Mes: septiembre 2011

Sigue la campaña de Ron Paul en EEUU

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Defining the Anti-War Right

One of the patron saints of modern conservativism, Russell Kirk, dismissed libertarians as “chirping sectaries.” One of the patron saints of modern libertarianism, Murry Rothbard, derided conservatism that all-too-often argued for a “blind and tropistic defense of whatever status quo that happens to exist.” To paraphrase the opening of the old Odd Couple TV show: Can these two ideologies share a magazine without driving each other crazy?

Daniel McCarthy, editor in chief of The American Conservative, says yes in thunder. “We’re the non-movement conservatives, the individualist conservatives, says McCarthy. “We’ve certainly got an element of the Russell Kirk stuff. We also have an element of the radical Rothbardian libertarians. We bring them together and let them fight it out and make things as lively as possible.”

After years of financial uncertainty, McCarthy has brought AmCon back by creating an eclectic fusion of conservative and libertarian ideas. Opposing Bush-era foreign policy and criticizing mainstream conservatism, McCarthy’s American Conservative is dedicated to keeping alive the Right’s history of non-interventionism in both its pre-World War II and anti-Cold War versions. At the same time, the magazine has little patience for the sort of “lifestyle libertarianism” that it sees too much of in the pages of Reason and elsewhere in the libertarian movement.

Reason’s Nick Gillespie sat down with McCarthy at FreedomFest in July. Held each July in Las Vegas, FreedomFest is attended by around 2,000 limited-government enthusiasts and libertarians a year. Reason.tv spoke with over two-dozen speakers and attendees and will be releasing interviews over the coming weeks.

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El decretazo de Aznar, en perspectiva

El 28% de los desempleados ha rechazado un trabajo durante los últimos tres años. Así lo refleja un estudio recogido en agosto de 2011 por el diario económico Expansión. La cosa no acaba aquí: según el propio Gobierno de España, hasta el 25% de los desempleados investigados cobró el paro de manera fraudulenta.

Esta situación nos devuelve al año 2002, en el que el Gobierno de José María Aznar presentó un decreto-ley de reforma laboral que motivó una huelga general de 24 horas y provocó la salida del entonces Ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Tal y como describió entonces el diario El Mundo, “aquel decreto-ley establecía que los límites en los que un parado estaba obligado a aceptar un empleo se fijarían en una distancia de 30 kilómetros y dos horas de desplazamiento. También consideraba que un empleo adecuado es la profesión habitual del trabajador durante el primer año de paro y, tras ese plazo, el servicio público de empleo podría ofertar un empleo que no coincidiera con la profesión del parado, siempre que el trabajador recibiese antes un curso formativo. El desempleado podría, hasta un máximo de tres veces, rechazar una oferta de empleo adecuada o un curso formativo, aunque el primer rechazo se penalizaría con un recorte de tres meses en la prestación, el segundo con seis meses y el tercero con la extinción del derecho”.

Además, “la norma delimitaba el cobro de los salarios de tramitación -los que se perciben mientras un juez decide si un despido es procedente o no- a los casos en los que el despido fuera improcedente y el juez obligara a la readmisión del trabajador”.

A la luz de noticias como las mencionadas en el primer párrafo, es evidente que el “decretazo” introducía una serie de modificaciones bastante sensatas y, además, razonablemente moderadas. Y si bien aquella tibia reforma no salió adelante, hoy nos enfrentamos a las consecuencias de aquel fiasco: un sistema de prestación al desempleo francamente mejorable y tristemente abierto al abuso y al fraude.

La educación en Chile

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 26 de agosto de 2011.

“El modelo actual solo contribuye a garantizar un Chile desigual” dijo Camila Vallejo, la líder del movimiento estudiantil que ha sacudido a Chile durante los últimos meses. Camila, de 24 años, es militante del Partido Comunista y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Aunque este movimiento enfoca sus demandas en el ámbito de la educación, su agenda y su manera de exigirlas van más allá, constituyen un cuestionamiento al modelo chileno de un Estado limitado y una democracia representativa.

Axel Kaiser, investigador del Instituto Democracia y Mercado, asevera que a pesar del progreso económico, el descontento de aquellos que protestan tiene que ver con “el avance de la ideología progresista en el país”.

Pero consideremos solamente el sistema educativo y la supuesta desigualdad que dicho sistema perpetúa. Al sistema de educación superior en 1957 tenían acceso 20 mil estudiantes, lo que corresponde a una cobertura de 3,5%. En 2009 la realidad era totalmente distinta: 800 mil estudiantes estaban matriculados en una universidad, lo que corresponde a una cobertura superior al 40%. De estos 800 mil estudiantes matriculados, 70% constituyen la primera generación de sus familias en lograr ese nivel de estudios y 78% asistían a instituciones privadas. Sin un rol protagónico del Estado y sin la gratuidad, cosas que demanda el movimiento estudiantil, se obtuvo un incremento considerable en la cobertura.

En la prueba internacional de evaluación de estudiantes de 2009, PISA, la cual muestra el puntaje promedio obtenido por estudiantes de 15 años en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias, Chile obtiene de el puntaje más alto de los países latinoamericanos incluidos en la prueba (mejor que Uruguay, México, Colombia, Brasil o Argentina, entre otros).

En cuanto a si es mejor la educación pública que la privada o si es malo que hayan instituciones con fines de lucro dentro del sistema educativo, en el sistema chileno se les ha permitido a los padres la libertad para elegir entre estos distintos tipos de instituciones. Durante la última década alrededor de medio millón de estudiantes chilenos han abandonado los colegios municipales (públicos) y se cambiaron a colegios privados subvencionados por el Estado o pagados.

Sobre la desigualdad supuestamente perpetuada por el sistema educativo, el economista Claudio Sapelli de la Universidad Católica de Chile ha hecho un análisis por generación de la desigualdad y llega a conclusiones totalmente distintas. Si la generación de entre 55-64 años de edad registra un 39% de personas con educación secundaria, la generación de entre 25-34 años alcanza el 85%, superando incluso el promedio de los países de la OCDE. Sapelli también muestra que esta diferencia entre generaciones se aplica a la distribución del ingreso, la cual es mucho más equitativa en las generaciones más jóvenes.

Muchos creen que el sistema educativo, con todos sus defectos, ha sido la gran fuerza igualitaria que ha resultado en que el futuro de los jóvenes en su país cada vez dependa menos del estrato social de sus padres y más de su educación. Sería una pena eliminar un sistema que ha funcionado en lugar de aprovechar la oportunidad de mejorarlo.

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