Autor: Diego Sánchez de la Cruz

Claves de competitividad: la reforma laboral en España

España no es un país de emprendedores. Su número total ronda los tres millones, una cifra inferior al número de empleados públicos que trabajan en el país. Así las cosas, queda claro que la competitividad laboral española pasa irremediablemente por la creación de condiciones óptimas para el desarrollo empresarial, sobre todo ante la delicada situación que atravesamos desde finales de 2007.

Nuestra legislación laboral básica acumula tres décadas de antigüedad. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue aprobado con amplio apoyo parlamentario,  si bien la norma heredaba muchos rasgos característicos de las leyes del trabajo aprobadas bajo la dictadura.

Las leyes aprobadas en la Transición deben ser revisadas. Tras su aprobación, los gobiernos de Felipe González no crearon ningún puesto de trabajo neto entre 1982 y 1996. Los 12,7 millones de trabajadores que estaban empleados en 1976 eran 160,000 más que los ciudadanos ocupados en 1996.

Entre 1996 y 2004, las políticas de apertura económica impulsadas por los gobiernos del Partido Popular dieron sus frutos, consiguiendo altos niveles de crecimiento que se tradujeron en la creación de millones de puestos de trabajo. Esta enseñanza, experimentada bajo la misma normativa, demuestra que la primera condición para crear empleo es la fijación de la libertad económica como el centro de la acción política.

Sin embargo, los gobiernos populares no modificaron la regulación laboral de forma profunda. Esta situación explica que en 2010, la crisis económica se haya manifestado en España de una forma muy distinta a la vivida fuera de nuestras fronteras. Ningún otro país está viviendo una destrucción de empleo comparable a la que sufrimos.

Para que el lector se haga una idea del impacto de la crisis en el mercado laboral de nuestro país, Eurostat calcula que el 72% de los trabajos perdidos en la zona euro han sido empleos destruidos en España. Así las cosas, mientras Alemania ha creado 665,000 empleos desde finales de 2007, España ha perdido 1,878,000 empleos. Esto no quiere decir que otros países no estén sufriendo esta situación, pero los 279,000 empleos perdidos en Francia o los 434,000 trabajos destruidos en Reino Unido no tienen nada que ver con los millonarios datos del paro español.

Además del drama social que supone una España con casi cinco millones de trabajadores sin empleo, nos enfrentamos a desafíos muy complejos que se derivan de esta situación. El pago de los subsidios de desempleo está saliendo muy caro al Estado, y el Estado está combatiendo esta situación con más impuestos y más endeudamiento. Esta espiral es un círculo vicioso que no se sostiene a largo plazo.

Aspectos como la negociación colectiva deben ser eliminados en favor de acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores. No podemos seguir afrontando la política laboral desde la esencia corporativista de la Italia de Mussolini. La vigencia del convenio colectivo en España es de las más rígidas de toda Europa, muy por delante de países como Polonia, Portugal, Francia, Reino Unido, Noruega… Además, hay que revisar la financiación pública entregada a sindicatos o patronal, dos organismos que deberían funcionar con las cuotas de sus afiliados para ser realmente representativos.

Tampoco podemos permitirnos la dualidad de un mercado laboral que protege en exceso a los trabajadores fijos, castigando a los que no lo son. El coste del despido debe ser evaluado de nuevo. Además, no podemos seguir derrochando miles de millones de euros en cursillos de inserción laboral que no consiguen éxito alguno en su cometido.

También la Seguridad Social debe ser revisada: si la capitalización no es, por desgracia, una opción, habría que considerar al menos la elaboración de fondos de despido como ocurre en Austria; además, las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social merecen una rebaja.

Finalmente, España debe asumir un escrutinio mucho más activo de su lista de parados de larga duración. El 40% de los trabajadores que llevan más de seis meses sin empleo entra en la categoría de trabajador “parado de larga duración”, lo que demuestra una falta de incentivos para asumir nuevos empleos. Además, la cifra sería más alta si excluimos a quienes han perdido su trabajo de forma más reciente y puntual.

En EEUU, un trabajador debe presentar semanal o quincenalmente una serie de formularios que acrediten la búsqueda activa de empleo: envío de currículos, asistencia a entrevistas de trabajo, etc. Además, rechazar ofertas de trabajo acaba suponiendo una pérdida de las prestaciones por desempleo, entendiéndose que cuestiones como la movilidad no pueden ser una excusa.

Si desean consultar un estudio completo sobre el tema, consulten este documento de la Fundación FAES o este artículo de Manuel Llamas.

Manuel Pizarro: “En España no hay ahorrro para todo lo que queremos hacer”

Ahora que España analiza sus claves de competitividad y se ve rodeada de las dudas de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, es importante escuchar las palabras de quienes han entendido esta crisis desde el principio. Una de esas personas que tenían claras las cosas allá por el año 2008 es Manuel Pizarro, prestigioso empresario aragonés que ocupó el número dos de la lista al Congreso del Partido Popular en las Elecciones Generales de 2008.

Esta conferencia del ex presidente de Endesa resume una serie de ideas clave sobre la situación económica española. La mezcla de deuda pública y privada en España es explicada en esta pieza, en la que Pizarro subraya una serie de factores clave para la competitividad de la economía de nuestro país. En su intervención, Pizarro analiza la crisis financiera y pide una dosis de realismo para salir bien de la crisis. Esa dosis de realismo pasa por fomentar el ahorro como principal motor de la recuperación.

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Claves de competitividad: el mix energético español

La competitividad energética es un componente clave para el desarrollo de una economía. La factura que pagan familias y empresas es un indicador básico para el análisis de los costes básicos de actividad. Por esta razón, las estrategias gubernamentales en el campo energético tienen un impacto muy importante en la supervivencia de los proyectos empresariales, así como en el bolsillo de los particulares.

¿Es la nuclear la solución a esta cuestión? En clave internacional, este parece ser el consenso. Ahora mismo, hay más de 100 centrales nucleares en todo el mundo que, o bien están siendo construidas, o bien están viendo su vida útil ampliada. En la primera economía del mundo, los Estados Unidos de América, el presidente Barack Obama ha impulsado la construcción de la primera central en 30 años, con un proyecto situado en el Estado de Georgia.

España necesita replantear su modelo energético de principio a fin. Es importante dejar a un lado los caprichos ideológicos y celebrar un debate racional y sosegado sobre este tema. La competitividad española es tan baja en este campo que el segundo coste de nuestras empresas, después de los salarios, es la energía.

Durante años, diferentes pretextos han apelado a miedos irracionales para abordar esta cuestión. Agitando el fantasma del desastre de Chernobil, se dibuja un panorama apocalíptico que nada tiene que ver con la realidad. Peor aún, muchos hablan de aquella tragedia obviando que aquella central estaba pésimamente gestionada por la Unión Soviética. En Chernobil no se seguían los protocolos de seguridad, por lo que esta referencia no es seria, sino pura demagogia.

La fuerte retórica medioambiental de quienes se cierran al debate nuclear no impide, por ejemplo, que la quema de carbón sea subvencionada en cantidades millonarias. En la cuenca minera de León, las subvenciones anuales rozan los 1,500 millones de euros cada año. Esta cifra equivale a financiar con 255,000 euros cada puesto de trabajo generado en estas explotaciones.

Todas las energías son necesarias, y la energía nuclear no es la solución. Sin embargo, no hay solución sin la nuclear. La competitividad española sufre fuertes distorsiones en este campo que la energía renovable no solventará plenamente. De hecho, el Ministerio de Industria ya se prepara para reducir las “primas” a la producción de energía solar fotovoltaica, ante su escasa rentabilidad económica.

Si tomamos el caso de Dinamarca veremos que, hasta desde un punto de vista medioambiental, la nuclear es necesaria. El país danés es el miembro de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de producción renovable en su mix energético. Sin embargo, emite ocho veces más CO2 por cada kilowatio-hora que Francia, un país que obtiene el 80% de su energía mediante su potente red de centrales nucleares.

El debate sobre la energía nuclear tiene que dejar atrás objetivos retóricos. España tiene que analizar el impacto que está teniendo la dependencia energética en su productividad, y actuar en consecuencia. Si seguimos ciñéndonos a una moratoria nuclear absurda, nuestro país seguirá perdiendo peso relativo por factores cuya resolución está en nuestra en manos.

Si quieren consultar un informe de la Fundación FAES sobre el impacto de la energía en la competitividad española y europea, hagan click aquí.

Contra la cultura subvencionada (II)

Un estudio realizado por Rocío Albert y Rogelio Blazzi, ambos profesores de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, analizó en 2009 el impacto de las subvenciones públicas en el sector cultural español. El trabajo tomó como referencia el periodo 2000-2008, subrayando el efecto negativo del aumento de las subvenciones en la difusión del cine nacional.

Tomemos algunas cifras como referencia: entre 2000 y 2003 se registran 20 millones de espectadores en las películas españolas, con unas subvenciones promedio de 36 millones de euros; sin embargo, entre 2005 y 2008 (dejando fuera 2004 por ser el año de transición gubernamental), el número de espectadores fue inferior en dos millones y medio (17.5), pese a que las subvenciones alcanzaron un promedio de 62,8 millones de euros.

Así las cosas, queda claro que la cultura española no tiene más difusión, sino menos, conforme aumenta la presencia gubernamental en el sector. El coste de duplicar el dinero público entregado en subvenciones se traduce en una fuerte caída del número de espectadores. Peor aún: en 2008, mientras que la recaudación total alcanzaba los 81,6 millones de euros, las subvenciones ascendían a los 85 millones de euros. Las productoras recibieron más dinero en subvenciones que en taquilla. Como destaca el estudio mencionado anteriormente, “es como si cada espectador de cine llevara consigo a un invitado gracias a la “generosidad” del Estado”.

Además, al introducirse esta distorsión en el mercado, se alcanza una situación absurda en lo que estrenos se refiere: entre 2007 y 2008, alrededor del 20% de las producciones españolas no se exhibieron siquiera en las salas.

Peor aún: el gobierno ha llegado al ridículo de forzar a las televisiones a dedicar el 5% de sus ingresos a la producción de obras audiovisuales europeas. Se trata de un ataque a la libertad de empresa que también han sufrido los exhibidores, obligados a dedicar un mínimo de salas de cine a la reproducción películas españolas.

Eso sí, hasta en el intervencionismo encontramos la virtud de la iniciativa privada frente a la planificación pública. Las dos productoras cinematográficas que recaudaron más dinero y convocaron más espectadores en 2008 fueron esfuerzos de empresas privadas como Telecinco Cinema SAU y Antena 3 Films S.L.

Tenemos un mercado potencial de más de 400 millones de hispanohablantes, por lo que no caben argumentos demagógicos en esta cuestión. La iniciativa privada renovará los repartos, propondrá nuevas ideas, introducirá nuevos temas y mejorará, en último término, el producto. La subvención no funciona como eje de desarrollo cultural, pero fomenta el fracaso con dinero de todos, contribuyendo al imparable gasto público estatal.

* Cuadros tomados del informe de Rocío Albert y Rogelio Blazzi para la Fundación FAES.

La intervención de Cajasur: otro “rescate” más

El Banco de España no ha cumplido a tiempo con sus obligaciones de supervisión financiera. Ya vimos con Caja Castilla-La Mancha una intervención tardía, y ahora nos volvemos a encontrar con lo mismo en el caso de Cajasur.

La gran mascarada de una fusión con Unicaja pretendía ocultar el vacío de una entidad que en 2009 perdió casi 600 millones, según lo publicado. Ahora nos enteramos de la millonaria cantidad de dinero público que va a inyectar el Banco de España en Unicaja. La gracia asciende a 550 millones de euros.

¿Podría haberse evitado esta situación? A finales de 2009, los recursos propios de Cajasur sumaban 444 millones de euros, mientras que la ley exigía 967. El ratio de solvencia era de apenas el 3,67 por ciento, muy por debajo del 8 por ciento necesario. Por lo tanto, el deterioro de las cuentas no ha sido, ni mucho menos, repentino.

La mala gestión bancaria se une ahora a la pésima supervisión del Banco de España, que de nuevo llega tarde y mal. Esta ya es la segunda caja “intervenida” en un sistema financiero que el presidente del gobierno definía, hace poco, como referente global de solvencia.

Y de nuevo, el FROB acude al “rescate”, es decir, coloca el dinero de los españoles en las cuentas de una entidad quebrada por su mala gestión y excusada durante meses por la mala supervisión del Banco de España.

Contra la cultura subvencionada (I)

El gobierno español dedica casi 500 millones de euros cada año al Ministerio de Cultura. Este comportamiento se ha extendido históricamente al ámbito de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así las cosas, las administraciones públicas han asumido la tutela del sector cultural, en un modelo que estanca la creatividad artística y sale muy costoso para el contribuyente.

Por eso, la Ley de Mecenazgo que ha propuesto Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, es un paso firme, valiente y atrevido para la renovación del sector cultural español. El documento del Partido Popular que aborda la voluntad del principal grupo de oposición ha sido denominado “Declaración de Cartagena”, y anuncia las siguientes líneas de actuación:

1. La eliminación del partidismo en las iniciativas aprobadas por la administración.

2. La total ausencia de interferencias gubernamentales en el trabajo creativo.

3. Simplificar el marco regulatorio del sector.

4. Centralizar los esfuerzos en la consecución de un desarrollo económico fuerte, basado en la inversión privada y la rentabilización real de las actividades.

5. Promover la libertad en internet, a través de la promoción de la legalidad acompañada del respeto al usuario.

La Ley de Mecenazgo que anuncia Mariano Rajoy perseguiría cuatro grandes puntos de desarrollo:

1. Introducción de fuertes ventajas fiscales en el sector, para aumentar y fortalecer el flujo de inversiones del capital privado en este campo.

2. Conseguir, con esa entrada de nuevas iniciativas, un enriquecimiento de la iniciativa cultural.

3. Generar empleo a través de la expansión del sector.

4. Reducir el intervencionismo gubernamental, para que el dirigismo cultural quede desterrado.

Tenemos que entender que la creatividad no puede estar al servicio del criterio gubernamental. El anquilosamiento de la cultura española tiene mucho que ver con el modelo vigente.

Así las cosas, y con muy buen criterio, el documento que ha presentado el Partido Popular afirma que “no hay difusión de la creatividad sin industria, ni industria sin mercado”. Este punto fue comprendido por la industria norteamericana, que hoy tiene tres grandes polos de desarrollo (Nueva York, Miami y, sobre todo, California) capaces de crear miles de empleo y millones de dólares cada año. Nadie discutiría hoy que el cine o la música de EEUU han conquistado la imaginación de millones de personas.

El mercado global ofrece grandes posibilidades de expansión para la cultura española. El continente americano, por ejemplo, es un mercado potencial grandioso para la cultura de habla hispana, pero no podremos alcanzar grandes metas sin fortalecer la dimensión socioeconómica de la cultura española.

Subiendo impuestos a las rentas altas: “De ZP a Robin Hood”

Reproduzco mi artículo “De ZP a Robin Hood”, publicado en El Correo Gallego.

El Robin Hood de La Moncloa llevaba una semana durmiendo mal. El campeón de los derechos sociales había cedido ante la presión de los “malvados mercados” y los “crueles especuladores”. Los “criminales económicos”, el “neoliberalismo”, el “capitalismo salvaje” y similares dejaron tan afligido al líder socialista que, en vez de dar explicaciones en el Congreso, ha preferido refugiarse en la soledad. Y entonces, cuando menos lo esperaba despertó el socialista que lleva dentro, y ya nada volvió a ser igual.

Por esa razón, Robin Hood nos anuncia ahora que, como es lo que pide la mayoría de la gente, subirá los impuestos “a los que más tienen”. Las “rentas altas” pagarán el pato, como aconseja la retórica sindical subvencionada.

Claro está, eso sí, que muchos no pensamos igual que este Robin Hood del S. XXI. La riqueza no se multiplica dividiéndola, como decía el profesor Adrian Rogers, pero en La Moncloa no se han enterado.

Tampoco se han enterado de que el causante del agujero de las cuentas públicas es el gobierno, solamente el gobierno y nadie más que el gobierno. El gasto del Estado ha duplicado los ingresos, y como en cualquier familia, una situación así no se sostiene. Prueben a manejar una empresa y gastar el doble de lo que ganan, ya verán lo que ocurre…

¿Cuál es el patrón, además, para definir lo que es una “renta alta”? La categoría no es objetiva, y está abierta a todo tipo de interpretaciones. En Francia, los impuestos a la Fortuna se aplican por encima de los 760,000 euros, y nunca pueden superar una tributación del 50% de los ingresos del contribuyente. En España, sin embargo, el Ejecutivo tiene un concepto totalmente diferente de lo que es una “renta alta”. Diferentes documentos han cifrado la cantidad en 60,000 euros anuales, aunque hay otros papeles gubernamentales que la han situado en los 36,000. Peor aún: el Ministerio de Vivienda sitúa el umbral en los 24,000 euros. Ahora se habla de un millón de euros, cantidad más razonable que las anteriores, pero que al suponer grandes fortunas podría provocar un efecto negativo de salida de capitales.

Si acaso subir los impuestos fuese efectivo para la recaudación, la medida sería aceptable. Sin embargo, tanto el bagaje fiscal español como la teoría económica rechazan esta premisa. Lo que conseguiremos, eso sí, es que los capitales salgan lejos de nuestras fronteras, complicando más aún la situación de los bancos y las cajas de ahorro. Pero claro, siempre podemos “rescatar” a las entidades financieras, que para eso ya tiene Robin Hood su querido FROB.

Así las cosas, no podemos olvidar que el IRPF vivió una caída brutal de su recaudación ya en 2008. Por lo tanto, el gobierno ha tenido dos años para ajustarse el cinturón y dejar de emplear recursos de todos en gasto improductivo e innecesario. Pero como dijo Pedro Solbes, el dinero no siempre está bien “en el bolsillo del contribuyente”. Debe ser que está mejor en el bolsillo del Plan E, del “rescate” de las cajas de ahorro, del Plan 2000E, de las subvenciones millonarias al carbón, etc.

Lo que esgrime el presidente del gobierno, además, es que “la gente” prefiere que se suban los impuestos a “los que más tienen”. ¿Ha hecho algún referéndum, alguna consulta, alguna encuesta que lo respalde? ¿Y acaso no pagan ya más impuestos los que más tienen? Ya lo dice hoy un diario económico de tirada nacional: ser “rico” en España parece ser “delito”. El populismo fiscal exhibido por el presidente es también preocupante en lo tocante a la credibilidad del Ejecutivo. Diferentes Ministros del gobierno han negado la subida de impuestos en las últimas semanas, y Elena Salgado, que se supone que coordina estos temas, anunció que no se estaba estudiando este alza de tributos. ¿Cómo puede ser, entonces, que Zapatero anuncie algo así sin haberlo estudiado antes? O Salgado miente, o nuestro Robin Hood improvisa con alarmante temeridad. Y peor aún: minutos después de que Zapatero anunciase la subida, el Ministro de Trabajo la negaba… y Manuel Chaves afirmaba que en el Ejecutivo han coincidido, pero con “declaraciones diferentes y palabras distintas”.

Ya hemos vivido un alza continuada de impuestos en los últimos tiempos. Resumiendo, el gobierno ha aumentado las retenciones al ahorro, eliminado la deducción anual de 400 euros en el IRPF, suprimido la deuda hipotecaria en vivienda, alzado el IVA del 16% al 18% en su tipo general, aumentado los impuestos especiales a la gasolina o el tabaco… Pero, además de esta subida a “los que más tienen”, parece ser que se preparan nuevas subidas en los impuestos especiales, a las que se unirían alzas en el Impuesto de Sucesiones, el Impuesto de Sociedades o el tributo pagado por las SICAV. Según lo publicado, también se recuperaría el Impuesto de Patrimonio, y se crearían nuevas “tasas verdes”.

Resulta que el socialismo era esto. Elegir a un Robin Hood como Zapatero para que nos haga “iguales” a todos. Igual de pobres, claro está.

Los indicadores de la crisis económica de España

Deuda externa española (2004-2010):

Crecimiento del gasto no financiero en los PGE (2004-2010):

Déficit público español (2004-2010):

Tasa de paro en España (2004-2010):

PIB per cápita a precios constantes base 2000 (2004-2010):

Deuda pública (2004-2010):

El informe completo ha sido elaborado por el profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid José María Rotellar y publicado por la Fundación FAES. Para consultarlo, hagan click aquí.

Libertad de elección en la educación española

La educación española necesita un cambio desde hace muchos años. El doctor en Historia, profesor y diputado del Partido Liberal sueco, Mauricio Rojas, habitual en las publicaciones de la Fundación FAES, lleva años publicando interesantes informes sobre este tema, aplicando su experiencia al Norte de Europa a la realidad española.

Vale la pena consultar uno de sus más recientes esfuerzos, incluido en la saga “Ideas para salir de la crisis” que FAES tiene disponible en este enlace. El título, “Libertad de elección y pluralismo”, avanza propuestas para la reforma de nuestro modelo educativo, un paso fundamenta para recuperar la competitividad española de cara al futuro.

Para descargarlo, hagan click aquí. Rescatamos algunos fragmentos del texto completo.

– “Para mí no tiene ninguna importancia quién gestiona una escuela. Lo importante es que las leyes y las reglas se cumplan, que la escuela tenga una alta calidad y que los alumnos estén bien (…). La calidad es lo importante, no quien tenga la gestión. Ésta es la opinión de la Federación de Profesores y la mía” (Eva-Lis Sirén, presidenta de la Federación de Profesores de Suecia).

– La educación es hoy el motor fundamental del desarrollo y de la igualdad de oportunidades, de aquella libertad que ha sido la fuente indiscutida de “la riqueza de las naciones”.

– “Alguien tal vez dirá que la educación es distinta, que es un “bien social”, que es algo tan importante y necesario que no puede ser confiado a la libre creatividad de los ciudadanos, que aquí se requiere de planificación, de ingeniería social y de un Estado que no sólo garantice el acceso universal a la educación sino que la gestione directamente. Esta objeción, de ser cierta, se debería poder aplicar también a los alimentos, a la vestimenta, a nuestros medios de transporte y a todo aquello que evidentemente es absolutamente necesario para nuestras vidas. Pero no lo es, y cada vez que se ha querido aplicar la planificación estatista a estos bienes esenciales hemos tenido un resultado deprimente. Sin embargo, en educación sí que nos permitimos seguir creyendo que un “gran hermano” les dará a todos una educación digna y de calidad a pesar de lo que nos dicen los resultados que tenemos a la vista. Éste es nuestro problema esencial”.

– “Suecia es conocida, y así pasará a la historia, por haber creado el Estado benefactor más amplio y costoso que se haya conocido. Lo que es menos sabido es que ese gran Estado que quiso decidir, pagar y producir todo lo referente al bienestar básico de sus ciudadanos ya no existe. Se desmoronó a comienzos de los años 90 bajo el peso agobiante de sus propias ineficiencias”.

– “El cambio realizado, y en cuyo contexto se ubica la reforma de la educación sueca de la que hablaré, puede ser resumido en tres rúbricas: de la gestión pública a la responsabilidad pública, del monopolio al pluralismo y de la asignación administrativa a la libertad de elección”.

– “Hoy en día la gente ya no se pregunta si la escuela de su elección es pública o privada, sino si es una buena escuela y, en especial, si satisface sus necesidades y preferencias”.

– “La mejora de los resultados escolares de las escuelas públicas es el resultado más inesperado y alentador de la reforma, que viene a reflejar la profunda transformación de las mismas, que han pasado de ser escuelas con “clientes cautivos” a productores de servicios que deben ganarse a sus consumidores con buenos productos: en este caso una educacióncada vez más diversificada y de mejores rendimientos”.

– “Los ejes del cambio pasan por crear plena libertad de elección mediante el vale escolar, establecer la libertad de creación de escuelas, dar libertad a todas las escuelas para perfilar su oferta educativa, establecer sistemas transparentes, confiables y objetivos de evaluación…”.

– “Es esencial que un nuevo sistema educativo español sea efectivamente español, es decir, que sea regulado a nivel nacional por normas comunes básicas válidas en todo el país”.

Los “rescates” del gobierno español

Ya hemos analizado la necesidad de abordar importantes ajustes presupuestarios en varios capítulos del gasto público español. Con un déficit por encima del 11%, los 15,000 millones de euros que pretende “ahorrar” el gobierno no serán suficientes.

El Ejecutivo no es el único culpable. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se produjo con el apoyo del PNV y Coalición Canaria. Un año atrás, las cuentas se aprobaron con la complicidad del BNG y el BNG.

Así las cosas, en 2010 nos encontramos con un déficit público que acumula 87,000 millones de euros en las cuentas del año pasado. Mientras los ingresos del Estado en 2009 alcanzaban los 102,000 millones de euros, los gastos acumulaban 189,000 millones. Se ingresaron 27,000 millones menos que en 2008, pero se aprobó gastar 41,000 millones más que en el año anterior.

No podemos mirar hacia otro lado y pensar que este déficit se ha provocado por mera inercia. El gobierno ha dilapidado millones y millones de euros en diferentes partidas de gasto poco productivas y difícilmente justificables en tiempos de crisis. También, el endeudamiento de la administración paralela (que suma el 4,5% del PIB en 737 empresas, entes o fundaciones públicas fuera de control presupuestario directo) o el sobrecoste del Estado de las Autonomías (con un gasto improductivo calculado en un reciente estudio por encima de los 26,000 millones de euros) han contribuido a crear este “agujero”.

Pero este análisis pretende centrarse en los “rescates” apoyados por el gobierno en los últimos tiempos. Las cajas de ahorro que no han sabido equilibrar sus cuentas se han repartido “manguerazos” de dinero público que han endeudado aún más las cuentas públicas.

Entre estos “rescates”, podemos recordar los siguientes:

– La fusión de las cajas de ahorro Manlleu, Sabadell y Terrassa recibió 380 millones de euros en “ayudas del FROB”,

– La unión de las cajas de ahorro de Manresa y Tarragona con Caixa Catalunya recibió 1,250 millones de euros, también dentro del “rescate financiero” que supuso el FROB,

– La operación de Caja Duero y Caja España fue abordada por el FROB con una “ayuda” de más de 500 millones de euros,

– El “agujero” en las cuentas de Caja Castilla-La Mancha ha movido a la activación de “ayudas” por valor de 1,300 millones de euros. Los números del “rescate” final, que se concretará tras una fusión con Cajastur, serán aún mayores.

La lista irá aumentando con fuerza en las próximas semanas, cuando se aprueben las últimas “fusiones” de las cajas de ahorro. Pero tenemos otros ejemplos de “rescates” en los últimos tiempos: el sector del carbón, por ejemplo, recibe “ayudas públicas” por encima de los 1,489 millones de euros cada año. La plantilla receptora de las ayudas es de apenas 5,836 trabajadores, lo que supone subvencionar con 255,157 millones a cada minero.

Estas “ayudas”, “rescates” y “estímulos”, que se unen a iniciativas como el Plan E, tienen la culpa de la situación actual de las cuentas españolas. La intervención del Estado ha empeorado esta crisis, y el despilfarro de recursos públicos será ahora asumido por funcionarios, pensionistas y demás ciudadanos que nada han tenido que ver con la aprobación de todas estas iniciativas.

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