Mes: junio 2013

Sobre la maltrecha libertad de expresión en Ecuador

Moisés Naím habla en su columna dominical del día 30 de junio de 2013 del doble rasero que aplica Rafael Correa ante la libertad de expresión. Naím contrasta su apoyo a Julian Assange o Edward Snowden con las restricciones a la libre información y opinión en el país andino. El artículo al completo, aquí. Mi análisis de la Ley de Comunicación, aquí. 

El presidente de Ecuador ha ganado cierta visibilidad internacional al convertirse en un apasionado defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión. Curiosamente, Correa no muestra el mismo fervor libertario cuando se trata de los periodistas de su país.

Según Fundamedios, una organización que defiende la libertad de expresión en Ecuador, en 2012 se produjeron 173 “actos de agresión” contra periodistas, incluyendo un asesinato y 13 asaltos. Catalina Botero, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, manifestaron en 2012 su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador de confirmar una sentencia penal y civil contra tres directivos y un periodista del diario El Universo. Fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una exorbitante multa de 40 millones de dólares. ¿Qué crimen merece un castigo tan severo? Haber publicado una columna que ofendió al presidente Correa.

La Sociedad Interamericana de Prensa ha descrito la nueva ley que regula los medios de comunicación impulsada por Correa como “el revés más serio para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”. La Asociación Colombiana de Prensa y Medios Informativos (Andiarios) califica esa ley como “la estocada final” contra la libertad de expresión en Ecuador.

Un editorial del Washington Post recomienda a Edward Snowden leer con cuidado la Sección 30 de la ley Correa. Ahí se prohíbe la libre circulación, en especial a través de los medios de comunicación, de información “protegida por una cláusula de reserva”. La legislación faculta al Gobierno para multar a cualquier persona involucrada en la difusión de “información reservada”, incluso antes de que la persona sea sometida a juicio.

¿Es la educación un "derecho"?

Axel Kaiser afirma en esta columna para El Mercurio que la educación «no es un derecho» (pueden leer aquí una segunda parte de su artículo):

El Estado -observó Frédéric Bastiat- es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. Probablemente no existe una teoría que confirme mejor esta definición que la de los «derechos sociales». Cada vez que un grupo determinado pretende extraer un beneficio material de los demás miembros de la comunidad, lo hace escudado en el manto de moralidad que ofrece esta popular doctrina de los derechos.

Un análisis exento de emotividad, sin embargo, permite advertir que la moralidad de estos supuestos derechos se sustenta en una serie de confusiones. De partida, «la sociedad» no es más que una abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones. Un derecho llamado «social», entonces, no es más que una exigencia de beneficios materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro grupo en general indeterminado de individuos sin ofrecer una contraprestación a cambio.

En un mundo sin Estado, la única forma en que un grupo A podría obtener sin causa de un grupo B un beneficio material sería recurriendo directamente al uso de la violencia física. En el mundo en que vivimos, los encargados de ejercer esa violencia son los políticos que controlan el poder coactivo del Estado y que salen electos en la medida en que prometen beneficios bajo el argumento de satisfacer «derechos».

El caso de la educación es un ejemplo de lo anterior. Políticos y académicos afirman una y otra vez que esta es un «derecho». Pero la educación, aunque el dogma de moda diga lo contrario, es un bien económico, y no un derecho. Los bienes económicos por definición son escasos y satisfacen necesidades o deseos. La educación claramente cuadra con esa definición.

De ahí que el problema educativo sea uno esencialmente económico; es decir, de creación y asignación de recursos, y no ético o de «derechos». Desde luego, reconocer lo anterior tiene implicancias filosóficas y prácticas. Pues la diferencia esencial entre un derecho colectivo o «social» y derechos negativos, como la libertad de expresión, la vida o la propiedad, es que los primeros -que podemos llamar falsos derechos-, al referirse a bienes económicos, exigen que alguien sea forzado a trabajar para satisfacerlos.

Los segundos, en cambio -que podemos calificar de auténticos derechos-, al no referirse a bienes económicos, solo exigen del resto el abstenerse de realizar una conducta. Así, por ejemplo, su derecho a la libertad de expresión implica la obligación del resto de no amordazarlo, su derecho a la vida el de no agredirlo y su derecho de propiedad, el que no le impidan disfrutar y disponer de lo que es suyo. La coerción del Estado en este caso se utiliza para protegerlo a usted de la agresión arbitraria de un tercero. Los derechos colectivistas o «sociales» invierten esa lógica. Con ellos, la coerción estatal opera no para protegerlo a usted de una agresión sobre su vida, libertad y propiedad, sino para forzarlo a dar a otros lo que estos quieren y que en una relación de cooperación voluntaria y pacífica probablemente no podrían obtener.

El resultado de esta concepción colectivista de los derechos es así una perversión del rol del Estado, el que ya no actúa como protector de la libertad personal, sino, por el contrario, como su principal agresor. No es casualidad que las dictaduras socialistas hayan sido las grandes promotoras de los derechos «sociales».

Ahora bien, desde el punto de vista económico, un país que busca satisfacer derechos «sociales», inevitablemente entra en la senda de la decadencia y el conflicto. Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades -como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder- son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los «derechos sociales» solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático.

En línea con lo que explica Kaiser, conviene reflexionar sobre el coste de la universidad en España. Susana Criado, que pide en Vózpopuli «Universidad para los mejores» en vez de «Universidad para todos«, aporta estos datos para abrir debate:

«Hay en nuestro país 1,5 millones de universitarios y más de 400.000 están becados. Las tasas académicas cubren el 20% del coste total de la enseñanza universitaria, el resto lo pagamos todos con cargo a los presupuetos públicos. El valor real de los estudios universitarios está entre 30.000 y 50.000 euros, pero el alumno realmente paga menos: entre 5.000 y 6.000 euros por ejemplo para una carrera de enfermería y unos 4.000 si quiere licenciarse en derecho»

A modo de conclusión, quiero reflejar aquí seis verdades incómodas sobre la educación española:

  1. España gasta en sus estudiantes una cantidad superior a la media del resto de los países ricos. Sin embargo, consigue resultados mucho peores. Ésta es principal conclusión del estudio de la OCDE “Panorama de la Educación 2013″. Según los datos de dicho documento, en 2010 el gasto medio por alumno (en paridad de poder adquisitivo) entre primaria, secundaria y terciaria alcanzó en España los 9.608 dólares. Mientras, la media de la OCDE (que engloba a las 34 economías más avanzadas del mismo) se quedaba en los 8.382 dólares, un 15% menos. Fuente.
  2. En ocasiones, se ofrece el gasto en educación en España en función del PIB. Y es cierto que esta ratio es algo inferior en nuestro país a la media de la OCDE (5,6% frente al 6,3%). Pero no es por los recortes, sino simplemente porque hay menos alumnos, ya que en las últimas dos décadas, la tasa de natalidad se ha hundido. Pero el gasto por estudiante (que es lo importante) sí está en niveles comparables a los de los países europeos y de hecho, como hemos visto, está por encima. Fuente.
  3. El número de alumnos por aula es inferior en España: 8,9 en España, frente a 13,3 en la OCDE y 11,2 en la UE-21 (los países comunitarios dentro de la OCDE). Y lo mismo ocurre en cuanto al salario de los maestros. En paridad de poder adquisitivo, la retribución inicial media de los maestros en educación primaria es de 35.881 dólares; en la UE-21 es de 29.123 euros. A los quince años de carrera, estos sueldos suben a 41.339 y 38.602 dólares respectivamente. Fuente.
  4. En lo tocante al sueldo de los profesores, no parece haber muchos motivos de queja. La retribución inicial media (siempre en paridad de poder adquisitivo) es de 35.881 dólares (unos 27.600 euros), por 28.854 dólares de media en la OCDE y 29.123 dólares en la UE-21. Sólo en EEUU, Alemania y Holanda cobran los nuevos maestros más que en España. Y la misma tendencia se puede observar en los profesores con 15 años de experiencia y los que cobran el máximo nivel de la escala.De hecho, España sí ocupa el primer puesto en una lista dentro de este informe. La ratio de retribución entre el profesorado y el licenciado universitario medio es la más alta de los países analizados. Así, un maestro de secundaria español cobra un 40% más que sus compatriotas con otra titulación terciaria y un maestro de primaria un 23% más. Mientras, en la OCDE, lo normal es que los profesores de secundaria cobren un 11% menos que los licenciados de su país y los de primaria un 18% menos. Fuente.
  5. Estamos entre los países de Europa con más universitarios. Entre todos los habitantes de entre 25 y 64 años, un 32% tienen Educación Terciaria, la misma media que en la OCDE y un poco superior a la de la UE-21, que baja al 29%.Mientras, esta situación cambia exponencialmente cuando hablamos de Educación Secundaria no obligatoria (Bachillerato-FP de grado medio). Tan sólo un 22% de los españoles tienen alguna de estas titulaciones frente a un 48% de media que sí la poseen entre los países de nuestro entorno (UE-21) y un 44% de la OCDE. Fuente.
  6. Incluso contando a los alumnos con suspensos (que pagan un porcentaje superior de sus tasas), las administraciones públicas sufragan entorno al 80-90% del coste de la matrícula universitariacon. Con las “tasas y los precios públicos” sólo se consiguen el 16,31% de los ingresos universitarios. Sólo el 8,45% viene de los “derechos de matrícula”. Tal y como reconoce la Conferencia de Rectores, los estudios universitarios ya están subvencionados en un 80% (las becas sólo cubren el 20%).Fuente.

Rafael Correa: balance económico tras seis años en el poder

En mi tribuna semanal en La Gaceta hablo sobre el balance económico de los más de seis años en el poder de Rafael Correa. Pueden consultar el artículo original haciendo click aquí. A continuación reproduzco el mismo texto, pero con enlaces, para que puedan consultar con detenimiento las fuentes. 

La corrupción y el autoritarismo han granjeado numerosas críticas al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, que ocupa el poder desde finales de 2006. No obstante, como el desempeño económico del país andino no ha sido tan desastroso como el de Venezuela, hay quienes ven en Ecuador un ejemplo de la viabilidad del “socialismo del siglo XXI”.

Antes de empezar nuestro análisis, tengamos en cuenta dos aspectos: la dolarización y los precios del petróleo. Ambos factores contribuyen a sostener el régimen de Correa, pero ninguno tiene que ver con su gestión:

1. Ecuador adoptó el dólar en el año 2000. Por aquel entonces, un dólar compraba 25.000 sucres y la inflación superaba el 90%. Desde entonces, los precios se han moderado notablemente y, en 2012, crecieron alrededor de un 4%. La falta de soberanía monetaria ha sentado muy bien al país.

2. El precio del petróleo, disparado a raíz del estallido de la Gran Recesión en EEUU y Europa, es hoy mucho mayor de lo que era antes de que Correa llegase al gobierno. Si entre 2001 y 2006, el precio de cada barril era de 37 dólares, el periodo 2007-2012 registró un precio medio de más de 80 dólares. Hablando en clave de recaudación, el Observatorio Fiscal calcula que los ingresos derivados del petróleo han crecido de 1.718 millones en 2006 a 6.000 millones en 2012. Desde el punto de vista técnico y medioambiental, el desempeño ecuatoriano deja mucho que desear, ya que, de media, se registra un derrame cada semana.

Más gasto

El gasto público no ha parado de crecer. A ello contribuye, por ejemplo, el aumento de la plantilla de empleados públicos (100.000 más desde 2007). En total, el Estado ha pasado de consumir el 26,3% de la economía nacional a gastar alrededor del 50% del PIB. La tendencia del gasto es claramente alcista, con partidas que incluso suben un 1325%, como ocurre con el presupuesto de propaganda y publicidad gubernamental.

Los subsidios están a la orden del día en el modelo socialista de Rafael Correa. Así, la subvención a los combustibles supuso en 2011 casi el 7% del PIB (casi 3.000 millones de dólares).

Por otro lado, el gasto destinado a pagar los sueldos de la burocracia no ha parado de crecer: en 2011 consumió la friolera de 7.264 millones de dólares, una cifra mayor a la de 2007 en cerca de un 100%.

Más impuestos

Durante los años de Correa, los impuestos han subido continuamente y la recaudación ha crecido un 177% (de 5.144 millones en 2007 a 9.565 en 2012). Solamente entre 2011 y 2012, Correa aplicó dos subidas en el Impuesto sobre la Renta y cuatro aumentos del IVA. Además, aumentó los impuestos especiales, aprobó un polémico Impuesto de Salida de Divisas y subió otros gravámenes. A todo lo anterior debemos sumarle las subidas de los impuestos que se aplican a las importaciones (solamente en junio de 2012 se subieron hasta 100 diferentes aranceles) y la peligrosa reforma financiera, aprobada a comienzos de 2013 y repleta de subidas de impuestos.

Menos inversión

Como explica el economista Pablo Lucio Paredes, “el nivel de inversión total ha aumentado en tres puntos del PIB, pero dentro de esto la inversión estatal ha aumentado 7 puntos, mientras que la inversión privada ha disminuido al menos unos 4 puntos en relación con el tamaño de la economía”.

Si miramos los datos del Banco Mundial, vemos que Ecuador capta apenas el 0,3% de la inversión que llega a la región, frente al 0,9% del periodo 2002-2006. Hablamos, según datos del Banco Mundial, de una inversión extranjera directa de menos de 500 millones de dólares, cinco veces por debajo de Costa Rica y treinta veces menos que los niveles registrados por Perú o Colombia.

Menos crecimiento, menos reducción de la pobreza

El Ecuador del “socialismo del siglo XXI” crece menos que antes de la llegada al poder de Correa. Bajo su mandato, el crecimiento medio fue del 4,3%, mientras que entre 2002 y 2006, el aumento medio fue del 4,9%. Las comparaciones con Perú son reveladoras: en los años de Correa, el PIB real per cápita del país vecino creció un 33% mientras que el de Ecuador apenas avanzó un 14%. Por otro lado, la volatilidad del crecimiento ha saltado del 2,2% al 2,9% si comparamos los años de Correa con el periodo anterior (2001-2006).

En términos de reducción de la pobreza, Ecuador también sale mal parado. Los datos de la CEPAL muestran que, entre 2006 y 2011, Perú redujo su tasa de pobreza del 44,5% al 27,8% (casi 17 puntos porcentuales). Durante el mismo periodo, Ecuador solamente consiguió una reducción del 43% al 35,4%, equivalente a 7,6 puntos porcentuales. Peor aún, eso sí, es el caso de Venezuela, donde la tasa se mantuvo constante en niveles del 30%.

La creación de empleo tampoco ha sido para tirar cohetes. Las estadísticas oficiales hablan de una reducción de desempleo… pero los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos apuntan que la población activa se ha mantenido constante.

El empleo lo crea el sector privado, no la UE ni el gobierno

Solamente entre 2008 y 2011, el gobierno socialista aprobó 32 paquetes de medidas económicas contra la crisis. Peor aún: desde el comienzo de la Gran Recesión hasta hoy, España ha gastado 63.000 millones de euros en «políticas activas de empleo» (tres veces la recaudación anual del Impuesto de Sociedades o, lo que es lo mismo, un acumulado equivalente al 6% del PIB).

Las cifras de paro demuestran que estas iniciativas tan costosas para el erario público no han tenido ningún efecto a la hora de frenar la sangría del desempleo. Sin embargo, ahora que la Hacienda española está arruinada, hay quienes insisten en repetir las mismas recetas. Esta vez, el dinero lo pondría la Unión Europea mediante un «plan de empleo» que, en esencia, sería más de lo mismo, pero pagado por nuestros socios. En cualquier caso, que la fuente de la financiación sea diferente no evitará que el resultado vuelva a ser el mismo.

Hay quienes afirman que en vez de explorar estos caminos, lo que debería hacer España es aumentar el número de empleados públicos. Los datos son tozudos y desmienten esta tesis, ya que numerosos estudios han explicado que aumentar la plantilla de trabajadores de las Administraciones destruye, al mismo tiempo, empleo en el sector privado. Por otra parte, si este fuese un camino viable, España lo habría podido comprobar fácilmente entre 2007 y 2011, años en los que la plantilla de empleados públicos creció de modo imparable a pesar de la crisis.

Hasta que no aprendamos que el empleo lo crea el sector privado, no habremos entendido nada.

La fiscalidad del tabaco en España

Hace algunos meses detallé el impacto que tienen los impuestos en el precio del tabaco, determinando que alrededor del 86% del precio se debe a los impuestos:

Tomando como referencia el precio de Marlboro para marzo de 2013, cada paquete tiene un coste de 4,65 euros. No obstante, como muestra esta gráfica del blogger @Absolutexe, el 86% del precio son impuestos:

1. El IVA del 21% supone 0,807 euros del precio final.
2. El impuesto específico sobre marca y tipo de labor tiene un coste de 0,55 euros.
3. El impuesto ad valorem (o impuesto especial sobre labores de tabaco) suma 2,469 euros.

¿Qué significa esto? Muy sencillo: el precio del tabaco se encarece un 86% por los impuestos. Liberando el tabaco de cargas fiscales la factura para el consumidor bajaría de 4,65 a 0,824 euros por cada paquete de Marlboro.

Aquel cálculo no difiere mucho de lo que publicaba Libertad Digital en 2011:

En la actualidad, la presión fiscal llega hasta el punto de que, después de la última subida de impuestos, el 84% de lo que paga un fumador por la cajetilla lo ingresa el Estado, o lo que es lo mismo, de cada 20 cigarros que contiene un paquete más de 16 se los fuma íntegramente el Estado.

Pero las distorsiones no acaban aquí: en 2006, el gobierno español estableció un impuesto mínimo que, en la práctica, expulsó del sector a las marcas baratas de tabaco. En la práctica, esta tasa fija debe ser pagada al fisco sin importar el precio de cada cajetilla. Su recaudación se duplicó en los cuatro primeros años de implantación: si en 2006 generaba 55 euros por cada 1.000 cigarrillos, en 2010 ya suponía 117. Este impuesto mínimo fue doblado en 2013.

Semejante cuadro fiscal ha motivado que entre 2008 y 2012 la venta de cajetillas baje un 41%, si bien los bienes sustitutivos han rellenado el hueco, ya que los paquetes de picadura de tabaco han aumentado sus ventas en casi un 50% durante el mismo periodo.

MENOS RECAUDACIÓN

Cabe destacar, por otro lado, que los impuestos al tabaco viven su propia «curva de Laffer». En diciembre de 2012 pudimos leer lo siguiente:

Hacienda confiaba en que los dos incrementos impositivos sobre el tabaco aprobados este año supondrían en torno a 180 millones de euros adicionales de ingresos. Sin embargo, el descenso del consumo está afectando a la recaudación. Las ventas de cajetillas de cigarrillos sumaron 2.281 millones hasta octubre de este año frente a los 2.537 millones registrados entre enero y octubre del año pasado. Ello supone un descenso del 10%.

ENLACES RELACIONADOS

1. La liberticida Ley Antitabaco española (Juan Ramón Rallo).
2. Una crítica a la Ley Antitabaco (Diego Sánchez de la Cruz).
3. Más voces contra la Ley Antitabaco (VVAA).

Índice iPad Mini como alternativa al Índice Big Mac

He hablado anteriormente del «Índice Big Mac» con el que la revista The Economist compara el precio de la hamburguesa estrella de McDonald’s en diferentes países del mundo y, de este modo, estima el poder de compra y la evolución de las diferentes divisas locales. Pueden saber más sobre este indicador haciendo click aquí.

Pues bien, por muy útil que resulta el «IBM», también conviene subrayar que el producto escogido (la hamburguesa) está sujeto a más restricciones comerciales que otros como por ejemplo el iPad. Es por esto que el economista Ben Steil, co-autor del magnífico libro «Money, markets and sovereignty», se ha unido a Dinah Walker para calcular el «Índice iPad Mini». La siguiente tabla compara la medición de ambos indicadores y muestra resultados más parejos entre las divisas de los diferentes países estudiados.

ipad-mini-index-BIG2De esta forma vemos que la apreciación o depreciación de las monedas frente al «precio único mundial» es más suave en productos de última generación. Steil y Walker han descontado el IVA en su cálculo, por lo que no hay distorsiones fiscales. Entre las coincidencias de ambos índices, la sobrevaloración del franco suizo y la infravaloración del ringgit malayo. No obstante, Steil y Walker apuntan a una corrección mucho más suave que el índice de la revista británica.

Una propuesta para recortar el gasto público en 30.000 millones

Ramón Marcos, Portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, y el economista Jaime de Piniés cuentan en Actualidad Económica el estudio que han realizado para evaluar el desempeño del gasto público en las Comunidades Autónomas.

“Hemos medido cómo gestionan las Administraciones sus competencias centrales. Luego las hemos ordenado en función de su eficiencia y hemos obtenido la media de lo que gastan las tres mejores. Después hemos calculado la desviación del resto. Este “benchmarking” es habitual en EEUU y la Unión Europea: se establece una referencia que sirve para realizar un diagnóstico más o menos objetivo del funcionamiento de los organismos que no están sujetos a la disciplina del mercado”, cuentan a la revista Actualidad Económica.

¿Cuáles han sido las conclusiones? Principalmente dos: “en primer lugar, la calidad del servicio no depende del presupuesto: las mejores prestaciones no son las más caras; en segundo lugar, si todas las Administraciones fueran tan eficientes como las tres primeras, podríamos ahorrar 30.000 millones de gasto público al año”.

Dicha cifra, el 3% del PIB, permitiría reducir el déficit notablemente. Probablemente, lo más inteligente sería usar dos tercios de ese ajuste para garantizar la eliminación del Impuesto de Sociedades. De este modo el sector privado podría crecer y la recuperación estaría más cerca.

Los "rescates" financieros han supuesto el 15% del endeudamiento público desde 2008

Juan Ramón Rallo calcula el «rescate» de las cajas en 70.000 millones de euros. Cuestionado sobre si esto explica el aumento de nuestra deuda pública, comprobamos que las inyecciones a las entidades en dificultades apenas han supuesto un 15% del total. Así, las Administraciones han emitido 380.000 millones más de deuda pública si descontamos las inyecciones a las cajas de ahorro. Queda claro, por tanto, que si bien estos «rescates» han sido significativos, su impacto en el problema de deuda pública que tiene España es menor al que se intenta decir desde algunos círculos.

Lamentablemente, ha calado en España la idea de que «la banca» ha sido la receptora de estas ayudas. Nada más lejos de la realidad: ha sido la banca pública, es decir, las cajas de ahorro, la que se ha recibido estos recursos públicos para evitar su hundimiento. Hay quienes se engañan diciendo que el Banco de Valencia no era una caja de ahorro, pero su máximo accionista sí lo era y, en cualquier caso, si acaso fuese cierto dicho argumento, estaríamos ante la excepción que confirma la regla.

Dicho esto, ¿había alternativa? ¿Era necesario «rescatar» a todas estas entidades? En absoluto: España debería haber subastado sus cajas y haber convertido a acreedores en accionistas en aquellos casos en los que no se encontrase comprador alguno. Estos procesos se acercarían más a la disciplina del mercado y, por tanto, habrían depurado mejor el sistema financiero sin necesidad de recurrir al dinero de los contribuyentes.

Evaluando la austeridad madrileña en 2012

esperanza-y-percivalEn mi ensayo «Austeridad y Euroesclerosis» expliqué que los programas de ajuste con más posibilidades de éxito son aquellos que vuelcan la gran mayoría de las medidas por la vía de la reducción del gasto público. Un ejemplo de buena aplicación de esta receta lo tenemos en la Comunidad de Madrid, que ha capeado la Gran Recesión manteniendo las rebajas de impuestos y recortando sus presupuestos. A continuación reproduzco algunos párrafos de un artículo en el que Percival Manglano, ex consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional madrileño, explica el ajuste de las cuentas para 2012 y lo compara favorablemente con el plan de ajuste aplicado por Cataluña.

Partiendo de la base de que un déficit es un exceso de gasto sobre ingresos, hay dos maneras de ajustar las cuentas: subiendo los ingresos o bajando los gastos. La Comunidad de Madrid optó por reducir sus gastos. En función de ello, el 98,3% de los casi 900 millones de euros de su ajuste en 2012 vino por la reducción de gastos. El año pasado fue el quinto ejercicio consecutivo de reducción de gastos en Madrid; esto dificultó su ejecución dado el importante nivel de ahorros anteriores (cifrados en unos 2.500 millones de euros). Aun así, Madrid en 2012 continúo reduciendo sus gastos, contrayendo en un 5% su presupuesto total (lo que lleva a una reducción de en torno al 16% del presupuesto madrileño desde 2008). Gracias a ello, Madrid cumplió de largo con el objetivo de déficit –que era del 1,5%–, cerrando el año con un déficit del 1,07%.

Lo que quedó descartado desde un principio fue ajustar las cuentas aumentando los ingresos. Es cierto que se subieron algunas tasas y precios públicos de servicios públicos que los madrileños tuvieron que pagar a partir de entonces en función de su coste real. Pero, a la luz de los datos hechos públicos por Hacienda, su coste fue relativamente bajo: 15 millones de euros, unos 2,3 euros por madrileño.

El contraste con otras comunidades autónomas es llamativo en este sentido. En Cataluña, el 53,5% del ajuste total se hizo por la vía de los ingresos (frente al 1,7% madrileño). La Generalitat aumentó sus ingresos en 2012 –fundamentalmente a través de subidas de impuestos y de tasas, aunque no sólo– en 1.894 millones de euros, ¡127 veces más que Madrid! Dicho ajuste le costó a cada catalán 253 euros, frente a los 2,3 euros del madrileño. Otro tanto ocurrió en Andalucía, donde el aumento de ingresos fue de 659 millones de euros, un 18,7% del ajuste total (77,5 euros por andaluz).

Hace escasos días, la Generalitat de Cataluña anunciaba que iba a seguir por la misma senda de aumento de ingresos: la tasa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava la compraventa de viviendas de segunda mano) subirá del 8 al 10%. Mientras, la Comunidad de Madrid se ha mantenido fiel a su compromiso de no subir los impuestos a los madrileños; sus esfuerzos siguen estando dirigidos a reducir sus gastos. A alguien le podría sorprender que una comunidad como la madrileña con los impuestos más bajos sea, sin embargo, la que más consigue equilibrar sus cuentas. De hecho, el mapa español de mayores impuestos autonómicos se solapa con el de mayores déficits. Esto no es una paradoja. El nivel de impuestos y el equilibrio en las cuentas públicas son las dos caras de la misma moneda: el respeto por el manejo del dinero de los demás lleva necesariamente a limitar tanto su gasto como su ingreso.

Cabe señalar, por otro lado, que Madrid apenas recibe el 17% de lo que recauda. Semejante reparto de la financiación autonómica obstaculiza las políticas de reducción de impuestos del Ejecutivo regional a costa de privilegiar a otras CCAAs.

Financiación Autonómica

JFK on Taxes

2176DF1EC4F1F0AEE6F3AABA5DE030“It is a paradoxical truth that tax rates are too high and tax revenues are too low and the soundest way to raise the revenues in the long run is to cut the rates now … Cutting taxes now is not to incur a budget deficit, but to achieve the more prosperous, expanding economy which can bring a budget surplus.”

– John F. Kennedy, Nov. 20, 1962, president’s news conference

 “Lower rates of taxation will stimulate economic activity and so raise the levels of personal and corporate income as to yield within a few years an increased – not a reduced – flow of revenues to the federal government.”

– John F. Kennedy, Jan. 17, 1963, annual budget message to the Congress, fiscal year 1964

“In today’s economy, fiscal prudence and responsibility call for tax reduction even if it temporarily enlarges the federal deficit – why reducing taxes is the best way open to us to increase revenues.”

– John F. Kennedy, Jan. 21, 1963, annual message to the Congress: “The Economic Report Of The President”

 “It is no contradiction – the most important single thing we can do to stimulate investment in today’s economy is to raise consumption by major reduction of individual income tax rates.”

– John F. Kennedy, Jan. 21, 1963, annual message to the Congress: “The Economic Report Of The President”

 “Our tax system still siphons out of the private economy too large a share of personal and business purchasing power and reduces the incentive for risk, investment and effort – thereby aborting our recoveries and stifling our national growth rate.”

– John F. Kennedy, Jan. 24, 1963, message to Congress on tax reduction and reform, House Doc. 43, 88th Congress, 1st Session.

 “A tax cut means higher family income and higher business profits and a balanced federal budget. Every taxpayer and his family will have more money left over after taxes for a new car, a new home, new conveniences, education and investment. Every businessman can keep a higher percentage of his profits in his cash register or put it to work expanding or improving his business, and as the national income grows, the federal government will ultimately end up with more revenues.”

– John F. Kennedy, Sept. 18, 1963, radio and television address to the nation on tax-reduction bill

 “I have asked the secretary of the treasury to report by April 1 on whether present tax laws may be stimulating in undue amounts the flow of American capital to the industrial countries abroad through special preferential treatment.”

– John F. Kennedy, Feb. 6, 1961, message to Congress on gold and the balalnce of payments deficit

 “In those countries where income taxes are lower than in the United States, the ability to defer the payment of U.S. tax by retaining income in the subsidiary companies provides a tax advantage for companies operating through overseas subsidiaries that is not available to companies operating solely in the United States. Many American investors properly made use of this deferral in the conduct of their foreign investment.”

– John F. Kennedy, April 20, 1961, message to Congress on taxation

 “Our present tax system … exerts too heavy a drag on growth … It reduces the financial incentives for personal effort, investment, and risk-taking … The present tax load … distorts economic judgments and channels an undue amount of energy into efforts to avoid tax liabilities.”

– John F. Kennedy, Nov. 20, 1962, press conference

 “The present tax codes … inhibit the mobility and formation of capital, add complexities and inequities which undermine the morale of the taxpayer, and make tax avoidance rather than market factors a prime consideration in too many economic decisions.”

– John F. Kennedy, Jan. 23, 1963, special message to Congress on tax reduction and reform

 “In short, it is a paradoxical truth that … the soundest way to raise the revenues in the long run is to cut the rates now. The experience of a number of European countries and Japan have borne this out. This country’s own experience with tax reduction in 1954 has borne this out. And the reason is that only full employment can balance the budget, and tax reduction can pave the way to that employment. The purpose of cutting taxes now is not to incur a budget deficit, but to achieve the more prosperous, expanding economy which can bring a budget surplus.”

– John F. Kennedy, Nov. 20, 1962, news conference

 “The largest single barrier to full employment of our manpower and resources and to a higher rate of economic growth is the unrealistically heavy drag of federal income taxes on private purchasing power, initiative and incentive.”

– John F. Kennedy, Jan. 24, 1963, special message to Congress on tax reduction and reform

 “Expansion and modernization of the nation’s productive plant is essential to accelerate economic growth and to improve the international competitive position of American industry … An early stimulus to business investment will promote recovery and increase employment.”

– John F. Kennedy, Feb. 2, 1961, message on economic recovery

 “We must start now to provide additional stimulus to the modernization of American industrial plants … I shall propose to the Congress a new tax incentive for businesses to expand their normal investment in plant and equipment.”

– John F. Kennedy, Feb. 13, 1961, National Industrial Conference Board

 “A bill will be presented to the Congress for action next year. It will include an across-the-board, top-to-bottom cut in both corporate and personal income taxes. It will include long-needed tax reform that logic and equity demand … The billions of dollars this bill will place in the hands of the consumer and our businessmen will have both immediate and permanent benefits to our economy. Every dollar released from taxation that is spent or invested will help create a new job and a new salary. And these new jobs and new salaries can create other jobs and other salaries and more customers and more growth for an expanding American economy.”

– John F. Kennedy, Aug. 13, 1962, radio and television report on the state of the national economy

 “This administration pledged itself last summer to an across-the-board, top-to-bottom cut in personal and corporate income taxes … Next year’s tax bill should reduce personal as well as corporate income taxes, for those in the lower brackets, who are certain to spend their additional take-home pay, and for those in the middle and upper brackets, who can thereby be encouraged to undertake additional efforts and enabled to invest more capital … I am confident that the enactment of the right bill next year will in due course increase our gross national product by several times the amount of taxes actually cut.”

– John F. Kennedy, Nov. 20, 1962, news conference

The previous list was originally published by WND. For a fresh look at John F. Kennedy’s legacy, make sure to check out «JFK: Conservative«, a thought-provoking book by Ira Stoll where the author argues that Kennedy’s policies had a lot more in common with traditional Republican values.

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