Internacional

La libertad económica cae a nivel mundial por primera vez en décadas, según el Índice de Libertad Económica del CATO Institute

Chile es la quinta economía más libre del mundo y EE.UU. es la sexta, de acuerdo a los rankings anuales publicados hoy por el Cato Institute y el Fraser Institute de Canadá.

Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010 también muestra que la libertad económica experimentó su primer retroceso global durante los últimos 25 años, con el puntaje promedio cayendo a 6,67 en 2008 (el año más reciente para el cual hay datos disponibles) de 6,74 en 2007. De los 123 países incluidos en el índice desde 1980, el puntaje de 88 de ellos se redujo mientras que solo 35 registraron una mejora.

“Reaccionando al declive económico de 2008 a través de una perversa expansión del crédito y políticas regulatorias, los países alrededor del mundo debilitaron la libertad económica y han perjudicado el crecimiento a futuro”, dijo Ian Vásquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

El puntaje para EE.UU. (7,96) refleja un descenso en todas las áreas en que se mide la libertad económica y resulta de un aumento en el gasto público y de las regulaciones. La caída en la libertad económica de EE.UU. es parte de una tendencia que viene desde antes, habiéndose ubicado EE.UU. en la tercera posición del ranking en el año 2000 mientras que está en la sexta posición en el reporte de este año.

El reporte ubica a Hong Kong en la primera posición, seguido de Singapur y Nueva Zelanda. Zimbabwe una vez más tiene el nivel más bajo de libertad económica entre las 141 jurisdicciones incluidas en el estudio, seguido de Myanmar, Angola y Venezuela.

El Cato Institute co-publica Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010 en EE.UU. con el Fraser Institute de Canadá, un importante centro de investigaciones de ese país.

Libertad Económica en el Mundo utiliza 42 medidas diferentes para crear un índice que posiciona a los países de alrededor del mundo en base a políticas que promueven la libertad económica. Los pilares de la libertad económica son la libertad del individuo para elegir, el intercambio voluntario, la libertad de competir y la seguridad de la propiedad privada. La libertad económica es medida en cinco áreas distintas: (1) el tamaño del gobierno, (2) la estructura legal y la seguridad de los derechos de propiedad privada, (3) el acceso a una moneda estable, (4) la libertad de comercio a través de las fronteras, (5) la regulación del crédito, el trabajo y las empresas.

Varias investigaciones muestran que los individuos que viven en países con niveles altos de libertad económica gozan de niveles más altos de prosperidad, mayores libertades civiles y una expectativa de vida más alta. Un mayor grado de libertad económica está asociado con mejoras en toda la gama de indicadores de desarrollo humano. “La calidad de vida en países que mantienen mercados libres y abiertos es muy superior a aquella de los países que tienen economías manejadas por el Estado—incluso en momentos de recesión”, dijo Vásquez.

El reporte de este año también contiene nuevas investigaciones mostrando el impacto del grado de libertad económica sobre las tasas de desempleo y de homicidio.

Rankings internacionales

Hong Kong retiene el nivel más alto de libertad económica a nivel mundial con un puntaje de 9,05 de 10. Lo siguen Singapur (8,70), Nueva Zelanda (8,27), Suiza (8,08), Chile (8,03), EE.UU. (7,96), Canadá (7,95), Australia (7,90), Mauritius (7,82) y el Reino Unido (7,81).

Los rankings y puntajes de otras economías grandes incluyen a Taiwán en la posición 22 (7,48); Alemania empatada con Japón y Kuwait en la posición 24 (7,46); Francia en la posición 35 (7,32); Corea del Sur empatada con Suecia en la posición 27 (7,28); España empatada con Islandia y Honduras en la posición 39 (7,26); Italia empatada con Montenegro y Polonia en la posición 66 (6,90); México en la posición 69 (6,89); China empatada con Sudáfrica en la posición 82 (6,65); Rusia en la posición 84 (6,62); India empatada con Croacia y Moldova en la posición 87 (6,51); Brasil empatado con Madagascar en la posición 102 (6,18); y Argentina en la posición 114 (5,59).

Zimbabwe retiene el nivel más bajo de libertad económica entre las 141 jurisdicciones consideradas, seguido de Myanmar, Angola y Venezuela.

Varios países han aumentado considerablemente sus puntajes y mejorado sus niveles relativos de libertad económica a lo largo de las últimas tres décadas. Ghana experimentó el aumento más grande en el reporte de este año, aumentando su puntaje hasta llegar a 7,17 desde 3,27 en 1980, seguido de Uganda, la cual aumentó su puntaje a 7,15 desde 3,42; Perú, el cual llegó a 7,36 desde 4,27; Israel aumentó su puntaje a 6,86 desde 3,79; y Turquía, la cual aumentó su puntaje a 6,91 desde 3,95.

A lo largo del mismo periodo, la libertad económica ha retrocedido constantemente en muchos países. El puntaje de Venezuela cayó a 4,35 en 2008 desde un 6,29 en 1980, mientras que Zimbabwe cayó a 3,57 desde 4,93, Myanmar a 3,49 desde 4,84, Malaysia a 6,71 desde 7,07 y Nepal a 5,44 desde 5,75.

La libertad económica, el desempleo y el homicidio

El reporte de este año incluye un nuevo estudio que examina el impacto de la libertad económica sobre las tasas de desempleo. Los resultados sugieren que niveles altos de libertad económica conducen a una reducción del desempleo. Dinamarca, por ejemplo, aumentó su puntaje de libertad económica a 7,8 en 2007 desde 6,5 en 1980, causando una considerable mejora en el mercado laboral danés y una reducción estimada en la tasa de desempleo de entre 1,0 y 1,3 puntos porcentuales a lo largo del mismo periodo.

El reporte también examina el efecto de la libertad económica sobre las tasas de homicidio en Venezuela, Colombia, Sudáfrica, Latvia y Lituania.

Acerca de Libertad Económica en el Mundo

Libertad Económica en el Mundo mide el grado en que las políticas e instituciones de los países respaldan la libertad económica. El reporte de 2010 fue preparado por James Gwartney, académico destacado de la Florida State University; Robert A. Lawson de Auburn University; y Joshua Hall de Belloit College.

La publicación de este año incluye a 141 naciones que representan a 95% de la población mundial para 2008, el año más reciente para el cual hubo información disponible. El reporte también actualiza los datos en los reportes anteriores en caso de que los datos hayan sido revisados.

Chile: rentabilidad y seguridad (José Carlos Rodríguez, Instituto Juan de Mariana)

Fragmentos del artículo “Chile: rentabilidad y seguridad”, que publica José Carlos Rodríguez en el Instituto Juan de Mariana:

Ya atisbamos el final de este año 2010, un año extraordinario para Chile. En el plano político, porque el país se ha llenado de democracia al elegir por vez primera a un partido fuera de la Concertación, con Sebastián Piñera como cabeza del nuevo gobierno. En el económico, Chile ha sido reconocido como un país desarrollado por parte de la OCDE. En el plano social, el país se ha visto literalmente sacudido por una sucesión de seísmos de pavorosos efectos, pero ha salido adelante con dignidad y fortaleza. Este 2010 ha sido el año de Chile, y el año que viene tendremos que acordarnos de nuevo de él, porque se cumplirán 30 años de la reforma del sistema de pensiones que le ha convertido en un modelo para todo el mundo.

Recordemos que en 1981 el gobierno de Chile, en aquel momento todavía existía la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el sistema de reparto por otro de capitalización privado. La OCDE reconoce en Chile un país que ha crecido más de un 5 por ciento anual en las dos últimas décadas y que ha luchado eficazmente contra la pobreza. Este resultado no es ajeno al sistema de pensiones. Los salarios se fijan en función de la productividad y ésta crece a medida que aumenta el capital. El sistema privado de pensiones favorece la canalización del ahorro, mientras que el público destina las cotizaciones al consumo.

En los 28 años de experiencia del sistema chileno, la economía de aquél país ha pasado por momentos más y menos brillantes. Pero no se había visto sometida a una crisis tan brutal como la que ha vivido la economía mundial tras el 2007. En el año 2008 parecía que finalmente el sistema entraba en crisis. Los chilenos pueden invertir en cinco tipos de pensiones, desde la A, de perfil más arriesgado, al E, el más conservador.

En 2008 las rentabilidades fueron del -40 por ciento de media en los fondos A, -30 por ciento en B, -19 por ciento en C, -10 en D y -1 por ciento en E. La satisfacción de los críticos, eso sí, no ha durado más que un año, ya que las rentabilidades respectivas de los mismos fondos en el año 2009 fueron del 43 por ciento (A), 33 por ciento (B), 23 por ciento (C), 15 por ciento (D) y 8 por ciento (E). Las rentabilidades reales medias de 2002 a 2009 fueron del 4 por ciento en los fondos E al 9 por ciento en los A. En definitiva, el sistema se ha enfrentado a una dura crisis económica y financiera y la ha sorteado sin mayor problema.

La presidenta de Chile Michel Bachelet pidió un informe sobre una eventual reforma del sistema de pensiones en aquél país. La principal conclusión es que el sistema es muy rentable. No tanto como el 10 por ciento anual, dato que se da habitualmente. La rentabilidad media móvil de los últimos 10 años para cada fondo está en el 7,7 por ciento anual real.

En definitiva, el sistema chileno es rentable y fuerte, mientras que los sistemas públicos son ruinosos y están abocados a la ruina. No hay elección posible entre los dos, porque la realidad ya ha tomado su decisión.

La gran estafa del sistema de pensiones: la ¿Seguridad Social? explicada por el blog Desde El Exilio

A continuación reproducimos fragmentos de un texto firmado por Mill, blogger del sitio liberal Desde El Exilio. Pueden encontrar el artículo completo, mucho más amplio, haciendo click aquí.

El Estado del bienestar se basa en la típica estafa piramidal. Los trabajadores pagan a los pensionistas con la esperanza de que cuando se jubilen los trabajadores que queden en activo les paguen a ellos

La estafa se descubre cuando no aparecen suficientes nuevos trabajadores que paguen a los pensionistas.

El Estado del bienestar está en quiebra permanente. Sólo le separa del impago la capacidad de obligar a los trabajadores y a las empresas a pagar las cuotas de la Seguridad Social. Pero no tiene ni un céntimo de euro en activos propios.

Esta falta permanente de activos propios impide obtener intereses o beneficios adicionales con lo que el Estado del bienestar se convierte nada más que en una máquina de cobrar y pagar.

El Estado del bienestar tal y como está estructurado en los países de la UE requiere un crecimiento continuo de la población. Dado que el sistema no produce un crecimiento del capital acumulado, más que nada porque no acumula ningún capital, es la población que aporta dinero al sistema la que tiene que crecer o en otro caso la cuota a la Seguridad Social sería la que tendría que aumentar.

El Estado del bienestar ya ha agotado todos los márgenes: con el baby boom de los 60 -70 y con la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo consiguió aumentar el número de cotizantes y con el aumento de la productividad y los sueldos aumentó las bases de cotización.

Por contra la esperanza de vida aumentó en más diez años en los últimos 40 o 50 años y eso se comió parte de los aumentos de recaudación provocados por el aumento de cotizantes y el de los salarios.

El descenso de natalidad a partir de los años 80 ha puesto al descubierto, en este inicio de siglo, la falta de solvencia del sistema. Falta de solvencia que se irá acrecentando a medida que pase el tiempo. Aunque los políticos responsables del sistema intentan salvarlo mediante reducciones en el importe de las pensiones y retrasos en la edad de jubilación la impopularidad de estas medidas hace que estos recortes estén limitados.

La gente ha recibido y aún recibe un continuo lavado de cerebro sobre las maravillas del Estado del bienestar pero es ya muy difícil esconder los problemas.

Algunos hacen referencia a la juventud de la población inmigrante como posible “solución”, antes que admitir el fraude del sistema. Tampoco tienen en cuenta que, como no se cansa de repetir Juan Ramón Rallo, el capital no es homogéneo.  Y si el capital en general no es homogéneo imagínense el capital humano… ¿De dónde sacan los alemanes 250.000 o 500.000 jóvenes cualificados, ¡al año!, para mantener la productividad alemana? Puede que Turquía sea capaz de proporcionar tal cantidad de mano de obra, pero… ¿Con la cualificación adecuada? ¿Hablando alemán? E incluso, aunque pudiera, estaríamos descapitalizando de todo el talento de sus jóvenes a Turquía llevándolos a Alemania para pagar las ruinosas pensiones de los alemanes… El ejemplo vale igualmente, por desgracia, para España y cualquier otro país anclado en este sistema.

Si los trabajadores tuviesen el capital de sus pensiones estaríamos ante otra situación, pero ese capital no existe ni ha existido nunca. Vivimos dentro de una gran estafa.

La competitividad española, en entredicho (Informe del Foro Económico Mundial para 2010-2011)

Ya está aquí el informe del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global para el ejercicio 2010-2011. Para consultar un análisis detallado del informe 2009-2010, hagan click aquí. Si desean descargar la nueva versión para 2010-2011, hagan click aquí.

Como viene siendo habitual, el estudio analiza doce pilares de competitividad a nivel internacional. Esos doce pilares engloban las siguientes categorías: instituciones, infraestructuras, estabilidad macroeconómica, sanidad y educación primaria, educación superior, eficiencia mercantil, flexibilidad laboral, estabilidad financiera, adecuación tecnológica, tamaño del mercado, innovación y sofisticación empresarial. La correcta combinación de estos parámetros (clasificados en básicos, eficientes e innovadores según su relevancia) resultará en una economía innovadora y competitiva.

Según estos parámetros, el Foro Económico Mundial predice un ejercicio más complicado para las economías avanzadas que para los países emergentes. Los primeros han endeudando tanto sus cuentas públicas que el ajuste será complejo, lento y conflictivo. Los segundos han seguido ganando enteros en los pilares competitivos de la mano de reformas estructurales que permiten, por ejemplo, que Chile crezca al 6% tras sufrir un grave seísmo o que Perú cerrase el mes pasado (agosto) con un espectacular avance económico equivalente al 9,26% de su PIB. En conjunto, el FMI ya ha anunciado que, para el ejercicio 2010-2011, espera un crecimiento tres veces mayor en los países emergentes que en las economías avanzadas (6,25% frente a 2,25%).

No es casualidad que los países avanzados hayan disparado la deuda mundial a niveles solamente comparables a los de la posguerra de la II Guerra Mundial. La siguiente tabla muestra claramente cómo los países de economías avanzadas (y en especial, los países integrantes del G-7) no han parado de aumentar su endeudamiento desde 1980. Por el contrario, los países emergentes vienen reduciendo su endeudamiento desde comienzos de la década pasada, lo que contribuirá a evitar distorsiones en su economía y permitirá un avance creativo y continuado para sus economías.

La primera mención a España que encontramos en el informe hace referencia a la legislación laboral. Según el Foro Económico Mundial, su ineficacia y su rigidez suponen “grandes dificultades” para la recuperación. El informe pide una mayor libertad y una mayor relación esfuerzo-recompensa en los salarios (modificados artificialmente por los convenios colectivos) así como un despido más barato y un marco de contratación más flexible y claro.

Sin embargo, antes de analizar el caso español, conviene hacer un repaso a los diez países mejor valorados. En primer lugar encontramos a Suiza, cuyo liderazgo en I+D (158 patentes por cada millón de habitantes) y cuyo dinamismo empresarial (líder en el ámbito financiero a nivel mundial) han permitido un nuevo avance en el ranking del Foro Económico Mundial. Las infraestructuras, la flexibilidad laboral, la excelencia académica y la claridad y transparencia de su sistema jurídico también contribuyen a este tremendo éxito.

En segundo lugar encontramos a Suecia, antaño paraíso socialdemócrata y hoy sumida en un proceso de continua reestructuración liberal de la mano de unas pensiones en vías de capitalización, un sistema escolar basado en el modelo de cheques defendido hace décadas por Milton Friedman, un paradigma sanitario centrado en la participación privada y en la libertad de elección del paciente… Conviene leer el libro “Reinventar el Estado del Bienestar: la experiencia de Suecia” para conocer más de estas reformas, de la mano del profesor chileno Mauricio Rojas.

En tercer lugar encontramos a Singapur, justo por delante de EEUU. El país norteamericano acumula dos años de retroceso en el ranking debido a la ineficiencia de sus instituciones (que ocupan el puesto 40 a nivel mundial), sus dirigentes públicos (que ocupan el puesto 54 a nivel mundial y acumulan años de descrédito) y su creciente incompetencia para contener el gasto público (que califica en el puesto 68, ante una amplia desaprobación general sobre la forma en que se emplean los recursos de los contribuyentes).

A continuación encontramos a Alemania (que sigue subiendo en el ranking y podría superar a EEUU el próximo año), Japón (que empieza a recuperar niveles de crecimiento más sostenibles tras décadas de estancamiento, pero que sufre una de las deudas públicas más elevadas del mundo), Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Canadá.

ANALIZANDO LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA

España ocupa el puesto 42, tras experimentar un grave retroceso en los últimos doce meses. En concreto, el ranking 2009-2010 dejaba a nuestro país en el puesto 33, es decir, nueve puestos por delante de la nueva posición alcanzada.

Las principales carencias que señala el estudio se aprecian en las instituciones (relegadas al puesto 53 de un total de 139 economías), el entorno macroeconómico (calificado en el número 66 por el endeudamiento, la falta de crecimiento económico…) o la combinación de educación primaria y sanidad (relegadas al puesto 49 por su ineficiencia). La eficiencia laboral (relegada al puesto 115 por su absoluta rigidez) o el mercado financiero (que ocupa el puesto 56 tras una reforma de las cajas de ahorro aplicada de forma tardía e insuficiente) son otros de los pilares que retrasan el ranking español.

Entre los pilares que compensan parte de las carencias españolas citadas en el párrafo anterior podemos encontrar la educación superior (puesto 31), la dotación tecnológica (puesto 30) y, sobre todo, las infraestructuras (puesto 14). Los resultados relativos a la sofisticación empresarial y la innovación no son muy positivos (35 y 46 respectivamente) aunque se sitúan dentro de un intervalo cercano a la valoración general obtenida por la economía española. También el tamaño de mercado (gracias a la internacionalización empresarial vivida en los últimos 15 años) es valorado positivamente.

La siguiente tabla contextualiza la posición española en relación con las 27 economías de la Unión Europea. Esta clasificación continental relega a España al puesto 16, muy por detrás de Suecia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia… y más cerca de Portugal, Eslovenia, Lituania… Conviene señalar, además, que las calificaciones obtenidas por los países europeos evidencian un claro estancamiento económico en el viejo continente, lo que debería abrir un debate sobre el declive de la competitividad europea en los últimos años.

La siguiente tabla compara el desarrollo competitivo de España, Italia, Polonia o República Checa frente a naciones más avanzadas en la clasificación como Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia.

En la siguiente gráfica se puede comprobar la calificación obtenida por España en la llamada estrella de la competitividad, que recoge los 12 pilares analizados por el Foro Económico Mundial y compara los datos españoles con el resto de economías avanzadas (aquellas identificadas como “economías de grupo 3” o “economías de innovación”, según la terminología del organismo). Es fácil comprobar que las instituciones, el llamado I+D y el mercado laboral son los parámetros más problemáticos para la competitividad española, como ya hemos señalado anteriormente.

Entre los parámetros secundarios que mide el Foro Económico Mundial, encontramos con algunos puntos preocupantes:

– Debido a la ineficiencia del gasto público, España es relegada al puesto 101 dentro de dicho ranking.

– La regulación gubernamental es considerada tan excesiva que supone un relegado puesto en dicha escala (110).

– La inestabilidad y el endeudamiento en los presupuestos estatales relega a España al puesto 121.

– La falta de ahorro en España deja al país en el puesto 71.

– La calidad de la educación primaria es relegada al número 93. En ciencias y matemáticas, alcanzamos el puesto 114. La formación del profesorado tampoco sale bien parada: obtiene el número 89.

– La rigidez laboral supone un ranking tan bajo como el de 119º, si bien el proceso de despido es calificado aún peor, con el ranking 137.

Así las cosas, queda claro que España tiene grandes problemas de competitividad que, unidos a un Estado ineficiente y un mercado laboral de lo más atrasado, nos presentan un difícil panorama para la recuperación económica.

Las reformas estructurales centradas en conseguir un Estado mucho más eficiente son fundamentales, así como una revisión de arriba abajo al actual modelo de relaciones laborales. Sin estos ajustes, España no podrá recuperar la competitividad perdida desde hace años, y el ajuste económico será cada vez más duro, sobre todo con los trabajadores menos cualificados y los ciudadanos más vulnerables (personas de bajos ingresos, pensionistas, etc.).

El Instituto CATO pide a Obama una fuerte reducción del presupuesto federal

El Instituto CATO, prestigioso think-tank americano centrado en la promoción del liberalismo, ha publicado esta semana una serie de anuncios a toda página en diversos diarios estadounidenses, lanzando así una nueva campaña a favor de la limitación del gasto público y el poder del Estado frente a los individuos. En estos anuncios, los amigos de CATO le recuerdan a Barack Obama que “siguen esperando” los recortes y ajustes presupuestarios que prometió en noviembre de 2008, una vez elegido como presidente. Lo cierto es que, desde hace dos años, los “paquetes de estímulo económico” han supuesto un gasto para los contribuyentes equivalente a cientos de miles de millones de dólares. El endeudamiento es tal que, en el año 2012, la deuda nacional superará al conjunto de la economía del país.

Esta situación tiene mucho que ver con la deriva intervencionista del Partido Demócrata, pero también con la irresponsabilidad de antiguos dirigentes republicanos que ocuparon labores ejecutivas y legislativas en la última década. Por mencionar a uno de ellos, podemos recordad al vicepresidente Dick Cheney, que afirmó sin inmutarse que “los déficits no importan” para justificar este tipo de despilfarros.

Según el Instituto CATO, el presupuesto federal americano debería ajustarse siguiendo una serie de reformas y recortes clave:

– Subsidios en el sistema educativo: provocan un sobrecoste de $40,000 millones anualmente en el Departamento de Educación, y distorsionan la competencia entre los centros académicos.

– Subvenciones a los agricultores: los programas a favor de “salvar las granjas familiares” han acabado convirtiéndose en una burocracia muy costosa, que además ha conseguido el dudoso honor de poner el 70% de los subsidios disponibles en manos del 10% de los propietarios. Cada año, este punto supone $25,000 millones de gasto extra.

– Gasto militar: la salida de Iraq y Afganistán supondría un ahorro anual de $125,000 millones de dólares. Además, reducir la presencia en otra serie de misiones internacionales añadiría otro ahorro, esta vez de $100,000 millones, en los números del ejercicio siguiente.

– Infraestructuras: la gestión privada de cuestiones como el tráfico aéreo o las autopistas podría ahorrar $85,000 millones cada año.

– Subsidios a la compra de vivienda: el irresponsable comportamiento de las aseguradoras Fannie Mae y Freddie Mac en los últimos años demuestra que estos programas públicos no van a ninguna parte a la hora de solventar este problema. Por lo tanto, sacar al gobierno del mercado inmobiliario será positivo, y además, reducirá el gasto federal en $45,000 millones anuales.

– Salarios de los empleados públicos: una reducción del 10% en los salarios de los funcionarios y trabajadores de EEUU permitiría ahorrar $20,000 millones.

– Subsidios a la energía: la presencia pública en el sector aún supone $20,000 millones, una cantidad demasiado elevada para un mercado tan sofisticado y estratégico.

– Guerra a las drogas: la presencia en exteriores de este tipo de inversiones acaba suponiendo un gasto de $15,000 millones que, sin embargo, no evita el consumo de drogas dentro del país y alimenta los conflictos armados en naciones como México.

– Seguridad Social: en vez de atar el cálculo del sistema al salario, se debería mover según los indicadores de la inflación. De esta forma, el ahorro sería de $50,000 millones al año (en cualquier caso, convendría cambiar este sistema, para pasar de un modelo de reparto a uno de ahorro personal).

– Sanidad: los programas de Medicare y Medicaid, unidos a la nueva legislación aprobada por el Congreso, suponen un gasto sin precedentes de hasta $1 trillón de dólares para los próximos años. Por lo tanto, conviene repensar por completa el modelo sanitario, facilitando la eficiencia y eliminando la burocracia, los privilegios corporativos y el intervencionismo federal.

El CATO Institute ha explicado todos estos detalles y muchos más en su nuevo libro, “The struggle to limit government”, que puede descargarse haciendo click aquí. Sin duda, este es el tipo de iniciativas que hacen falta para recuperar los muchos espacios que los gobiernos han usurpado a las personas bajo falsas promesas de prosperidad y eficiencia.

Nuevo retroceso en la competitividad de la economía española para 2010 y 2011

En los próximos días, analizaremos los resultados del Informe de Competitividad Global 2010-2011 publicado por el Foro Económico Mundial. Pueden descargarse el documento haciendo click aquí. Además, pueden consultar el análisis del informe 2009-2010 publicado en esta bitácora hace meses. Hagan click aquí para acceder a dicho texto.

Cabe destacar que España ha retrocedido casi 20 puestos desde la llegada al poder del Partido Socialista en 2004, pasando del número 23 al 42 en apenas seis años. Esto indica que la competitividad española se ha desplomado de forma alarmante, pasando de un nivel cercano a países como Francia, Austria, Corea del Sur, Israel o Chile a un ranking muy inferior, a la altura de economías mucho menos dinámicas (como la de Barbados, Indonesia, Eslovenia, Lituania…). Próximamente, el análisis completo en esta bitácora.

A continuación pueden ver dos entrevistas: la primera (en inglés) con el destacado economista catalán Xavier Sala-i-Martin, que ha comandado la edición 2010-2011 de este documento anual del World Economic Forum, y la segunda (en castellano) con Arturo Franco, máximo representante del Foro en Latinoamérica.

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Otra prueba de la insostenibilidad de la Seguridad Social: descentralizar la caja única dejaría a nueve regiones sin pensiones

La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado español ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema de “Seguridad Social” que tanto defienden los partidarios del llamado “Estado del Bienestar” (concepto de Bismarck que hoy defiende enérgicamente la socialdemocracia europea y el socialismo internacional). Tal y como anuncian diversas publicaciones económicas, transferir la “caja” del sistema a las administraciones autonómicas dejaría sin pensiones a los ciudadanos de nueve de las diecisiete comunidades autónomas.

El sistema de reparto no obedece a un ahorro personal y voluntario, capaz de aportar incluso una plusvalía al trabajador, sino que se caracteriza por ser una asignación burocrática y coactiva que no genera ningún valor añadido y solamente se sostiene mientras las circunstancias demográficas lo permitan. Por eso, es irónico que hablemos de “Seguridad Social” cuando todas las evidencias demuestran que este modelo no es nada seguro ni contribuye positivamente a la sociedad.

Así las cosas, regionalizar la Seguridad Social haría imposible a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía el pago de las pensiones actuales a sus jubilados. En todos estos territorios, la Seguridad Social registra déficit, ya que tiene menos de dos cotizantes por pensionista (la media nacional es de 2,57). En términos relativos, la comunidad que más dinero aporta es Madrid, seguida de Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.

Según algunos expertos, aprobar esta descentralización supondría un cierto conflicto constitucional. Sin embargo, repasando la Constitución de 1978 podemos comprobar que, si bien “el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado”, esto no supone “un perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”, por lo que la Carta Magna parece dar cabida a todo tipo de argumentaciones (algo que, por otra parte, también ocurre en otros aspectos fundamentales que nuestra Constitución tampoco resuelve tajantemente, como es el alcance del Estado de las Autonomías, la propiedad privada, etc.).

Por lo tanto, estamos ante una decisión que haría más caótico aún el sistema de pensiones español, aumentando enormemente su ineficiencia y duplicando los problemas innatos de este injusto sistema, consagrado en el Pacto de Toledo y aplaudido por los grandes partidos y medios de comunicación españoles.

¿Hay alternativa? Por supuesto: la Asociación para la Reforma de las Pensiones ofrece su explicación del modelo de capitalización en PensionesDignas.es, mientras que el chileno José Piñera (principal artífice de dicho sistema) viene explicando su propuesta para España desde el año 1996 (puede consultar su resumen ejecutivo haciendo click aquí).

Seis bancos alemanes no dieron todos los detalles en los test de estrés

Información publicada en la edición del 26 de julio de 2010 del diario El Economista.

Seis de los 14 bancos alemanes que se sometieron a las pruebas de solvencia del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) no dieron todos los datos sobre sus cuentas, ya que no detallaron su cartera de deuda soberana.

Según informa hoy el diario Financial Times, los bancos que no cumplieron el compromiso de facilitar toda la información para calibrar su capacidad de respuesta a una eventual nueva recesión fueron el Deutsche Bank, el Hypo Real Estate, el Landesbank Berlin, el Postbank, y los grupos los grupos DZ y WGZ.

En una entrevista con este diario, el secretario general de la CEBS, Arnoud Vossen, recordó que “acordamos con todas las autoridades supervisoras y con los bancos que en este ejercicio se revelarían todos los datos sobre riesgos soberanos”.

El CEBS evaluó a un total de 91 grupos financieros, de los cuales siete suspendieron la prueba al constatar que no podrían superar el límite del 6% en ratio Tier 1 -que refleja el capital, las reservas y las acciones preferentes de una entidad para hacer frente a los riesgos asumidos- en un escenario de serio deterioro económico.

De esas siete entidades, cinco fueron cajas de ahorro españolas -Cajasur, Diada, Espiga, Banca Cívica y UNNIM- y las otras dos el alemán Hypo Real Estate Holding (nacionalizado por el Estado alemán) y el griego ATEbank (Agricultural Bank of Greece).

El objetivo de la prueba de solvencia era recuperar el clima de confianza en el sistema financiero europeo, pero analistas citados por este diario señalaron que el incumplimiento por parte de los bancos alemanes suscitara sospechas acerca de que ocultan algo.

¿Efecto contrario al esperado?

El efecto de las llamadas pruebas de solvencia puede ser el contrario al deseado, afirman estos analistas, que consideran que la irregularidad detectada en los bancos alemanes puede socavar un poco más la confianza en estas pruebas, que ya fueron cuestionadas por no contemplar el escenario de la suspensión de pagos de un país.

Cuestionado sobre esta última cuestión, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio, manifestó el viernes en Londres, tras la presentación del informe, que si no se contempló una suspensión de pagos nacional fue porque “no creemos que vaya a haber suspensiones de pagos por parte de ningún país”.

“El default es algo que no se ha asumido en ninguna prueba hecha en ninguna parte sobre deuda soberana”, añadió el vicepresidente del BCE, quien señaló que “si los mercados quieren saber cuál sería el impacto en la banca de una suspensión de pagos nacional deben realizar ellos mismos el cálculo con los datos provistos”.

Responsables de las autoridades bancarias alemanas afirmaron que la legislación nacional establece que no pueden forzar a los bancos a publicar detalles como el de la cartera de deuda soberana.

Un banquero no identificado dijo al Financial Times: “hubo discusión en Alemania acerca de si publicar las carteras de deuda soberana y en un momento dado se dijo a los bancos que era obligatorio, pero al final el Bafin no lo exigió”.

Vossen no quiso comentar en la entrevista con el diario la decisión de las entidades financieras alemanas, pero aseguró que “será uno de los asuntos que trataremos a continuación”.

“Acordamos que se facilitaría esta información (…). Tenemos que hablar”, dijo el secretario general de la CEBS.

La mitad de las cajas suspenden sin ayudas

Información de El Economista en su edición del 26 de julio de 2010.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha resultado ser la panacea para las cajas de ahorros que más han sufrido el azote de la crisis. Aunque ni para las catalanas ni para las castellanoleonesas ha surtido los efectos esperados, para el resto de las entidades que acudieron a ese mecanismo de rescate los 12.000 millones, con los que se ha engrasado el proceso de reestructuración financiera, ha sido determinante para sacar una buena nota en los test de estrés.

Mención aparte merece el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lideran Cajastur y CAM -cuyo éxito hoy se dilucida- y que logra un aprobado raspado del 6 por ciento de Tier1 sin contabilizar las ayudas del Frob ante el escenario más adverso que se plantea en las pruebas de tensión.

Sin embargo, hay que recordar que en esa unión también habría que contabilizar las ayudas que recibió la asturiana a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) por tomar el control de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y que son previas a la aparición del Frob. El importe de esas ayudas se situaría en torno a los 5.300 millones.

La decisión del Banco de España de permitir a las entidades que recurrieron al Frob que computaran como capital esas ayudas ha permitido al SIP que comandan Caja Madrid y Bancaja que su Tier 1 (capital de primera calidad) alcanzara el aprobado en el escenario más adverso que contemplaba el test de estrés. Sin las ayudas se quedaría en el 4,2, mientras que la inyección de 2,1 puntos porcentuales le ha permitido superar las exigencias de solvencia en tres puntos básicos.

Algo parecido le habría ocurrido a la cajas gallegas. La unión de Caixanova y Caixa Galicia sin haber recurrido al Frob hubiese arrojado un Tier1 del 4,2 por ciento en las pruebas de resistencia europeas ante el escenario más adverso. Sin embargo, las inyección de 1.162 millones de euros del fondo de reestructuración le ha permitido mejorar un 2,5 por ciento esa nota.

La solvencia de Mare Nostrum también hubiese naufragado en las pruebas de resistencia de no haber intervenido el Frob. La unión de Cajamurcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada presentaba un solvencia del 4,9 por ciento que, gracias a los dos puntos porcentuales que le inyectó el Frob, le llevaron a superar las pruebas de estrés en el más adverso de los escenarios, incluso, con nota.

No obstante, hay que aclarar que tanto Júpiter (la fusión que lideran Caja Madrid y Bancaja, y en la que también están Caixa Laietana, la Insular de Canarias, Ávila, Segovia y Rioja), como Breogán (Caixanova y Caixa Galicia), como Mare Nostrum superan holgadamente el escenario central que se planteaba en los test de estrés. De hecho, alcanza notas del 6,7 por ciento, 7,6 por ciento y del 7,7 por ciento, respectivamente.

Cinco de las siete entidades financieras quebradas en Europa son cajas de ahorro españolas: los test de estrés evidencian el fracaso de la banca pública

Hace meses, el gobierno activó un rescate bancario. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no tuvo que preocuparse por ningún banco privado, sino que tuvo que comprometer miles de millones de euros a la banca pública española: las cajas de ahorro.

El 2 de junio, el gobierno había aprobado una serie de intervenciones por un valor superior a los 11,000 millones de euros (cifra reconocida recientemente por Elena Salgado, quien ha admitido que la cifra seguirá sumando ceros). Por supuesto, los contribuyentes tuvieron que pagar esta decisión, si bien existen alternativas mucho más lógicas. Por ejemplo, la subasta de las cajas de ahorro habría servido para privatizarlas y enjuagar sus balances.

Sin embargo, el Ejecutivo eligió emitir miles de millones para un programa incapaz de diferenciar entre buenos y malos activos financieros. Por supuesto, la decisión era equivocada y el FROB acabó agotando sus recursos. Cuando así sucedió, el Fondo Monetario Internacional fijaba en 17,000 millones de euros las necesidades de las cajas españolas, mientras que Cita estimaba esta cantidad en 34,000 millones.

Para consultar más información sobre el fracaso del FROB, hagan click aquí y aquí.

TESTS DE ESTRÉS

Hace semanas, el Banco Central Europeo anunció que publicaría los test de estrés de las entidades del viejo continente. Se decía que esta sería una forma de “frenar la especulación en los mercados”, lo que ya apuntaba a que los datos tendrían resultados sospechosamente positivos. De hecho, antes de que saliesen a la luz, Credit Suisse anunciaba que la morosidad del sistema financiero español es un 40% superior a la que figura en los resultados que ha publicado el BCE.

Como destaca Juan Ramón Rallo, la escasa transparencia característica de la contabilidad bancaria aconseja el escepticismo ante estos datos ahora desvelados. Así las cosas, según el BCE, cinco de las siete entidades europeas que suspenden esta prueba son cajas de ahorro españolas. Según los datos del Banco Central Europeo, entre los grupos suspendidos está la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (con un agujero de 1,032 millones), la andaluza Cajasur (intervenida por el Banco de España y con necesidades de financiación por encima de los 208 millones), el grupo Banca Cívica (formado por Caja Navarra, General de Canarias y Caja Burgos, con un desfase negativo de 406 millones) y el conglomerado Caja Duero-Caja España (que necesitará 127 millones). Fuera de España, una entidad alemana nacionalizada y un banco griego son los únicos que no pasan la prueba. Esto implica que la banca europea necesita 3,500 millones para salir adelante, y el 60% de dicha cantidad proviene de la mala gestión de las cajas de ahorro.

Conviene tener en cuenta que las mediciones de estrés analizan la solvencia, no la liquidez. Indican que se espera que los bancos puedan afrontar sus deudas, pero no pronostican si dispondrán de los recursos suficientes. Cuando esto no ocurre, la necesidad de anticipar la liquidación de activos empobrece más al banco en cuestión, y amplia notablemente sus pérdidas respecto a lo que anota el criterio de solvencia.

Otro problema se deriva del fuerte endeudamiento del Estado español. Los préstamos interbancarios están bajo mínimos, y la confianza de la banca internacional en nuestro país es muy reducida. Si a ello le unimos la lógica posibilidad de que, tarde o temprano, el BCE suba los tipos de interés y deje de comprar deuda nacional por la puerta de atrás, la situación sería catastrófica.

El mejor consejo que podrían seguir los bancos implicaría mejorar la liquidez de sus entidades con un incremento de sus saldos de tesorería. Habrá que conceder menos créditos hasta que las perspectivas sean mejores, y el reajuste de la economía española tendrá que basarse, como manda la lógica económica, en más ahorro y más libertad, en vez de depender del crédito barato e inagotable que algunos esperan que vuelva.

LA BANCA PÚBLICA

Joseph Stiglitz, uno de los economistas favoritos de los amigos del intervencionismo, ha pedido recientemente que se creen entidades financieras de capital público para salir de la crisis. Sin embargo, Stiglitz olvida que los bancos más importantes y determinantes del espectro financiero global ya están gobernados por políticos y ya son públicos. Estamos hablando, por supuesto, de los bancos centrales, cuya responsabilidad en esta crisis esta crisis es gigantesca.

En España, algunas voces piden más “banca pública” y olvidan que en España ya existe este modelo de gestión, si bien con otro nombre. Ese sistema, el sistema de cajas de ahorro, ha demostrado ser ineficiente, pues no tiene sentido meter la cosa pública en ámbitos que deben estar restringidos a la competencia. Para los que optan por la intervención como solución a los males del sistema financiero tendrían que asumir que Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Narcís Serra o Juan Pedro Hernández Moltó no son dirigentes bancarios por casualidad.

No debería haber sido difícil intuir que este sistema quebraría, ya que las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo (FROB, fusiones, intervención de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur…). Lo extraño es que algunos no comprendan que el Estado ha tenido toda la culpa en este asunto.

Ahora toca cambiar las cosas. Que el gobierno abriese la vía para la privatización total de las cajas no obedece a un criterio ideológico ni a una preferencia del Ejecutivo, sino a la aplastante lógica del libre mercado que tanto ha descalificado el Ejecutivo español desde el comienzo de la crisis. El 9 de julio, podíamos leer que la reforma de la LORCA aprobada por el Consejo de Ministros permitirá este cambio tan necesario. En realidad, por mucho que detesten al “mercado” y al “capital”, los sindicatos deberían ser los primeros en aplaudir este proceso: las llamadas fusiones, que apostaban por mantener el sistema de las cajas de ahorro tal y como estaba pese a agrupar algunas entidades, va a suponer el cierre de 6,000 oficinas y la pérdida de 30,000 empleos, según datos del subgobernador del Banco de España Javier Aríztegui.

Tras la reforma de la LORCA, cambiarán los siguientes aspectos:

– Las cajas de ahorro que hayan optado por la “fusión fría” serán convertidas en sociedades anónimas (al igual que ocurre con los bancos);

– Se elimina el límite del 5% de posesión de cuotas para un sólo inversor;

– Aumenta la libertad de emisión y de retribución de los productos financieros por parte de las entidades;

– Cambiarán los órganos de gobierno, y los consejos y comisiones en los que participan los representantes designados por los políticos ya no podrán controlar más del 40% de las decisiones;

– La mitad de los miembros del consejo de las entidades tendrá que acreditar su experiencia profesional y su cualificación para el cargo, evitando la incompetencia de muchos gestores “colocados” por los políticos;

– Se podrá dividir el negocio bancario en dos: por un lado, con la constitución de bancos propiamente dichos, y por otro, con la consolidación de la “obra social” mediante la creación de fundaciones (modelo ya practicado en Italia);

– Se permitirá que las cajas capten capital emitiendo derechos políticos a cuotas participativas.

Si el Estado español no fuese el monstruo burocrático que es hoy, no habría constituido este modelo financiero que ahora se derrumba. El intervencionismo de un poder público de dimensiones grotescas empieza a enfrentar las consecuencias de sus excesos. Quien opine que el sistema financiero español está desregulado, no debería olvidar que el devenir de los ahorros de millones de españoles depende de lo que decidan José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

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