Mes: diciembre 2010

El “teléfono para maltratadores” de Bibiana Aído costó más de 800,000 euros

Tal y como informa ABC, el “teléfono de la nueva masculinidad” de Bibiana Aído costó más de 800,000 euros a todos los españoles. Esta iniciativa fue inicialmente presentada como un “teléfono para maltratadores” y posteriormente rebajada a línea de “resolución de dudas masculinas”.

La ocurrencia comenzó en 2009. Como recuerda el diario madrileño, 17 de junio se publicó en el BOE el anuncio de licitación de esta prestación. El 12 de agosto se conocía que el concurso lo había ganado la empresa líder en el sector de los teleservicios en España, Qualytel Teleservice. Y así y todo hasta el 4 de diciembre de 2009 no empezó a funcionar la genial idea de Aído. Habían pasado dos años y medio, lo que da una aproximación bastante exacta del nivel de improvisación del recientemente defenestrado ministerio de Igualdad.

El plan era ambicioso: tres años y 1,4 millones de euros para atender previsiblemente las dudas y zozobras de más —según los cálculos de Igualdad— de 100.000 hombres dispuestos a «contribuir a crear otro modelo de masculinidad».

La realidad, sin embargo, ha resultado raquítica, tal y como revela ABC. La ex ministra acaba de anunciar la disolución del servicio alegando «criterios de austeridad por la crisis». Gravísima situación económica que, por cierto, no es ahora mucho peor que la que sufría el país cuando a Aído se le ocurrió el brillante plan.Asombra que se acuerde justo ahora, cuando solo es secretaria de Estado, de una austeridad que no practicó en sus tiempos de ministra, periodo en el que subvencionó cuantiosamente trabajos tan decisivos como un mapa del clítoris o a asociaciones cercanas al PSOE, como la Fundación Mujeres.

En este periodo, destrozando hasta las previsiones más pesimistas —a finales de diciembre de 2009, la ministra rebajó la posible cifra de llamadas a 10.000— solo ha dado respuesta a 6.515 consultas. Y el coste final ha sido de unos 822.000 euros. Cada llamada le ha costado al erario público 126 euros.

Las televisiones públicas cuestan 144 euros al año a cada familia española

Leo recientemente lo siguiente: “Cinco semanas ha durado el programa de Boris Izaguirre Humanos y divinos en TVE. El programa ha costado en total 100.000 euros y ha logrado una cuota de pantalla del 7%”. Por supuesto, esos 100.000 euros han salido del bolsillo de los contribuyentes, como ocurre a diario en ese impuesto no revelado que supone la titularidad pública de decenas de canales de comunicación (televisions, radios… a nivel nacional, autonómico, municipal…).

Las televisiones públicas cuestan 144 euros al año a cada familia española. Las televisiones públicas costaron 144 euros a cada hogar español a lo largo del año 2009. Según un estudio de Deloitte, las pérdidas de dichos entes alcanzaron los 772 millones, a los que hay que sumar los 1.362 millones que recibieron en subvenciones, un 26% que un año antes.

Como ha informado Deloitte, la televisión pública en España registró en 2009 unas pérdidas de 772 millones de euros y recibió unas subvenciones de cerca de 1.362 millones de euros, un 26 por ciento más que en el año anterior, según el IV Informe Económico sobre la Televisión Pública en España realizado por Deloitte presentado este lunes

Vender edificios públicos infrautilizados supondría 14.000 millones

La Administración General del Estado es propietaria de edificios por valor de 42.000 millones de euros. Sin embargo, podría prescindir del 34% de su superficie (unos 14.000 millones) sin menoscabo para sus actividades. El área utilizada por empleado es el doble que en el sector privado.

Los edificios propiedad de la Administración tienen un valor de mercado de unos 40.000 millones de euros, según un informe de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. Y el 34% de los mismos no son necesarios para realizar sus actividades. Es decir, que un tercio del espacio ocupado por los servicios del Gobierno central es prescindible y podría venderse de un día para otro. Hacerlo aportaría buenos ingresos para reducir la deuda y recortaría el gasto anual, lo que ayudaría a minorar el déficit. El problema sería si, en un momento como éste, podría encontrar comprador.

El estudio de Aguirre Newman se centra en los edificios de la Administración General en Madrid, que ocupan una superficie de 2.278.333 metros cuadrados (m2) en propiedad y 299.886 en régimen de arrendamiento. Según los cálculos de los autores, al menos el 34% de esa área está infrautilizada y podría venderse (calculan unos ingresos de 2.800 millones aproximadamente).

Sin embargo, si se amplía el cálculo a España, el valor de todos los inmuebles del Gobierno central subiría a los 42.000 millones de euros. Por lo tanto, aceptando el mismo porcentaje de superficie infrautilizada que en Madrid, el Estado español podría obtener unos 14.000 millones de euros.

Es más, siguiendo los datos de ese mismo informe, la cantidad a recaudar podría ser incluso algo mayor. Según sus cifras, la ratio de superficie por empleado público es, aproximadamente, el doble que en el sector privado. Así, la administración concede entre 25 y 35 m2 a sus trabajadores, cuando las empresas consideran eficiente una ocupación que no supere los 15 m2. Por todo esto, los autores denuncian que en la Administración “no exista una estrategia sobre su patrimonio inmobiliario e incluso que no sea consciente del patrimonio que se posee”.

Evidentemente, los edificios no son los únicos bienes de los que dispone la Administración General. También son de su propiedad los llamados “bienes de uso público”, como canales, puertos o el espacio radioeléctrico. Además, el Estado también posee los locales en los que realiza las funciones que desarrolla, como oficinas de atención al público, hospitales o escuelas. También son suyos las minas y los montes públicos. Y, además, están los bienes adscritos a Patrimonio Nacional, Parques Nacionales, etc. Evidentemente, la decisión de si vender o no todas estas propiedades es una decisión política, que tendrá que tomar cada Gobierno, pero la posibilidad al menos está ahí.

El texto completo, firmado por D. Soriano, puede consultarse aquí.

“Liberalismo y solidaridad” (Gabriela Calderón de Burgos)

Muchas personas confunden el cumplimiento de la ley tributaria y del código laboral con la solidaridad. Otros confunden gastar el dinero de otros con ser solidario. Ahora que estamos en diciembre me parece oportuno explicarle lo que los liberales solemos entender por solidaridad. Un escocés dijo que “Por muy egoísta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay en su naturaleza algunos principios, que le hacen interesarse por la fortuna de los demás, y hacerle necesaria su felicidad, aunque nada derive de ella si no es el placer de verla”. Esta frase viene de alguien que usualmente es recordado solamente por aquello de “la mano invisible” y la búsqueda del interés propio: Adam Smith.

Pero sucede que Smith entendía que la solidaridad es algo que se da solamente en libertad. Es decir, el individuo, para ser solidario, tiene que tener la libertad de elegir cómo, cuánto y a quién da parte de sus recursos y de su tiempo.
Y esto tiene mucho que ver con el individualismo, palabra que suele ser considerada sinónimo de egoísmo. Pero aquello es una distorsión de lo que los liberales entendemos por individualismo. Friedrich Hayek, uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XX, decía que “el individualismo verdadero afirma el valor de la familia y de todos los esfuerzos conjuntos de las comunidades y grupos pequeños, cree en la autonomía local y en las asociaciones voluntarias y, de hecho, el caso en su favor descansa fuertemente en el argumento de que mucho por lo cual usualmente se pide la acción coercitiva del Estado, puede lograrse mejor mediante la colaboración voluntaria”.

En esta navidad, fíjese cómo muchas personas se ayudan entre ellas, de manera voluntaria. Lo hacen sin que nadie los obligue y lo podrían hacer más si tuvieran ingresos más altos y si el Estado se llevara un porcentaje menor de estos. También podrían hacerlo más si el Estado no obstaculizara la creación de riqueza. En esta navidad, piense en todos los recursos que reciben las entidades del Estado que realizan obra social y por un solo momento considere qué harían con esos cuantiosos recursos un grupo de individuos a los que los une la causa común de darle una mejor educación o mejor vivienda o mejor atención médica a los más necesitados. Finalmente, considere quién cree que maneja de manera más eficiente los recursos destinados a los más pobres, ¿una organización pública donde políticos y burócratas administran el dinero de otros o una organización privada donde los que la financian gestionan sus propios recursos?

Texto completo disponible aquí.

Racionalizar el Estado de las Autonomías: una reforma clave para España (II)

La Fundación FAES presentó recientemente el estudio “Un Estado Autonómico racional y viable”, firmado por Julio Gómez-Pomar, Mario Garcés y Gabriel Elorriaga.

El estudio puede descargarse aquí y esta dividido en tres partes. A continuación citamos algunas de las principales conclusiones extraídas del informe. Todas corresponden al segundo capítulo del mismo, titulado “La descentralización autonómica en perspectiva presupuestaria y administrativa: un análisis de oportunidades” (próximamente se analizarán el tercer y último fragmento, para consultar el resumen de la primera parte, hagan click aquí).

“La situación actual de graves desajustes fiscales y la creciente preocupación de los ciudadanos sobre el destino y aplicación de los fondos públicos generan un debate que probablemente llegue con cierto retraso a nuestro país, y que no es otro que el de los costes de ineficiencia que pueden producir algunos modelos de gestión autonómica. En un juego de espejos, en el que los ciudadanos pueden contemplar en un mismo espacio geográfico hasta diecisiete modelos de gestión presupuestaria y pública, la comparación incita al cambio”.


“Si se toma en consideración el presupuesto regional y el correspondiente PIB, encontramos a comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía a la cabeza del gasto, tal y como demuestra un estudio del profesor Miguel Ángel García Díaz para la Universidad Rey Juan Carlos”.

“Interpretando la deuda total de las Comunidades Autónomas en porcentaje de su PIB regional, y no en términos absolutos, vemos a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares como las demarcaciones más endeudadas, según los datos del Banco de España”.

“Dicha deuda ha crecido espectacularmente entre 1996 y 2008 en Comunidades como Baleares (+25%), Cantabria (+12%), Castilla-La Mancha (+18%) y Comunidad Valenciana (+14%). En el extremo contrario está el País Vasco, que se endeudado un 8% menos”.

“Si analizamos la deuda de las empresas públicas nos encontramos con un volumen superior a los 12,750 millones de euros, principalmente debido a los excesos de gobiernos regionales como el de Cataluña o el de la Comunidad Valenciana”.

“En su conjunto, el sector público autonómico está llamado a una profunda reforma organizativa, que inicialmente debería consistir en racionalizar todo el sector. La competencia entre territorios introduce, en muchas ocasiones, deseables incentivos a la prestación de mejores servicios, pero si se reproducen soluciones no efectivas o antieconómicas también puede ser una fuente irreductible de ineficiencias. Por consiguiente, además de la evaluación interna de cada servicio autonómico, el Estado debería garantizar un espacio común para el con- traste y la ponderación de resultados de una misma política en los diecisiete territorios”.

“Sería un error concebir la evaluación de políticas públicas como un instrumento, exclusivo de etapas de severos ajustes fiscales. Debe inspirar la actuación global de todos los poderes públicos”.

“Posibles soluciones incluyen: coordinación nacional a través de la recuperación de competencias, cooperación mediante consorcios o sociedades participadas por varias Administraciones autonómicas, integración de instancias administrativas, etc.”.

“Debemos prestar atención a la huida de la contabilidad que supone la creación de empresas públicas paralelas”.

“En el sector público administrativo deberíamos postular la desaparición de órganos y entidades que supongan una clonación o repetición autonómica de estructuras ya presentes. Hay que evitar duplicidades”.

“En el sector público empresarial, deberíamos tomar ejemplo de las políticas estatales de privatización del antes inflado sector público empresarial español”.

“Finalmente, en lo que afecta al sector público fundacional, también cabe una reforma. De las 2,012 entidades públicas que se insertan en las Comunidades Autónomas, el porcentaje de fundaciones es casi el 21%”.


“El número de entes públicos no se corresponde con el porcentaje de población por CCAA: Cataluña tiene el 16% de la población española y Madrid, el 14%… sin embargo, Cataluña casi triplica el número de entidades registradas en la Comunidad de Madrid”.

“El análisis dinámico presenta especial interés, ya que revela que desde abril de 2003 el número total de entidades se ha incrementado un 28,64%, con una mayor aceleración durante los años 2005 y 2006 con un 6,86% y un 4,37% respectivamente. Como hemos mencionado antes, hoy registramos 2,012 entidades, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda”.

“La tendencia en los últimos seis años es de crecimiento constante, repartida de manera desigual por CCAA. En seis años, Castilla-La Mancha y Cantabria casi duplican el número de entidades públicas, siendo el nivel de crecimiento de entidades instrumentales en este periodo muy intenso también en Aragón, Extremadura, Baleares y Murcia. La Rioja y Madrid se hallan en el otro lado del arco”.

“¿A qué se dedican estos entes? El 13,5% a “actividades profesionales, científicas y técnicas”, el 8,2% a “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”… Encontramos cuerpos dedicados a la “publicidad y estudios de mercado”, las “actividades veterinarias”, la “Investigación y el Desarrollo”, los “juegos de azar y apuestas”, etc.”.

“En España conviven dieci- siete grupos empresariales públicos, donde también anidan las ineficiencias económicas. Casos como los de las televisiones autonómicas, donde ninguna de las empresas públicas se financia mayoritariamente con ingresos de mercado, lo que obliga a recurrir reiteradamente al endeudamiento o a la aportación de capital de la Administración matriz, deberían invitar cuando menos a la reflexión. Deberían distinguirse qué servicios son prescindibles y cuáles son imprescindibles”.


“En magnitudes desagregadas, en este período, únicamente Canarias, Galicia y Navarra han reducido su plantilla de empleados públicos. El resto de CCAA ha presentado una tasa al alza, llegando a representar en algunos casos como Castilla-La Mancha un porcentaje de 19,63%”.

Próximamente se ofrecerá en esta bitácora el resumen de la tercera y última parte del estudio. Para consultar la primera entrega, hagan click aquí.

Recuperar la unidad de mercado en España: una reforma fundamental

La falta de unidad de mercado en España, con 17 normativas distintas derivadas de las respectivas comunidades autónomas, agravará la crisis económica. Una vez más, los políticos han solapado la apertura y simplificación comercial que supuso el ingreso en la Unión Europea con la creación de nuevas parcelas normativas dentro de España.

Las consecuencias no son difíciles de adivinar. En un país en el que las PYMES tienen un peso tan importante, el mercado europeo no tiene tanta prioridad como el nacional. Por eso, el crecimiento económico y el emprendimiento se están viendo lastrados por esta Torre de Babel difícilmente explicable desde el sentido común.

Así las cosas, es cada vez más complicado medir la libertad económica en España. Un estudio de la Fundación FAES elaborado por Rocío Albert y Rogelio Biazzi (ambos profesores de la UCM) ha demostrado que las regiones com mayores índices de apertura económica registran un mayor nivel de PIB per capita. Esta enseñanza no puede caer en saco roto: comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía deben aprender la lección si quieren dejar de ocupar los últimos puestos en este ranking comparativo.

Sin embargo, por mucho que la competencia fiscal entre regiones tienda a favorecer a aquellas comunidades que apuestan por la libertad económica en mayor medida, no debemos entender esta cuestión en dichos términos. Lo importante no es que una región sea más próspera que otra, sino que toda España está perdiendo oportunidades por su falta de unidad de mercad. Al fin y al cabo, cuanto mayor es un mercado, mayor es su especialización, su productividad, su competitividad y su impacto socioeconómico.

El número de páginas de los Boletines Oficiales del Estado ha subido de 20,000 en 1990 a 70,000 en 2008, tal y como ha presentado en un estudio la consultoría Econlaw. Ante este panorama, no es difícil entender que la dispersión normativa está reduciendo las oportunidades de crecimiento de los empresarios españoles, suponiendo una obvia reducción a las economías de escala y un claro aumento de los costes de producción. Si cada Comunidad Autónoma tiene diferentes normativas para el etiquetaje, las instrucciones y la elaboración de productos, es evidente que no estamos incendiando la creatividad empresarial.

España debería fijar a corto plazo una fecha de reunificación normativa al estilo de la iniciativa europea materializada en 1992 mediante la Single European Act. Desde mediados de los 80, la UE (aún CEE por aquel entonces) había trabajado para armonizar el mercado comunitario, y los resultados de dicho esfuerzo han sido evidentemente positivos.

Uno de los mecanismos que se podrían aprobar sería el de coordinación estatal a base de rondas de negociación, uniendo la experiencia europea al esquema de funcionamiento de las rondas de acuerdos de la OMC. Otro mecanismo podría ser aplicar un criterio de “reconocimiento” según el cual, cada comunidad podría adoptar la legislación de otra, animando hacia la convergencia y la cooperación.

Media Europa con copago sanitario

En Europa, la frontera entre la sanidad pública y la privada cada vez está más diluida. Los sistemas sanitarios han dado entrada a entidades sanitarias y han optado por el pago de consultas, pruebas y días de hospitalización para moderar el gasto. La mayoría son medidas destinadas a evitar los abusos, más que a recaudar fondos. Estas son las fórmulas que funcionan en otros países de nuestro entorno. A continuación, un resumen de esta realidad, realizado por J. P. Quiñonero, C. Villar Mir, V. Suvalski, B. Castiella, B. Rodrigo y N. Ramírez para ABC.

Alemania: un bono de 10 euros
Dentro del sistema estatal existen varias formas de copago. Para la compra de medicamentos, la aportación de los pacientes es del 10% del precio, con un mínimo de 5 euros y un máximo de 10. Ese copago debe ser desembolsado por todos, incluidos los pensionistas. En el caso de hospitalización, el paciente debe abonar 10 euros por día, aunque con un límite máximo de 28 días laborables por año. Además, para ser atendidos por un médico de cabecera, dentista o cualquier otro especialista en su consulta, los pacientes del sistema público deben realizar un pago único trimestral de 10 euros, sin importar las veces que acudan al doctor en ese período. La visita al pediatra no se cobra.

Francia: seguro privado
Está totalmente generalizada la contratación privada de una «complementaria» (seguro complementario) que pague las medicinas o gastos hospitalarios no cubiertos por la seguridad social. Hay muchas medicinas, operaciones u hospitalizaciones no cubiertas. Los asegurados tienen entonces dos alternativas: pagar de su bolsillo o tener contratadas las prestaciones de una mutua o seguro complementarios. En términos prácticos, cada asegurado, tiene dos tarjetas: la de la seguridad social, y la complementaria. A la hora de pagar las medicinas o la operación médica, las farmacias u hospitales aceptan todas las tarjetas de las «complementarias». Si el asegurado no tiene contratado ningún seguro complementario debe abonarlo de su bolsillo.

Suecia y Noruega: 15 euros por consulta
El sistema de asistencia médico sanitaria en Suecia es de financiación pública y está fuertemente descentralizado. Los ciudadanos pueden elegir el médico o centro sanitario que deseen, pero pagan una cantidad por servicio. Cada paciente paga entre 150 y 200 coronas suecas (15-20 euros) por visita al médico, sea generalista o especialista. Para limitar los gastos de los pacientes y enfermos crónicos hay una protección contra costes elevados que implica que una vez superados los 85 euros de gasto, todas las visitas al médico u hospital, serán gratuitas. Existe el mismo sistema con un nivel de 180 euros para los medicamentos recetados. Todas las operaciones son gratuitas y los pacientes ingresados pagan unos 7 euros diarios. En Noruega, el sistema es casi idéntico al sueco. Las visitas al médico cuestan unos 20 euros. También es libre la elección del médico o especialista. Los sin recursos y desempleados no pagan y los jubilados tienen subsidios.

Reino Unido: similar al español
En el Reino Unido no existe copago sanitario, salvo en el caso de determinados medicamentos, como sucede en España. Las visitas al médico o a los servicios de urgencias son gratuitas, así como la atención en el hospital. En cuanto a las medicinas, las más comunes se recetan gratuitamente y en otras el precio es compartido por el paciente. Mayores de 60 años, embarazadas y enfermos crónicos tienen todas los medicamentos gratis con receta. El Gobierno aún no ha barajado la posibilidad del copago en sus planes para la reducción del déficit público, ni esa medida fue incluida en ningún programa político en las recientes elecciones.

Irlanda: ingresos bajos, gratis
En Irlanda, la atención médica es gratuita para quienes tienen menos ingresos económicos, lo que les da derecho a la Tarjeta Médica, que cubre el 31,9% de la población. También es gratuita para embarazadas y niños hasta los seis meses. Las personas de más de 70 años que no tienen este último derecho, reciben una subvención anual de 400 euros como máximo para acudir al médico de cabecera. El 68,1% de la población que no dispone de la Tarjeta Médica tiene que pagar 100 euros por acudir a urgencias si no son enviados por el médico de cabecera. La hospitalización cuesta 100 euros por día, hasta un máximo de 1.000 en doce meses. Diagnósticos, análisis y fisioterapia son gratuitos. En medicamentos, cada hogar paga un tope de 120 euros a lo largo de un mes, a partir de ahí son gratuitos.

Grecia: «sobrecito»
Todos los ciudadanos tienen acceso a una sanidad pública (IKA) o a otros organismos parecidos ( «Tamío»), que viene a ser un tipo de caja de pensiones con cobertura sanitaria. Los pacientes sólo pagan de su bolsillo los «extras»: cambiar a una habitación individual. O una enfermera privada (en los hospitales públicos hay muy pocas por planta). Las ambulancias en caso de ingreso de urgencia son gratuitos, pero cualquier otro recorrido debe ser autorizado para ser abonado por el seguro. El paciente que desea una segunda opinión y elegir médico debe pagar 50 euros por consulta. Lo que sí se paga, de forma informal, es el «sobrecito» para agilizar los trámites: saltarse la lista de espera, tener cama en pocos días… Se ofrece a los médicos y restante personal sanitario directamente. Así los griegos se aseguran un trato personalizado. Las tarifas estipuladas en el «sobrecito» van desde 10 euros a una enfermera, entre 100 y 3.000 a un médico (en función de la gravedad) y unos 500 al anestesista. El paciente del IKA paga el 25% del precio del medicamento, pensionistas y enfermos crónicos también.

Portugal: 2,20 euros por visita
La sanidad pública portuguesa funciona con el sistema de copago, denominado en el país vecino como tasa moderadora. La consulta básica en el ambulatorio cuesta 2,20 euros, 3 en los hospitales de distrito y 4,50 en los centrales. Por cada día de hospitalización hay que pagar 5,20 euros. La visita médica a domicilio cuesta 4,70 euros y todas las pruebas que se realizan en los hospitales tienen también una paga que debe ser abonada por los usuarios. A partir de 65 años, los pacientes se pueden beneficiar de una reducción del 50% en las tasas mientras que existen casos de exención total del copago, como embarazadas, menores de doce años, desempleados, personas que reciben la pensión mínima o enfermos crónicos.

Italia: pago por especialista
Las consultas al médico de Familia son gratuitas, aunque se puede pagar parte de las intervenciones que se realicen en los centros de salud. Las visitas a un especialista pueden costar de 15 a 20 euros. Además, se penaliza el abuso de las Urgencias. Si el médico considera que el problema no necesitaba acudir a urgencias cobra al paciente 25 euros.

Austria: cinco euros por receta
Cada Estado federado austríaco tiene un convenio propio con la seguridad social, por lo que no es igual lo que debe abonar un vienés que un tirolés. El copago varía entre 8 y 17 euros diarios, con un máximo de 28 días laborables de hospitalización al año. Todos los asegurados deben pagar 5 euros por cada receta para medicinas, con límites y exenciones para pensionistas, enfermos crónicos, niños y personas de bajos recursos. Los asegurados por las cajas de autónomos y funcionarios tienen que abonar un 20% del coste de la consulta médica. A cambio, los servicios recibidos suelen ser mejores que los de la caja de los empleados del sector privado.

Bélgica: por adelantado
La sanidad en Bélgica se gestiona con el copago. Los ciudadanos tienen libertad para elegir médico y están obligados a pagar la consulta en función de unas tarifas libres que fijan los facultativos. Posteriormente el sistema de seguridad social, que se gestiona a través de mutualidades, reembolsa a los ciudadanos un porcentaje de la factura, que suele rondar el 80%. Este sistema se aplica también al dentista. En el caso de los niños el reembolso llega prácticamente al 100% e incluye la ortodoncia. En los adultos están excluidos del copago los implantes. El Estado sólo cubre parte de los gastos de hospitalización, por lo que lo habitual es tener un seguro complementario. Las urgencias están cubiertas y no hay que adelantar dinero. Los medicamentos corren por cuenta del enfermo, salvo los antibióticos.
Pueden consultar más información sobre las perspectivas de futuro de la Sanidad española en estos enlaces a informaciones de Domingo Soriano y Manuel Llamas. Otro enlace de interés es este reportaje de Libre Mercado, también firmado por Domingo Soriano.

Presupuestos Autonómicos 2011 en Galicia


La imagen anterior, elaborada por El Correo Gallego, resume el esfuerzo de consolidación fiscal realizado por la Xunta de Galicia. En su segundo año en el poder, el gobierno regional ha acometido uno de los mayores recortes presupuestarios de todo el Estado Autonómico. Si bien se trata de una reducción insuficiente, es importante destacar que este tipo de esfuerzo es el que deben asumir todas las administraciones españolas para reducir el preocupante déficit público que estamos soportando en los últimos años. Sin equilibrio presupuestario en las cuentas públicas, la recuperación económica no llegará.

El aumento de las tropas estadounidenses en Afganistán


Pese a la puesta en marcha de una estrategia de repliegue en Iraq, el Ejecutivo presidido por Barack Obama ha apostado por aumentar drásticamente el número de tropas destacadas en Afganistán. Dicha decisión complicará enormemente la reducción del gasto militar, ya que el descenso de efectivos en el conflicto iraquí se está compensando con esta situación inversa en el país afgano.

La siguiente tabla muestra el continuo aumento de los presupuestos de Defensa de EEUU:


Ni los gobiernos de George W. Bush ni el actual gabinete de Barack Obama parecen ser capaces de frenar el crecimiento de este departamento. El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, acabará haciendo necesario un cambio de rumbo. El Instituto CATO ha estudiado posibles recortes presupuestarios por un montante equivalente a $1,2 trillones de dólares (en un plazo de dos legislaturas). Dicho tijeretazo incluiría los siguientes puntos:

– Reducción del armamento nuclear ($87 billones).
– Reducir el tamaño del Ejército, la Marina y otros grupos de combate (más de $280 billones).
– Reducción de la fuerza aérea y naval usada por el Ejército, incluyendo submarinos, aviones, etc. (cerca de $200 billones).
– Realineamiento del Programa de Defensa con Misíles ($60 billones).
– Reforma de personal y reducción de la burocracia ineficiente (más de $220 billones).

Si bien el plan presentado por el think-tank de Washington no tiene por qué ser la única alternativa, es evidente que este punto es fundamental para restaurar la estabilidad presupuestaria en EEUU. El tamaño de la industria militar ha crecido de forma insostenible, arrastrando a la primera democracia del mundo a una carrera de gasto imparable. Sin embargo, esta estrategia (adoptada para hacer frente al terrorismo fundamentalista de grupos como Al Qaeda) está olvidando otros aspectos clave dentro de las Relaciones Internacionales, optando por un enfoque unidimensional que únicamente ataja el Orden Mundial con el poder militar como argumento principal.

Un cambio de rumbo será más barato, más eficiente, más sostenible y más eficaz.

Racionalizar el Estado de las Autonomías: una reforma clave para España (I)

La Fundación FAES presentó recientemente el estudio “Un Estado Autonómico racional y viable”, firmado por Julio Gómez-Pomar, Mario Garcés y Gabriel Elorriaga.

El documento puede descargarse aquí y esta dividido en tres partes. A continuación citamos algunas de las principales conclusiones extraídas del informe. Todas corresponden al primer capítulo del mismo, “La descentralización de competencias en las Comunidades Autónomas” (hagan click aquí para ver el resumen de la segunda parte; próximamente la tercera):

“No es una cuestión menor el plantearse si la forma en la que estas competencias se distribuyen entre las CCAA es coherente con las reflexiones que nos ofrece el análisis económico”.

“En la década de los 80, la escuela del Public Choice da un nuevo impulso a la literatura sobre federalismo fiscal y centra su atención en dos aspectos: el comporta- miento de políticos y empleados públicos como maximizadores, no del interés público, sino de su propia utilidad y la competencia entre Gobiernos subcentrales y la previsible reducción del tamaño del sector público por estas razones”.

“Tras dicha escuela, el “Federalismo Fiscal de segunda generación” se ha planteado una serie de cuestiones relativas a la financiación, al endeudamiento o a la gestión presupuestaria de los Gobiernos subcontrates. Destaca su llamada de atención sobre el soft budget o la falta de rigor presupuestario en los Gobiernos subcontrates, algo especialmente relevante en casos como el español”.

“La organización territorial del Estado autonómico y la atribución de competencias a las CCAA no es el resultado de un análisis económico, en términos de eficiencia. En España, este desarrollo ha venido marcado por los intereses político-electorales de cada momento, y  por la percepción de cuál era la estrategia óptima para diferenciarse del resto de partidos políticos, atraer al votante y ganar elecciones”.

“Hay ejemplos de organizaciones descentralizadas que han seguido a las decisiones económicas y no al revés, como es el caso más frecuente. El caso más relevante lo tenemos en la Política Regional Europea, que ha forzado a diversos países a organizarse territorialmente en regiones no preexistentes para poder recibir ayudas de esta política comunitaria”.

“Para analizar el caso español, parece obligado partir de la diferencia entre descentralización administrativa y descentralización fiscal”.

“En el ámbito de la política educativa tomemos, por ejemplo, la política de becas. La legislación básica corresponde al Estado mientras que las CCAA llevan a cabo su desarrollo normativo y gestión. Hasta el momento, sólo el País Vasco tiene transferida la competencia en materia de becas, pero antes o después esta competencia será asumida por las demás CCAA”.

“¿Deben pesar más los argumentos de equidad o los argumentos de eficiencia?”.

“El debate académico sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta. Desde la perspectiva de la provisión del servicio, parece existir también un consenso en que la iniciativa privada tiene mucho que aportar, como de hecho ya lo está haciendo a la hora de prestar servicios de atención domiciliaria o en construir y gestionar residencias y centros de día y de noche”.

“Otra cuestión relevante en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia son las importantes diferencias entre la aportación que hace el Ministerio de Sanidad y Política Social y el coste real para cada Comunidad Autónoma. En la Rioja, por tomar un ejemplo, una plaza residencial para una persona mayor con grado III le cuesta a la Comunidad Autónoma 2.200 €, mientras que la aportación del Ministerio es de 181,26 €”.

“Son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto que el proceso de construcción del Estado de las Autonomías ha conducido a un crecimiento importante del gasto público debido a la existencia, por un lado, de solapamientos en los gastos de los niveles central y subcentrales de gobierno; por otro, a una mayor presión de la demanda por parte de los ciudadanos de cada jurisdicción ante los responsables políticos de la misma. Pero hay también otra serie de efectos que contribuyen al riesgo de aumento en el tamaño del sector público. En primer lugar, los ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma no tienen la percepción de que los gastos que se realizan por el Gobierno subcentral tienen que ser sufragados por sus impuestos. Esta cuestión de la falta de corresponsabilidad fiscal en cada territorio, tantas veces argumentada, es una realidad que hace que los ciudadanos no perciban que mayores gastos en su circunscripción conducen a mayores impuestos”.

Habrá que hacer nuevamente un balance entre las ganancias de eficiencia derivadas de la provisión local con las posibles ineficiencias derivadas de los efectos señalados. En la asistencia sanitaria, por ejemplo, encontramos un su- puesto de efecto spillover significativo. Las poblaciones situadas en la costa mediterránea, como las de la Comunidad Valenciana, la catalana, o la balear, atienden a miles de personas a las que ofrecen un servicio gratuito y que no se computa a efectos de la financiación por el servicio que se les presta. Conceptualmente, la solución a este problema estaría en que las CCAA cuyos ciudadanos acuden a otra Comunidad Autónoma a recibir asistencia sanitaria aporten la financiación necesaria para ello (fondo de cohesión sanitaria) o que el sistema de financiación descuente recursos a las CCAA cedentes de ciudadanos y los atribuya a las CCAA receptoras. Lo mismo cabe decir respecto de la educación: las universidades, por ejemplo, que reciben sistemáticamente alumnos de otras jurisdicciones deberían recibir una financiación extra”.

“En 1975 había en España 28 universidades. Treinta años más tarde, en 2005, contábamos con 73”.

“Casi la mitad del gasto público es gestionado por los Gobiernos subcentrales. El Gobierno central apenas supera el 20%, correspondiendo el 30% restante a las prestaciones de la Seguridad Social”.

“Muchos de los problemas que se ponen de manifiesto en nuestro modelo de organización territorial, desde la perspectiva del federalismo fiscal, son fruto de una pérdida de poder del Gobierno central para actuar como agente disciplinador del comportamiento financiero de las CCAA y de la falta de capacidad para imponer una coordinación en la implementación de determinadas políticas de gasto”.

Próximamente en esta misma bitácora analizaremos las siguientes partes del informe.

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