Mes: julio 2013

Pobreza, desigualdad y movilidad en EEUU

Entre 1967 y 2009, el porcentaje del ingreso nacional amasado por el 20% de los estadounidenses más acaudalados pasó del 43,6% al 50,3%. En ese mismo tiempo, el quintil de menos ingresos  perdió peso, pasando del 4% al 3,4%.

¿Significa esto que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? En absoluto, ya que esas estadísticas ignoran dos aspectos fundamentales para el análisis que planteamos. En primer lugar, el porcentaje del ingreso nacional no nos dice la cantidad del ingreso medio, por lo que no nos revela si los hogares más pobres son más o menos ricos. En segundo lugar, tomando quintiles de décadas pasadas no comprobamos si hay movilidad de ingresos.

Ajustando el ingreso medio a la inflación, vemos que el quintil más rico vivió un aumento del 71% en el periodo estudiado. Sin embargo, en ese mismo periodo, el quintil más pobre también se volvió más rico, en concreto un 25% más. No obstante, para entender bien esta cuestión, debemos fijarnos en la movilidad social, ya que este indicador nos muestra de forma mucho más clara la evolución de los ingresos.

Por ejemplo, si nos remontamos a 1987 y nos fijamos en el 20% de menos ingresos, comprobamos que a lo largo de una década, la mitad de ellos “ascendió” a quintiles de riqueza superior. Ampliando el campo de análisis hasta 2005, vemos que otro 45% “salió” del 20% más pobre. Fijándonos también en el 20% más rico comprobamos que la riqueza no es estática: en el mismo periodo (1987-1996), el 42% de los integrantes del quintil más rico “bajó” a cuotas inferiores de riqueza; ampliando el estudio hasta 2005, vemos que otro 40% cayó a niveles más bajos de ingresos.

¿Y qué hay de la movilidad social por generaciones? ¿Es cierto que se hereda la riqueza y la pobreza? Veamos:

– Quienes nacieron en el 20% más rico a finales de los años 60 tenían en el 2000 un nivel casi idéntico de ingresos, una vez ajustamos a la inflación.

– Quienes nacieron en el 20% más pobre a finales de los años 60 tenían en el 2000 un nivel de ingresos superior en más del 80% de los casos. De hecho, el comportamiento medio habla de que se duplicó el ingreso de estas personas con respecto al de sus padres.

Todo lo recogido en líneas anteriores se explica con más detenimiento en este vídeo:

[youtube=http://youtu.be/UbueX92CKPk]

¿SON LOS POBRES MÁS POBRES?

Un estudio similar al anterior plantea si los pobres son más pobres comparando datos de 1975 y 1997. A priori, parece que el 20% más rico se ha enriquecido más, ya que ha pasado de amasar el 43,2% al 49,4% del ingreso nacional durante el periodo estudiado. Por el contrario, el 20% de menos ingresos ha perdido cuota, bajando del 4,4% al 3,6%.

El problema, según Steven Horwitz, es que esos datos no nos dicen nada sobre la situación real de estos hogares. Así, no es lo mismo tener el 3,6% de una paella gigante que el 20% de una pizza minúscula. Por otra parte, el estudio sigue la misma línea del anterior e insiste también en la importancia de medir la movilidad social.

Así, entre 1979 y 1988, casi un 90% de los hogares que estaban en el quintil más bajo salieron del mismo y experimentaron una mayor riqueza. Otra comparativa, ahora para 1975-1991, muestra que más del 90% de quienes formaban parte del nivel más bajo de ingresos salieron del mismo durante dicho periodo.

Por otra parte, si viajamos de 1975 a 1991 de nuevo, encontramos que la era Reagan tuvo un muy buen impacto entre las personas de menores ingresos: el quintil más bajo aumentó su salario medio en $27.745 dólares, muy por encima del aumento de $4.354 vivido por el 20% más rico. De hecho, los quintiles de ingresos medios (II, III y IV) también vivieron aumentos más profundos en sus salarios ($10.000, $10.000 y $27.000 dólares, respectivamente).

Pueden ver el estudio explicado en el siguiente vídeo:

[youtube=http://youtu.be/vDhcqua3_W8]

También es recomendable leer este informe oficial sobre la movilidad social, con datos del Tesoro estadounidense.

Las donaciones se disparan para aprovechar las bonificaciones fiscales

Jaume Viñas habla en Cinco Días del aumento de la recaudación en el Impuesto de Donaciones. El caso es especialmente interesante en la Comunidad de Madrid, donde se recauda en niveles récord a pesar de que este gravamen ha sido bonificado en un 99%.

El año 2007 marcó el inicio de una competencia fiscal a la baja en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, de tal forma que los Gobierno autonómicos aprobaron sucesivas rebajas fiscales que, en muchos casos, ha provocado que se paguen cantidades simbólicas por este tributo cuando se producen traspasos de bienes entre padres e hijos.

Sin embargo, los datos de recaudación no han sufrido un descenso en la misma proporción que la rebaja fiscal. Los últimos datos publicados por Hacienda reflejan que, hasta octubre de 2012, las comunidades ingresaron 2.271 millones de euros, una cifra que supera lo recaudado en los dos años anteriores y que se acerca bastante a lo ingresado en 2006 o 2007, ejercicios en que pocas comunidades aplicaban grandes rebajas fiscales.

¿Qué ha sucedido? Los expertos apuntan que los contribuyentes están aprovechando las bonificaciones en el impuesto para optar por las donaciones antes que dejar sus bienes a través de una herencia. En este sentido, el caso de la Comunidad de Madrid resulta paradigmático. Fue la primera región que estableció una bonificación del 99% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos (padres, hijos, cónyuges, abuelos o nietos) y en 2012 -con datos ya definitivos- la recaudación alcanzó los 519 millones, una cifra superior a la registrada en 2004, cuando el Ejecutivo inició la “desfiscalización” del tributo. Además, la recaudación de 2012 se acerca mucho a la lograda antes que el impuesto prácticamente desapareciera en 2007 y supera en un 47% la del ejercicio anterior. “Esta bonificación es de justicia, ya que el fallecido o donante ya ha tributado por conseguir sus bienes”, defiende el viceconsejero de Hacienda, José María Rotellar.

El Ejecutivo madrileño informó ayer que el número de contribuyentes por el impuesto de donaciones ha aumentado exponencialmente, pasando de 5.246 declarantes en 2004 a 30.030 en 2012. Parece obvio que la estrategia que siguen los contribuyentes es aprovechar la bonificación del 99% vigente y más en un contexto de crisis como el actual que puede llevar a las comunidades a elevar el impuesto sobre sucesiones para paliar la caída de ingresos.

Si un contribuyente madrileño dona a su hijo 180.000 euros en metálico, éste deberá pagar solo 274 euros por Donaciones. En otras comunidades, como Andalucía, la cifra se acerca a los 30.000 euros, según un informe elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales en 2012.

Si bien la tendencia en los últimos años ha sido reducir el impuesto, ello empieza ya a cambiar con la actual crisis de ingresos. Cataluña, por exigencia de ERC, elevará nuevamente el impuesto, una medida que también se ha estudiado en otras comunidades. Castilla y León ya ha optado este año por recuperar el tributo a partir de los 175.000 euros. Hasta 2012, mantenía, como Madrid, una bonificación del 99%. El Gobierno madrileño sostiene que esta política supone un error y defiende que los datos muestran que reducir el impuesto puede derivar en mayores ingresos. Por otra parte, fuentes de la consejería señalan que el hecho de mantener un impuesto tan bajo en donaciones y sucesiones provoca que no existan incentivos para el fraude fiscal.

Cambios de residencia para pagar menos

La autonomía fiscal ha incentivado estrategias -muchas veces al borde de la legalidad o simplemente ilegales- para reducir las cuotas tributarias. Si bien la tendencia en el impuesto sobre sucesiones y donaciones hasta ahora era la convergencia a la baja, todavía existen diferencias ente las comunidades autónomas y no resulta extraño que se produzcan cambios de residencia para pagar menos impuestos. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en el caso de una herencia, el beneficiario deberá tributar en función de la comunidad en la que el fallecido hubiera vivido más tiempo en los últimos cinco años antes de la muerte. En el caso de las donaciones, la casuística es más variable. Así, si se dona un inmueble, la tributación se producirá en la comunidad donde radique el bien. Y en el caso de dinero en metálico, se pagará el impuesto en el lugar donde el contribuyente que recibe la donación haya vivido durante más tiempo en los últimos cinco años.

Precisamente este plazo se estableció para evitar cambios de residencia por el mero objetivo de pagar menos impuestos. Actualmente, Madrid es la comunidad que mantiene los impuestos autonómicos más bajas. Ello es así en el IRPF y también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Además, es la única comunidad que seguirá sin aplicar en 2013 el impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza neta de los contribuyentes. La tributación por esta figura fiscal se determina en función de la residencia del declarante, con independencia de donde se ubique el patrimonio. Es decir, si un contribuyente es propietario de muchos inmuebles en Barcelona pero vive en Madrid, no deberá pagar ni un euro por su patrimonio.

Documentary: Chile's Economic Transformation

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Las CCAA gastaron 112.000 millones más de lo que ingresaron la última década

“Entre 2003 y 2012, los Gobiernos autonómicos gastaron 112.700 millones más de lo que ingresaron. En concreto, el gasto por habitante se sitúa todavía un 7,6% por encima de los niveles de 2003. O dicho de otra forma, el déficit acumulado en una década representa nada menos que el 89% de los ingresos totales de las comunidades autónomas en 2012″

Estos datos que recoge El Confidencial están tomados de un trabajo publicado por el Servicio de Estudios del BBVA y firmado por el economista Ángel de la Fuente.

La peseta española se depreciaría un 35,5% con el fin del euro

Nomura, el gigante financiero japonés, acaba de presentar un estudio en el que intenta evaluar la depreciación que experimentarían los países de la Eurozona si abandonasen la moneda común y volviesen a adoptar sus viejas divisas nacionales.

Entre los criterios que analiza el informe de Nomura están el historial de inflación de cada país, la vulnerabilidad de las economías estudiadas a la posible fuga de capitales derivada de la ruptura de la moneda común o los desajustes actuales en los tipos de cambio. El estudio excluye a Luxemburgo y Estonia, dos países que en el pasado fijaron su moneda nacional en relación con el marco alemán. También Eslovenia, Eslovaquia, Chipre y Malta se quedaron fuera del informe de Nomura debido a su más reciente incorporación a la moneda común.

Los resultados de la investigación son los siguientes:

– Alemania no solamente no viviría una depreciación del marco frente al valor del euro, sino que experimentaría una leve apreciación equivalente al 1,3%.

– Austria, Finlandia y Holanda sí sufrirían una depreciación de sus divisas en niveles del 7%. Para Francia, el desfase sería algo mayor, situándose en torno al 9,5%.

– Bélgica, Italia, Irlanda y España se enfrentarían a una depreciación más significativa, experimentando caídas del 23,9%, 28,6%, 27,3% y 35,5%, respectivamente.

– Los dos países que sufrirían una mayor depreciación de la divisa serían Portugal y Grecia, con caídas respectivas del 47,2% y el 57,6%.

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La depreciación se calculó a partir de un tipo de cambio euro-dólar en niveles de 1.34, lo que implica que una peseta podría comprar 0.86 dólares. Evidentemente, una depreciación tan significativa debería ser suficiente para que los españoles no se planteen la salida del euro. La cosa es aún peor si tenemos en cuenta el historial monetario de nuestro banco central, que solamente entre septiembre de 1992 y mayo de 1993 ejecutó tres devaluaciones a instancias del gobierno.

No obstante, renunciar a estos “trucos” monetarios supone ajustarse el cinturón y aplicar ajustes significativos que resultan impopulares. Ni la reducción del gasto público ni la reforma del mercado laboral contarán con el apoyo social suficiente, pero sin estas reform

¿Estado del Bienestar? Uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza

Un 21,1% de la población española se encuentra este año por debajo del umbral de la pobreza, frente al 21,8% de 2011, un descenso provocado por la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años, según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El párrafo anterior, tomado de una información del diario Expansión, debería hacernos reflexionar sobre la conveniencia de seguir entendiendo el “Estado del Bienestar” como una especie de red de seguridad que garantiza la eliminación de la pobreza. Nada más lejos de la realidad: los contribuyentes sufragan año tras año una estructura administrativa gigantesca cuyo principal eje de actividad es definir y controlar las actividades económicas del 80% de los ciudadanos.

Obviamente, el 10-20% más rico puede permitirse superar parte de estas trabas y llegar con más comodidad a fin de mes. El problema, por tanto, es el 10-20% más pobre, aquel en cuyo nombre se dice mantener un Estado gigantesco pero cuya situación dista mucho de ser positiva. Aunque resulte políticamente incorrecto decirlo, la idea de la red de seguridad es un camelo con el que se garantiza la supervivencia de un Estado cada vez más grande.

¿Qué podemos hacer al respecto? Muy fácil: dejemos que cada español maneje la mayor parte de sus ingresos y destinemos una parte muy pequeña de sus rentas a garantizar servicios y asistencia mediante mecanismos como el cheque escolar o el cheque sanitario. Si a esto le unimos el trabajo de las instituciones privadas de beneficiencia y caridad, tendremos por fin un Estado pequeño y menos ineficiente, que no daña el crecimiento económico pero sí ayuda a crear una verdadera red de seguridad contra la pobreza. 

El sistema laboral austriaco, un caso de éxito

Los siguientes párrafos pertenecen a un especial de Raquel Benito sobre el mercado laboral austriaco. Fue publicado en El Confidencial y pueden leer la pieza completa haciendo click aquí.

El producto estrella del mercado laboral austriaco es el fondo de ahorro del que disponen los trabajadores, una especie de hucha en la que las empresas ingresan una cantidad proporcional al salario por cada año de antigüedad. El trabajador podrá acceder a esta cantidad, que sustituye a la indemnización por despido, cuando le echen, o, en cualquier caso, al final de su vida laboral como complemento de la pensión.

El Gobierno acordó con los agentes sociales que el aporte a este fondo fuese del 1,53% sobre los salarios, es decir, un porcentaje correspondiente a entre cinco y seis días de sueldo por año de trabajo en la empresa. Si bien la medida, que se puso en marcha en enero de 2003, no tenía carácter retroactivo, sí que permitía su aplicación a través de un acuerdo personal entre empresa y empleado. Como requisito imprescindible para acceder al uso del fondo sí que se exige tener una antigüedad de tres años.

El fondo de ahorro es un gasto previsible y fácilmente calculable para la empresa. De esta manera, si despide a un empleado, no crea ningún coste adicional para ella. Por su parte, la ventaja más importante para el trabajador es que puede cambiar de compañía, sin miedo a sufrir pérdidas económicas.

“De facto, el modelo austriaco de indemnización por despido también lleva a las empresas a interesarse más por ciertos empleados muy apreciados, para que se queden en ellas, y eso nunca puede ser una desventaja para éstos, al contrario”, subraya Lennkh.

Austeridad en Estonia, República Checa… y la Comunidad de Madrid

Aunque muchos gobiernos han hablado de ajustar sus presupuestos para salir mejor de la crisis, muy pocos han cumplido sus promesas a la hora de la verdad, como demuestran las estadísticas de la OCDE. Existen, eso sí, algunas excepciones notables donde el gasto público sí ha bajado durante la crisis: Estonia y República Checa. Atención a las siguientes tablas:

En España, las cuentas autonómicas de la Comunidad de Madrid también han experimentado sucesivos ajustes presupuestarios.

Panamá, otra víctima de la campaña de la OCDE contra la competencia tributaria

Andrew F. Quinlan y Brian Garst, que ocupan respectivamente los cargos de Presidente y Director de Asuntos Gubernamentales en el Center for Freedom and Prosperity, han escrito un artículo al alimón en el que denuncian la campaña de la OCDE contra Panamá.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) intenta varias estrategias para obligar a aumentar las tasas de impuestos y eliminar la privacidad financiera a las naciones con bajos gravámenes. Países como Panamá han sido bombardeados con amenazas de listas negras y sanciones económicas, diseñadas para desgastar la fuerza de voluntad de los legisladores que prefieren políticas competitivas a favor del crecimiento. Mientras los funcionarios panameños debaten qué acciones tomar para aplacar nuevamente a la OCDE, deben considerar que ya se están creando los próximos obstáculos por los que tendrán que pasar.

Panamá ha hecho hasta lo imposible para satisfacer las demandas de la OCDE. Cuando finalmente firmó suficientes tratados de doble tributación y acuerdos de intercambio de información fiscal en 2011, para ser eliminado de la “lista gris” de la OCDE, el entonces ministro Alberto Vallarino lo celebró como un “hito histórico”. Desafortunadamente, los burócratas de la organización no se impresionaron y se han dedicado a idear nuevas formas para que el país se acomode a sus deseos.

Recientemente, a petición de la OCDE, Panamá ha considerado la inmovilización de las acciones al portador. La privacidad que ofrecen estas permite brindar protección de activos frente a gobiernos corruptos o aquellos propensos al exceso confiscatorio. A pesar de ser permitidas por la mayoría de los países miembros, la organización amenaza con regresar a Panamá a la lista gris si las acciones al portador no son eficazmente limitadas o abolidas, entre otras demandas.

El proyecto para inmovilizar las acciones al portador quedó en suspenso, pero al margen de lo que decidan los legisladores panameños, es casi garantizado que la OCDE requerirá aun más acción. Con base en las tendencias actuales y la agenda de la organización, es evidente que la demanda de nuevas concesiones está a la vuelta de la esquina.

El comité de la OCDE sobre Asuntos Fiscales se apoya en una teoría radical llamada neutralidad de la exportación de capitales, que concluye que no debe haber diferencias en las tasas impositivas ni capacidad de los contribuyentes de protegerse de tasas confiscatorias, para desplazar la actividad económica de las jurisdicciones de baja tributación. Por otro lado, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información promueve el paso intermedio, políticamente más conveniente, de intercambio de información.

El PIB per cápita chileno rozará los 26.000 dólares en 2018

De acuerdo con el último informe del FMI, el ritmo de crecimiento actual, el PIB per cápita chileno medido en poder de paridad de compra (PPA) superará los $20.000 dólares en 2014 y rozará los 26.000 dólares en 2018:

PIB per capita Chile

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