Autor: Diego Sánchez de la Cruz

La energía nuclear, pilar para la competitividad energética española

La consultora PwC edita una serie de informes cada trimestre. Estas piezas, denominadas “Consenso Económico”, visitan la opinión de 100 expertos nacionales sobre cuestiones de relevancia para la economía española.

En 2009, el primer trimestre deparó un informe especialmente esclarecedor para quienes apostamos por la economía nuclear como una elección de futuro para España. Entonces, el 75% de los expertos consultados pedía que este tipo de energía fuese incorporado con urgencia la mix español.

Nuestro país tiene un muy alto grado de dependencia de la importación energética. Frente al 54% promedio de la UE-27, España viene importando más del 80% de la energía que consume anualmente. Peor aún, la diferencia con Alemania o Francia es mucho mayor.

Un país que apenas produce el 20% de la energía que consume no es un país sostenible a largo plazo. Además, si seguimos reduciendo los espacios confiados a la energía nuclear, ese porcentaje irá bajando a la par que irá creciendo la factura de la luz. No podemos obviar que el 50% de la energía que produce España es nuclear.

El informe de PwC indicaba que el 55% de los expertos se confesaba “moderadamente preocupado” por esta cuestión, mientras que más del 43% decía estar “muy preocupado”. Además, más de un 80% pedía un nuevo debate sobre la energía renovable, exigiendo un planteamiento más cercano a la eficiencia y más alejado de la retórica.

EL PANORAMA DE LA NUCLEAR EN 2010

Si 2009 fue un pésimo año para la energía nuclear (incluyendo el anuncio gubernamental del cierre injustificado de la central de Garoña), el presente año no supone grandes novedades. El debate energético está aparcado y estancado.

Desde el Ministerio de Industria se han producido ligeros guiños a una reforma favorable a la nuclear. También ayuda la presión del ex presidente José María Aznar o incluso de Felipe González, quien tras militar contra esta fuente de energía durante años ahora se declara partidario de la misma. Otro aspecto que ha aumentado la concienciación social sobre esta cuestión es el alza continuado de la factura de la luz, que según un estudio reciente ronda el 40% desde 2004.

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. El debate sobre los residuos nucleares ha demostrado que la oposición no es total. Hemos visto a muchos municipios optar al almacenamiento de residuos nucleares, algo que renueva las perspectivas de éxito de cara a este asunto tan importante para España.

Es hora de pasar del dicho al hecho. La oposición política debe hacer bandera de la energía nuclear y defender una apuesta segura y atrevida por la misma. De esta forma, España podrá recuperar los muchos grados de competitividad perdida debido a un mix energético alejado a toda lógica actual.

Una propuesta de reforma laboral para España

Tal y como señalaba un diario esta semana, tendemos a hablar de “los trabajadores” como “un colectivo de autómatas con intereses homogéneos”. Cada vez que se habla de la reforma laboral, escuchamos a muchas voces defender este tipo de planteamiento. Incluso los sindicatos, pese a su decreciente influencia real, son aún aceptados como los supuestos representantes de todos los asalariados españoles, de la misma forma que la CEOE, otro ente en decadencia, vendría siendo el supuesto representante de todos los empresarios.

Lo cierto es que en España tenemos un mercado laboral de privilegios y desigualdades. Cualquier análisis de las diferentes formas legales de contratación evidencia una protección de los trabajadores indefinidos que contrasta con la marginación de los trabajadores temporales.

El resultado de esta visión paternalista es una legislación vieja y ajena a la economía libre del S. XXI. Esta herencia corporativista, venida de la Italia de Mussolini o del régimen de Franco, convierte el marco laboral en una cuestión centralizada alrededor de “agentes sociales” que anulan la libertad de elección de empresarios y trabajadores.

Los convenios colectivos y el diálogo social vienen siendo los dos mayores ejemplos de esta realidad. Ante tal panorama, es lógico que en España haya menos empresarios que funcionarios…

Si en nuestro país sólo se crea empleo a partir de un crecimiento al 2% es porque el marco laboral es insostenible. Si España presenta un paro estructural superior al 8% es porque el marco laboral es ineficaz. Si las cuentas públicas tienen hoy un enorme agujero es, por ejemplo, por el agujero de 30,000 millones de euros que ha provocado el aumento continuado del desempleo.

Por todas estas razones, es necesaria una reforma laboral en España. Esta reforma debe abordar una serie de puntos clave:

– Acabar con la multiplicidad de contratos existentes, simplificando los modelos vigentes.

– Limitando la indemnización por despido mediante una rebaja de dicha cuantía.

– Creación de fondos privados que desplacen una parte del salario del trabajador a esta iniciativa, de forma que parte del subsidio de paro sea cobrado de esta forma.

– Abolición de los acuerdos por convenio colectivo.

– Supresión de las subvenciones a sindicatos y patronal. Final de la concepción del mercado laboral desde la perspectiva corporativista.

– Prohibición de la liberación sindical. Es insostenible que haya miles de personas en esta situación en España.

Además, convendría aplicar una serie de medidas para promocionar la búsqueda activa de empleo. Entre ellas:

– Cada desempleado debería firmar cada semana en las oficinas del Servicio Público de Empleo, y presentar cada mes un mínimo de justificantes de entrevistas profesionales o envíos de su currículum vitae.

– Si un desempleado rechaza más de una oferta de trabajo, debería perder automáticamente la prestación por desempleo, pues habría que interpretar que quien no está de acuerdo con hasta dos ofertas no tiene una voluntad real de reincorporarse al mercado laboral.

– Además, debería ser obligatorio que los desempleados cubran una serie de horas de trabajo social. No podemos permitirnos que un parado se quede en casa cobrando un cheque a cambio de nada. Por ello, creando una serie de ocupaciones sociales para estas personas nos aseguramos tanto una recuperación del dinero como un incentivo para la búsqueda de otro empleo.

Esperanza Aguirre baja impuestos mientras Cataluña, Extremadura y Andalucía lanzan una ofensiva fiscal

Tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han iniciado una ofensiva fiscal contra los contribuyentes, convencidos de que el gasto público de sus respectivas administraciones es sostenible a base de subir los impuestos.

Llama la atención que Andalucía y Cataluña, dos regiones habitualmente vinculadas a escándalos de despilfarro presupuestario, sean dos de esas tres comunidades que deciden que sus excesos deben ser subsanados con el dinero de los ciudadanos. Lo mismo opina el gobierno de Extremadura, que ha anunciado un plan similar.

A continuación observamos los rasgos principales de estas medidas:

– Extremadura ha anunciado doce subidas de impuestos que entrarán en vigor próximamente. Entre ellas están diferentes subidas del IRPF (de entre un 0,5% y un 3%), un aumento del 15% al impuesto de los depósitos bancarios, una subida del impuesto de transmisiones patrimoniales (de entre el 1% y el 3%), una subida adicional a los precios de la gasolina (que la Junta extremeña ha llamado “céntimo sanitario”), etc.

El gobierno extremeño ha anunciado que hará un recorte a sus presupuestos del 5%, pero anuncia que hasta 2011 no sabremos nada de esta supuesta consolidación del gasto.

– Andalucía ha anunciado la supresión de numerosas empresas públicas, una buena noticia que debería ayudar a reducir la enorme tela de araña institucional de la administración regional. Sin embargo, Andalucía ha decidido subir también el IRPF, con un aumento comprendido entre el 1% y el 3%.

Además, la Junta de Andalucía quiere gravar también los depósitos financieros, y también prepara nuevos impuestos a la venta de bolsas de plástico en los comercios, el transporte, la gasolina (otro “céntimo sanitario”), etc. Por tanto, pese a que Andalucía ha anunciado medidas destinadas a reducir el gasto público, es evidente que los recortes son tan tímidos que la administración regional ha decidido buscar en el bolsillo de los contribuyentes la solución a su déficit.

– Cataluña, por su parte, también ha decidido subir el IRPF. En este caso, la subida del tramo superior llega a alcanzar el 4%. Al igual que en los casos de Extremadura y Andalucía, son las rentas más altas las que pagarán el pato, siguiendo la vieja retórica socialista según la cual “deben pagar más los que más tienen” (un eslogan que olvida que, de hecho, ya pagan más lo que más tienen…).

Peor aún: algunos cálculos afirman que el impacto de esta medida en los ingresos de la administración será inferior a los 75 millones de euros, una cantidad tan pequeña que no compensará el descenso de la actividad económica que puede provocar esta nueva situación. La Comunidad Valenciana o Aragón, en calidad de regiones vecinas, podrán así acoger a más contribuyentes cansados de los excesos fiscales del gobierno catalán.

Eso sí, Cataluña ha avanzado que planea llevar su déficit del 3,24% al 2,4% antes de 2011. Esa reducción se produciría principalmente con la reducción de inversiones improductivas, gastos de personal varios, pagos farmacéuticos, etc. Al menos el plan catalán concreta sus medidas en objetivos claros.

¿VENDRÁN MÁS SUBIDAS?

Lo cierto es que el alza fiscal que proponen Cataluña, Extremadura y Andalucía no parece ser el único que preparan los gobiernos socialistas de las comunidades autónomas. Los gobiernos de Asturias, Baleares y Cantabria podrían ser las siguientes regiones, según lo publicado en prensa.

Es importante señalar que los tres planes anunciados hasta el momento han seguido diferentes criterios para fijar el valor de una “renta alta”. Mientras Cataluña aplica la subida a quienes ganan más de 120,000 euros al año, en Andalucía se podrá notar el alza a partir de sueldos superiores a los 80,000.

Por su parte, Extremadura castigará directamente a ingresos superiores a los 60,000 euros. Por su parte, en Galicia se habla de hacer todo lo contrario y bajar el Impuesto a la Renta de las rentas inferiores a 20,000 euros, una medida que podría ser concretada a lo largo de la segunda mitad del 2010. A ello le unimos el fuerte recorte presupuestario que ha aprobado el gobierno de Feijóo desde su llegada al poder en 2009, un ejercicio que ha permitido a Galicia situar su déficit entre los más bajos de España (alrededor del 1%),

LA APUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: MENOS GASTO Y MENOS IMPUESTOS

La Comunidad de Madrid, cuyo déficit es el menor de España con un 0,7%, ha anunciado esta semana un nuevo plan de austeridad presupuestaria que pretende ahorrar 400 millones de euros. Las bajadas de sueldo a los altos cargos públicos y los dirigentes políticos son parte del plan. En el caso de Esperanza Aguirre, su recorte salarial supondrá una bajada del 17%.

A ello se le unen bajadas salariales en los funcionarios regionales y los trabajadores de las empresas públicas de la Comunidad, entre las que se incluyen Metro de Madrid, Canal de Isabel II, Telemadrid…

En realidad, este anuncio es la continuación de un plan que fue puesto en marcha hace ya meses, con la supresión de diferentes consejerías. Sin embargo, el gasto público no es el único campo de acción en las reformas acometidas por el Ejecutivo madrileño.

Desde hace meses, la Comunidad de Madrid ha aprobado las siguientes bajadas de impuestos/incentivos fiscales:

– Bonificación del 20% en el impuesto de matriculación;

– Reducción del 1% en el IRPF autonómica para la compra de primera vivienda nueva;

– Eliminación del recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas;

– Bajada del 10% en la cuota autonómica del IRPF para familias de dos o más hijos con ingresos anuales bajos (menos de 24,000 euros);

– Deducción de 1,000 euros en el IRPF para jóvenes empresarios;

– Reducción del 20% en el pago del IRPF por inversiones en bolsa hasta los 50,000 euros;

– Reembolso de las tasas municipales por inicio de actividad a todos los nuevos negocios creados en la Comunidad madrileña en 2010.

A ello se une la eliminación del Impuesto de Donaciones, la congelación del “céntimo sanitario”, la reducción del 95% del Impuesto de Sucesiones, la aplicación de un tipo reducido al 4% para las transmisiones patrimoniales o más de siete deducciones diferentes anunciadas en años anteriores para el IRPF.

El modelo económico madrileño se puede comparar muy por encima del rendimiento de otros gobiernos más partidarios de subir impuestos y anunciar planes de ajuste presupuestario flojos y poco concretos. Mientras Madrid registra un paro del 16%, cuatro puntos por debajo de la media, y encabeza la tasa de empleo en toda España durante el primer trimestre de 2010.

Todo ello ocurre, todo sea dicho, pese a la creación de amplias redes de transporte público (las ampliaciones del Metro de Madrid sumaron más de 120 kilómetros únicamente en el periodo 2004-2007) o centros sanitarios (bajo la actual presidencia, se han reformado diez hospitales, construido ocho nuevos e inaugurado decenas de centros de salud).

Así las cosas, es evidente que mientras otras comunidades se muestran incapaces de contener sus gastos y afrontar reformas de calado, en la Comunidad de Madrid la tendencia es más prometedora, con unas cifras mucho más sólidas en todos los aspectos (empleo, actividad, crecimiento del PIB, infraestructuras, déficit, etc.).

Los datos le dan la razón, una vez más, a quienes apuestan por un modelo de menos impuestos y menos gasto público. Y no podía ser de otra forma: una sociedad abierta a la iniciativa privada siempre tendrá más oportunidades de expandir sus horizontes que una sociedad sometida a un mayor control estatal.

La competitividad Estado autonómico: muchos impuestos, escasa eficacia

En febrero del año 2009, el Consejo General de Economistas, a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales, estudiaba la fiscalidad española a nivel autonómica. El análisis de las 17 regiones españolas extraía entonces las siguientes conclusiones:

– Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y País Vasco eran las regiones en las que más caro salía rendir cuentas a Hacienda.

– La diferente fiscalidad de las autonomías españolas supone un paso atrás en la atracción de inversores extranjeros, que se enfrentan a situaciones notablemente diferentes dependiendo de cada territorio.

– El pago medio de IRPF es mucho mayor en algunas de las comunidades mencionadas. Frente a los 2,249 euros tributados por una familia media en Comunidad Valenciana, un extremeño desembolsa 3,230.

– La existencia de innumerables leyes en España complica más aún la certidumbre jurídica del economista o empresario.

– La tarifa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se antoja obsoleta.

En aras de una mejor situación, el informe proponía posponer las deudas fiscales de aquellas empresas que tengan cuentas pendientes con la Administración. Estudiar conmutaciones de deuda ayudaría a agilizar estos procesos. Por ejemplo, si una empresa debe pagar 20,000 euros, pero Hacienda le debe devolver 15,000, sería más sencillo que la empresa pagase 5,000 euros a Hacienda y se anulase el endeudamiento mutuo.

Igualmente, el informe criticaba gravámenes como las Operaciones Societarias o los Actos Jurídicos Documentados. Igualmente, llamaba a reducir la burocracia, por ejemplo unificando trámites mercantiles en la mayor medida posible.

En definitiva, aquel estudio era un gran ejercicio de análisis. Lo lamentable es que ahora, en junio del año 2010, seguimos teniendo una situación como la que entonces se comentaba:

– Hay regiones que siguen subiendo los impuestos. Andalucía, Extremadura o Cataluña acaban de subir su presión al contribuyente, y pronto se les unirán otras comunidades como Asturias o Baleares.

– La burocracia y la ineficiencia administrativa, unida a la falta de claridad jurídica, sigue dañando al emprendedor.

– El Impuesto de Sociedades y los trámites mercantiles siguen sin ser revisados, complicando la actividad económica más aún.

Si queremos salir de la crisis, estas son las categorías que merecen una revisión profunda y ambiciosa.

La estafa del Plan 2000E

Javier Nart escribe esta semana en El Economista un demoledor artículo contra las “trampas” del millonario rescate del sector automovilístico que el gobierno bautizó como Plan 2000E. Les dejo algunos fragmentos de su artículo:

Hace más de un año, a bombo y platillo, nuestros ministros de la cosa anunciaron la imperiosa necesidad de salvar el sector del automóvil (…). El Gobierno presentó el Plan 2000E: si el comprador adquiría un vehículo, el concesionario le deducía del precio 2.000 euros, 1.000 euros a cargo del fabricante y 1.000 euros a cargo del Estado (50% autonómico, 50% Gobierno central). La historia terminó en cuento (chino). Un fraude.

Centenares de esos confiados incautos están hoy en situación angustiosa: a pesar de prefinanciar al adquirente, la Administración no ha dado trámite a esas deducciones adelantadas… y de las que han podido tramitarse, la Generalitat de Cataluña “ni está (paga) ni se le espera (pagará)”. Y mientras tanto, ese mismo vendedor, atrapado en el Plan 2000E, tiene que seguir pagando religiosamente todas sus demás contribuciones e impuestos ya que, a diferencia de cualquier otra deuda o crédito, las que se tienen con y contra el Estado no son compensables. Y, por último, cierre magistral de la jugada, ¡¡el comprador que tan feliz se fue con su deducción de 2.000 euros? deberá tributar por ellos en su declaración de Renta!!

Como bien explica el abogado, el Plan 2000E no ha sido ni siquiera riguroso en su aplicación. La falta de información y los continuos cambios de rumbo del Ejecutivo han acabado anulando parte de las ventajas que se supone que implicaba esta iniciativa. Peor aún: las cuentas públicas han desembolsado enormes cantidades de dinero público para subvencionar la compra de vehículos, generando una situación económica artificial y divorciada del mercado real.

Las subvenciones del gobierno de Zapatero

El plan anunciado por el Partido Popular para reducir gastos improductivos en la administración tiene bastante sentido si analizamos su contenido. La propuesta de la formación popular basa su alternativa de ahorro en un recorte que englobaría las siguientes decisiones:

– Reducir un 50% las subvenciones a sindicatos y patronal. El corte sumaría 538 millones de euros en ahorro.

– Adelgazar a la mitad las subvenciones a los partidos políticos. El ahorro sería de 41 millones de euros.

– Contracción de la ayuda al desarrollo con un recorte del 36% a dicho presupuesto, que sumaría 624 millones de euros.

– Recorte del 25% de altos cargos y 50% del personal eventual de la administración. Supone 34 millones de euros.

– Reducción del 50% de los gastos en protocolo y representación. Equivale a 7,4 millones de euros.

– Disminución al 50% de las publicaciones emitidas por partidos, sindicatos… para ahorrar 6 millones de euros.

El plan, por supuesto, es acertado, si bien insuficiente. Teniendo en cuenta que el agujero económico español supera los 100,000 millones de euros, el ahorro que propone el PP es necesario, pero no alcanza para evitar nuevas supresiones.

Es interesante, eso sí, comprobar algunos de los programas que han recibido millonarias contribuciones del Estado:

– 5 millones de euros para la fundación Pluralismo y Convivencia, que ha recibido 26,5 millones desde la creación de la Alianza de Civilizaciones;

– 1 millón de euros para el Instituto Universitario por impartir cursos relacionados con la Alianza de Civilizaciones.

– 730,000 euros para la descentralización y el municipalismo en Angola;

– 251,000 euros para la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten el acercamiento de la sociedad española al Sur;

– 245,000 euros para programas de soberanía alimentaria en la educación primaria española;

– 450,000 euros para redes sociales “del Sur y del Norte” que fomenten “la educación y la sostenibilidad”;

– 150,000 euros para crear un Consejo Económico y Social en Guatemala;

– 50,000 euros para la Asociación hondureña Jueces por la Democracia;

– 18,000 euros para “Conciertos Latinoamericanos 2009”;

– 46,000 euros para el Archivo de sonidos del Perú;

– 69,000 euros para la promoción de la vida sexual plena entre los jóvenes;

– 282,000 euros para “fomentar la cooperación en tiempos de crisis”;

– 50,000 euros para el proyecto Muñecos por el Desarrollo;

– 60,000 euros para Observatorios Audiovisuales en Colombia;

– 97,000 euros para el Observatorio de la Acción Humanitaria;

A todo ello le podemos sumar muchas otras partidas de gasto que viene aprobando el gobierno en los últimos años.

– 20 millones de euros para la cúpula de Miquel Barceló en la ONU.

– 28,000 euros al colectivo de gays y lesbianas de Zimbawe;

– 15,000 euros a la organización Pan para el mundo;

– 100,000 euros a la Fundación Asia-Europa;

– 75,000 euros al Instituto Internacional de la Paz;

– 75,000 euros para el Instituto Pax África;

– 45,000 euros para la Unión contra la pena de muerte;

– 20,000 euros para la Fundación Martin Ennals.

Si sumamos este tipo de partidas, podemos alcanzar casi 3,000 millones de euros, destinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores a programas de dudoso impacto en los países menos desarrollados.

Además, si a todo ello le sumamos el despilfarro de partidas de gasto como el Plan E, el Plan 2000E y el FROB, nos encontramos con un gobierno claramente amigo de gastar alegremente los recursos públicos.

– El Plan 2000E ha subvencionado la compra de cientos de miles de coches con cientos de miles de euros.

– El FROB ha comprometido 9,000 euros al rescate de las cajas de ahorro en números rojos, pero ya ha agotado sus recursos. Se estima que el coste final del proceso será mucho mayor. De momento, y en cualquier caso, las fusiones y los agujeros en la contabilidad de las cajas ya nos han costado miles de millones.

– El Plan E, incapaz de generar empleo duradero, ha desembolsado más de 10,000 millones de euros para infraestructuras de escaso impacto en la productividad nacional (parques, piscinas públicas, etc.).

¿Más ejemplos de gasto improductivo?

– En la cuenca minera de León, las subvenciones anuales rozan los 1,500 millones de euros cada año (la cifra equivale a financiar con 255,000 euros cada puesto de trabajo generado).

– El cine español ha visto como se han duplicado sus subvenciones desde la llegada al gobierno del PSOE. La media de las subvenciones entregadas entre 2000 y 2003 era de 36 millones. Entre 2005 y 2008, el dato pasó a ser mayor que los 62 millones anuales de promedio. Y pese a ello, el número de espectadores de películas nacionales bajó de una media de 20 millones a menos de 18. Para poner otro ejemplo, en 2008 se recaudaron 81 millones en taquilla, pero se aprobaron subvenciones por valor de 85 millones.

– La administración paralela, alimentada principalmente por ayuntamientos y comunidades, suma una deuda superior al 4,5% del PIB en más de 730 empresas.

– El despilfarro de las administraciones regionales, según un estudio reciente, suma 24,000 millones de euros cada año, únicamente en gasto corriente, duplicidades e inversiones prescindibles.

– El Ministerio de Cultura se gastó hace años 737,000 euros en crear una página web de descargas musicales. Ahora, pese al fracaso de la web (llamada Promusicae), se han presupuestado 1,65 millones a reeditar el proyecto.

Otros gastos difícilmente justificables: ¿necesitamos un Ministerio de Cultura separado del Ministerio de Educación? ¿Debe existir un Ministerio de Ciencia e Innovación desgajado de Industria y Educación? ¿Necesitamos tres vicepresidencias? ¿Tiene sentido el Ministerio de Vivienda? ¿Y la cartera de Igualdad? Todas estas competencias ya han sido ejecutadas en el pasado desde los Ministerios tradicionales, o sea que el gasto que suponen estos nuevos departamentos gubernamentales no parece lo más necesario.

En definitiva: el plan presentado por el PP es acertado, pero no es en absoluto suficiente. Tenemos tantos ejemplos de gasto innecesario que lo que tiene que hacer el gobierno es darle la vuelta por completo a la forma en que hemos concebido nuestro gasto público hasta la fecha.

La subvención empobrece el mercado, crea empleos insostenibles de forma artificial y empaña la competencia económica. No tiene ningún sentido seguir aplicando esta lógica económica al gasto público, ya que cualquier economía del S. XXI debe guiarse por los incentivos al trabajo, el ahorro y la libertad, y no por mecanismos contrarios a la iniciativa individual y amigos del despilfarro.

Para consultar el estudio del PP, hagan click aquí.

Las consecuencias del FROB y la inacción del gobierno: fuga de capitales y despilfarro de recursos

Desde el año pasado, el sector financiero español ha vivido un lento proceso de reordenación amparado por el FROB. Con este fondo, el Ejecutivo español garantizaba millonarias inyecciones de dinero público a todas las cajas de ahorro que aceptasen integrarse con otras entidades mediante fusiones frías, integraciones equilibradas o absorciones.

El proceso ha sido excesivamente lento, ya que el gobierno concedió un plazo de hasta un año para un proceso que debía haber sido abordado en mucho menos tiempo y con mucho más rigor. Ahora que el tiempo se acaba, las cajas de ahorro tratan de cerrar nuevos acuerdos entre sí, conscientes de que el dinero del FROB se acabará pronto.

En realidad, ese dinero del FROB ya se ha agotado hace unos días. Los 9,000 millones de euros que el Ejecutivo destinó al Fondo se han agotado ya. ¿La razón? Todas las cajas que han anunciado fusiones han recibido cientos de millones de dinero público para consolidar sus paupérrimas cuentas.

Echando un vistazo a esos “manguerazos” aprobados por el FROB, nos encontramos con lo siguiente:

– 1,250 millones de euros entregados a la fusión de Caixa Catalunya con las Caixas de Tarragona y Manresa;

– 525 millones de euros entregados a la fusión de Caja Duero y Caja España;

– 380 millones de euros entregados a las Caixas de Manlleu, Sabadell y Terrassa.

A todo ello le unimos los procesos de intervención que han sufrido Caja Castilla-La Mancha, con un agujero que PwC cifró en 3,000 millones de euros, o Caja Sur, que ya ha recibido 550 millones de euros y, previsiblemente, necesitará más dinero para sanear su mala gestión.

Eso sí: la cosa no acaba aquí. La fusión de las cajas gallegas supondrá 1,260 millones de euros; mientras que la fusión fría de las cajas del Mediterráneo, La Mancha, Asturias, Cantabria y Extremadura costará entre 1,400 y 1,600 millones de euros, según las estimaciones de los expertos. Algo parecido pasará con la unión de Caja Madrid y las entidades de Ávila, Segovia, Laietana y Caja de Canarias.

Pero este no es el único problema. Las cajas de ahorro están perdiendo depósitos de forma continuada: en lo que va de año, 21,000 millones de euros han sido retirados. La desconfianza hacia la situación de las cajas está fomentando esta fuga de capital hacia otros destinos, lo que contribuirá a estrangular más aún el crédito disponible en España. Y todo por una reestructuración financiera echa de forma lenta, costosa y equivocada.

Claves de competitividad: la reforma laboral en España

España no es un país de emprendedores. Su número total ronda los tres millones, una cifra inferior al número de empleados públicos que trabajan en el país. Así las cosas, queda claro que la competitividad laboral española pasa irremediablemente por la creación de condiciones óptimas para el desarrollo empresarial, sobre todo ante la delicada situación que atravesamos desde finales de 2007.

Nuestra legislación laboral básica acumula tres décadas de antigüedad. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue aprobado con amplio apoyo parlamentario,  si bien la norma heredaba muchos rasgos característicos de las leyes del trabajo aprobadas bajo la dictadura.

Las leyes aprobadas en la Transición deben ser revisadas. Tras su aprobación, los gobiernos de Felipe González no crearon ningún puesto de trabajo neto entre 1982 y 1996. Los 12,7 millones de trabajadores que estaban empleados en 1976 eran 160,000 más que los ciudadanos ocupados en 1996.

Entre 1996 y 2004, las políticas de apertura económica impulsadas por los gobiernos del Partido Popular dieron sus frutos, consiguiendo altos niveles de crecimiento que se tradujeron en la creación de millones de puestos de trabajo. Esta enseñanza, experimentada bajo la misma normativa, demuestra que la primera condición para crear empleo es la fijación de la libertad económica como el centro de la acción política.

Sin embargo, los gobiernos populares no modificaron la regulación laboral de forma profunda. Esta situación explica que en 2010, la crisis económica se haya manifestado en España de una forma muy distinta a la vivida fuera de nuestras fronteras. Ningún otro país está viviendo una destrucción de empleo comparable a la que sufrimos.

Para que el lector se haga una idea del impacto de la crisis en el mercado laboral de nuestro país, Eurostat calcula que el 72% de los trabajos perdidos en la zona euro han sido empleos destruidos en España. Así las cosas, mientras Alemania ha creado 665,000 empleos desde finales de 2007, España ha perdido 1,878,000 empleos. Esto no quiere decir que otros países no estén sufriendo esta situación, pero los 279,000 empleos perdidos en Francia o los 434,000 trabajos destruidos en Reino Unido no tienen nada que ver con los millonarios datos del paro español.

Además del drama social que supone una España con casi cinco millones de trabajadores sin empleo, nos enfrentamos a desafíos muy complejos que se derivan de esta situación. El pago de los subsidios de desempleo está saliendo muy caro al Estado, y el Estado está combatiendo esta situación con más impuestos y más endeudamiento. Esta espiral es un círculo vicioso que no se sostiene a largo plazo.

Aspectos como la negociación colectiva deben ser eliminados en favor de acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores. No podemos seguir afrontando la política laboral desde la esencia corporativista de la Italia de Mussolini. La vigencia del convenio colectivo en España es de las más rígidas de toda Europa, muy por delante de países como Polonia, Portugal, Francia, Reino Unido, Noruega… Además, hay que revisar la financiación pública entregada a sindicatos o patronal, dos organismos que deberían funcionar con las cuotas de sus afiliados para ser realmente representativos.

Tampoco podemos permitirnos la dualidad de un mercado laboral que protege en exceso a los trabajadores fijos, castigando a los que no lo son. El coste del despido debe ser evaluado de nuevo. Además, no podemos seguir derrochando miles de millones de euros en cursillos de inserción laboral que no consiguen éxito alguno en su cometido.

También la Seguridad Social debe ser revisada: si la capitalización no es, por desgracia, una opción, habría que considerar al menos la elaboración de fondos de despido como ocurre en Austria; además, las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social merecen una rebaja.

Finalmente, España debe asumir un escrutinio mucho más activo de su lista de parados de larga duración. El 40% de los trabajadores que llevan más de seis meses sin empleo entra en la categoría de trabajador “parado de larga duración”, lo que demuestra una falta de incentivos para asumir nuevos empleos. Además, la cifra sería más alta si excluimos a quienes han perdido su trabajo de forma más reciente y puntual.

En EEUU, un trabajador debe presentar semanal o quincenalmente una serie de formularios que acrediten la búsqueda activa de empleo: envío de currículos, asistencia a entrevistas de trabajo, etc. Además, rechazar ofertas de trabajo acaba suponiendo una pérdida de las prestaciones por desempleo, entendiéndose que cuestiones como la movilidad no pueden ser una excusa.

Si desean consultar un estudio completo sobre el tema, consulten este documento de la Fundación FAES o este artículo de Manuel Llamas.

Manuel Pizarro: “En España no hay ahorrro para todo lo que queremos hacer”

Ahora que España analiza sus claves de competitividad y se ve rodeada de las dudas de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, es importante escuchar las palabras de quienes han entendido esta crisis desde el principio. Una de esas personas que tenían claras las cosas allá por el año 2008 es Manuel Pizarro, prestigioso empresario aragonés que ocupó el número dos de la lista al Congreso del Partido Popular en las Elecciones Generales de 2008.

Esta conferencia del ex presidente de Endesa resume una serie de ideas clave sobre la situación económica española. La mezcla de deuda pública y privada en España es explicada en esta pieza, en la que Pizarro subraya una serie de factores clave para la competitividad de la economía de nuestro país. En su intervención, Pizarro analiza la crisis financiera y pide una dosis de realismo para salir bien de la crisis. Esa dosis de realismo pasa por fomentar el ahorro como principal motor de la recuperación.

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Claves de competitividad: el mix energético español

La competitividad energética es un componente clave para el desarrollo de una economía. La factura que pagan familias y empresas es un indicador básico para el análisis de los costes básicos de actividad. Por esta razón, las estrategias gubernamentales en el campo energético tienen un impacto muy importante en la supervivencia de los proyectos empresariales, así como en el bolsillo de los particulares.

¿Es la nuclear la solución a esta cuestión? En clave internacional, este parece ser el consenso. Ahora mismo, hay más de 100 centrales nucleares en todo el mundo que, o bien están siendo construidas, o bien están viendo su vida útil ampliada. En la primera economía del mundo, los Estados Unidos de América, el presidente Barack Obama ha impulsado la construcción de la primera central en 30 años, con un proyecto situado en el Estado de Georgia.

España necesita replantear su modelo energético de principio a fin. Es importante dejar a un lado los caprichos ideológicos y celebrar un debate racional y sosegado sobre este tema. La competitividad española es tan baja en este campo que el segundo coste de nuestras empresas, después de los salarios, es la energía.

Durante años, diferentes pretextos han apelado a miedos irracionales para abordar esta cuestión. Agitando el fantasma del desastre de Chernobil, se dibuja un panorama apocalíptico que nada tiene que ver con la realidad. Peor aún, muchos hablan de aquella tragedia obviando que aquella central estaba pésimamente gestionada por la Unión Soviética. En Chernobil no se seguían los protocolos de seguridad, por lo que esta referencia no es seria, sino pura demagogia.

La fuerte retórica medioambiental de quienes se cierran al debate nuclear no impide, por ejemplo, que la quema de carbón sea subvencionada en cantidades millonarias. En la cuenca minera de León, las subvenciones anuales rozan los 1,500 millones de euros cada año. Esta cifra equivale a financiar con 255,000 euros cada puesto de trabajo generado en estas explotaciones.

Todas las energías son necesarias, y la energía nuclear no es la solución. Sin embargo, no hay solución sin la nuclear. La competitividad española sufre fuertes distorsiones en este campo que la energía renovable no solventará plenamente. De hecho, el Ministerio de Industria ya se prepara para reducir las “primas” a la producción de energía solar fotovoltaica, ante su escasa rentabilidad económica.

Si tomamos el caso de Dinamarca veremos que, hasta desde un punto de vista medioambiental, la nuclear es necesaria. El país danés es el miembro de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de producción renovable en su mix energético. Sin embargo, emite ocho veces más CO2 por cada kilowatio-hora que Francia, un país que obtiene el 80% de su energía mediante su potente red de centrales nucleares.

El debate sobre la energía nuclear tiene que dejar atrás objetivos retóricos. España tiene que analizar el impacto que está teniendo la dependencia energética en su productividad, y actuar en consecuencia. Si seguimos ciñéndonos a una moratoria nuclear absurda, nuestro país seguirá perdiendo peso relativo por factores cuya resolución está en nuestra en manos.

Si quieren consultar un informe de la Fundación FAES sobre el impacto de la energía en la competitividad española y europea, hagan click aquí.

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