Economía

La mente intervencionista vs La mente liberal: ¿Es el mercado la Solución?

Hace meses, el genial Albert Esplugas escribía un artículo llamado “El mercado no es la Solución” en Libertad Digital. En dicho texto, Esplugas compara el intervencionismo con el liberalismo, y resuelve con acierto y frescura las diferencias entre ambas visiones. A continuación reproduzco algunos fragmentos de la pieza en cuestión.

“El intervencionista observa el mercado como si se tratase de una fotografía, el liberal observa el mercado como si fuera una película que aún no ha terminado. Estos dos enfoques divergentes dan forma a nuestra comprensión de la realidad social y explican en buena medida la confianza que los primeros depositan en el Estado y los segundos depositamos en el mercado para la mejora del bienestar general”.

Este primer párrafo demuestra la diferencia entre la arrogancia intervencionista y el paradigma liberal. Una economía libre no es perfecta, ya que vive en continuo desajuste. Sin embargo, es la economía más humana de todas las imaginables. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en una economía libre, las decisiones vienen de los individuos y se toman sin presiones, mientras que el intervencionismo practica la ingeniería social para desvirtuar el resultado verdadero de las decisiones individuales.

“Juzgar el mercado como una fotografía que deja bastante que desear, una realidad imperfecta estática o en equilibrio, tiene ciertas implicaciones que no se siguen del hecho de juzgar el mercado como un proceso equilibrante, una película con muchos cabos sueltos que tiende a un final cerrado y feliz. Al intervencionista no le gusta la fotografía que ve del mundo, la compara con una fotografía artificial perfecta y cree que debe retocar la original con Photoshop para que se asemeje a su modelo de referencia.”.

En efecto, un intervencionista resuelve todos los desajustes que aprecia en la sociedad con el plan más injusto de todos. “Corrigiendo el mercado” se encarga de discriminar a una empresa frente a otra, a un sector frente a otro, a un ciudadano frente a otro. ¿Por qué se subvenciona una forma de energía y no otra? ¿Por qué se subvenciona el cine y no la construcción? Los intervencionistas apelarán a la moral para explicar sus decisiones. Pero su moral, a menudo fundamentada sencillamente en el “bien común”, no es necesariamente la moral de todos los ciudadanos. En realidad, basta con que un único trabajador/empresario no sea subvencionado para que ese Estado sea injusto y discriminatorio.

“El intervencionista busca la Solución. Quiere un plan de acción encaminado a corregir el defecto en la fotografía, y la Solución a menudo parece obvia, pues la fotografía perfecta de referencia está ahí al lado. La solución es un programa, una ley, una regulación, un subsidio, una fijación de precios, un impuesto pigouviano, una nacionalización, una bajada de intereses, una licencia, una prohibición, un aumento del presupuesto, un ministerio, una agencia…”.

De nuevo, nos enfrentamos ante el gran escenario de la intervención socioeconómica. Si la sociedad no nos gusta, la cambiaremos por vía coactiva, llámese ley, llámese impuesto, llámese nacionalización… Pero esta vía positivista no garantiza éxito alguno. Un ejemplo lo tenemos con la política de vivienda en España. El Estado asumió que tenía que crear un Ministerio, construir vivienda protegida… y el resultado es un pseudo-mercado inmobiliario distorsionado y caro. Frente a esa perspectiva, el liberalismo representa la humildad de quien prefiere darle la iniciativa a las personas para que la sociedad siga perfeccionándose.

Hace dos años, Pedro Solbes era el número dos de la lista socialista en las Elecciones Generales españolas. Solbes no dudó en afirmar, en un debate televisado, que el dinero no está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo del Estado. Su visión es la del intervencionista que pretende “reorganizar” la sociedad con su mayúsculo “Plan”. Como indica el título del artículo de Esplugas, Solbes y los intervencionistas creen tener una Solución con mayúsculas.

Los socialistas de todos los partidos, como decía Hayek, pretenden intervenir nuestra vida “por el bien común”. Obvian que no hay un bien más positivo para la sociedad que dejar en paz a las personas y permitir a cada individuo tomar sus propias decisiones. En palabras de Esplugas, el mercado es la solución con minúscula, pero creer que la intervención es una mayúscula solución “es un simple acto de fe”.

Para consultar el genial artículo de Esplugas, hagan click aquí.

El Tesoro, en dificultades: España paga un 170% más que en abril para vender su deuda

La marca España no convence en el mercado de deuda. Esta semana hemos leído peligrosas noticias sobre los preocupantes intereses que está pagando nuestro país para conseguir colocar su endeudamiento en los mercados. El otro día leíamos en las páginas del diario El Mundo que el Tesoro pagó un 170% más que en abril para obtener financiación de la creciente deuda española.

Esta degradación tan fuerte, producida en apenas dos meses, confirma una decadencia continuada de la credibilidad española. El propio Tesoro ha cambiado su campaña de imagen, pasando de evocar los mejores años de la economía española a un enfoque centrado en la energía renovable como “sector de futuro”.

Teniendo en cuenta que las letras a un año le cuestan a España más que los bonos a diez años de Alemania, es fácil entender que las cosas no van bien. En mayo, el tesoro no pudo vender el mínimo previsto pese a fortísimos intereses ofrecidos como garantía. Ello disparó la compra de deuda por parte del BCE y demostró las graves dificultades que atraviesa nuestro país para financiar su déficit.

La ratio de compradores que demandaron títulos, al menos, fue decente. Hubo 1,5 peticiones por cada letra ofrecida a un año y 3,4 peticiones por cada letra ofrecida a 18 meses. Eso sí: quienes nos compran deuda a 12 o 18 meses lo hacen con jugosos intereses del 2,45% y 2,90% respectivamente, un precio demasiado caro como hemos comentado en párrafos anteriores.

El problema final es que la financiación por medio de endeudamiento es peligrosa a medio y largo plazo. El déficit público español no ha sido recortado como corresponde, y los planes de ajuste de Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Grecia o Reino Unido no se pueden comparar con lo aprobado por el Ejecutivo español. Por esta razón, y por la ausencia de reformas estructurales profundas y atrevidas, España no para de encontrarse con dificultades cada vez que mide su credibilidad en los mercados.

Claves de la reforma laboral española

La reforma laboral planteada por el Ejecutivo español mantiene dos puntos claves del actual marco laboral. Según el borrador previo al decreto final, tanto los sindicatos como la jurisdicción laboral seguirán siendo determinantes en este campo.

El decreto no ha sido capaz de asumir una reforma profunda en aras de una menor rigidez. Al final del día, tanto la negociación colectiva como el coste del despido siguen en pie.

Un paso a priori acertado es el que aborda el Decreto cuando anuncia que las empresas “podrían aducir causas económicas para despedir a un trabajador”, algo que hasta ahora se podía hacer únicamente en casos de despidos colectivos (Expedientes de Regulación de Empleo). Eso sí: serán los juzgados quienes decidan si el despido está justificado, por lo que las empresas siguen sin tener certidumbre absoluta para su toma de decisiones. Por lo tanto, lo que se antoja como un paso adelante acaba siendo la confirmación del modelo que se pretende, supuestamente, reformar. El Ejecutivo mantiene la “presunción de culpabilidad” del empresaria, judicializando y burocratizando el proceso.

Por otro lado, el decreto habla de una “cláusula de la inaplicabilidad salarial” que permitiría no revisar sueldos según inflación. De nuevo, el decreto parece apuntar en la buena dirección, pero acaba introduciendo elementos contradictorios: en este caso, esa “cláusula” se aplicará únicamente “cuando la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica pudieran verse dañadas”.

Una vez más, la empresa sigue sin poder decidir y los trabajadores siguen en manos del sindicalismo, que sería su representante en un arbitraje legal. Además, esto demuestra que la reforma es parcial, y para nada profunda, pues no modifica la naturaleza final del mercado laboral, que sigue centralizado en convenios colectivos, si bien ahora quedan parcialmente devaluados.

Tras la ampliación del contrato de fomento del empleo, el despido será ahora más barato, alcanzando 25 días en vez de 45. Esta forma contractual se aplicará a todos los contratos fijos nuevos. Sin embargo, el Ejecutivo se compromete a rebajar de 33 días a 25 días el coste real del despido, pues ha acordado hacerse cargo de la diferencia (ocho días) mediante un pago del Fondo de Garantía Salarial.

Este paso no parece equivocado, aunque no ha solventado algunos aspectos fundamentales: la supresión definitiva de los múltiples tipos de contrato vigentes o la creación de un fondo privado de despido para cada trabajador, una reforma “a la austriaca” que el gobierno ha vuelto a posponer.

En cualquier caso, el punto de la indemnización por despido para contratos fijos es uno de los más confusos. Se llegó hablar de rebajar este capítulo a 12 días por año trabajado, para luego hablarse de los 33 días como medida general. Posteriormente, el gobierno introdujo en el borrador una nueva figura: 25 días.

Además, no queda claro el criterio para definir una situación económica negativa. Hubiera sido más fácil dar libertad real a empresas y trabajadores, pero el Ejecutivo ha mantenido la rigidez del marco laboral introduciendo una medida vaga y subjetiva. ¿Cuándo está en mala situación una empresa? ¿Lo está si tiene pérdidas trimestrales, semestrales, anuales…? ¿Lo está si cae su facturación aunque mantiene beneficios? ¿Puede tratarse igualmente a grandes, medianas y pequeñas empresas para definir una “situación económica negativa”? ¿Abre esto la puerta a la contabilidad creativa para justificar despidos? ¿Reduce esta decisión los costes del despido teniendo en cuenta que implica una mayor judicialización de los mismos? ¿Por qué ligamos la legitimidad de un despido con la cuenta de resultados de la empresa?

Peor aún: el contrato en vigor sigue sujeto a una fuerte rigidez que el Ejecutivo no ha revisado en profundidad. Apenas anuncia que se reduce de 45 a 37 días el coste que cubrirá la empresa en caso de despedir a un trabajador fijo con contrato en vigor. Eso sí: el Estado pagará la diferencia, con cargo al Fondo de Garantía Salarial.

Por lo tanto, vemos en varios casos que el gobierno decide cubrir con dinero estatal los despidos. ¿Era necesario aplicar este parche? ¿No sería más sencillo haberse ahorrado ese dinero y aprobado, directamente, una figura de 37 días para fijos en vigor y de 25 días para nuevos contratos? ¿Cómo se pagará ese aumento de costos del Fondo de Garantía Salarial, máxime en un contexto de precariedad presupuestaria?

Finalmente, destacar que la única mención al fondo privado por despido de cada trabajador se hace para emplazar su creación al año 2012. España no puede seguir posponiendo sus reformas, y si este documento mismo se ha preparado en apenas semanas, un verano de trabajo podría inaugurar un invierno más prometedor, desde el punto de vista laboral. Posponer las reformas nunca es bueno para quien busca resultados de las mismas.

El coste de la subida del IVA en España

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ya ha calculado el efecto que tendrá la subida del IVA en los hogares españoles.

Según las estimaciones del organismo, cada familia gastará 30 euros más al mes y 354 euros más al año. Hay que señalar, una vez más, el carácter universal de esta subida fiscal, ya que el IVA será pagado igualmente por rentas altas y rentas bajas. Únicamente en electricidad y combustible, el gasto adicional tendrá una media de 85 euros al año, mientras que en transporte la cifra alcanzaría los 48 euros de incremento. Otros estudios, como el de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores), calculan que la subida del IVA encarecerá la vivienda en una media de 2,000 euros.

Hay que tener claro que los impuestos indirectos son preferibles a los directos, pues el ahorro debe prevalecer frente al consumo en todo tratamiento fiscal justo. Eso sí: las consecuencias de subir impuestos directos e indirectos a la vez serán nefastas para muchos españoles.

Además, estos estudios abordan únicamente una parte del problema, ya que no tratan la subida desde la perspectiva empresarial. No podemos obviar que las empresas españolas van a sufrir especialmente esta subida, ya que sus precios se encarecerán en un contexto de depresión generalizada en los bolsillos de sus clientes potenciales.

Finalmente, no podemos olvidar que este aumento de la coacción fiscal recaude más impuestos. La experiencia de los años 90 nos demuestra que subir impuestos indirectos sin tocar los directos puede incluso reducir la recaudación.

El rescate de España


Me van a permitir escribir sobre uno de esos asuntos que el oficialismo ha clasificado como criminalidad económica. Resulta que, por mucho que le pese a algunos, son ya muchas las informaciones que apuntan a un posible “rescate” de España a cargo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

La primera semana de mayo, esta noticia saltó a la portada de diarios internacionales como Wall Street Journal, Financial Times o New York Times desatando la ira de quienes veían absurdo hablar de esta cuestión. Recientemente hemos comentado el delirante artículo publicado por El País en el que publicar informaciones sobre un hipotético rescate era comparado con el empleo de armas de destrucción masiva.

En los últimos días, son varios periódicos alemanes y el español El Economista los que se han echo eco de informaciones similares. Según todo lo publicado, el “rescate” costaría 250,000 millones de euros, y estaría preparado para aquel momento en que España no pueda responder al galopante interés de su deuda.

Hemos conocido que el pasado 7 de mayo, el mercado de deuda llegó a rechazar tipos de interés del 18%, confirmando una plena desconfianza hacia las finanzas españolas que acabó por convencer a Europa y al FMI de la necesidad de ayudar a España.

Desde entonces,  el BCE ya está monetizando la deuda pública de países como España. El Banco Central Europeo imprime billetes y compra en el mercado secundario la deuda que previamente adquieren las entidades financieras. Tampoco podemos olvidar que Bruselas le exigió esta semana al gobierno español un nuevo tijeretazo del gasto que sume el 1,75% del PIB.

El nuestro es un país cinco veces más influyente en la economía europea que Grecia, y la nuestra es una situación de insolvencia probada. Quienes ayer atacaban a los que apuntaron esta situación hoy callan ante la crónica de un descalabro anunciado.

España mantiene una deuda privada insoportablemente alta, pero gracias a las políticas intervencionistas del Estado, su deuda pública se ha multiplicado hasta superar los límites de lo tolerable. Es fundamental acometer reformas, pero no sin antes recortar profundamente los millonarios gastos improductivos de un país quebrado, en el que el único bienestar es el del Estado, que se ha permitido gastar el doble de lo que ingresa mientras los españoles se apretaban el cinturón.

Para finalizar, les dejo un vídeo en el que María Claver, de El Economista, desvela las presiones gubernamentales que ha recibido su diario por hablar de este tema.

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La energía nuclear, pilar para la competitividad energética española

La consultora PwC edita una serie de informes cada trimestre. Estas piezas, denominadas “Consenso Económico”, visitan la opinión de 100 expertos nacionales sobre cuestiones de relevancia para la economía española.

En 2009, el primer trimestre deparó un informe especialmente esclarecedor para quienes apostamos por la economía nuclear como una elección de futuro para España. Entonces, el 75% de los expertos consultados pedía que este tipo de energía fuese incorporado con urgencia la mix español.

Nuestro país tiene un muy alto grado de dependencia de la importación energética. Frente al 54% promedio de la UE-27, España viene importando más del 80% de la energía que consume anualmente. Peor aún, la diferencia con Alemania o Francia es mucho mayor.

Un país que apenas produce el 20% de la energía que consume no es un país sostenible a largo plazo. Además, si seguimos reduciendo los espacios confiados a la energía nuclear, ese porcentaje irá bajando a la par que irá creciendo la factura de la luz. No podemos obviar que el 50% de la energía que produce España es nuclear.

El informe de PwC indicaba que el 55% de los expertos se confesaba “moderadamente preocupado” por esta cuestión, mientras que más del 43% decía estar “muy preocupado”. Además, más de un 80% pedía un nuevo debate sobre la energía renovable, exigiendo un planteamiento más cercano a la eficiencia y más alejado de la retórica.

EL PANORAMA DE LA NUCLEAR EN 2010

Si 2009 fue un pésimo año para la energía nuclear (incluyendo el anuncio gubernamental del cierre injustificado de la central de Garoña), el presente año no supone grandes novedades. El debate energético está aparcado y estancado.

Desde el Ministerio de Industria se han producido ligeros guiños a una reforma favorable a la nuclear. También ayuda la presión del ex presidente José María Aznar o incluso de Felipe González, quien tras militar contra esta fuente de energía durante años ahora se declara partidario de la misma. Otro aspecto que ha aumentado la concienciación social sobre esta cuestión es el alza continuado de la factura de la luz, que según un estudio reciente ronda el 40% desde 2004.

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. El debate sobre los residuos nucleares ha demostrado que la oposición no es total. Hemos visto a muchos municipios optar al almacenamiento de residuos nucleares, algo que renueva las perspectivas de éxito de cara a este asunto tan importante para España.

Es hora de pasar del dicho al hecho. La oposición política debe hacer bandera de la energía nuclear y defender una apuesta segura y atrevida por la misma. De esta forma, España podrá recuperar los muchos grados de competitividad perdida debido a un mix energético alejado a toda lógica actual.

Una propuesta de reforma laboral para España

Tal y como señalaba un diario esta semana, tendemos a hablar de “los trabajadores” como “un colectivo de autómatas con intereses homogéneos”. Cada vez que se habla de la reforma laboral, escuchamos a muchas voces defender este tipo de planteamiento. Incluso los sindicatos, pese a su decreciente influencia real, son aún aceptados como los supuestos representantes de todos los asalariados españoles, de la misma forma que la CEOE, otro ente en decadencia, vendría siendo el supuesto representante de todos los empresarios.

Lo cierto es que en España tenemos un mercado laboral de privilegios y desigualdades. Cualquier análisis de las diferentes formas legales de contratación evidencia una protección de los trabajadores indefinidos que contrasta con la marginación de los trabajadores temporales.

El resultado de esta visión paternalista es una legislación vieja y ajena a la economía libre del S. XXI. Esta herencia corporativista, venida de la Italia de Mussolini o del régimen de Franco, convierte el marco laboral en una cuestión centralizada alrededor de “agentes sociales” que anulan la libertad de elección de empresarios y trabajadores.

Los convenios colectivos y el diálogo social vienen siendo los dos mayores ejemplos de esta realidad. Ante tal panorama, es lógico que en España haya menos empresarios que funcionarios…

Si en nuestro país sólo se crea empleo a partir de un crecimiento al 2% es porque el marco laboral es insostenible. Si España presenta un paro estructural superior al 8% es porque el marco laboral es ineficaz. Si las cuentas públicas tienen hoy un enorme agujero es, por ejemplo, por el agujero de 30,000 millones de euros que ha provocado el aumento continuado del desempleo.

Por todas estas razones, es necesaria una reforma laboral en España. Esta reforma debe abordar una serie de puntos clave:

– Acabar con la multiplicidad de contratos existentes, simplificando los modelos vigentes.

– Limitando la indemnización por despido mediante una rebaja de dicha cuantía.

– Creación de fondos privados que desplacen una parte del salario del trabajador a esta iniciativa, de forma que parte del subsidio de paro sea cobrado de esta forma.

– Abolición de los acuerdos por convenio colectivo.

– Supresión de las subvenciones a sindicatos y patronal. Final de la concepción del mercado laboral desde la perspectiva corporativista.

– Prohibición de la liberación sindical. Es insostenible que haya miles de personas en esta situación en España.

Además, convendría aplicar una serie de medidas para promocionar la búsqueda activa de empleo. Entre ellas:

– Cada desempleado debería firmar cada semana en las oficinas del Servicio Público de Empleo, y presentar cada mes un mínimo de justificantes de entrevistas profesionales o envíos de su currículum vitae.

– Si un desempleado rechaza más de una oferta de trabajo, debería perder automáticamente la prestación por desempleo, pues habría que interpretar que quien no está de acuerdo con hasta dos ofertas no tiene una voluntad real de reincorporarse al mercado laboral.

– Además, debería ser obligatorio que los desempleados cubran una serie de horas de trabajo social. No podemos permitirnos que un parado se quede en casa cobrando un cheque a cambio de nada. Por ello, creando una serie de ocupaciones sociales para estas personas nos aseguramos tanto una recuperación del dinero como un incentivo para la búsqueda de otro empleo.

Esperanza Aguirre baja impuestos mientras Cataluña, Extremadura y Andalucía lanzan una ofensiva fiscal

Tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han iniciado una ofensiva fiscal contra los contribuyentes, convencidos de que el gasto público de sus respectivas administraciones es sostenible a base de subir los impuestos.

Llama la atención que Andalucía y Cataluña, dos regiones habitualmente vinculadas a escándalos de despilfarro presupuestario, sean dos de esas tres comunidades que deciden que sus excesos deben ser subsanados con el dinero de los ciudadanos. Lo mismo opina el gobierno de Extremadura, que ha anunciado un plan similar.

A continuación observamos los rasgos principales de estas medidas:

– Extremadura ha anunciado doce subidas de impuestos que entrarán en vigor próximamente. Entre ellas están diferentes subidas del IRPF (de entre un 0,5% y un 3%), un aumento del 15% al impuesto de los depósitos bancarios, una subida del impuesto de transmisiones patrimoniales (de entre el 1% y el 3%), una subida adicional a los precios de la gasolina (que la Junta extremeña ha llamado “céntimo sanitario”), etc.

El gobierno extremeño ha anunciado que hará un recorte a sus presupuestos del 5%, pero anuncia que hasta 2011 no sabremos nada de esta supuesta consolidación del gasto.

– Andalucía ha anunciado la supresión de numerosas empresas públicas, una buena noticia que debería ayudar a reducir la enorme tela de araña institucional de la administración regional. Sin embargo, Andalucía ha decidido subir también el IRPF, con un aumento comprendido entre el 1% y el 3%.

Además, la Junta de Andalucía quiere gravar también los depósitos financieros, y también prepara nuevos impuestos a la venta de bolsas de plástico en los comercios, el transporte, la gasolina (otro “céntimo sanitario”), etc. Por tanto, pese a que Andalucía ha anunciado medidas destinadas a reducir el gasto público, es evidente que los recortes son tan tímidos que la administración regional ha decidido buscar en el bolsillo de los contribuyentes la solución a su déficit.

– Cataluña, por su parte, también ha decidido subir el IRPF. En este caso, la subida del tramo superior llega a alcanzar el 4%. Al igual que en los casos de Extremadura y Andalucía, son las rentas más altas las que pagarán el pato, siguiendo la vieja retórica socialista según la cual “deben pagar más los que más tienen” (un eslogan que olvida que, de hecho, ya pagan más lo que más tienen…).

Peor aún: algunos cálculos afirman que el impacto de esta medida en los ingresos de la administración será inferior a los 75 millones de euros, una cantidad tan pequeña que no compensará el descenso de la actividad económica que puede provocar esta nueva situación. La Comunidad Valenciana o Aragón, en calidad de regiones vecinas, podrán así acoger a más contribuyentes cansados de los excesos fiscales del gobierno catalán.

Eso sí, Cataluña ha avanzado que planea llevar su déficit del 3,24% al 2,4% antes de 2011. Esa reducción se produciría principalmente con la reducción de inversiones improductivas, gastos de personal varios, pagos farmacéuticos, etc. Al menos el plan catalán concreta sus medidas en objetivos claros.

¿VENDRÁN MÁS SUBIDAS?

Lo cierto es que el alza fiscal que proponen Cataluña, Extremadura y Andalucía no parece ser el único que preparan los gobiernos socialistas de las comunidades autónomas. Los gobiernos de Asturias, Baleares y Cantabria podrían ser las siguientes regiones, según lo publicado en prensa.

Es importante señalar que los tres planes anunciados hasta el momento han seguido diferentes criterios para fijar el valor de una “renta alta”. Mientras Cataluña aplica la subida a quienes ganan más de 120,000 euros al año, en Andalucía se podrá notar el alza a partir de sueldos superiores a los 80,000.

Por su parte, Extremadura castigará directamente a ingresos superiores a los 60,000 euros. Por su parte, en Galicia se habla de hacer todo lo contrario y bajar el Impuesto a la Renta de las rentas inferiores a 20,000 euros, una medida que podría ser concretada a lo largo de la segunda mitad del 2010. A ello le unimos el fuerte recorte presupuestario que ha aprobado el gobierno de Feijóo desde su llegada al poder en 2009, un ejercicio que ha permitido a Galicia situar su déficit entre los más bajos de España (alrededor del 1%),

LA APUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: MENOS GASTO Y MENOS IMPUESTOS

La Comunidad de Madrid, cuyo déficit es el menor de España con un 0,7%, ha anunciado esta semana un nuevo plan de austeridad presupuestaria que pretende ahorrar 400 millones de euros. Las bajadas de sueldo a los altos cargos públicos y los dirigentes políticos son parte del plan. En el caso de Esperanza Aguirre, su recorte salarial supondrá una bajada del 17%.

A ello se le unen bajadas salariales en los funcionarios regionales y los trabajadores de las empresas públicas de la Comunidad, entre las que se incluyen Metro de Madrid, Canal de Isabel II, Telemadrid…

En realidad, este anuncio es la continuación de un plan que fue puesto en marcha hace ya meses, con la supresión de diferentes consejerías. Sin embargo, el gasto público no es el único campo de acción en las reformas acometidas por el Ejecutivo madrileño.

Desde hace meses, la Comunidad de Madrid ha aprobado las siguientes bajadas de impuestos/incentivos fiscales:

– Bonificación del 20% en el impuesto de matriculación;

– Reducción del 1% en el IRPF autonómica para la compra de primera vivienda nueva;

– Eliminación del recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas;

– Bajada del 10% en la cuota autonómica del IRPF para familias de dos o más hijos con ingresos anuales bajos (menos de 24,000 euros);

– Deducción de 1,000 euros en el IRPF para jóvenes empresarios;

– Reducción del 20% en el pago del IRPF por inversiones en bolsa hasta los 50,000 euros;

– Reembolso de las tasas municipales por inicio de actividad a todos los nuevos negocios creados en la Comunidad madrileña en 2010.

A ello se une la eliminación del Impuesto de Donaciones, la congelación del “céntimo sanitario”, la reducción del 95% del Impuesto de Sucesiones, la aplicación de un tipo reducido al 4% para las transmisiones patrimoniales o más de siete deducciones diferentes anunciadas en años anteriores para el IRPF.

El modelo económico madrileño se puede comparar muy por encima del rendimiento de otros gobiernos más partidarios de subir impuestos y anunciar planes de ajuste presupuestario flojos y poco concretos. Mientras Madrid registra un paro del 16%, cuatro puntos por debajo de la media, y encabeza la tasa de empleo en toda España durante el primer trimestre de 2010.

Todo ello ocurre, todo sea dicho, pese a la creación de amplias redes de transporte público (las ampliaciones del Metro de Madrid sumaron más de 120 kilómetros únicamente en el periodo 2004-2007) o centros sanitarios (bajo la actual presidencia, se han reformado diez hospitales, construido ocho nuevos e inaugurado decenas de centros de salud).

Así las cosas, es evidente que mientras otras comunidades se muestran incapaces de contener sus gastos y afrontar reformas de calado, en la Comunidad de Madrid la tendencia es más prometedora, con unas cifras mucho más sólidas en todos los aspectos (empleo, actividad, crecimiento del PIB, infraestructuras, déficit, etc.).

Los datos le dan la razón, una vez más, a quienes apuestan por un modelo de menos impuestos y menos gasto público. Y no podía ser de otra forma: una sociedad abierta a la iniciativa privada siempre tendrá más oportunidades de expandir sus horizontes que una sociedad sometida a un mayor control estatal.

La competitividad Estado autonómico: muchos impuestos, escasa eficacia

En febrero del año 2009, el Consejo General de Economistas, a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales, estudiaba la fiscalidad española a nivel autonómica. El análisis de las 17 regiones españolas extraía entonces las siguientes conclusiones:

– Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y País Vasco eran las regiones en las que más caro salía rendir cuentas a Hacienda.

– La diferente fiscalidad de las autonomías españolas supone un paso atrás en la atracción de inversores extranjeros, que se enfrentan a situaciones notablemente diferentes dependiendo de cada territorio.

– El pago medio de IRPF es mucho mayor en algunas de las comunidades mencionadas. Frente a los 2,249 euros tributados por una familia media en Comunidad Valenciana, un extremeño desembolsa 3,230.

– La existencia de innumerables leyes en España complica más aún la certidumbre jurídica del economista o empresario.

– La tarifa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se antoja obsoleta.

En aras de una mejor situación, el informe proponía posponer las deudas fiscales de aquellas empresas que tengan cuentas pendientes con la Administración. Estudiar conmutaciones de deuda ayudaría a agilizar estos procesos. Por ejemplo, si una empresa debe pagar 20,000 euros, pero Hacienda le debe devolver 15,000, sería más sencillo que la empresa pagase 5,000 euros a Hacienda y se anulase el endeudamiento mutuo.

Igualmente, el informe criticaba gravámenes como las Operaciones Societarias o los Actos Jurídicos Documentados. Igualmente, llamaba a reducir la burocracia, por ejemplo unificando trámites mercantiles en la mayor medida posible.

En definitiva, aquel estudio era un gran ejercicio de análisis. Lo lamentable es que ahora, en junio del año 2010, seguimos teniendo una situación como la que entonces se comentaba:

– Hay regiones que siguen subiendo los impuestos. Andalucía, Extremadura o Cataluña acaban de subir su presión al contribuyente, y pronto se les unirán otras comunidades como Asturias o Baleares.

– La burocracia y la ineficiencia administrativa, unida a la falta de claridad jurídica, sigue dañando al emprendedor.

– El Impuesto de Sociedades y los trámites mercantiles siguen sin ser revisados, complicando la actividad económica más aún.

Si queremos salir de la crisis, estas son las categorías que merecen una revisión profunda y ambiciosa.

La estafa del Plan 2000E

Javier Nart escribe esta semana en El Economista un demoledor artículo contra las “trampas” del millonario rescate del sector automovilístico que el gobierno bautizó como Plan 2000E. Les dejo algunos fragmentos de su artículo:

Hace más de un año, a bombo y platillo, nuestros ministros de la cosa anunciaron la imperiosa necesidad de salvar el sector del automóvil (…). El Gobierno presentó el Plan 2000E: si el comprador adquiría un vehículo, el concesionario le deducía del precio 2.000 euros, 1.000 euros a cargo del fabricante y 1.000 euros a cargo del Estado (50% autonómico, 50% Gobierno central). La historia terminó en cuento (chino). Un fraude.

Centenares de esos confiados incautos están hoy en situación angustiosa: a pesar de prefinanciar al adquirente, la Administración no ha dado trámite a esas deducciones adelantadas… y de las que han podido tramitarse, la Generalitat de Cataluña “ni está (paga) ni se le espera (pagará)”. Y mientras tanto, ese mismo vendedor, atrapado en el Plan 2000E, tiene que seguir pagando religiosamente todas sus demás contribuciones e impuestos ya que, a diferencia de cualquier otra deuda o crédito, las que se tienen con y contra el Estado no son compensables. Y, por último, cierre magistral de la jugada, ¡¡el comprador que tan feliz se fue con su deducción de 2.000 euros? deberá tributar por ellos en su declaración de Renta!!

Como bien explica el abogado, el Plan 2000E no ha sido ni siquiera riguroso en su aplicación. La falta de información y los continuos cambios de rumbo del Ejecutivo han acabado anulando parte de las ventajas que se supone que implicaba esta iniciativa. Peor aún: las cuentas públicas han desembolsado enormes cantidades de dinero público para subvencionar la compra de vehículos, generando una situación económica artificial y divorciada del mercado real.

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