Mes: noviembre 2013

Reducir costes laborales: ¿solamente importa el sueldo?

Leo lo siguiente en Libre Mercado:

El servicio de estudios de BBVA argumenta en su último informe, realizado por Javier Andrés y Rafael Doménech, con una reducción del salario real del 7% el empleo crecerá un 10,4% y la economía española mejorará un 8,3%. El informe, titulado ¿Puede la moderación salarial reducir los desequilibrios económico?, pretende refutar la idea de que una moderación salarial, tal y como pide el FMI o Olli Rehn, sólo provocaría efectos negativos en la economía.

Cabe preguntarse por qué seguimos insistiendo en reducir el coste laboral por la vía del salario en vez de por la vía de los impuestos. Hoy, el Estado se embolsa 42 euros de cada 100 que gana el trabajador; además, el coste de las cotizaciones sociales asciende a una media de 10.812 dólares en España, un 35% más que los países de la OCDE (6.796 dólares). Por eso, aunque es cierto que necesitamos moderación salarial y flexibilidad laboral, también es importante señalar que bajando impuestos podemos reducir el coste laboral y conseguir el mismo resultado que apuntán And´res y Doménech. 

Seis de cada diez parados en España no ha terminado los estudios de Secundaria

Lo cuenta La Información: 

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, ha afirmado en la presentación del Índice laboral ManpowerGroup, estudio que dirige desde hace años, que 6 de cada 10 parados españoles no tiene terminada la educación Secundaria.

Un colectivo de más de 3 millones de personas que supone uno de los grandes retos para el país: con el paso de los años puede convertirse en paro estructural imposible de reinsertarse en el mercado si no se toman medidas, ha señalado el catedrático.

La tasa de paro entre los titulados universitarios se sitúa en el 16%. Un porcentaje superior al del inicio de la crisis, pero muy por debajo de los datos de desempleo del conjunto de la población que es del 26%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Y es que durante la actual crisis económica la destrucción de puestos de trabajo ha golpeado mucho más a los trabajadores a medida que su formación es menor. Según otro estudio elaborado por el grupo de recursos humanos Adecco y la consultora Barceló Asociados, tres cuartas partes del empleo que se ha destruido durante la actual crisis en Españaha afectado a los trabajadores que tienen menor grado de cualificación.

 

Correlación entre el PIB per cápita de las CCAAs y su grado de libertad económica

El Índice de Libertad Económica que acaba de presentar el think tank Civismo señala que “existe una correlación positiva entre la prosperidad de las Comunidades Autónomas y su grado de libertad en el ámbito económico”. Como explican los autores del informe, “este hallazgo concuerda con la literatura internacional” dedicada a esta cuestión.

Para ilustrar esta conclusión, el documento de Civismo presenta una esclarecedora gráfica en la que se cruza el PIB per cápita de las autonomías con la posición que alcanzan las regiones en el informe, cuyos datos corresponden al año 2011:

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Madrid sigue liderando el Índice de Libertad Económica en España

Hablo en Libre Mercado del Índice de Libertad Económica en España, editado por Civismo.

Este proyecto, inaugurado hace un lustro, mide el alcance de la intervención pública regional en las dinámicas del sector privado, ponderando esta variable en las diecisiete Comunidades Autónomas españolas. El documento toma como referencia doce indicadores relacionados con el gasto público, los impuestos, la regulación, etc., con datos analizados corresponden al año 2011.

El ranking de Civismo muestra algunos cambios notables frente a la anterior edición, pero hay algo que no cambia: la Comunidad de Madrid sigue siendo la región líder en materia de libertad económica, mientras que y Andalucía y Extremadura siguen ocupando los dos últimos lugares del ranking. Lo vemos en la siguiente gráfica, en la que una barra de menor tamaño significa un menor grado de intervención administrativa en la economía.

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Según apuntan los autores, “el cambio más importante, en comparación con la edición anterior de este trabajo, es el registrado por el indicador de deuda pública. La ratio deuda pública/PIB ha crecido en todas las CCAA. Es importante señalar, eso sí, que lo ha hecho de forma muy diferente en unas y otras. La Comunidad de Madrid es la que registra el menor incremento (1,8 puntos de PIB), lo que la convierte en la región con el porcentaje de deuda más bajo. En el extremo opuesto se encuentra Cataluña, que ve crecer su deuda en 8,4 puntos del PIB y supera en dos veces y media el resultado de Madrid”. El estudio destaca que “la ratio gasto público autonómico/PIB también va a más en casi todas las regiones”, lo que vendría a desmontar las tesis de la “austeridad” que escuchamos de forma recurrente. “Los datos demuestran que “el sector público se ha ajustado a la situación de crisis en menor grado que el privado”.

El peso del gasto público regional sobre el PIB autonómico arroja grandes diferencias entre regiones: en Madrid y Baleares es del 9% y del 12%, mientras que en Castilla-La Mancha sube al 23% y en Extremadura rebasa el 28%. Si nos fijamos en el esfuerzo fiscal que exigen las CCAA a los contribuyentes, encontramos a Canarias, País Vasco y Madrid liderando el “top 3”. A la cola, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.

No obstante, no podemos hacernos una idea de la realidad fiscal de las autonomías sin pasar por aspectos como la deuda pública de las Administraciones regionales. En el caso de Madrid, el ranking apunta un peso cercano al 8% del PIB autonómico. Para Cataluña, este indicador supera el 20%, un umbral solamente superado por la Comunidad Valenciana.

En materia de empleo público, Civismo calcula el peso de los empleados públicos autonómicos sobre el total de ocupados. Las cinco regiones con una menor plantilla de burócratas son Cataluña, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. A la cola, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Murcia y Extremadura. En las primeras, los empleados autonómicos suponen menos del 7% del total de trabajadores en activo, mientras que en las últimas llegamos a ver tasas como el 12% extremeño.

Si nos fijamos en los impuestos, las cinco autonomías que exigen menos a los contribuyentes son Castilla y León, Canarias, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid. Por el lado contrario, Cantabria, Extremadura, Galicia, Andalucía y Asturias se consolidan como los territorios que más impuestos extraen.

Por último, el ranking de transferencias coloca a Madrid como la región que menos subsidios reparte, tocando el 3% del PIB autonómico frente al 5% de Cataluña, el 10% de Andalucía o el 12% de Extremadura. Esta “redistribución” de rentas también alcanza cotas significativas en Castilla-La Mancha y Murcia, aunque los datos de Navarra y País Vasco también se sitúan entre las comunidades peor clasificadas.

En el primero de los indicadores, relacionado con la regulación y la libertad comercial, Madrid se sitúa a la cabeza gracias a las medidas tomadas en los últimos años. Las cuatro regiones con peor resultado en esta variable son Cataluña, Aragón, Baleares y Asturias.

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En el segundo indicador, dedicado a educación, el liderazgo es para País Vasco, seguido de Madrid y Navarra. A la cola encontramos a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. La clasificación estudia el gasto de los centros públicos, la ratio de gasto por alumno, el peso del total de alumnos educados en centros públicos sobre el total.

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En materia de migración interna, Baleares se coloca a la cabeza y Extremadura a la cola. En el campo sanitario, Cataluña y Galicia ocupan los polos opuestos. En cuanto a vivienda, Murcia lidera el ranking y Madrid se sitúa en última posición.

Lorenzo Bernaldo de Quirós: luces y sombras de la economía española, 2011-2013

Lorenzo Bernaldo de Quirós ve “más luces que sombras” en la economía española. Lo explica en el siguiente artículo, publicado el 24 de noviembre de 2013, que hace un balance optimista del periodo 2011-2013. Eso sí: Bernaldo de Quirós insiste en que la política de gasto e impuestos ha sido equivocada.

Cuando el PP llegó al Gobierno, la economía española se situaba al borde de la bancarrota. Los déficit público y por cuenta corriente se situaban en el 9,6% y el 4% del PIB respectivamente. El PIB registraba tasas de crecimiento negativas desde el cuarto trimestre de 2008. Los problemas del sistema financiero alcanzaba proporciones sistémicas y su solvencia estaba en peligro. La prima de riesgo era de 343 puntos y la amenaza de una intervención ante el cierre de los mercados corría serio riesgo de materializarse.

Dos años después, ese cuadro clínico ha mejorado de manera sustancial. España salió de la recesión en el tercer trimestre de 2013 y el comportamiento del crecimiento y del empleo en 2014 serán sensiblemente mejores que las proyectadas por el consenso de los analistas y los organismos internacionales. Esa situación no ha sido producto del azar. El suministro de liquidez del BCE y la UE han sido fundamentales para evitar el colapso de la economía y superar la recesión pero ello no hubiese sido posible sin la puesta en marcha de una política económica destinada a sanear y restructurar el mecanismo de medios de pago, a dotar de flexibilidad a los mercados –sobre todo al laboral– y, en menor medida, a reducir el déficit de las Administraciones Públicas.

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En ese contex-to, el sector privado –las familias y las empresas– ha realizado un esfuerzo titánico para recortar su endeudamiento, 27,8 puntos del PIB en menos de tres años. Por último, la recesión ha eliminado los segmentos más ineficientes del tejido productivo y ha depurado buena parte de las malas asignaciones de recursos realizadas en la anterior fase expansiva. Por otra parte, la experiencia muestra el acierto del Gobierno español en no haber solicitado el rescate, en contra de la opinión de la mayoría de los economistas.

Si esa demanda hubiese sido atendida, la economía se habría introducido en un escenario de recesión-estancamiento de duración imprevisible. A la conjura de esa tentación contribuyó de manera decisiva la existencia de un gabinete con mayoría absoluta que ha dotado a España de una estabilidad política determinante para dar credibilidad a su estrategia de reformas estructurales y de consolidación presupuestaria.

El saneamiento y reestructuración de las cajas y de los bancos ha sido una pieza clave para hacer posible la recuperación. Con sus virtudes y defectos, las medidas impulsadas por Economía para restaurar la liquidez-solvencia del sistema financiero y la aportación del Fondo de Rescate Bancario europeo para facilitar ese proceso ha creado el marco de condiciones adecuado para resolver sus problemas y abrir, aun de manera débil, el flujo de crédito al sector privado.

La reforma laboral ha impulsado de manera decisiva la caída de costes laborales que ha devuelto la competitividad perdida a la economía, ha impulsado un espectacular aumento de las exportaciones que ha transformado un descomunal déficit exterior en un superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente y, lo más importante, ha reducido el umbral de crecimiento económico necesario para crear empleo.

El binomio estabilidad política/reformas estructurales junto a la caída del precio de los activos provocada por la recesión han convertido a España en un foco de atracción de inversión exterior y ha inducido un brutal descenso de la prima de riesgo. Los flujos de capital foráneos se han transformado en uno de los motores de la recuperación y en un factor compensador de la aún débil recuperación de la inversión doméstica.

Al tiempo, la restricción crediticia a las empresas abre un campo de financiación nueva, más sano que el derivado de una excesiva dependencia de los préstamos bancarios. Si esta tendencia se consolida, las bases financieras del tejido empresarial español serán más sólidas que las del pasado. La principal asignatura pendiente del Gobierno es la de diseñar y ejecutar una estrategia fiscal y presupuestaria consistente con la estabilidad de las finanzas públicas en el medio/largo plazo y con el crecimiento económico.

La composición del paquete de ajuste implantado por el Ministerio de Hacienda no garantiza una reducción permanente del endeudamiento del sector público, como lo refleja la espectacular carrera alcista de la deuda pública. Las partidas de gasto público estructural permanecen intactas y las subidas impositivas han penalizado la actividad productiva, dificultan el desapalancamiento de los hogares y de las compañías al restarle recursos en un entorno de restricción del crédito y, además, se han traducido en una caída en ve zde en un incremento de los ingresos tributarios por su impacto depresivo sobre el consumo y la inversión.

En los dos primeros años del Gobierno de centro derecha, el tamaño del Estado, medido por la ratio gasto público-PIB, se ha elevado del 45,2% en 2010 al 48% del PIB en 2012; y los tipos impositivos directos, los más dañinos para la economía, son los más altos de todos los países de la OCDE y de la UE. Al mismo tiempo, el Gobierno ha mostrado una sorprendente alergia privatizadora en un contexto de alto endeudamiento del sector público. El gabinete no ha podido, querido o sabido reducir la dimensión de un sector público mastodóntico para una economía como la española. Ésta es la objeción básica a la estrategia económica que ha tenido la ocasión y tiene la mayoría suficiente para adelgazar el Leviatán estatal.

La mejor decisión política de Rajoy fue no pedir el rescate y la peor aplicar un plan fiscal-presupuestario mediocre, contrario al ideario de un partido liberal-conservador, incapaz de consolidar un descenso estructural del endeudamiento del sector público y dotar de mayor fortaleza a la recuperación.

Sólo el 4% de los parados se muda para buscar un empleo

Atención a la información de J. G. Cuesta (22/11/2013): 

Según la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 6,2 millones de parados que había en el primer trimestre, 4,9 millones llevaban viviendo en el mismo hogar desde 2008. Esto no significa que todos lleven en paro desde entonces, aunque una parte significativa de los desempleados no ha cambiado de residencia pese a llevar bastantes años en el paro. De estos 4,9 millones, 2,1 millones buscaban empleo como mucho desde hace un año.

Sin embargo, el grupo de parados de larga duración, que lleva más de dos años en paro y no se ha movido de su hogar en toda la crisis, ronda los 1,7 millones de personas; un enorme grupo al que se podría añadir otro millón de personas que ha estado sin empleo entre uno y dos años. En total, 2,7 millones de parados que llevan más de un año sin encontrar nada pero viven en su misma localidad desde el inicio de la crisis, un 43% del total de los desempleados.

Una posible explicación de este fenómeno, aunque no la única, es la propiedad de las viviendas. Según Eurostat, un 17% de la población vive de alquiler, frente al 83% que reside en una vivienda en propiedad, porcentajes muy similares a los que encierra la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica. Pero estos datos también podrían explicarse por la nula creación de empleo en casi todo el país –que no incentiva el cambio de residencia– y la dependencia de otros familiares y amigos –únicas fuentes de ingresos de los hogares–.
Según los datos del INE, apenas un 2,9% de los desempleados españoles cambió de municipio en el último año en búsqueda de un empleo, un porcentaje que se eleva al 8,3% entre los parados extranjeros. Y entre la población joven los datos también son reveladores: un 5,4% de los parados entre 16 y 34 años ha cambiado de municipio en el último año.

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Reformas pendientes para abaratar los costes de las empresas

Pablo Cerezal identifica en Expansión diferentes reformas pendientes que podrían ayudar a abarrar los costes de las empresas. A continuación destaco algunas: 

1. Cotizaciones Sociales. La parte pagada por las empresas es el 27,9% del coste laboral, un 20% más que la media de la OCDE. Las rentas más bajas llegan a cotizar un tercio de su salario. El Círculo de Empresarios ha propuesto en reiteradas ocasiones reducir las cotizaciones sociales hasta en cinco puntos, pero las pretensiones del Ejecutivo son mucho más modestas. En principio, el Ministerio de Trabajo prometió bajar un solo punto, pero hace un año renunció al objetivo. La ministra del ramo, Fátima Báñez, adujo que no podía “renunciar a los 3.000 millones que supondrían estos ingresos”. De hecho, las nuevas propuestas del Ministerio van en la dirección contraria, en la de ampliar la base máxima de cotización para cubrir el desfase de la Seguridad Social. 

2. El sistema eléctrico. Como explica Daniel Lacalle, “los costes han subido en torno al 40%”. Morgan Stanley apunta que, de 2008 a 2012, “los subsidios a las renovables crecieron un 25%”. Cabe señalar que la luz podría bajar un 40% sin subvenciones y un 15% con una rebaja de impuestos.

3. Acceso a la financiación. La Pyme española paga a los bancos un tipo anual medio del 5,4% frente a los niveles del 2% y el 3% registrados en Francia o Alemania. 

4. Costes burocráticos. Según los datos que maneja el Banco Mundial, el coste de la burocracia vinculada a exportar un contenedor de mercancías se sitúa en 950 euros en 2012, hasta un 26% más que en 2007. Estos trámites son los más gravosos entre los países de la Unión Europea, por detrás de Luxemburgo y Rumanía. En total, un exportador español necesita cumplimentar al menos 5 trámites, frente a los 2 de Francia o los 3 de Suecia.

Impuestos al trabajo España Europa

Precio Electricidad España Europa

Tipo de interés Pymes España Francia Alemania

Reflexiones sobre la "devaluación interna" española y el peso de las exportaciones

Alberto Hernández subraya en El Mundo (8/9/2013) algunos aspectos interesantes de la “devaluación interna” española en 2013:

“Hasta julio, España recibió a 34 millones de turistas, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2012 y máximo histórico. En los seis primeros meses del año, nuestras exportaciones llegaron a los 118.722 millones de euros, el mejor dato absoluto desde que se empezó a contabilizar la serie histórica, en 1971. Además, la actividad industrial, tanto en manufacturas como en servicios, registró el mes pasado su primera expansión en 28 meses. Por no hablar del paro, que ha dejado el mejor agosto desde 2000”

“La reforma laboral, la moderación salarial y el efecto inducido por el alto nivel de desempleo han contribuido a reducir los costes laborales, mejorando así la competitividad empresarial, que ha tenido un efecto inmediato en las exportaciones, como demuestra el equilibrio comercial que ha registrado España en el primer semestre por primera vez desde hace 16 años”

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Español

“El sector exterior es el gran pulmón de la economía española. En los seis primeros meses del año, el país logró equilibrio comercial por primera vez en 16 años. En 2007 el déficit exterior era del 10% del PIB. 62,2% de las exportaciones españolas tienen como destino la Unión Europea hoy en día, 74.000 millones en el primer semestre. Uno de cada cuatro euros que se venden fuera van a Francia (el 16,3%) y Alemania (un 10,2)”

“En el segundo trimestre del año, la balanza por cuenta corriente de la Unión Europea (UE) registró un superávit de 35.900 millones de de 35.900 millones de euros, seis veces más que en el mismo periodo de 2012. En la zona euro, el superávit llegó a los 52.100 millones”

“En julio de 2012, los inversores extranjeros sacaron de España 56.631 millones de euros. La salida de capitales en el mismo mes de este ejercicio, en cambio, fue de “únicamente” 541 millones. También ha récord de turistas. Reino Unido concentra casi una cuarta parte del total de llegadas a España, más de 8 millones de personas hasta julio. Las visitas desde Alemania crecen un 2,5%, con 5,4 millones de visitantes, y Francia también aumenta sus visitas a España un 5,2%, con 15,1 millones de turistas”

Comercio UE España

La ineficiencia estatal en España: un problema creciente

El Institute for Management Development de la Universidad de Lausana ha señalado que “la eficiencia gubernamental del Estado español ha caído del puesto 40 al 50, dentro de un índice que mide 60 países”. La discrecionalidad política explica buena parte del deterioro, aunque también se menciona la sobrerregulación, los malos incentivos para la inversión extranjera, las distorsiones generadas por las subvenciones, la excesiva burocracia, la ineficiencia del sistema tributario, el excesivo número de huelgas (3,7% de las jornadas entre 2009 y 2011 frente al 1,7% de media en los 60 países estudiados).

Pueden acceder al informe aquí.

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