Liberalismo

La gran estafa del sistema de pensiones: la ¿Seguridad Social? explicada por el blog Desde El Exilio

A continuación reproducimos fragmentos de un texto firmado por Mill, blogger del sitio liberal Desde El Exilio. Pueden encontrar el artículo completo, mucho más amplio, haciendo click aquí.

El Estado del bienestar se basa en la típica estafa piramidal. Los trabajadores pagan a los pensionistas con la esperanza de que cuando se jubilen los trabajadores que queden en activo les paguen a ellos

La estafa se descubre cuando no aparecen suficientes nuevos trabajadores que paguen a los pensionistas.

El Estado del bienestar está en quiebra permanente. Sólo le separa del impago la capacidad de obligar a los trabajadores y a las empresas a pagar las cuotas de la Seguridad Social. Pero no tiene ni un céntimo de euro en activos propios.

Esta falta permanente de activos propios impide obtener intereses o beneficios adicionales con lo que el Estado del bienestar se convierte nada más que en una máquina de cobrar y pagar.

El Estado del bienestar tal y como está estructurado en los países de la UE requiere un crecimiento continuo de la población. Dado que el sistema no produce un crecimiento del capital acumulado, más que nada porque no acumula ningún capital, es la población que aporta dinero al sistema la que tiene que crecer o en otro caso la cuota a la Seguridad Social sería la que tendría que aumentar.

El Estado del bienestar ya ha agotado todos los márgenes: con el baby boom de los 60 -70 y con la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo consiguió aumentar el número de cotizantes y con el aumento de la productividad y los sueldos aumentó las bases de cotización.

Por contra la esperanza de vida aumentó en más diez años en los últimos 40 o 50 años y eso se comió parte de los aumentos de recaudación provocados por el aumento de cotizantes y el de los salarios.

El descenso de natalidad a partir de los años 80 ha puesto al descubierto, en este inicio de siglo, la falta de solvencia del sistema. Falta de solvencia que se irá acrecentando a medida que pase el tiempo. Aunque los políticos responsables del sistema intentan salvarlo mediante reducciones en el importe de las pensiones y retrasos en la edad de jubilación la impopularidad de estas medidas hace que estos recortes estén limitados.

La gente ha recibido y aún recibe un continuo lavado de cerebro sobre las maravillas del Estado del bienestar pero es ya muy difícil esconder los problemas.

Algunos hacen referencia a la juventud de la población inmigrante como posible “solución”, antes que admitir el fraude del sistema. Tampoco tienen en cuenta que, como no se cansa de repetir Juan Ramón Rallo, el capital no es homogéneo.  Y si el capital en general no es homogéneo imagínense el capital humano… ¿De dónde sacan los alemanes 250.000 o 500.000 jóvenes cualificados, ¡al año!, para mantener la productividad alemana? Puede que Turquía sea capaz de proporcionar tal cantidad de mano de obra, pero… ¿Con la cualificación adecuada? ¿Hablando alemán? E incluso, aunque pudiera, estaríamos descapitalizando de todo el talento de sus jóvenes a Turquía llevándolos a Alemania para pagar las ruinosas pensiones de los alemanes… El ejemplo vale igualmente, por desgracia, para España y cualquier otro país anclado en este sistema.

Si los trabajadores tuviesen el capital de sus pensiones estaríamos ante otra situación, pero ese capital no existe ni ha existido nunca. Vivimos dentro de una gran estafa.

La competitividad española, en entredicho (Informe del Foro Económico Mundial para 2010-2011)

Ya está aquí el informe del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global para el ejercicio 2010-2011. Para consultar un análisis detallado del informe 2009-2010, hagan click aquí. Si desean descargar la nueva versión para 2010-2011, hagan click aquí.

Como viene siendo habitual, el estudio analiza doce pilares de competitividad a nivel internacional. Esos doce pilares engloban las siguientes categorías: instituciones, infraestructuras, estabilidad macroeconómica, sanidad y educación primaria, educación superior, eficiencia mercantil, flexibilidad laboral, estabilidad financiera, adecuación tecnológica, tamaño del mercado, innovación y sofisticación empresarial. La correcta combinación de estos parámetros (clasificados en básicos, eficientes e innovadores según su relevancia) resultará en una economía innovadora y competitiva.

Según estos parámetros, el Foro Económico Mundial predice un ejercicio más complicado para las economías avanzadas que para los países emergentes. Los primeros han endeudando tanto sus cuentas públicas que el ajuste será complejo, lento y conflictivo. Los segundos han seguido ganando enteros en los pilares competitivos de la mano de reformas estructurales que permiten, por ejemplo, que Chile crezca al 6% tras sufrir un grave seísmo o que Perú cerrase el mes pasado (agosto) con un espectacular avance económico equivalente al 9,26% de su PIB. En conjunto, el FMI ya ha anunciado que, para el ejercicio 2010-2011, espera un crecimiento tres veces mayor en los países emergentes que en las economías avanzadas (6,25% frente a 2,25%).

No es casualidad que los países avanzados hayan disparado la deuda mundial a niveles solamente comparables a los de la posguerra de la II Guerra Mundial. La siguiente tabla muestra claramente cómo los países de economías avanzadas (y en especial, los países integrantes del G-7) no han parado de aumentar su endeudamiento desde 1980. Por el contrario, los países emergentes vienen reduciendo su endeudamiento desde comienzos de la década pasada, lo que contribuirá a evitar distorsiones en su economía y permitirá un avance creativo y continuado para sus economías.

La primera mención a España que encontramos en el informe hace referencia a la legislación laboral. Según el Foro Económico Mundial, su ineficacia y su rigidez suponen “grandes dificultades” para la recuperación. El informe pide una mayor libertad y una mayor relación esfuerzo-recompensa en los salarios (modificados artificialmente por los convenios colectivos) así como un despido más barato y un marco de contratación más flexible y claro.

Sin embargo, antes de analizar el caso español, conviene hacer un repaso a los diez países mejor valorados. En primer lugar encontramos a Suiza, cuyo liderazgo en I+D (158 patentes por cada millón de habitantes) y cuyo dinamismo empresarial (líder en el ámbito financiero a nivel mundial) han permitido un nuevo avance en el ranking del Foro Económico Mundial. Las infraestructuras, la flexibilidad laboral, la excelencia académica y la claridad y transparencia de su sistema jurídico también contribuyen a este tremendo éxito.

En segundo lugar encontramos a Suecia, antaño paraíso socialdemócrata y hoy sumida en un proceso de continua reestructuración liberal de la mano de unas pensiones en vías de capitalización, un sistema escolar basado en el modelo de cheques defendido hace décadas por Milton Friedman, un paradigma sanitario centrado en la participación privada y en la libertad de elección del paciente… Conviene leer el libro “Reinventar el Estado del Bienestar: la experiencia de Suecia” para conocer más de estas reformas, de la mano del profesor chileno Mauricio Rojas.

En tercer lugar encontramos a Singapur, justo por delante de EEUU. El país norteamericano acumula dos años de retroceso en el ranking debido a la ineficiencia de sus instituciones (que ocupan el puesto 40 a nivel mundial), sus dirigentes públicos (que ocupan el puesto 54 a nivel mundial y acumulan años de descrédito) y su creciente incompetencia para contener el gasto público (que califica en el puesto 68, ante una amplia desaprobación general sobre la forma en que se emplean los recursos de los contribuyentes).

A continuación encontramos a Alemania (que sigue subiendo en el ranking y podría superar a EEUU el próximo año), Japón (que empieza a recuperar niveles de crecimiento más sostenibles tras décadas de estancamiento, pero que sufre una de las deudas públicas más elevadas del mundo), Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Canadá.

ANALIZANDO LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA

España ocupa el puesto 42, tras experimentar un grave retroceso en los últimos doce meses. En concreto, el ranking 2009-2010 dejaba a nuestro país en el puesto 33, es decir, nueve puestos por delante de la nueva posición alcanzada.

Las principales carencias que señala el estudio se aprecian en las instituciones (relegadas al puesto 53 de un total de 139 economías), el entorno macroeconómico (calificado en el número 66 por el endeudamiento, la falta de crecimiento económico…) o la combinación de educación primaria y sanidad (relegadas al puesto 49 por su ineficiencia). La eficiencia laboral (relegada al puesto 115 por su absoluta rigidez) o el mercado financiero (que ocupa el puesto 56 tras una reforma de las cajas de ahorro aplicada de forma tardía e insuficiente) son otros de los pilares que retrasan el ranking español.

Entre los pilares que compensan parte de las carencias españolas citadas en el párrafo anterior podemos encontrar la educación superior (puesto 31), la dotación tecnológica (puesto 30) y, sobre todo, las infraestructuras (puesto 14). Los resultados relativos a la sofisticación empresarial y la innovación no son muy positivos (35 y 46 respectivamente) aunque se sitúan dentro de un intervalo cercano a la valoración general obtenida por la economía española. También el tamaño de mercado (gracias a la internacionalización empresarial vivida en los últimos 15 años) es valorado positivamente.

La siguiente tabla contextualiza la posición española en relación con las 27 economías de la Unión Europea. Esta clasificación continental relega a España al puesto 16, muy por detrás de Suecia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia… y más cerca de Portugal, Eslovenia, Lituania… Conviene señalar, además, que las calificaciones obtenidas por los países europeos evidencian un claro estancamiento económico en el viejo continente, lo que debería abrir un debate sobre el declive de la competitividad europea en los últimos años.

La siguiente tabla compara el desarrollo competitivo de España, Italia, Polonia o República Checa frente a naciones más avanzadas en la clasificación como Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia.

En la siguiente gráfica se puede comprobar la calificación obtenida por España en la llamada estrella de la competitividad, que recoge los 12 pilares analizados por el Foro Económico Mundial y compara los datos españoles con el resto de economías avanzadas (aquellas identificadas como “economías de grupo 3” o “economías de innovación”, según la terminología del organismo). Es fácil comprobar que las instituciones, el llamado I+D y el mercado laboral son los parámetros más problemáticos para la competitividad española, como ya hemos señalado anteriormente.

Entre los parámetros secundarios que mide el Foro Económico Mundial, encontramos con algunos puntos preocupantes:

– Debido a la ineficiencia del gasto público, España es relegada al puesto 101 dentro de dicho ranking.

– La regulación gubernamental es considerada tan excesiva que supone un relegado puesto en dicha escala (110).

– La inestabilidad y el endeudamiento en los presupuestos estatales relega a España al puesto 121.

– La falta de ahorro en España deja al país en el puesto 71.

– La calidad de la educación primaria es relegada al número 93. En ciencias y matemáticas, alcanzamos el puesto 114. La formación del profesorado tampoco sale bien parada: obtiene el número 89.

– La rigidez laboral supone un ranking tan bajo como el de 119º, si bien el proceso de despido es calificado aún peor, con el ranking 137.

Así las cosas, queda claro que España tiene grandes problemas de competitividad que, unidos a un Estado ineficiente y un mercado laboral de lo más atrasado, nos presentan un difícil panorama para la recuperación económica.

Las reformas estructurales centradas en conseguir un Estado mucho más eficiente son fundamentales, así como una revisión de arriba abajo al actual modelo de relaciones laborales. Sin estos ajustes, España no podrá recuperar la competitividad perdida desde hace años, y el ajuste económico será cada vez más duro, sobre todo con los trabajadores menos cualificados y los ciudadanos más vulnerables (personas de bajos ingresos, pensionistas, etc.).

El Instituto CATO pide a Obama una fuerte reducción del presupuesto federal

El Instituto CATO, prestigioso think-tank americano centrado en la promoción del liberalismo, ha publicado esta semana una serie de anuncios a toda página en diversos diarios estadounidenses, lanzando así una nueva campaña a favor de la limitación del gasto público y el poder del Estado frente a los individuos. En estos anuncios, los amigos de CATO le recuerdan a Barack Obama que “siguen esperando” los recortes y ajustes presupuestarios que prometió en noviembre de 2008, una vez elegido como presidente. Lo cierto es que, desde hace dos años, los “paquetes de estímulo económico” han supuesto un gasto para los contribuyentes equivalente a cientos de miles de millones de dólares. El endeudamiento es tal que, en el año 2012, la deuda nacional superará al conjunto de la economía del país.

Esta situación tiene mucho que ver con la deriva intervencionista del Partido Demócrata, pero también con la irresponsabilidad de antiguos dirigentes republicanos que ocuparon labores ejecutivas y legislativas en la última década. Por mencionar a uno de ellos, podemos recordad al vicepresidente Dick Cheney, que afirmó sin inmutarse que “los déficits no importan” para justificar este tipo de despilfarros.

Según el Instituto CATO, el presupuesto federal americano debería ajustarse siguiendo una serie de reformas y recortes clave:

– Subsidios en el sistema educativo: provocan un sobrecoste de $40,000 millones anualmente en el Departamento de Educación, y distorsionan la competencia entre los centros académicos.

– Subvenciones a los agricultores: los programas a favor de “salvar las granjas familiares” han acabado convirtiéndose en una burocracia muy costosa, que además ha conseguido el dudoso honor de poner el 70% de los subsidios disponibles en manos del 10% de los propietarios. Cada año, este punto supone $25,000 millones de gasto extra.

– Gasto militar: la salida de Iraq y Afganistán supondría un ahorro anual de $125,000 millones de dólares. Además, reducir la presencia en otra serie de misiones internacionales añadiría otro ahorro, esta vez de $100,000 millones, en los números del ejercicio siguiente.

– Infraestructuras: la gestión privada de cuestiones como el tráfico aéreo o las autopistas podría ahorrar $85,000 millones cada año.

– Subsidios a la compra de vivienda: el irresponsable comportamiento de las aseguradoras Fannie Mae y Freddie Mac en los últimos años demuestra que estos programas públicos no van a ninguna parte a la hora de solventar este problema. Por lo tanto, sacar al gobierno del mercado inmobiliario será positivo, y además, reducirá el gasto federal en $45,000 millones anuales.

– Salarios de los empleados públicos: una reducción del 10% en los salarios de los funcionarios y trabajadores de EEUU permitiría ahorrar $20,000 millones.

– Subsidios a la energía: la presencia pública en el sector aún supone $20,000 millones, una cantidad demasiado elevada para un mercado tan sofisticado y estratégico.

– Guerra a las drogas: la presencia en exteriores de este tipo de inversiones acaba suponiendo un gasto de $15,000 millones que, sin embargo, no evita el consumo de drogas dentro del país y alimenta los conflictos armados en naciones como México.

– Seguridad Social: en vez de atar el cálculo del sistema al salario, se debería mover según los indicadores de la inflación. De esta forma, el ahorro sería de $50,000 millones al año (en cualquier caso, convendría cambiar este sistema, para pasar de un modelo de reparto a uno de ahorro personal).

– Sanidad: los programas de Medicare y Medicaid, unidos a la nueva legislación aprobada por el Congreso, suponen un gasto sin precedentes de hasta $1 trillón de dólares para los próximos años. Por lo tanto, conviene repensar por completa el modelo sanitario, facilitando la eficiencia y eliminando la burocracia, los privilegios corporativos y el intervencionismo federal.

El CATO Institute ha explicado todos estos detalles y muchos más en su nuevo libro, “The struggle to limit government”, que puede descargarse haciendo click aquí. Sin duda, este es el tipo de iniciativas que hacen falta para recuperar los muchos espacios que los gobiernos han usurpado a las personas bajo falsas promesas de prosperidad y eficiencia.

“El cine español y el bolsillo del contribuyente” (Dolores Payás en El País)

Reproducimos la tribuna publicada por la directora cinematográfica Dolores Payás en el diario El País con el título “El cine español y el bolsillo del contribuyente”. El texto data de enero de 2010.

En el debate sobre la aplicación de la Ley de Cine -además de las propuestas de un lado y protestas del otro-, sería interesante que el contribuyente de a pie tuviera acceso a ejemplos concretos sobre lo que se está discutiendo. Al fin y al cabo, su dinero sirve para financiar una industria de la que, al menos idealmente, él es usuario y receptor último.

Los miembros de la profesión se lamentan del descrédito general que ésta sufre. Argumentan que los sectores automovilístico y agrícola están protegidos y nadie se queja. Muy cierto, pero los tomates y coches están en la calle. En cambio, si comparamos la cifra de películas subvencionadas anualmente con la cifra de películas difundidas los números no cuadran. ¿Dónde están esas obras que hemos contribuido a financiar y no vemos?

Vaya por delante que hay muchísimos productores honorables, profesionales magníficos. Pero también abundan los vividores que medran a costa del erario público y de los esforzados trabajadores de la industria. A estos productores de pacotilla les gusta navegar bajo el pomposo título de “independientes”, carta de nobleza que demasiado a menudo esconde una notoria falta de escrúpulos. Expondré un caso reciente. Su secuencia de acontecimientos, por extravagante que parezca, ilustra la realidad de bastantes películas españolas.

El productor descubre un guión. De momento no lo paga, está descapitalizado y además el autor, guionista y director, es un desconocido; bastante favor le hace gestionando su obra. El proyecto, cuyo presupuesto supera los dos millones, consigue todas las subvenciones posibles: TVE, avance sobre taquilla y Eurimages. Para acceder a esta última ayuda es condición indispensable que haya otros coproductores europeos. Aparecen dos, se firman contratos estipulando aportaciones y porcentajes a repartir: 20% para uno, 10% para el otro.

La película se rodará en Barcelona, nada más lógico que pedir también la subvención de la Generalitat. El coproductor local que realiza el trámite debe ser titular del 50% de la película. Ningún problema, de nuevo se firman contratos y reparten porcentajes. Se les ocurrirá, igual que a mí, que a estas alturas ya hay mucho fragmento de película desparramado por ahí. Pero sigamos.

Con la documentación de las ayudas concedidas, el productor va al banco y éste le adelanta dinero mediante créditos avalados por las instituciones y los socios coproductores. Recordemos que él no tiene dinero.

Empieza el rodaje, poco después la estrella protagonista amenaza con irse, no ha cobrado. Aterriza un nuevo, flamante coproductor. Se firman otros contratos y esparcen más porcentajes. Asombroso. Pero continuemos. Algo más tarde es el gerente de la sala de montaje quien avisa al autor: hasta el presente no ha cobrado y duda que el futuro traiga nada mejor. En la sala de efectos especiales se repite la melodramática escena. De improviso brotan deudas en cascada, los laboratorios bloquean el material, el proceso se atasca. A veces llegan noticias del productor, diversos reportes lo sitúan en interesantísimos y lejanos mercados: Los Ángeles, Tokio…

Cuando el autor, que tampoco cobra, consigue pedirle explicaciones, reacciona como lesa majestad ofendida. El autor ha hecho “su” película, contento debería estar.

Por fin, tras meses de angustias y sobresaltos sale la primera copia, proeza lograda gracias a la intervención de los coproductores catalanes y al previsible voluntarismo del susodicho autor que, aterrorizado, ve cómo años de trabajo se están yendo al garete.

Algunos impagados presentan denuncia y el juzgado ordena el embargo de bienes de la productora. No los hay. El productor tiene otras empresas pero su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y ninguna de las dos paga.

Los socios coproductores se inquietan. Presionan, le exigen que estrene, de otro modo no se materializan las subvenciones. Pero él ya no tiene dinero para estrenar. Anuncia entonces que la obra es fallida y no gusta a nadie, el negocio ha fracasado y toca asumirlo con humor. Lo del humor se aplica a los acreedores y a quienes depositaron avales bancarios. Porque él, rebobinemos, no ha puesto un euro.

Intervienen abogados, los contratos ven la luz. En un alarde creativo sin precedentes el productor ha pulverizado el sistema decimal repartiendo el 140% de la película. Los acuerdos firmados son dobles, triples, unos destinados a las instituciones, otros “internos”. La confusión es mayúscula y no se consigue desentrañar quién tiene qué, cuánto, cómo y por qué.

Acorralado, amenazado con una querella por uno de sus propios socios, el personaje trompetea que es un “independiente”, una víctima del sistema. Está profundamente dolido, nadie le entiende. A la vista de tanta incomprensión se proclama harto y cede la totalidad de la película al socio en cuestión. Se firma otro contrato del que se desconocen términos y porcentajes.

En realidad, hace tiempo que él se despreocupó de la obra. Hizo su negocio antes, con los créditos respaldados por avales ajenos. Ahora la película es mero campo de batalla en el que inversores y acreedores intentan salvar sus dineros. Tan sólo el autor sigue interesándose -inútilmente- por ella. Sobre su trabajo se ha construido el turbio andamiaje pero él es un peón irrelevante.

Entretanto, los coproductores catalanes deciden estrenar para rescatar la subvención de la Generalitat. Ya han perdido mucho dinero en intereses y lo hacen en precario: sólo cinco cines, cero publicidad. Pero en una conocida y céntrica sala de Barcelona la película aguanta tres meses y medio en cartel, un milagro dadas las condiciones. Se podría pensar que tras este prometedor despegue se difundirá en el resto de España. Todo lo contrario, se volatiliza. Hasta que -oh sorpresa- unos meses después reaparece súbitamente en las cifras oficiales de taquilla. Y, más sorprendente aún, está arrasando. Nadie ha oído hablar de ella, ni siquiera el autor sabe en qué remotas salas y horarios se proyecta, pero es un hecho que cada semana recauda una hermosa, redonda cifra, siempre idéntica. ¿Otro milagro? Lo cierto es que el dinero del avance sobre taquilla sólo se concreta cuando la película ha hecho un número determinado de entradas. En semejante tesitura, puede que el productor haya considerado más rentable -y seguro- comprar directamente esas entradas antes que despilfarrar el dinero en algo tan peregrino como es la promoción de la película. En conclusión, la habremos financiado todos pero muy pocos tendrán la oportunidad de verla.

El disparatado sainete es resultado de un sistema de ayudas que sin un control estricto tiene efectos doblemente perversos. Primero, facilita que productores fulleros trapicheen con el dinero público. Segundo, condena muchas películas al olvido pues ninguna, buena o mala, llegará al espectador si no se ponen los medios adecuados para ello.

La situación no invita al optimismo aunque últimamente se perfilan señales esperanzadoras. Los sindicatos de trabajadores del sector -ALMA, TACE- se han reactivado, y parecen llegar ciertos movimientos sísmicos con epicentro en el ministerio de Cultura. La ministra Ángeles González-Sinde es autora, probablemente no ignora los entresijos de estos burdos embrollos. Esperemos que el señor Ignasi Guardans, al frente del ICAA, sepa imponer filtros severos y mecanismos rigurosos para abortar operaciones que desprestigian a la totalidad de la industria cinematográfica. También sería deseable que los damnificados de turno denunciaran sin demora los impagos y actividades fraudulentas que detecten. Hay que perder el miedo y obviar la usual advertencia de ribetes mafiosos, esa cantinela que reza “tú no trabajarás más”.

Por último, los productores honestos deberían tener el máximo interés en que desaparezcan de la circulación los que son todo lo contrario. Para ello hay razones de orden ético, pero también práctico. Una operación de saneamiento a fondo no sólo beneficiaría al sector, caótico y viciado, sino que además rehabilitaría su imagen frente a una opinión pública muy sensibilizada, harta de que se inviertan sus impuestos en tejemanejes más que sospechosos.

Después de prohibir la promoción de alcohol, tabaco, juego… Zapatero apunta a los anuncios de contactos

Al igual que ocurre con la legalización de las drogas, la normalización de la prostitución es uno de los temas más evitados en el debate político español. Sin duda, la corrección política reinante hace muy difícil la consideración de este tipo de medidas. Sin embargo, es aún más sangrante la hipocresía que ha demostrado el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ha reclamado la eliminación de los anuncios de prostitución en la prensa escrita.

Lejos de avanzar cualquier tipo de legislación sobre el limbo jurídico y profesional en el que se encuentran todas las personas que se dedican a este negocio, Rodríguez Zapatero prefiere mirar hacia otro lado. Su propuesta atenta contra la libertad de expresión e información, dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española. Además, este deseo del presidente demuestra que prefiere condenar a la marginación y la oscuridad social a miles de personas antes que abordar su difícil situación. Resulta especialmente curioso que un gobierno publicitado como “valiente”, “feminista” y “campeón de los derechos sociales” actúe de forma tan hipócrita ante una realidad tan compleja. Como ha indicado la Asociación de Editores de Diarios Españoles, “si la prostitución constituyera una actividad ilícita, los periódicos nunca darían cabida a la publicidad referida a esta práctica”.

Sin embargo, no estamos ante un caso aislado: en los últimos años, los periódicos y los medios de comunicación en general no han parado de sufrir importantes limitaciones legales para la promoción y la publicidad de diferentes productos. En concreto, los medios de comunicación ya han sufrido la censura de la promoción relativa a productos como el alcohol, el tabaco, el juego, los anuncios societarios en prensa  determinados alimentos destinados a la juventud, por lo que esta nueva “mordaza” no debería sorprendernos… si bien tampoco debería dejar de indignarnos.

Nuevo retroceso en la competitividad de la economía española para 2010 y 2011

En los próximos días, analizaremos los resultados del Informe de Competitividad Global 2010-2011 publicado por el Foro Económico Mundial. Pueden descargarse el documento haciendo click aquí. Además, pueden consultar el análisis del informe 2009-2010 publicado en esta bitácora hace meses. Hagan click aquí para acceder a dicho texto.

Cabe destacar que España ha retrocedido casi 20 puestos desde la llegada al poder del Partido Socialista en 2004, pasando del número 23 al 42 en apenas seis años. Esto indica que la competitividad española se ha desplomado de forma alarmante, pasando de un nivel cercano a países como Francia, Austria, Corea del Sur, Israel o Chile a un ranking muy inferior, a la altura de economías mucho menos dinámicas (como la de Barbados, Indonesia, Eslovenia, Lituania…). Próximamente, el análisis completo en esta bitácora.

A continuación pueden ver dos entrevistas: la primera (en inglés) con el destacado economista catalán Xavier Sala-i-Martin, que ha comandado la edición 2010-2011 de este documento anual del World Economic Forum, y la segunda (en castellano) con Arturo Franco, máximo representante del Foro en Latinoamérica.

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Otra prueba de la insostenibilidad de la Seguridad Social: descentralizar la caja única dejaría a nueve regiones sin pensiones

La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado español ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema de “Seguridad Social” que tanto defienden los partidarios del llamado “Estado del Bienestar” (concepto de Bismarck que hoy defiende enérgicamente la socialdemocracia europea y el socialismo internacional). Tal y como anuncian diversas publicaciones económicas, transferir la “caja” del sistema a las administraciones autonómicas dejaría sin pensiones a los ciudadanos de nueve de las diecisiete comunidades autónomas.

El sistema de reparto no obedece a un ahorro personal y voluntario, capaz de aportar incluso una plusvalía al trabajador, sino que se caracteriza por ser una asignación burocrática y coactiva que no genera ningún valor añadido y solamente se sostiene mientras las circunstancias demográficas lo permitan. Por eso, es irónico que hablemos de “Seguridad Social” cuando todas las evidencias demuestran que este modelo no es nada seguro ni contribuye positivamente a la sociedad.

Así las cosas, regionalizar la Seguridad Social haría imposible a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía el pago de las pensiones actuales a sus jubilados. En todos estos territorios, la Seguridad Social registra déficit, ya que tiene menos de dos cotizantes por pensionista (la media nacional es de 2,57). En términos relativos, la comunidad que más dinero aporta es Madrid, seguida de Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.

Según algunos expertos, aprobar esta descentralización supondría un cierto conflicto constitucional. Sin embargo, repasando la Constitución de 1978 podemos comprobar que, si bien “el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado”, esto no supone “un perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”, por lo que la Carta Magna parece dar cabida a todo tipo de argumentaciones (algo que, por otra parte, también ocurre en otros aspectos fundamentales que nuestra Constitución tampoco resuelve tajantemente, como es el alcance del Estado de las Autonomías, la propiedad privada, etc.).

Por lo tanto, estamos ante una decisión que haría más caótico aún el sistema de pensiones español, aumentando enormemente su ineficiencia y duplicando los problemas innatos de este injusto sistema, consagrado en el Pacto de Toledo y aplaudido por los grandes partidos y medios de comunicación españoles.

¿Hay alternativa? Por supuesto: la Asociación para la Reforma de las Pensiones ofrece su explicación del modelo de capitalización en PensionesDignas.es, mientras que el chileno José Piñera (principal artífice de dicho sistema) viene explicando su propuesta para España desde el año 1996 (puede consultar su resumen ejecutivo haciendo click aquí).

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