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Cinco de las siete entidades financieras quebradas en Europa son cajas de ahorro españolas: los test de estrés evidencian el fracaso de la banca pública

Hace meses, el gobierno activó un rescate bancario. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no tuvo que preocuparse por ningún banco privado, sino que tuvo que comprometer miles de millones de euros a la banca pública española: las cajas de ahorro.

El 2 de junio, el gobierno había aprobado una serie de intervenciones por un valor superior a los 11,000 millones de euros (cifra reconocida recientemente por Elena Salgado, quien ha admitido que la cifra seguirá sumando ceros). Por supuesto, los contribuyentes tuvieron que pagar esta decisión, si bien existen alternativas mucho más lógicas. Por ejemplo, la subasta de las cajas de ahorro habría servido para privatizarlas y enjuagar sus balances.

Sin embargo, el Ejecutivo eligió emitir miles de millones para un programa incapaz de diferenciar entre buenos y malos activos financieros. Por supuesto, la decisión era equivocada y el FROB acabó agotando sus recursos. Cuando así sucedió, el Fondo Monetario Internacional fijaba en 17,000 millones de euros las necesidades de las cajas españolas, mientras que Cita estimaba esta cantidad en 34,000 millones.

Para consultar más información sobre el fracaso del FROB, hagan click aquí y aquí.

TESTS DE ESTRÉS

Hace semanas, el Banco Central Europeo anunció que publicaría los test de estrés de las entidades del viejo continente. Se decía que esta sería una forma de “frenar la especulación en los mercados”, lo que ya apuntaba a que los datos tendrían resultados sospechosamente positivos. De hecho, antes de que saliesen a la luz, Credit Suisse anunciaba que la morosidad del sistema financiero español es un 40% superior a la que figura en los resultados que ha publicado el BCE.

Como destaca Juan Ramón Rallo, la escasa transparencia característica de la contabilidad bancaria aconseja el escepticismo ante estos datos ahora desvelados. Así las cosas, según el BCE, cinco de las siete entidades europeas que suspenden esta prueba son cajas de ahorro españolas. Según los datos del Banco Central Europeo, entre los grupos suspendidos está la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (con un agujero de 1,032 millones), la andaluza Cajasur (intervenida por el Banco de España y con necesidades de financiación por encima de los 208 millones), el grupo Banca Cívica (formado por Caja Navarra, General de Canarias y Caja Burgos, con un desfase negativo de 406 millones) y el conglomerado Caja Duero-Caja España (que necesitará 127 millones). Fuera de España, una entidad alemana nacionalizada y un banco griego son los únicos que no pasan la prueba. Esto implica que la banca europea necesita 3,500 millones para salir adelante, y el 60% de dicha cantidad proviene de la mala gestión de las cajas de ahorro.

Conviene tener en cuenta que las mediciones de estrés analizan la solvencia, no la liquidez. Indican que se espera que los bancos puedan afrontar sus deudas, pero no pronostican si dispondrán de los recursos suficientes. Cuando esto no ocurre, la necesidad de anticipar la liquidación de activos empobrece más al banco en cuestión, y amplia notablemente sus pérdidas respecto a lo que anota el criterio de solvencia.

Otro problema se deriva del fuerte endeudamiento del Estado español. Los préstamos interbancarios están bajo mínimos, y la confianza de la banca internacional en nuestro país es muy reducida. Si a ello le unimos la lógica posibilidad de que, tarde o temprano, el BCE suba los tipos de interés y deje de comprar deuda nacional por la puerta de atrás, la situación sería catastrófica.

El mejor consejo que podrían seguir los bancos implicaría mejorar la liquidez de sus entidades con un incremento de sus saldos de tesorería. Habrá que conceder menos créditos hasta que las perspectivas sean mejores, y el reajuste de la economía española tendrá que basarse, como manda la lógica económica, en más ahorro y más libertad, en vez de depender del crédito barato e inagotable que algunos esperan que vuelva.

LA BANCA PÚBLICA

Joseph Stiglitz, uno de los economistas favoritos de los amigos del intervencionismo, ha pedido recientemente que se creen entidades financieras de capital público para salir de la crisis. Sin embargo, Stiglitz olvida que los bancos más importantes y determinantes del espectro financiero global ya están gobernados por políticos y ya son públicos. Estamos hablando, por supuesto, de los bancos centrales, cuya responsabilidad en esta crisis esta crisis es gigantesca.

En España, algunas voces piden más “banca pública” y olvidan que en España ya existe este modelo de gestión, si bien con otro nombre. Ese sistema, el sistema de cajas de ahorro, ha demostrado ser ineficiente, pues no tiene sentido meter la cosa pública en ámbitos que deben estar restringidos a la competencia. Para los que optan por la intervención como solución a los males del sistema financiero tendrían que asumir que Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Narcís Serra o Juan Pedro Hernández Moltó no son dirigentes bancarios por casualidad.

No debería haber sido difícil intuir que este sistema quebraría, ya que las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo (FROB, fusiones, intervención de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur…). Lo extraño es que algunos no comprendan que el Estado ha tenido toda la culpa en este asunto.

Ahora toca cambiar las cosas. Que el gobierno abriese la vía para la privatización total de las cajas no obedece a un criterio ideológico ni a una preferencia del Ejecutivo, sino a la aplastante lógica del libre mercado que tanto ha descalificado el Ejecutivo español desde el comienzo de la crisis. El 9 de julio, podíamos leer que la reforma de la LORCA aprobada por el Consejo de Ministros permitirá este cambio tan necesario. En realidad, por mucho que detesten al “mercado” y al “capital”, los sindicatos deberían ser los primeros en aplaudir este proceso: las llamadas fusiones, que apostaban por mantener el sistema de las cajas de ahorro tal y como estaba pese a agrupar algunas entidades, va a suponer el cierre de 6,000 oficinas y la pérdida de 30,000 empleos, según datos del subgobernador del Banco de España Javier Aríztegui.

Tras la reforma de la LORCA, cambiarán los siguientes aspectos:

– Las cajas de ahorro que hayan optado por la “fusión fría” serán convertidas en sociedades anónimas (al igual que ocurre con los bancos);

– Se elimina el límite del 5% de posesión de cuotas para un sólo inversor;

– Aumenta la libertad de emisión y de retribución de los productos financieros por parte de las entidades;

– Cambiarán los órganos de gobierno, y los consejos y comisiones en los que participan los representantes designados por los políticos ya no podrán controlar más del 40% de las decisiones;

– La mitad de los miembros del consejo de las entidades tendrá que acreditar su experiencia profesional y su cualificación para el cargo, evitando la incompetencia de muchos gestores “colocados” por los políticos;

– Se podrá dividir el negocio bancario en dos: por un lado, con la constitución de bancos propiamente dichos, y por otro, con la consolidación de la “obra social” mediante la creación de fundaciones (modelo ya practicado en Italia);

– Se permitirá que las cajas capten capital emitiendo derechos políticos a cuotas participativas.

Si el Estado español no fuese el monstruo burocrático que es hoy, no habría constituido este modelo financiero que ahora se derrumba. El intervencionismo de un poder público de dimensiones grotescas empieza a enfrentar las consecuencias de sus excesos. Quien opine que el sistema financiero español está desregulado, no debería olvidar que el devenir de los ahorros de millones de españoles depende de lo que decidan José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

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