Bernat Soria, afirma que “la sociedad tiene que intervenir para tutelar sus derechos” para respaldar la decisión”.

14 de octubre, 2009

“La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, calificó de “muy positiva” la aprobación en Catalunya de la nueva Ley de Salud Pública, que prohíbe la denominada happy hour y las ofertas 2×1 en bares y discotecas y anunció que el Gobierno está preparando una norma nacional “que trabaja con los mismos elementos” contra el consumo de alcohol”.

3 de diciembre, 2009

“El anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que ultima el Gobierno recoge en su artículo 47.4 que “para no incentivar un consumo desproporcionado de determinados alimentos y proteger a los menores de una excesiva presión comercial, se prohíbe la entrega de premios, obsequios, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o venta de alimentos”. Esto anularía productos como el “Huevo Kinder”, el “Happy Meal” de McDonald’s, etc”.

14 de diciembre, 2009

“El Ministerio de Sanidad anuncia que prepara una ley para prohibir fumar en locales de ocio a partir de 2011, pese a haber obligado a estos establecimientos a invertir importantes cantidades de dinero en la creación de zonas para fumadores”.

3 de septiembre, 2010

“La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe “la venta de alimentos con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos en el interior de los colegios”. Bollos, refrescos, caramelos… dejan de estar disponibles en los centros educativos, pese a que estos productos no están prohibidos según ninguna normativa española”.


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