Autor: Diego Sánchez de la Cruz

Las reformas que necesita España

A finales del año 2007, muchos organismos internacionales anunciaron sus preocupaciones sobre la marcha de la economía española. Los datos de empleo acumulaban resultados negativos en el último trimestre del año, y la crisis financiera internacional que empezaba a manifestarse invitaba a pensar que el entorno global no ayudaría a los países que se quedasen con las manos cruzadas.

Sin embargo, el año 2007 fue un año en blanco para la economía española. El presidente Rodríguez Zapatero y su vicepresidente económico Pedro Solbes confiaban ciegamente en la economía española y negaron que se acercasen tiempos difíciles.

Un repaso a la hemeroteca periodística nos recuerda una serie de intervenciones públicas que demostraron ese inmovilismo gubernamental ante el deterioro económico. A continuación se incluyen algunas de esas afirmaciones:

– “La próxima legislatura lograremos el pleno empleo definitivo en España” (Rodríguez Zapatero, 3 de julio de 2007).

– “Los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española” (Pedro Solbes, 17 de agosto de 2007).

– “España está a salvo de la crisis financiera” (Rodríguez Zapatero, 21 de agosto de 2007).

– “España está preparada para hacer frente a coyunturas y turbulencias en el sector financiero e hipotecario. El modelo económico español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia” (Rodríguez Zapatero, 6 de septiembre del 2007).

– “Haciendo un símil futbolístico, se podría decir que España ha entrado en la Champions League de la economía mundial” (Rodríguez Zapatero, 11 de septiembre de 2007).

– “No hay atisbo de recesión económica” (Rodríguez Zapatero, 16 de octubre de 2007).

– “El problema de que la inflación sea mayor en España se debe al hecho de que los ciudadanos españoles no saben conscientemente cuánto vale un euro” (Pedro Solbes, 16 de diciembre de 2007).

Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes siguieron instalados en el escepticismo y la ausencia de reformas a la hora de afrontar su campaña a la reelección. En un debate televisado con Manuel Pizarro, empresario de éxito y número dos del Partido Popular en la campaña de 2008, Pedro Solbes negó que España tuviese motivos para preocuparse. La única medida de calado anunciada por el gobierno fue la devolución de 400 euros a parte de los contribuyentes, medida que fue tildada de populista y demagógica por muchos analistas.

Había razones para el nerviosismo, pues en el año 2007 se vivió el comienzo de la pérdida de empleo neto al mismo tiempo que comenzó a manifestarse el frenazo del sector inmobiliario. Sin embargo, no hubo reacción alguna. De hecho, el 4 de febrero de 2008, Rodríguez Zapatero presentó su campaña electoral para la reelección con el eslogan “Por el pleno empleo”. Unos días después, Pedro Solbes afirmaba que diría “sin pestañear, que no hay ningún problema” en la economía española. Según las declaraciones del vicepresidente económico del gobierno socialista efectuadas el 21 de febrero de 2008, “hablar de crisis” estaba “alejado de la realidad”. Pedro Solbes confesaba sentirse “incómodo” por dichas afirmaciones, y anunciaba que “no vale la demagogia en la economía”.

TRAS LAS ELECCIONES

Si bien entre el último trimestre de 2007 y el primero de 2008 se vivió un aumento del número de desempleados de unas 380,000 personas, el gobierno de Rodríguez Zapatero obtuvo el respaldo de los españoles en las urnas. El presidente anunció que “ahora vamos a comprobar la importancia de haber realizado una gestión tan brillante en nuestras cuentas públicas”, y vinculó la crítica a su gestión económica a posturas “inaceptables, demagógigas y antipatrióticas”. Por su parte, el 30 de mayo, Pedro Solbes obviaba el aumento continuado del número de desempleados y decía que “es enormemente exagerado hablar de que la economía española está en crisis”.

El resto del año vivió la tímida aceptación por parte del gobierno del empeoramiento de la economía. “La crisis, como todo, es opinable”, dijo el presidente Zapatero el 29 de junio de 2008. Su vicepresidente económico, Pedro Solbes, anunciaba tranquilo que España estaba “capeando el temporal”. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo seguía renunciando al realismo y optaba por el optimismo, que defendía como una “exigencia moral”, obviando la situación real del país.

Poco a poco, los datos iban minando la confianza del gobierno en su propia capacidad de gestión: mientras Solbes admitía que “ésta es posiblemente la crisis más compleja que he vivido”, Zapatero afirmaba que sería “absurdo” pensar que la crisis originada en EEUU no afectase a la economía internacional, desmintiendo sus afirmaciones anteriores.

El vicepresidente económico declaraba en septiembre que “si esto sirve para limpiar la economía, no tiene la mayor importancia”. Unas semanas después, Solbes negaba que su gobierno hubiese negado la crisis. Por su parte, Zapatero lanzaba una predicción: “en el segundo semestre del año de 2009 estaremos ya con una actividad económica de crecimiento”.

Habían pasado meses desde el comienzo de las dificultades, pero el gobierno seguía posponiendo la toma de decisiones, limitándose a hacer declaraciones poco cercanas a la realidad. Mientras se hablaba de un “ligero déficit”, las cuentas públicas no paraban de aumentar su endeudamiento. Las listas del paro eran cada vez más largas, y el sistema financiero empezaban a lanzar algunas señales de alarma, lo que movió al gobierno a aprobar en 2009 un “rescate” bancario destinado a salvar la mala gestión de muchas cajas de ahorro españolas.

REACCIÓN TARDÍA Y EQUIVOCADA

El año 2009 despertó finalmente al gobierno, que parecía ser consciente por fin de una situación que había negado desde finales de 2007. En abril, Rodríguez Zapatero dejaba ir a Pedro Solbes y colocaba a Elena Salgado al frente de la vicepresidencia económica. El Ejecutivo seguía engordando su tamaño, ya que sumó también una nueva vicepresidencia que se unía así a los Ministerios de Vivienda, Igualdad y Ciencia e Innovación que aparecieron en 2008.

Cuando se produjo la remodelación gubernamental, España ya tenía a cuatro millones de trabajadores sin empleo, el doble que cuando el Partido Socialista volvió al poder en 2004. Sin embargo, el presidente Zapatero afirmaba ese mismo mes que lo peor de la crisis había pasado ya.  Los datos, sin embargo, siguieron empeorando: la tasa de paro alcanzó el 20% en el primer trimestre del presente año, superando los 4,6 millones de personas sin trabajo; además, el déficit público subió por encima del 11%.

En 2009 se produjo la reacción gubernamental, pero las acciones tomadas no fueron acertadas ni rápidas:

– Los impuestos indirectos subieron, pero no hubo retoque alguno en la presión fiscal directa. El resultado ha dañado el consumo y castigado el ahorro de los españoles. La subida del IVA amenaza con complicar más aún las cosas a las empresas que siguen en pie.

– La aprobación del FROB, un “rescate” bancario destinado a las cajas de ahorro y dotado en hasta 90,000 millones de euros, supone un “manguerazo” de dinero público que respalda la gestión irresponsable de algunas entidades financieras. El caso de Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España por el “agujero” detectado en sus cuentas, no sirvió para impulsar una reforma verdadera del modelo. Además, el interés de las administraciones autonómicas por controlar las cajas de ahorro ha retrasado muchos procesos de fusión durante más de un año, y esta misma semana se ha producido la primera reunión entre Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para desbloquear el proceso.

– La reforma laboral anunciada por el gobierno en febrero de 2010 en Londres no se ha concretado en ningún tipo de propuesta, borrador o proyecto. En las últimas semanas se han cancelado numerosas reuniones entre el gobierno y los “agentes sociales” (empresarios y sindicatos); todo ocurre, además, tras más de un año de pasividad en este campo, sin acuerdo o reforma alguna. Por si aún hay quienes niegan la necesidad de reformar el rígido mercado laboral español, conviene señalar que mientras la UE ha visto subir el desempleo en 2,6 puntos y Alemania ha vivido incluso un descenso de 0,8 puntos, España sufre una subida de 12 puntos, muy lejos de los niveles de Francia (+1,5), Italia (+2,9) o Reino Unido (+2,5).

– Lejos de consolidarse el gasto público, el Estado ha llegado a gastar el doble de lo que ingresa. Las comunidades autónomas tampoco han anunciado grandes recortes, con la excepción de algunas regiones. El ajuste presupuestario que el Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar a España ha sido pospuesto una y otra vez, y el último plan presentado por el gobierno apenas supone un ahorro de 16 millones de euros, una cifra demasiado pequeña como para tomar en serio la medida.

– Finalmente, el llamado Plan E supuso un fuerte aumento del gasto público destinado a crear empleo temporal a costa de los contribuyentes. El plan de inversiones de obras públicas destinado a los ayuntamientos supuso un desembolso de más de 8,000 millones de euros, pero apenas generó alrededor de 160,000 empleos. En la práctica, el Estado no mejoró la productividad de la economía (la mayoría de las obras se limitaba a reparar desperfectos urbanos) pero tuvo un alto coste para los contribuyentes (alrededor de 50,000 euros por cada empleo creado, teniendo en cuenta además que los puestos supusieron, en la mayoría de los casos, un empleo temporal y no duradero).

El 40,9% de los jóvenes no tiene trabajo, y ya se habla de una “generación perdida”; los títulos de deuda española han visto rebajada su calificación, cotizando incluso cerca de los “bonos basura” y con miles de millones de euros pendientes pendientes de ser vendidos en lo que queda de año; la Bolsa española acumula importantes descensos (cerca del 15%); los inversores internacionales han llegado a dar crédito a un rumor sobre un posible “rescate” de la economía española a cargo de la Unión Europea…

España debe empezar a hacer las reformas que lleva retrasando desde 2007. La situación se volverá insostenible si no se toman medidas capaces de dinamizar la economía y adelgazar un nivel obeso de gasto público provocado por la irresponsabilidad de las administraciones centrales, regionales y locales.

Si la economía española quiere recuperar la senda del crecimiento, tendrá que apostar por este tipo de medidas. Además, es necesario introducir también una revolución en las propuestas energéticas y educativas que maneja España hoy.

Si los retos del presente no son asumidos con rigor, el futuro no podrá reproducir los éxitos de progreso vividos en tiempos pasados.

El “rescate” de las cajas de ahorro: tarde y mal

Una de las principales noticias financieras del año 2009 en España apenas ocupó espacio en la actualidad política. Los medios de comunicación tampoco insistieron en la cuestión, lo que ayudó a silenciar lo ocurrido. Sin embargo, conviene recordar que en marzo del año pasado, el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha.

Se iniciaba así un proceso de “rescate bancario” marcado por la falta de transparencia.El eufemismo empleado en la aprobación de la medida tuvo su gracia: el Consejo de Ministros autorizaba al Banco de España a “financiar de forma extraordinaria a Caja Castilla-La Mancha para superar dificultades transitorias de liquidez”. Lo que no fue tan gracioso fue el enorme agujero económico descubierto en la entidad, valorado en cientos de millones de euros. Además, la solvencia de CCM quedó en entredicho cuando, unas semanas después, se conocía que su morosidad alcanzaba el 14%.

La naturaleza de las cajas de ahorro explica parte de este silencio: el consejo de estas entidades nace del acuerdo entre partidos políticos y agentes sociales. La unanimidad en la aprobación de muchas decisiones dejaba sin excusas a quienes gestionaron la entidad manchega de forma irresponsable.

La compra de activos tóxicos y la especulación inmobiliaria movían las inversiones de CCM. Su consejo aprobó millonarias inversiones dudosamente viables, como fue su apuesta por un complejo de ocio y juego llamado “El Reino de Don Quijote” o el fallido Aeropuerto de Ciudad Real,

Un informe de auditoría contable elaborado por Price Waterhouse Coopers (PwC) desveló que el agujero financiero podría llegar a los 3,000 millones de euros. Aunque CCM desmintió dicha cifra, la caja andaluza que estudiaba una posible fusión con la entidad manchega decidió echarse atrás.

PÁNICO BANCARIO Y “RESCATE” INDISCRIMINADO

El pánico bancario cundió entre los depositantes: en el primer trimestre, Unicaja y CCM vieron como más de 500 millones de euros salieron de sus depósitos. La situación afectó también al resto de cajas de ahorro, que solamente en enero del año pasado perdieron 6,844 millones de euros por la falta de confianza entre los depositantes.

Ante esta progresiva reducción de la brecha entre el crédito prestado y los depósitos existentes, el Congreso aprobó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, con una dotación máxima de 90,000 millones de euros (el 9% del PIB nacional). Los dos principales partidos nacionales, PP y PSOE, se pusieron de acuerdo para sacar adelante la medida el verano pasado.

Pronto se cumplirá un año de la aprobación del FROB, y las cosas no han cambiado mucho. Las cajas de ahorro mantienen el grifo del crédito cerrado, y sus balances han sido acusados por algunos expertos de ocultar los “agujeros” de su gestión. La sombra de la contabilidad creativa ha dañado aún más la credibilidad de estas entidades financieras.

Los defensores de esta política ha apostado por las fusiones como la solución al problema. El FROB premiará la consolidación de cajas de ahorro con dinero público, constituyendo en muchos casos una “barra libre” para los gestores irresponsables. El cheque en blanco perjudica a las cajas de ahorro que se han gestionado bien, y ayuda sin mayores consecuencias, y con el dinero de los contribuyentes, a aquellas cajas de ahorro que se han gestionado mal.

Peor aún, la lucha por las cuotas de poder en las nuevas entidades resultantes está retrasando el proceso. Si ya es injusto rescatar sin consecuencias y de forma indiscriminada a las cajas de ahorro que han hecho las cosas mal, es aún peor que esos procesos de fusión se muevan por intereses ajenos a la viabilidad financiera.

Un rescate bancario bien hecho tiene que imitar la experiencia nórdica y poner las cartas sobre la mesa para conocer hasta el final la situación real de las entidades con problemas; además, si se debe introducir capital público, tendrá que hacerse únicamente de forma puntual, entendiendo que es un préstamo temporal sujeto a una serie de ajustes y condiciones, y de obligada devolución a medio o largo plazo.

El FROB supone el enmascaramiento de muchas decisiones tremendamente irresponsables que se han tomado en las cajas de ahorro. Sin embargo, este proceso supone todo lo contrario. Será un “manguerazo” de dinero público entregado sin apenas condiciones y exigencias. Si queríamos evitar una nueva crisis financiera, lo hemos hecho muy mal. ¿Qué rigor podemos esperar en el futuro de los gestores que han sido exculpados de sus tremendos errores con el dinero de todos los españoles?

La reforma de la Educación en España

Una de las debilidades silenciosas de la economía española es la educación. Las sucesivas leyes aprobadas en la democracia han sido incapaces de promover la excelencia académica en España, y han condenado a muchas generaciones a una preparación inferior a lo deseable. Integrarnos en la economía global supone ventajas, pero también importantes desafíos que no pueden ser ignorados.

El capital humano, las personas, son el eje de la economía del conocimiento y la innovación. Integrarnos en la economía global supone ventajas, pero también importantes desafíos que no pueden ser ignorados. El capital humano, las personas, son el eje de la economía del conocimiento y la innovación que todo país debe aspirar a tener.

España registra alarmantes estadísticas de abandono y fracaso escolar. Los exámenes internacionales de conocimiento dejan a nuestros escolares muy por debajo de los niveles europeos. El Informe PISA de 2006, en su análisis de las competencias de lectura colocaba a España en el puesto 22 de los 27 países miembros de la Unión Europea. En matemáticas, el puesto alcanzado era el 20; en ciencias, el 18. Según la OCDE, sólo el 64% de los españoles entre 25 y 34 años ha realizado estudios de Bachillerato o Formación Profesional, mientras que en la UE este porcentaje supera el 90%.

La reforma, por lo tanto, es necesaria para ganar en oportunidades y libertad a través de la preparación y el conocimiento.

LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ESPAÑA: APOSTAR POR LA EXCELENCIA

El sistema educativo español ocupa una cuestión secundaria en la agenda política española. Si escuchamos hablar del tema, lo hacemos por meras pugnas lingüísticas regionales. Por otro lado, con iniciativas como la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha dividido a la sociedad en partidarios y detractores de su inclusión en los planes de estudio, queda claro que nadie se plantea las reformas de calado que son necesarias.

La “pedagogía comprensiva” que inspiró las leyes en los 80 no tiene en cuenta el esfuerzo del alumno. Los planes educativos acumulados desde entonces alejaron el mérito de las aulas. Tan grave es el deterioro que la figura del profesor, clave en exitosas reformas educativas como la de Finlandia, se ve deteriorada, desprestigiada y hasta desautorizada.

El esfuerzo tiene que ser premiado. Los itinerarios deberían tener en cuenta la trayectoria académica; las becas y premios deben promover la excelencia… Los alumnos no pueden pasar de curso con tantas asignaturas suspendidas como actualmente.

Debemos explorar diferentes formas de gestión para la educación: en Suecia, el salto adelante se ha conseguido con la iniciativa privada; en Reino Unido, los mayores cambios en los últimos años han llegado con la creación de fundaciones educativas. La retribución o la flexibilidad de horarios en los colegios podrían atraer a profesionales preparados y motivados a las aulas. No podemos repetir los vicios de la universidad española, estancada por la “endogamia” de su profesorado.

Los esfuerzos por introducir la educación bilingüe son fundamentales para promover un mayor conocimiento del inglés en España. No se debe ahorrar en estas medidas, pues su éxito supondrá un importante salto adelante de la competitividad española. Respecto a las lenguas co-oficiales de algunas comunidades autónomas, se debería introducir su estudio en un régimen equilibrado con la presencia de inglés y castellano, y nunca excluyente de ninguna de las tres lenguas.

Otro caballo de batalla al que no podemos renunciar es el de la libertad de elección en el sistema. Hay que diversificar los idearios y currículos educativos, como ocurre con la universidad, para que esa libre elección de centro sea debido a criterios amplios. Por supuesto, el mérito académico tiene que ser el vector principal para esa libertad de elección familiar. Se podría fomentar esa sana carrera del conocimiento con la realización de exámenes nacionales que midiesen y publicasen los resultados del alumnado en los diferentes centros. Hacen falta indicadores que demuestren la realidad del sistema.

EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El llamado proceso de Bolonia ha adaptado los currículos universitarios de la Unión Europea para crear un espacio educativo amplio, comparable e integrado. Se favorece la siempre necesaria movilidad estudiantil, optando por reforzar el espíritu de los exitosos programas de intercambio Erasmus.

Sin embargo, el sistema universitario español tiene retos propios. Masificación en las aulas, altas tasas de abandono, financiación insuficiente, ausencia de competencia de logros, escasa captación de estudiantes extranjeros, endogamia en el profesorado… En la universidad española entran muchos alumnos si tenemos en cuenta las cifras de fracaso escolar de la enseñanza obligatoria; pese a ello, el grado de abandono es muy elevado.

La iniciativa privada puede y debe aportar dinamismo a la universidad española. Tenemos casos de éxito internacional en escuelas superiores como el Instituto de Empresa, el IESE o ESADE (todos estos centros, ajenos a las regulaciones oficiales que encorsetan los grados universitarios). No podemos renunciar a la cooperación público-privada, capaz de darle la competitividad necesaria al sistema.

A menudo se pide que todas las universidades aspiren a impartir todas las carreras. Esto complica el desarrollo de facultades especializadas y excelentes en su campo, lejos del espíritu de los “polos de desarrollo educativo” que tanto éxito están teniendo en las zonas más avanzadas de Asia. Además, se entiende la “autonomía universitaria” de forma errónea: no se trata de entregar recursos y así garantizar una supuesta “autonomía”; se trata de entregar recursos, pero también de que se evalúen los resultados de la gestión de dichos recursos.

Debemos entender también que la asistencia a clase debería estar más controlada. El absentismo es tan elevado que pone en entredicho la exigencia del sistema. Hay que promover los “cupos” de asistencia mínima, que obliguen a asistir, al menos, al 70% de las clases de cada semestre.

La reforma educativa no podría olvidarse de la Formación Profesional, a menudo marginada en el debate sobre la cuestión pero muy importante para el salto cualitativo que han dado países como Dinamarca o Suiza. La formación permanente de calidad permite capacitar a los profesionales de forma superior, lo que les proporciona mayores oportunidades en el mercado laboral.

Finalmente, cabe subrayar que la tecnología debe ser usada como un aliado para el acceso a la documentación universitaria. La masificación de las universidades puede ser compensada con el acceso individual al conocimiento que puede fomentar un mix tecnológico atrevido y útil.

Analizando la competitividad de la economía española

El Foro Económico Mundial publica anualmente su Índice Global de Competitividad, un riguroso informe del estado de la economía a nivel internacional. El índice cobra especial relevancia en el contexto actual, con una crisis de efectos mundiales que está perjudicando el progreso socioeconómico de muchos países. Medir la competitividad es medir la capacidad para prosperar en un entorno económico multilateral.

El estudio analiza doce pilares: instituciones, infraestructuras, estabilidad macroeconómica, sanidad y educación primaria, educación superior, eficiencia mercantil, flexibilidad laboral, estabilidad financiera, adecuación tecnológica, tamaño del mercado, innovación y sofisticación empresarial.

El informe hace su primera mención a España al incluir a nuestro país entre los que sufrirán de forma más profunda la crisis económica. La evaluación de nuestra economía concluye que nuestro país retrocede cuatro puestos en el índice, ocupando ahora el puesto número 33.

El análisis del Foro Económico Mundial es especialmente duro en su calificación a la eficacia de nuestras instituciones, si bien el principal castigo lo sufre nuestro mercado laboral, que ocupa el puesto 97 dentro del índice general. Tampoco recibe una buena evaluación el mercado financiero (dañado por el estallido de la “burbuja inmobiliaria” y con las cajas de ahorro pendientes de reestructuración desde hace meses) o la categoría de innovación (que no ha incorporado plenamente a la empresa privada y ha sufrido además importantes recortes presupuestarios en los últimos tiempos). Además, el índice cuestiona la estabilidad macroeconómica española, con el fuerte endeudamiento de las cuentas públicas y las familias como motivo de preocupación.

Entre las ventajas de nuestra economía se mantiene el tamaño del mercado (principalmente, tras la internacionalización empresarial de los últimos 15 años en Latinoamérica), la calidad de las infraestructuras (que acumulan dos décadas de gran desarrollo) o la fuerza de la educación superior española (en contraste con la baja evaluación que se hace de la educación primaria, que lógicamente tiene un impacto mayor en la competitividad de los profesionales españoles).

También cabe subrayar el apartado dedicado al análisis de los factores agravantes de la crisis. El acceso a financiación y el inflexible mercado laboral son subrayados como los dos problemas principales, con la ineficiencia burocrática de las administraciones en tercer lugar.

Como anexo, el índice incluye varias clasificaciones dedicas a aspectos varios como los derechos de propiedad (España ocupa el puesto 43 de las 133 economías señaladas), la confianza en los dirigentes públicos (puesto 50), la independencia judicial (puesto 60), la percepción de despilfarro y gasto improductivo desde el sector público (puesto 49), los trámites administrativos y burocráticos (puesto 105), el gasto educativo (puesto 72), la calidad del sistema educativo (puesto 78), la calidad de la educación en ciencias y matemáticas (puesto 99), el efecto de los impuestos en los incentivos a la inversión y el trabajo (puesto 87), el tiempo necesario para abrir un negocio (puesto 108), la flexibilidad del mercado laboral (puesto 116) o la facilidad para acceder a préstamos bancarios (puesto 71).

Para consultar el informe completo, hagan click aquí.

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