Mes: agosto 2013

"Carpe oleum": ¿la nueva revolución energética de EEUU?

Con independencia de otros debates sobre los que se ha escrito y se escribirá mucho (impacto ambiental, posibilidad de «burbuja»…), el «fracking» ha supuesto un importante cambio en el paradigma energético estadounidense. Lo describen las gráficas que siguen. 

La producción de petróleo de EEUU ha aumentado en dos millones de barriles al día durante los dos últimos años. Esto ha permitido alcanzar máximos no vistos desde 1989. Hablamos de una evolución equivalente a que EEUU «anexionase» toda la producción petrolera de BrasilFuente.

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La producción petrolera de Texas se duplica en los dos últimos años y alcanza un máximo de más de tres décadas. Fuente.

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El fracking ha permitido que la producción de petróleo en Eagle Ford, Texas, aumente un 60% en términos interanuales. La media de barriles por día ha pasado de 352 en 2008 a 621.000 en verano de 2013. Fuente.

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A nivel nacional, las emisiones per cápita han caído a niveles de los años 60. El Departamento de Energía cree que en 2040 podría alcanzarse un nivel inferior a los datos de los últimos veinte años. Fuente.

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Las importaciones netas de petróleo en EEUU, expresadas en porcentaje del consumo nacional, han bajado del 60% al 36% entre 2005 y el presente año. Esto supone un mínimo no visto desde 1998. Fuente.

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Los datos de producción industrial muestran que la extracción de gas y petróleo ha alcanzado en verano de 2013 un máximo de cuarenta años. Fuente.

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Buena parte de este «boom» energético se produce gracias a inversiones enteramente privadas, mientras que decae la explotación en tierras concesionadas por el Estado. Fuente.

fossilfuels-600x409Las exportaciones de petróleo se han duplicado entre 2006 y 2010. La perspectiva es que por cada dos dólares de exportaciones petroleras en 2006 se pase a más de 7 en el presente año. Fuente.

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La siguiente tabla compara la producción de Arabia Saudí con la de EEUU. Fuente.

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Por último, aquí una perspectiva de 1949 a 2013. Fuente.

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"Quiero que tú pagues la TV que yo quiero"

145-Nimes-AnfiteatroA lo largo del último año, el primer canal de Televisión Española no ha emitido un solo festejo taurino. Curiosamente, ahora que se anuncia la transmisión de una corrida (que tendrá lugar el 1 de agosto en la Plaza de Toros de Mérida), algunos se quejan de que un canal público haga este tipo de retransmisiones.

Lo más fácil y conveniente para zanjar estas discusiones caprichosas sería privatizar de una vez las radios y televisiones dependientes de las Administraciones, ya que esto ahorraría este tipo de polémicas y permitiría que fuesen entes privados los que se encargasen de desarrollar uno u otro producto audiovisual. La medida repercutiría positivamente en el bolsillo de los contribuyentes y aumentaría la competencia en el mercado audiovisual, reduciendo además los espacios mediáticos vinculados a la política.

Sin embargo, puestos a afrontar el debate dentro del paradigma actual, es llamativo que algunos se echen las manos a la cabeza porque el primer canal de TVE dedique el 0,03% de su programación anual a retransmitir una corrida de toros. Y digo que es llamativo porque, ya que se supone que el canal público debe estar «al servicio de todos», no se entiende que un espectáculo con la enorme repercusión social, cultural y económica que tienen los toros sea marginado de esta forma mientras otras expresiones artísticas o deportivas mucho más minoritarias reciben una cobertura harto más extensa en TVE.

Como ejemplo de la repercusión de la tauromaquia en España, quisiera compartir los tres siguientes datos:

– En términos de convocatoria de público, no está de más recordar que cada año acuden millones de personas a las plazas de toros de nuestro país, con datos de asistencia claramente superiores a los de otros grandes eventos culturales y deportivos (Más aquí).

– En términos de impacto económico para las arcas públicas, lo cierto es que, a pesar de la crisis económica que atraviesa España, los toros son la actividad cultural que más ingresos aporta al Estado en concepto de IVA, generando 40 millones de euros al año, lo que supone cinco veces más que el cine español o tres veces más que el teatro (Más aquí). A esto se unen los ingresos que extrae el Estado de tasas varias, cánones y, por supuesto, las cotizaciones sociales y los impuestos sobre la renta de trabajadores y empresas del sector.

–  Sumando el impacto económico total de la tauromaquia, hablamos de unos 2.500 millones de euros generados en miles de espectáculos que convocan a 40 millones de espectadores cada año (Más aquí).

Refiriéndonos específicamente a la retransmisión que hará La 1 de TVE el próximo día 1, es importante recordar que todos los participantes en la misma han renunciado a cobrar sus derechos audiovisuales, por lo que el coste se reducirá al gasto técnico que asuma el canal y a los derechos de imagen de la cuadrilla. Esto contrasta, por supuesto, con los elevados sueldos que perciben numerosas «estrellas» de TVE, así como los grandes presupuestos que manejan buena parte de los programas emitidos por el canal.

En términos de audiencia, el precedente confirma el interés por la tauromaquia, ya que la anterior retransmisión convocó al 12,7% de la audiencia, superando la media diaria del canal (11,4%) y la audiencia habitual de La 1 en dicha franja horaria (10%). De hecho, los toros aumentaron la audiencia con respecto a otros días de la semana en aproximadamente 350.000 personas. Regiones como Andalucía y Madrid registraron importantes cuotas de audiencia, al igual que ocurrió en el País Vasco.

Quienes ignoran todo lo anterior y se colocan en contra de retransmisiones así confirman el sectarismo con el que se aspira a manejar la televisión pública: sus partidarios siempre quieren que estos canales se dediquen a transmitir solamente aquello que consideran apropiado, imponiendo su criterio a millones de personas que piensan diferente. Por eso, para evitar futuras polémicas, urge la privatización de estos medios públicos para así conseguir la despolitización efectiva de esta cuestión. Del mismo modo, también es conveniente que la tauromaquia, como todos los demás sectores culturales, camine hacia un paradigma sin subvenciones y con más competencia de mercado.

PD: Con los datos de audiencia en la mano, la retransmisión de la corrida del 1 de septiembre en Mérida vuelve a quedar reivindicada en términos de interés. Se duplicó la audiencia frente a los datos de la tarde del domingo anterior (10,8% y un millón de espectadores vs 5,4%, 490.000) y se mejoró la media del canal en domingo (10,6% en julio y agosto vs 10,8% en la corrida de Talavante), así como la audiencia media en dicha franja horaria (10,8% vs el 8,2% que cosechó el canal de media en la tarde-noche de los domingos de julio y agosto). 

PD II: Asumiendo un coste aproximado de 33.000€ (en línea con estimaciones publicadas que toman como referencia 15.000€ como coste técnico y 18.000 como derechos de imagen de la cuadrilla), cada punto de cuota de pantalla de la retransmisión costó alrededor de 3.000€, once veces menos que «Isabel» (con un coste de 600,000€ por capítulo, el punto de audiencia sale a más de 30.000€). El minuto emitido de la corrida costó aproximadamente diez veces menos que cada sesenta segundos de «Isabel».

Las CCAAs seguirán gastando 1.000 millones al año en sus canales de TV

Acabamos de conocer que las Comunidades Autónomas aparcarán la privatización de sus canales de televisión. En los últimos años, las cadenas de las Administraciones regionales han visto caer un 60% sus ingresos publicitarios, al hilo de una caída de audiencia significativa. Cada año, los contribuyentes pagan más de 1.000 millones de euros para mantener a flote estos entes audiovisuales, cuyas plantillas separan ampliamente las de emisoras nacionales como las de Mediaset o el Grupo Antena 3.

 

Radiografía de las TV autonómicas

Madrid se convierte en un pequeño "refugio" fiscal

Los datos de la Agencia Tributaria muestran que Madrid se ha convertido en un “refugio fiscal” para las rentas altas:

– En 2008, 8.000 contribuyentes declaraban beneficios por encima de los 600.000 euros. Un 41,7% lo hacía en la Comunidad de Madrid. En 2011, el número de declarantes con rentas superiores a los 600.000 euros cayó a 5.162 personas. No obstante, el porcentaje de ellos que tributó en Madrid ascendió al 48,6% del total.

– Por su parte, Cataluña ha visto como el total de declarantes con ingresos anuales de más de 600.000 euros no se ha movido del 22% del total.

– De acuerdo con la información de Jaume Viñas para Cinco Días, “los asesores fiscales apuntan que se han detectado deslocalizaciones de personas físicas, es decir, cambios de residencia por motivos fiscales”.

Tomando como referencia un umbral más reducido (150.000 euros), la situación es la siguiente:

–  En 2011 había 73.781 contribuyentes dentro de esta categoría, de los que el 40% estaba en Madrid y el 24% en Cataluña. Sin embargo, en 2008, estos porcentajes eran del 34,3% y del 24% para Cataluña: de nuevo observamos que Madrid vio aumentar sus números mientras Cataluña se quedó estancada.

Cabe recordar que el tipo de IRPF que soportan las rentas más altas es del 51,9% en Madrid frente al 56% en Cataluña, por lo que un sueldo de 600.000 euros se traduce un 19.000 euros netos más en el caso de residir en la región de la capital. Por otro lado, en Madrid no hay Impuesto de Patrimonio, lo que ahorra 310 millones al año los contribuyentes de la región. Además, aunque el impuesto de donaciones y sucesiones está bonificado al 99%, Madrid recauda más ahora por este impuesto que cuando tenía un tipo mayor.

El desarrollo de estas políticas no ha impedido que Madrid recaude anualmente 66.090 millones por IRPF, IVA e IIEE. En comparación, Cataluña recauda anualmente 27.149 millones, a pesar de tener un millón y medio más de habitantes. Cabe señalar, no obstante, que Cataluña recibe de la financiación autonómica un 56% de lo recaudado, mucho más que el 17% que percibe Madrid.

Volviendo al asunto de Madrid como «refugio» fiscal, si nos fijamos en las empresas podemos ver que más de 1.000 compañías han pasado de Cataluña a Madrid en los últimos años. En total, Madrid ha conseguido que más de 5.000 empresas hayan abandonado otras regiones para instalar su cuartel general en la región.

Es importante recordar que, mientras las demás Comunidades Autónomas han subido 120 impuestos en plena crisis, Madrid ha reducido el gasto público y ha bajado los impuestos, manteniendo el equilibrio presupuestario durante toda esta crisis.

Por otra parte, volviendo a la información de Cinco Días, es importante recordar que el número de contribuyentes que declara ingresos superiores a los 600.000 euros se ha reducido en un 30% desde 2008 hasta 2011. Esto desmonta la extravagante tesis de quienes afirman que “los ricos” se “benefician” de la crisis.

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Measuring how and why aid works… or doesn't

William Easterly, a professor of economics at New York University, is the author of «The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good». This is his review of two recent books devoted to the effectiveness of foreign aid and development programs: Dean Karlan and Jacob Appel’s «More Than Good Intentions» and Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo’s «Poor Economics».

In 1998, economists Michael Kremer and Ted Miguel participated in a groundbreaking aid program distributing de-worming medicine to school children in western Kenya. There weren’t enough doses for every child, so the program administrators randomly selected who was treated. They later compared the results for the two groups. The children who were treated for worm disease, of course, suffered less of the debilitating parasitic infection. They also attended school much more faithfully. A decade later, a follow-up study found that these same students, who were by then young adults, were earning 20% more than those who did not get the drugs. It was quite a payoff for an aid program based on distributing a 20-cent pill. But the inspiring story also had a troubling side. It suggested the irrational behavior of parents: De-worming drugs are inexpensive and clearly beneficial—why weren’t parents already giving the medicine to their children?

The de-worming study was unusual for the late 1990s, but research on global poverty based on the study’s two essential elements—controlled experiments and irrational behavior—has exploded since. Now come two books, Dean Karlan and Jacob Appel’s «More Than Good Intentions» and Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo’s «Poor Economics,» to report on the authors’ own research and provide an overview of what we’ve learned so far.

Mr. Banerjee and Ms. Duflo, along with Mr. Karlan, are luminaries in this branch of economics. (Mr. Appel seems to have helped out Mr. Karlan as a writer and field worker). «More Than Good Intentions» says that it’s addressing the «new economics» of global poverty, while «Poor Economics» concerns a «radical rethinking» of the same subject, and indeed the two books are so similar that it’s hard to distinguish between them. In the end I gave up and regarded them as a two-volume set—and a marvelous, rewarding one at that.

The books’ signal achievement is in addressing two disgraceful problems that beset humanitarian aid. The first is that the effectiveness of aid is often not evaluated at all; the second is that even when aid is evaluated, the methods are often dubious, such as before-and-after analysis that doesn’t take into account variables that have nothing to do with the aid itself. Humanitarian aid is usually flying blind. These books take the blinders off—de-worming does work, many other efforts do not.

Among the «it’s working» solutions described in both books is the cure for the teacher absenteeism. What’s the fix? Just take time-stamped photos of the teachers in the classroom, penalize them for absences and—presto—they show up more.

But things are not as simple as they first appear. The authors are brutally honest about how difficult poverty-alleviation is. The time-stamped photos worked on teachers in the state of Rajasthan in India. But a similar effort failed to alleviate nurse absenteeism in the same region, where monitoring equipment was trashed and supervisors drastically increased the number of excused absences for health workers. Nurse absenteeism actually got worse. As Mr. Banerjee and Ms. Duflo conclude sadly, the main effect of the program was that nurses «discovered just how little their bosses cared about whether they came to work.»

The books’ candor is also evident in their discussions of microcredit: Targeted small loans to the poor have been oversold as a method of launching fledgling entrepreneurs into prosperity. Experiments showed that microcredit only nudged up the rate of new business-formation from 5% of households to 7%. Microloans are most often used for something else, such as financing the purchase of consumer durables or repaying debts to moneylenders. The problem is not that microcredit is a «failure» (both of the above are useful outcomes), but that its promises so often fall short. Messrs. Karlan and Appel note that in our own rich countries we don’t expect that «every random man on the street» would be able «to conceive and manage a thriving small business.» Nor would we «start lending money to random men on the street with that in mind.» So why expect that with microcredit in poor countries?

These books also document the irrational or self-defeating behavior of the poor. In «More Than Good Intentions,» for instance, we meet Vijaya, a flower seller in Chennai, India, who makes daily payments on multiple loans she has taken out to pay for rent, school fees, flowers from wholesalers and other expenses. She pays several points in daily interest, and she has almost nothing left at the end of every day after making her loan payments. But in an interview she just indifferently says her money is in «rotation»—and makes no effort to save, even in tiny increments, so that she might pay off her debts and keep some of her profits.

We learn in «Poor Economics» about Kenyan farmers who know that if they use fertilizer their crop yields will be larger and more than cover the cost of the fertilizer—and yet they don’t use fertilizer. Why? Because they don’t buy it right after harvesting season, when they’re flush with cash, and by the time planting seasons rolls around their money is gone.

As these books show, the urge for instantaneous gratification often produces irrational behavior. Such urges are human nature, of course, but for the world’s poorest people, such short-sightedness helps perpetuate poverty.

The authors suggest solutions to short-term irrationality that are modest but potentially life-changing. Create savings accounts that depositors can’t make withdrawals from until a targeted savings amount has been reached. Offer coupons to Kenyan farmers to help them buy fertilizer after harvest season. Experiments have confirmed that tweaks like these are effective.

In addition to testing out ideas, such field work also has the benefit of letting researchers chat informally with poor people—conversation that can be thoroughly illuminating. What looks like irrationality may just be the failure of outsiders to fully appreciate the problem. The flower seller Vijaya reveals that she doesn’t want to take money home: «Whatever I bring home, my husband drinks it up.» Paying the moneylender (or maybe accepting microcredit!) is preferable to helping a spouse stay soused.

Likewise, Kenyan farmers who don’t use fertilizer have to consider all their other uncertainties: What will prices be after the harvest? Will their brokers cheat them if they have a big crop? Messrs. Karlan and Appel relate an illustrative horror story about another aid program for Kenyan farmers. The program encouraged them to grow French beans and baby corn for export to Europe. The program worked great for one year—until the European Union imposed impossibly expensive food-safety verification requirements. The result was a glut of unsold, rotting French beans and baby corn. When the other program on fertilizer coupons ended after one year, farmers went right back to farming without fertilizer.

«More Than Good Intentions» and «Poor Economics» are marked by their deep appreciation of the precariousness that colors the lives of poor people as they tiptoe along the margin of survival. But I would give an edge to Mr. Banerjee and Ms. Duflo in this area—the sheer detail and warm sympathy on display reflects a true appreciation of the challenges their subjects face. Messrs. Karlan and Appel are at their best in addressing the subtleties of behavior and testing them in the psychology laboratory and in the field. They have produced a remarkably readable and credible analysis of the intertwining of irrationality and poverty.

Unfortunately, the books also indulge another sort of irrationality: the demand for big, general statements even if you’re discussing limited, context-specific matters. The authors criticize over-promising and generalizing in the aid business, but they too often do their own exaggerating when it comes to what their methods can deliver. Both books end with overselling, «five key lessons» (Banerjee and Duflo) or «seven ideas that work» (Karlan and Appel), ignoring their own previous cautions about sensitivity to context and the limits to each intervention. Other economists criticize overselling as a common fault of those who do these small experiments.

But let’s extend the same consideration to these authors that they show for the people they study. They have fought to establish a beachhead of honesty and rigor about evidence, evaluation and complexity in an aid world that would prefer to stick to glossy brochures and celebrity photo-ops. For this they deserve to be congratulated—and to be read.

Learn more about this books with the following interview by Forbes Magazine:

[youtube=http://youtu.be/lsglnCMyQZw]

[youtube=http://youtu.be/HZlh1PCZ7G4]

Rescates financieros en España y Europa: echando la vista atrás

EL RESCATE PRIVADO COMO ALTERNATIVA AL RESCATE PÚBLICO: BAIL-IN EN VEZ DE BAIL-OUT

¿Había alternativa a los «rescates» con dinero público de entidades financieras? Por supuesto: aquellas instituciones del sector que hubiesen entrado en una situación critica, deberían haber explorado opciones como las que siguen:

  1. Bancarización/Privatización (en el caso de entidades públicas).
  2. Ampliaciones de capital voluntarias.
  3. Subasta de carteras o subasta íntegra de la entidad.
  4. Venta de participaciones y activos.
  5. Emisión de bonos convergentes convertibles (CoCos).

Agotadas estas opciones, seguiría sin ser necesario un rescate con dinero público, ya que existiría la posibilidad de hacer un «bail-in» en vez de un «bail-out«. En esencia, este proceso habría convertido en cargar el peso del ajuste sobre los accionistas y los acreedores, evitando así la inyección del dinero de los contribuyentes en estas operaciones.

¿Cómo se desarrollaría este «rescate privado»? Ante la situación de quiebra de la entidad, se aprobaría una serie de ampliaciones de capital que sería suscrita obligatoriamente por los acreedores del banco. De este modo, la entidad quedaría recapitalizada y se aplicaría una «quita» inicial, que quizá podría ser recuperada después, dependiendo de la evolución de las acciones del banco recibidas por los acreedores.

En el caso de Bankia, la propuesta del Instituto Juan de Mariana planteó convertir en fondos propios los siguientes títulos de deuda: el 100% de la deuda subordinada (13.400 millones), el 50% de la deuda senior no garantizada (vencimiento posterior a 2017, equivalente a 13.500 millones) y el 25% de la deuda senior no garantizada (11.600 millones de euros). Esto habría aflorado los 23.000 millones que necesitaba Bankia para aflorar el mismo capital que recibió con la inyección de dinero público.

Este ajuste interno de las entidades en dificultades habría evitado que los contribuyentes tuviesen que financiar los rescates bancarios. Además, habría introducido una mayor disciplina de mercado: se habría acabado con la garantía de «rescate» (con lo que ello supone en materia de competencia) y se habría jerarquizado la asignación de las «quitas» de acuerdo con el riesgo asumido.

Evidentemente, todo esto no haría que el sistema financiero fuese un ejemplo de competencia de mercado: ahí seguiría la sobrerregulación, la banca central, la garantía de determinados productos… No obstante, el «bail-in» supondría un salto adelante por las razones antes expuestas. De hecho, la superioridad de este mecanismo ha tenido cierto eco entre los legisladores, como vimos en España con la quita a las preferentes o en Chipre con el acuerdo que evitó la quiebra del sistema financiero.

¿EXPLICAN LOS RESCATES LA CRISIS DE DEUDA ESPAÑOLA?

A menudo escuchamos que, sin las ayudas a la banca, España no estaría sufriendo una crisis de deuda pública como la que arrastramos desde hace años. Sin embargo, los datos son claros: de cada 100 euros de deuda pública adicional, alrededor de 15 corresponden a los «rescates financieros», mientras que el 85% restante obedece al despilfarro presupuestario, la falta de austeridad y la insostenibilidad fiscal del «Estado del Bienestar». Pueden leer más sobre el tema aquí.

¿LOS RESCATES BANCARIOS PUEDEN SUPONER «BENEFICIOS» AL FISCO?

Asumiendo que no existiese una alternativa a los rescates financieros sufragados por el contribuyente, cabría plantearse si este tipo de operaciones es, por definición, deficitaria. La respuesta es negativa: como ha demostrado un influyente informe de Allianz Global Investments, la mayoría de los «rescates» financieros suelen ser «devueltos» por las entidades a medio o largo plazo.

Vayamos caso por caso, analizando únicamente estas inversiones desde el punto de vista de la comparación entre lo inyectado y lo recuperado:

– En 1996, Finlandia rescató su sector financiero con una inyección equivalente al 13% del PIB. Aunque recuperó parte de lo comprometido, la pérdida siguió siendo elevada (en el entorno del 7-8% del PIB).
– En Suecia y Noruega, los rescates financieros de entidades como Nordea y Den Norske Bank durante los años 90 sí resultaron en una recuperación del dinero público comprometido.
– En EEUU, el «rescate» de AIG en 2008 ha sido compensado con un «beneficio» de 5.000 millones, mientras que las operaciones de Citigroup y Bank of America han albergado la devolución de todo lo entregado y el pago de 4.500 millones más. Incluso con gigantes hipotecarios tan vinculados  a las subprime, caso de Fannie Mae y Freddie Mac, se espera recuperar lo comprometido.
– En Reino Unido, las operaciones desencadenadas tras la crisis financiera de 2008 también han permitido «empatar» lo inyectado a Lloyds (20.000 millones de libras). En el caso del Royal Bank of Scotland, la operacion permanece en números rojos. Por último, el «rescate» a Northern Rock y Bradford & Bigley plantea un escenario incierto, pero en cualquier caso hablaríamos de un leve «beneficio» o una «pérdida» razonablemente reducida.
– En Hong Kong, las autoridades entraron en el banco HSBC en 1998 y tomaron una participación del 10% del capital de la entidad. El paquete fue vendido posteriormente por 90.000 millones más de lo invertido inicialmente.

Es importante entender, no obstante, que estos «rescates» generan distorsiones muy significativas: minan la competencia en el ámbito financiero, exponen al contribuyente a mayor déficit y deuda pública, premian a malos gestores y evitan ajustes internos como los descritos en los párrafos dedicados al «bail-in», etc. Eso sí: queda demostrado que, pese a todo, un «rescate» de entidades financieras no tiene por qué generar «pérdidas», al menos si entendemos que el éxito o fracaso de estas operaciones se mide por la capacidad de recuperar lo inyectado y evitar la quiebra.

¿Y EN EL CASO DE ESPAÑA?

El FROB ya ha anunciado que da por perdidos 37.000 millones de los 52.000 inyectados hasta la fecha en las «cajas de ahorros». La Comisión Europea también ha explicado que da por perdidos 26.000 de los 41.000 millones del préstamo concedido al Ejecutivo español para «rescatar» a la banca.

En este sentido, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha destacado que el primer «rescate» concedido a las «cajas» no fue controlado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ni por el Banco de España, entonces gobernado por Fernández Ordóñez. ¿Qué significa esto? Que los números rojos serán, como mínimo, de 20.000 millones de euros, ya que el dinero comprometido en los primeros “rescates” del FROB no se recuperarán en absoluto por la mala actuación de gobierno y supervisor bancario.

Ante semejante panorama, resulta evidente que las autoridades prefirieron aprobar un «manguerazo» de dinero público sin imponer condición alguna ni controlar el destino de las ayudas. Eso explicaría que, en el caso de nuestro país, las “ayudas” a la banca hayan resultado totalmente ruinosas. En cierto modo, esto era previsible: en España no han quebrado los bancos privados sino las «cajas» públicas, y por eso el criterio político ha prevalecido sobre el criterio económico.

¿QUÉ OCURRE SI CONSIDERAMOS LAS APORTACIONES A LOS DEMÁS “RESCATES” EUROPEOS?

Planteando la posibilidad de “recuperar” parte del dinero comprometido en estas ayudas, hemos mencionado los 41.000 millones que aportó la Unión Europea para el “rescate” financiero. No obstante, es importante señalar que España ha contribuido 42.900 millones de euros a los “rescates” aprobados por la UE para Chipre, Grecia, Irlanda y Portugal.

Por tanto, incorporando la dinámica de los “rescates” europeos, la estimación se hace aún más compleja y resulta más difícil hacer una valoración del panorama real en el que nos estamos moviendo. Incluso volviendo al escenario del “bail-in”, encontramos que la realidad europea no puede quedar del todo ignorada, ya que diferentes entidades financieras alemanas o francesas habrían “sufrido” las consecuencias del “rescate” privado que planteo como alternativa superior al “bail-out” con dinero público.

CONCLUSIONES

  1. Hay alternativa privada a los «rescates financieros» con dinero público. En el futuro, la opción del «bail-in» debe prevalecer sobre la del «bail-out».
  2. Aunque los «rescates» aumentan el agujero de las cuentas públicas, otros factores han generado un deterioro fiscal mucho mayor.
  3. Los «rescates» en España han sido especialmente negativos, pues se han desarrollado de forma anti-económica. En otros países, un criterio más cercano a la lógica del mercado ha conseguido que, al menos, estas operaciones no supongan unas pérdidas tan elevadas.

Algunas lecturas de verano

En su libro «Boomerang«, Michael Lewis argumenta que muchos países que hasta ahora eran considerados como «miembros» del Primer Mundo son, en realidad, economías menos desarrolladas de lo que podría parecer a primera vista. Lewis explica algunas de las claves de su libro en esta entrevista con el Wall St. Journal:

[youtube=http://youtu.be/Q8avfOdUXWg]

El propio Lewis también firma «La gran apuesta«, en el que se adentra en el mercado de las hipotecas subprime desde un punto de vista periodístico. Entrevistándose con diferentes agentes del mercado que identificaron correctamente el riesgo de colapso financiero, Lewis ofrece un retrato animado del volátil contexto en el que se movió la economía de EEUU durante años que pocos percibían como preludio de una crisis. Lewis habla del libro en la siguiente conferencia:

[youtube=http://youtu.be/stnGC9jL8Fk]

En materia de desarrollo socioeconómico, un libro digno de mención es «Haciendo el mal pretendiendo hacer el bien«, con el que Chris Coyne cuestiona el enfoque tradicional hacia la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, pidiendo un enfoque basado en fomentar la economía de mercado en vez de insistiendo en el manejo público de estos procesos. En la conferencia que sigue, Coyne explica algunos de los aspectos fundamentales de su libro:

[youtube=http://youtu.be/65zyGdYT9UU]

El periodista británico Philipp Coggan (Financial Times, The Economist…) ha publicado «Promesas de papel«, un libro en el que reflexiona sobre las dinámicas historicas de los sistemas monetarios y la deuda pública. Coggan hace un interesante recorrido histórico para explicar la conexión entre el dinero y la deuda, llegando en última instancia a la crisis actual y a los dilemas económicos que plantea el siglo XXI. En el siguiente vídeo, Coggan habla de algunos de los temas del libro:

[youtube=http://youtu.be/gnpBdMMrIYU]

David Stockman ha editado «La gran deformación», un repaso a décadas de política económica en Estados Unidos con el que levanta la voz frente a la «corrupción del capitalismo en América». Stockman explica por qué el sistema de libre mercado ha sido dañado y pervertido desde Washington, resultando dicha deformación en una crisis como la actual. El siguiente vídeo resume una conferencia en la que Stockman explica las claves de su libro:

[youtube=http://youtu.be/H2UYCb2mQ2g]

Por supuesto, no me olvido del best-seller del año, «Nosotros los mercados«, en el que Daniel Lacalle desgrana esta crisis y desmonta muchas falacias de uso común sobre el sistema financiero. Como anticipo al libro, sirvan estas dos entrevistas con el autor:

[youtube=http://youtu.be/slG9L-obT2c]

[youtube=http://youtu.be/urgNKdM81WA]

Otros libros dignos de figurar en esta lista de novedades editoriales:

– Niall Ferguson: «La gran degeneración. Cómo las instituciones decaen y las economías mueren«.
– Ruchir Sharma: «Países emergentes«.
– Abjit V. Banerjee y Esther Duflo: «Repensar la pobreza«.

¿Debe España intervenir en Siria? Aplicando la Doctrina Weinberger

La Doctrina Weinberger trata de explicar de modo resumido las preguntas básicas que todo gobierno debe hacerse antes de iniciar una operación militar. En diferentes ocasiones he recurrido a este decálogo para explicar mi postura sobre la participación de España en determinados conflictos internacionales.

Pensando en el caso de Siria, estas son las ocho preguntas que habría que hacerse de acuerdo con la Doctrina Weinberger:

1. ¿Está en juego la seguridad nacional de España?

2. ¿Hay un objetivo claro e inequívoco en la operación militar propuesta?

3. ¿Se han analizado los costes y riesgos de la posible operación?

4. ¿Se han agotado las vías no violentas de presión?

5. ¿Hay una estrategia de salida lógica y clara para evitar una crisis extensa e interminable?

6. ¿Se han considerado todas las consecuencias no esperadas que podría desencadenar esta acción?

7. ¿Gozaría la operación de un respaldo social amplio?

8. ¿Existe un apoyo internacional generalizado, particularmente entre organismos y países vecinos al país en cuestión (Siria)?

De acuerdo con la Doctrina Weinberger, si entendemos que la respuesta a estas cuestiones es mayoritariamente negativa, entonces tenderemos a interpretar que no tiene sentido apoyar la participación de España en una hipotética operación militar en Siria (y viceversa).

¿Deslocalizar un puerto por capricho político? El caso de Guayaquil

Afirmando que el puerto de Guayaquil está «colapsado», el régimen de Rafael Correa se ha propuesto desarrollar una nueva terminal portuaria, que sería ejecutada en otra ciudad del Ecuador. ¿Es esto necesario? Tengamos en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Como ha explicado el subsecretario de Puertos Alejandro Villacrés, el puerto de Guayaquil tiene una capacidad ociosa del 52% a pesar de que ha procesado un mayor número de carga entre 2009 y 2012.
2. Tampoco es cierto que el calado inferior a 15 metros sea suficiente para justificar un nuevo puerto: en Buenos Aires o San Antonio, otros puertos de referencia en América del Sur, el calado es de 11,8 y 9,4 metros.  De hecho, la media en la región es de 13,8 metros.
3. Si repasamos el historial del régimen de Correa, comprobamos que arrastra un largo historial de «elefantes blancos»: por ejemplo, una terminal aeroportuaria que costó $53 millones y apenas tiene actividad y otra infraestructura similar que supuso un gasto de $43 millones y se encuentra igualmente prácticamente vacía.
4. Echando la vista atrás durante siglos y siglos, los expertos han demostrado que la localización idónea para un puerto en la costa de Ecuador es la de Guayaquil. Algunas de las nuevas localizaciones que considera el régimen de Correa ya fueron descartadas hace más de trescientos años.
5. Como ha explicado la Alcaldía de Guayaquil, la ciudad puede desarrollar una ampliación del puerto con el impulso de inversores privados. Esto ahorra dinero a los contribuyentes y evita una deslocalización anti-económica como la que parece pretender el régimen correísta.

 

 

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