Mes: julio 2010

La falsa reforma de las cajas de ahorro: cómo aprobar una ley capaz de cambiar todo… y de no cambiar nada

Joseph Stiglitz y muchos de quienes defienden el intervencionismo estatal han anunciado reiteradamente sus planes financieros para salir de la crisis. Las recetas no son siempre las mismas, pero hay un punto en el que muchos argumentos confluyen: la necesidad de regular fuertemente el sector financiero. Hablar de “nacionalización de la banca” se ha convertido en algo corriente dentro de estas reivindicaciones.

¿Deberíamos hacer caso a estas proclamas? No parece razonable: en España, no hay elementos financieros más intervenidos y participados por el Estado que las cajas de ahorro, y sin embargo, estas son las entidades que más dificultades están atravesando. De hecho, si hacemos caso a las pruebas de estrés del BCE, cinco de los siete bancos europeos con peor situación para afrontar la salida de la crisis son cajas de ahorro españolas. Por lo tanto, queda claro que colocar a representantes públicos en el sector financiero es un grave error, y pedir más de lo mismo nos conduciría a un aumento de las discrecionalidades y de los errores característicos de la gestión pública.

Además, no podemos olvidar que las cajas de ahorro ya suponen más del 50% del sector financiero, según depósitos o crédito, por lo que no se puede decir en ningún caso que este sea un mercado puramente libre. Los privilegios de las cajas de ahorro son tales que no hay casi ninguna comunidad autónoma en la que la banca comercial sea la entidad líder.

Puede que algún escéptico necesite más argumentos, así que tomo algunas líneas de un informe de Fernando Fernández para ilustrar las graves carencias de este decadente modelo financiero:

– El decreto Fuentes Quintana (2290/1977) entregó a las cajas nuevos privilegios, eliminando limitaciones a la cobertura geográfica o los niveles de activo y pasivo. Una vez más, el Estado introducía su voluntad en el mercado y hacía de las cajas un grupo financiero privilegiado.

– La llamada LORCA (ley 31/1985) dio presencia a las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de estas entidades. Así, el gobierno de las cajas de ahorro está, por supuesto, controlado en parte por gobiernos autonómicos y “agentes sociales” como los sindicatos.

– Las cajas tienen un estatus jurídico indefinido que permite que se conviertan en una especie de “bancos de desarrollo” al servicio de caprichos políticos (por ejemplo, el quebrado aeropuerto de Ciudad Real).

Aunque la LORCA pretendía ser reformada con el decreto publicado el pasado 13 de julio, la legislación aprobada no será determinante, y permitirá que la toma final de decisiones siga dependiendo de los deseos del Estado y sus representantes. Se supone que este decreto quería “despolitizar la gestión” y “dar solución a los problemas de captación de capital” que afrontan las cajas… pero se queda corto y acumula muchas deficiencias.

Como ha subrayado el informe de Fernando Fernández antes mencionado, nos encontramos ante soluciones incompletas y decepcionantes. Por ejemplo, se dice que se “limitará a un máximo del 40% la representación de las administraciones en los órganos de gobierno de las cajas”, pero la misma ley de OPAs reconoce que con menos del 40% ya podemos hablar de un “control dominante” en las corporaciones. La independencia seguirá siendo escasa, por lo tanto.

Otro ejemplo: las cajas seguirán siendo un engendro jurídico, ya que se ha evitado la conversión a modelos de sociedad anónima y el gobierno sigue dependiendo de nombramientos cerrados entre los privilegiados que acceden a sus órganos de gestión. Se manejan recursos fundamentales para millones de españoles, pero sin definirse la legitimidad legal que aprueba este proceso. El decreto no cambia esto, pese a que no sería algo tan difícil de hacer.

Más ejemplos: para captar recursos y conseguir el capital necesario, las cajas podrán convertirse en bancos comerciales a través de los llamados SIP (Sistemas Institucionales de Protección), que luego se capitalizarían con operaciones públicas de suscripción de acciones. El resultado sería mantener la caja original y costear la “obra social” con el dividendo correspondiente. Sin embargo, que esto ocurra de esta forma dependerá de los políticos que gestionan las cajas, ya que el decreto apenas apunta esta solución como un posible camino para estas entidades. Realmente, el sistema final es difícil de avanzar porque la legislación aprobada es una especie de menú abierto e indefinido.

Tomando el caso de las cuotas participativas, nos encontramos con una situación aparentemente positiva, ya que el decreto permite emitirlas hasta alcanzar el 50% de su patrimonio neto. Esas cuotas supondrían una participación en el reparto de beneficios y en los derechos de voto en la caja. Además, se ha eliminado el límite del 5% en manos de un solo tenedor. Sin embargo, esta situación deja abierta la puerta a diferentes retrocesos. El más evidente: diversas entidades públicas o semipúblicas podrán convertirse en participantes de este proceso, lo que perpetuaría la presencia estatal en el sector. Ya hemos visto recientemente cómo el Instituto de Finanzas de una comunidad decide “nacionalizar” para dicha región una línea aérea…

No olvidemos tampoco que la conversión de las cajas en bancos comerciales propiamente definidos jurídicamente va a depender de mayorías reforzadas de Asambleas controladas por dirigentes públicos. De esta forma, si la política no desea que una caja se convierta y prefiere que siga existiendo como hasta ahora, es muy probable que así suceda.

Con este decreto, las leyes españolas vuelven a demostrarse incapaces de defender tajantemente la limitación del Estado y la libertad económica. Seguimos pensando que la “buena fe” de los servidores públicos conseguirá el buen funcionamiento de la legislación, evitando excesos… pero el Estado de las Autonomías es el mejor ejemplo de que esto no es así.

Cuando Italia reformó su sistema financiero en 1990, la Ley Amato impuso obligatoriamente la conversión de las bancas de ahorro en entidades financieras comerciales. El proceso también limitó el plazo de ejecución de la reconversión a cuatro años, otro punto que en España ha sido ignorado.

Con esta reforma de la LORCA, como bien dice Fernando Fernández, “se abren expectativas pero no se cierra ninguna… se permite la privatización, pero no se impone… se permite que muchas cosas cambien, pero también se permite que nada cambie…”. Estamos ante una falta de dirección y definición que podrá resultar muy perjudicial para el proceso de reestructuración financiero español. Lo único que cabe destacar, por tanto, es que la reforma es coherente: es una ley deficiente para un modelo deficiente, ocurrida después de un rescate deficiente, y aprobada por una clase política deficiente.

Seis bancos alemanes no dieron todos los detalles en los test de estrés

Información publicada en la edición del 26 de julio de 2010 del diario El Economista.

Seis de los 14 bancos alemanes que se sometieron a las pruebas de solvencia del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) no dieron todos los datos sobre sus cuentas, ya que no detallaron su cartera de deuda soberana.

Según informa hoy el diario Financial Times, los bancos que no cumplieron el compromiso de facilitar toda la información para calibrar su capacidad de respuesta a una eventual nueva recesión fueron el Deutsche Bank, el Hypo Real Estate, el Landesbank Berlin, el Postbank, y los grupos los grupos DZ y WGZ.

En una entrevista con este diario, el secretario general de la CEBS, Arnoud Vossen, recordó que “acordamos con todas las autoridades supervisoras y con los bancos que en este ejercicio se revelarían todos los datos sobre riesgos soberanos”.

El CEBS evaluó a un total de 91 grupos financieros, de los cuales siete suspendieron la prueba al constatar que no podrían superar el límite del 6% en ratio Tier 1 -que refleja el capital, las reservas y las acciones preferentes de una entidad para hacer frente a los riesgos asumidos- en un escenario de serio deterioro económico.

De esas siete entidades, cinco fueron cajas de ahorro españolas -Cajasur, Diada, Espiga, Banca Cívica y UNNIM- y las otras dos el alemán Hypo Real Estate Holding (nacionalizado por el Estado alemán) y el griego ATEbank (Agricultural Bank of Greece).

El objetivo de la prueba de solvencia era recuperar el clima de confianza en el sistema financiero europeo, pero analistas citados por este diario señalaron que el incumplimiento por parte de los bancos alemanes suscitara sospechas acerca de que ocultan algo.

¿Efecto contrario al esperado?

El efecto de las llamadas pruebas de solvencia puede ser el contrario al deseado, afirman estos analistas, que consideran que la irregularidad detectada en los bancos alemanes puede socavar un poco más la confianza en estas pruebas, que ya fueron cuestionadas por no contemplar el escenario de la suspensión de pagos de un país.

Cuestionado sobre esta última cuestión, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio, manifestó el viernes en Londres, tras la presentación del informe, que si no se contempló una suspensión de pagos nacional fue porque “no creemos que vaya a haber suspensiones de pagos por parte de ningún país”.

“El default es algo que no se ha asumido en ninguna prueba hecha en ninguna parte sobre deuda soberana”, añadió el vicepresidente del BCE, quien señaló que “si los mercados quieren saber cuál sería el impacto en la banca de una suspensión de pagos nacional deben realizar ellos mismos el cálculo con los datos provistos”.

Responsables de las autoridades bancarias alemanas afirmaron que la legislación nacional establece que no pueden forzar a los bancos a publicar detalles como el de la cartera de deuda soberana.

Un banquero no identificado dijo al Financial Times: “hubo discusión en Alemania acerca de si publicar las carteras de deuda soberana y en un momento dado se dijo a los bancos que era obligatorio, pero al final el Bafin no lo exigió”.

Vossen no quiso comentar en la entrevista con el diario la decisión de las entidades financieras alemanas, pero aseguró que “será uno de los asuntos que trataremos a continuación”.

“Acordamos que se facilitaría esta información (…). Tenemos que hablar”, dijo el secretario general de la CEBS.

La mitad de las cajas suspenden sin ayudas

Información de El Economista en su edición del 26 de julio de 2010.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha resultado ser la panacea para las cajas de ahorros que más han sufrido el azote de la crisis. Aunque ni para las catalanas ni para las castellanoleonesas ha surtido los efectos esperados, para el resto de las entidades que acudieron a ese mecanismo de rescate los 12.000 millones, con los que se ha engrasado el proceso de reestructuración financiera, ha sido determinante para sacar una buena nota en los test de estrés.

Mención aparte merece el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lideran Cajastur y CAM -cuyo éxito hoy se dilucida- y que logra un aprobado raspado del 6 por ciento de Tier1 sin contabilizar las ayudas del Frob ante el escenario más adverso que se plantea en las pruebas de tensión.

Sin embargo, hay que recordar que en esa unión también habría que contabilizar las ayudas que recibió la asturiana a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) por tomar el control de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y que son previas a la aparición del Frob. El importe de esas ayudas se situaría en torno a los 5.300 millones.

La decisión del Banco de España de permitir a las entidades que recurrieron al Frob que computaran como capital esas ayudas ha permitido al SIP que comandan Caja Madrid y Bancaja que su Tier 1 (capital de primera calidad) alcanzara el aprobado en el escenario más adverso que contemplaba el test de estrés. Sin las ayudas se quedaría en el 4,2, mientras que la inyección de 2,1 puntos porcentuales le ha permitido superar las exigencias de solvencia en tres puntos básicos.

Algo parecido le habría ocurrido a la cajas gallegas. La unión de Caixanova y Caixa Galicia sin haber recurrido al Frob hubiese arrojado un Tier1 del 4,2 por ciento en las pruebas de resistencia europeas ante el escenario más adverso. Sin embargo, las inyección de 1.162 millones de euros del fondo de reestructuración le ha permitido mejorar un 2,5 por ciento esa nota.

La solvencia de Mare Nostrum también hubiese naufragado en las pruebas de resistencia de no haber intervenido el Frob. La unión de Cajamurcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada presentaba un solvencia del 4,9 por ciento que, gracias a los dos puntos porcentuales que le inyectó el Frob, le llevaron a superar las pruebas de estrés en el más adverso de los escenarios, incluso, con nota.

No obstante, hay que aclarar que tanto Júpiter (la fusión que lideran Caja Madrid y Bancaja, y en la que también están Caixa Laietana, la Insular de Canarias, Ávila, Segovia y Rioja), como Breogán (Caixanova y Caixa Galicia), como Mare Nostrum superan holgadamente el escenario central que se planteaba en los test de estrés. De hecho, alcanza notas del 6,7 por ciento, 7,6 por ciento y del 7,7 por ciento, respectivamente.

Ranking financiero español según los test de estrés del BCE

Información de Expansión.com

Banca March, BBK y Kutxa han obtenido los mejores resultados entre las entidades españolas en las pruebas de estrés, seguidos de los dos grandes bancos (Santander y BBVA), de acuerdo con los resultados de estos ‘test’. Cuatro grupos de cajas y CajaSur suspenden.

En concreto, Banca March lograría, en el peor de los escenarios, situar el Tier 1 (nivel de capital, más reservas, más preferentes) en el 19% en el año 2011, mientras que BBK lo situaría en el 14,1%, si bien las pruebas efectuadas a la entidad vasca no tienen en cuenta la absorción de CajaSur.

Ránking en el peor de los escenarios:

1º. Banca March: 19%.

2º BBK (sin CajaSur): 14,1%.

3º Kutxa: 10,6.

4º. Santander: 10%.

5º. BBVA: 9,3%.

6º Unicaja: 9%.

7º CAM, Cajastur, Cantabria y Extremadura: 7,8%.

8º La Caixa y Caixa Girona: 7,7%.

9º Banco Sabadell (sin Banco Guipuzcoano): 7,2%.

10º Caixa Galicia y Caixanova: 7,2%.

11º Banco Popular: 7%.

12º Caja Vital Kutxa: 7%.

13º Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Granada: 7%.

14º. Bankinter: 6,8%.

15º Ibercaja: 6,7%.

16º Ontinyent: 6,6%.

17º Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja: 6,3%.

18º Caixa Pollensa: 6,2%.

19º Banco Guipuzcoano: 6,1%.

20º CAI, Círculo de Burgos y Caja Badajoz: 6,1%.

21º Banco Pastor: 6%.

22º CajaSol y Caja Guadalajara: 6%.

23º Caja Duero y Caja España: 5,6%

24º Banca Cívica: 4,7%.

25º Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu: 4,5%.

26º CajaSur: 4,3%.

27º Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa: 3,9%.

Cinco de las siete entidades financieras quebradas en Europa son cajas de ahorro españolas: los test de estrés evidencian el fracaso de la banca pública

Hace meses, el gobierno activó un rescate bancario. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no tuvo que preocuparse por ningún banco privado, sino que tuvo que comprometer miles de millones de euros a la banca pública española: las cajas de ahorro.

El 2 de junio, el gobierno había aprobado una serie de intervenciones por un valor superior a los 11,000 millones de euros (cifra reconocida recientemente por Elena Salgado, quien ha admitido que la cifra seguirá sumando ceros). Por supuesto, los contribuyentes tuvieron que pagar esta decisión, si bien existen alternativas mucho más lógicas. Por ejemplo, la subasta de las cajas de ahorro habría servido para privatizarlas y enjuagar sus balances.

Sin embargo, el Ejecutivo eligió emitir miles de millones para un programa incapaz de diferenciar entre buenos y malos activos financieros. Por supuesto, la decisión era equivocada y el FROB acabó agotando sus recursos. Cuando así sucedió, el Fondo Monetario Internacional fijaba en 17,000 millones de euros las necesidades de las cajas españolas, mientras que Cita estimaba esta cantidad en 34,000 millones.

Para consultar más información sobre el fracaso del FROB, hagan click aquí y aquí.

TESTS DE ESTRÉS

Hace semanas, el Banco Central Europeo anunció que publicaría los test de estrés de las entidades del viejo continente. Se decía que esta sería una forma de “frenar la especulación en los mercados”, lo que ya apuntaba a que los datos tendrían resultados sospechosamente positivos. De hecho, antes de que saliesen a la luz, Credit Suisse anunciaba que la morosidad del sistema financiero español es un 40% superior a la que figura en los resultados que ha publicado el BCE.

Como destaca Juan Ramón Rallo, la escasa transparencia característica de la contabilidad bancaria aconseja el escepticismo ante estos datos ahora desvelados. Así las cosas, según el BCE, cinco de las siete entidades europeas que suspenden esta prueba son cajas de ahorro españolas. Según los datos del Banco Central Europeo, entre los grupos suspendidos está la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (con un agujero de 1,032 millones), la andaluza Cajasur (intervenida por el Banco de España y con necesidades de financiación por encima de los 208 millones), el grupo Banca Cívica (formado por Caja Navarra, General de Canarias y Caja Burgos, con un desfase negativo de 406 millones) y el conglomerado Caja Duero-Caja España (que necesitará 127 millones). Fuera de España, una entidad alemana nacionalizada y un banco griego son los únicos que no pasan la prueba. Esto implica que la banca europea necesita 3,500 millones para salir adelante, y el 60% de dicha cantidad proviene de la mala gestión de las cajas de ahorro.

Conviene tener en cuenta que las mediciones de estrés analizan la solvencia, no la liquidez. Indican que se espera que los bancos puedan afrontar sus deudas, pero no pronostican si dispondrán de los recursos suficientes. Cuando esto no ocurre, la necesidad de anticipar la liquidación de activos empobrece más al banco en cuestión, y amplia notablemente sus pérdidas respecto a lo que anota el criterio de solvencia.

Otro problema se deriva del fuerte endeudamiento del Estado español. Los préstamos interbancarios están bajo mínimos, y la confianza de la banca internacional en nuestro país es muy reducida. Si a ello le unimos la lógica posibilidad de que, tarde o temprano, el BCE suba los tipos de interés y deje de comprar deuda nacional por la puerta de atrás, la situación sería catastrófica.

El mejor consejo que podrían seguir los bancos implicaría mejorar la liquidez de sus entidades con un incremento de sus saldos de tesorería. Habrá que conceder menos créditos hasta que las perspectivas sean mejores, y el reajuste de la economía española tendrá que basarse, como manda la lógica económica, en más ahorro y más libertad, en vez de depender del crédito barato e inagotable que algunos esperan que vuelva.

LA BANCA PÚBLICA

Joseph Stiglitz, uno de los economistas favoritos de los amigos del intervencionismo, ha pedido recientemente que se creen entidades financieras de capital público para salir de la crisis. Sin embargo, Stiglitz olvida que los bancos más importantes y determinantes del espectro financiero global ya están gobernados por políticos y ya son públicos. Estamos hablando, por supuesto, de los bancos centrales, cuya responsabilidad en esta crisis esta crisis es gigantesca.

En España, algunas voces piden más “banca pública” y olvidan que en España ya existe este modelo de gestión, si bien con otro nombre. Ese sistema, el sistema de cajas de ahorro, ha demostrado ser ineficiente, pues no tiene sentido meter la cosa pública en ámbitos que deben estar restringidos a la competencia. Para los que optan por la intervención como solución a los males del sistema financiero tendrían que asumir que Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Narcís Serra o Juan Pedro Hernández Moltó no son dirigentes bancarios por casualidad.

No debería haber sido difícil intuir que este sistema quebraría, ya que las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo (FROB, fusiones, intervención de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur…). Lo extraño es que algunos no comprendan que el Estado ha tenido toda la culpa en este asunto.

Ahora toca cambiar las cosas. Que el gobierno abriese la vía para la privatización total de las cajas no obedece a un criterio ideológico ni a una preferencia del Ejecutivo, sino a la aplastante lógica del libre mercado que tanto ha descalificado el Ejecutivo español desde el comienzo de la crisis. El 9 de julio, podíamos leer que la reforma de la LORCA aprobada por el Consejo de Ministros permitirá este cambio tan necesario. En realidad, por mucho que detesten al “mercado” y al “capital”, los sindicatos deberían ser los primeros en aplaudir este proceso: las llamadas fusiones, que apostaban por mantener el sistema de las cajas de ahorro tal y como estaba pese a agrupar algunas entidades, va a suponer el cierre de 6,000 oficinas y la pérdida de 30,000 empleos, según datos del subgobernador del Banco de España Javier Aríztegui.

Tras la reforma de la LORCA, cambiarán los siguientes aspectos:

– Las cajas de ahorro que hayan optado por la “fusión fría” serán convertidas en sociedades anónimas (al igual que ocurre con los bancos);

– Se elimina el límite del 5% de posesión de cuotas para un sólo inversor;

– Aumenta la libertad de emisión y de retribución de los productos financieros por parte de las entidades;

– Cambiarán los órganos de gobierno, y los consejos y comisiones en los que participan los representantes designados por los políticos ya no podrán controlar más del 40% de las decisiones;

– La mitad de los miembros del consejo de las entidades tendrá que acreditar su experiencia profesional y su cualificación para el cargo, evitando la incompetencia de muchos gestores “colocados” por los políticos;

– Se podrá dividir el negocio bancario en dos: por un lado, con la constitución de bancos propiamente dichos, y por otro, con la consolidación de la “obra social” mediante la creación de fundaciones (modelo ya practicado en Italia);

– Se permitirá que las cajas capten capital emitiendo derechos políticos a cuotas participativas.

Si el Estado español no fuese el monstruo burocrático que es hoy, no habría constituido este modelo financiero que ahora se derrumba. El intervencionismo de un poder público de dimensiones grotescas empieza a enfrentar las consecuencias de sus excesos. Quien opine que el sistema financiero español está desregulado, no debería olvidar que el devenir de los ahorros de millones de españoles depende de lo que decidan José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Paul Krugman culpa de la crisis… ¡a los empresarios!

Hace años, Paul Krugman pedía a la Reserva Federal que mantuviese el precio del dinero bajo mínimos. El hijo predilecto del progresismo (en lo relativo a los asuntos económicos) tenía claro que potenciar una burbuja inmobiliaria sería algo muy positivo para Estados Unidos y el resto del mundo. Los años han demostrado que su receta ha sido catastrófica.

Sin embargo, Krugman no se da por aludido y publica semanalmente nuevos disparates contra la economía de mercado. En su columna de hace unas semanas, el norteamericano admitió que el Plan Obama tuvo un resultado “decepcionante” para la creación de empleos… pero prefirió culpar de ello ¡a los empresarios!

Para Krugman, “los negocios estadounidenses estarían felices con Obama en un universo racional”. ¿Debemos asumir, entonces, que todo el que no comulgue con la política económica del Ejecutivo estadounidense no sólo es irracional, sino que casi resulta un extraterrestre? ¿Tan maravillosa es la política económica de la Casa Blanca que la burocracia de Washington tiene toda la razón pero millones de empleadores están equivocados?

Una de las medidas que toma Krugman para medir la temperatura económica es la Bolsa de Nueva York. Poco importa el resto del mercado: si Wall Street está mejor, eso significa que todos los empresarios deben estar mejor, y el que tenga algo que objetar, será porque pertenece a otro universo lleno de gente irracional…

El caso es que Krugman opina que hay una “profusión de alegatos demasiado críticos con las subidas de impuestos, la imposición de mayores regulaciones o el aumento del déficit presupuestario”. ¿Debemos asumir, entonces, que los empresarios tienen que aplaudir la creación de nuevas obstrucciones a su actividad? ¿Debemos defender, acaso, la creciente obesidad del Estado frente a la progresiva delgadez del mercado? No parece lógico.

Krugman define a los empresarios como un “coro que siempre se queja de los impuestos, las regulaciones y el déficit”. Lástima que el economista aún no haya entendido el efecto de dichas políticas en el irrenunciable papel que tiene ese “coro” para la recuperación y el crecimiento económico.

Para el economista norteamericano, todas estas quejas obedecen a esfuerzos de grupos de poder y asociaciones dedicadas al cabildeo político. No deberían parecerle tan ilegítimas, teniendo en cuenta que muchos lobbies han sido fundamentales para la elección del presidente cuya política económica defiende ciegamente contra toda evidencia empírica.

Al menos sabemos que su opinión es minoritaria: un estudio reciente ha demostrado que el 70% de los americanos cree en un capitalismo más libre y profundo para salir de la crisis. Apenas el 30% apoya el camino de la planificación y la intervención. Por eso, por mucho que Krugman pida que el gobierno “haga más para promover la recuperación”, es comprensible que la mayoría de sus compatriotas se muestre cada vez más agobiado por este insaciable Leviatán llamado Estado.

Otro impuesto: el gobierno de Zapatero quiere instaurar un “canon” para financiar RTVE

Esta semana conocíamos que Bruselas prepara una sanción a España por un nuevo abuso a la libertad económica: la “tasa” de financiación de RTVE impuesta a los ingresos de las compañías de telecomunicaciones.

Hace menos de un año, en septiembre de 2009, el Ejecutivo español decidió suprimir la publicidad comercial en Radio Televisión Española. En vez de dar un primer paso hacia la privatización de RTVE, el gobierno apostaba de esta forma por mantener un monstruo burocrático experto en despilfarro y en manipulación informativa.

El Ejecutivo decidió que su capricho debía ser financiado por las demás televisiones españolas, gravando sus ingresos comerciales con un impuesto del 3% para las televisiones “en abierto” y del 1,5% para las emisoras “de pago”. Pero esto no era suficiente: las operadoras de telecomunicaciones fueron incorporadas al gravamen, obligando a desembolsar el 0,9% de sus ingresos anuales.

Desde la Justicia Europea se destaca ahora que no existe una justificación real para que dichas compañías asuman los gastos de funcionamiento de RTVE. Sin embargo, las injusticias apenas comienzan: aunque las compañías de telecomunicaciones podrían recuperar ese 0,9%, el Ejecutivo está preparando un nuevo impuesto aplicado a todos los ciudadanos para “compensar” esta nueva situación.

Ese “canon ciudadano” ya fue estudiado hace meses,  y ahora podría ser incorporado en la paupérrima e intervencionista Ley de Economía Sostenible. De esta forma, los ciudadanos serán más pobres, pero “por una buena causa”. Bajo el paraguas del buenismo, nos dirán que RTVE ofrece un “servicio público”. El problema con los servicios públicos es que millones de españoles no están de acuerdo con su financiación, pero la coacción estatal conseguirá pasar por alto este “pequeño” detalle para aprobar un nuevo robo al bolsillo del contribuyente.

El gobierno español eliminará 100 subdirecciones para ahorrar 8 millones de euros

La información, tomada de Expansión, es la siguiente:

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la reducción del 8% al 5% del máximo de vacantes que pueden tener los departamentos de la Administración General del Estado. Además, suprimirá cerca de 100 subdirecciones para ahorrar 8 millones de euros.

“Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad y la eficiencia de la Administración, y a la vez el proyecto y el objetivo de la modernización del servicio público”, explicó en su comparecencia en la comisión constitucional en el Congreso para informar sobre el plan de ajuste adicional, que, entre otras medidas, contempla la rebaja del 5% de media de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y su congelación en 2011.

El plan se une a una medida similar aprobada hace algunas semanas, en la que la reducción de altos cargos habría supuesto 16 millones de euros menos en el gasto público. Sin embargo, la medida es lógicamente insuficiente, y pese a que debe ser aplaudida, será casi insignificante si no se acompaña de ajustes mucho más profundos en el gasto del Estado español.

Sólo 4 de cada 100 españoles quiere ser empresario

Según una encuesta del portal de empleo Monster presentada el lunes, a un 72% de los españoles le gustaría ser empleado público. Atrás han quedado los sueños que las novelas atribuyen a la juventud fantasiosa (hacerse rico, montar un negocio, crear algo nuevo con imaginación y trabajo…); en julio de 2010, casi tres de cada cuatro adultos quiere ser funcionario. Además, sólo el 17% alega una vocación, mientras que el 55% se queda con una explicación más prosaica: ganar un sueldo para toda la vida y disfrutar de horarios cómodos.

Frente a estos datos, destaca el estudio publicado hace unos meses por Global Entrepeneurship Monitor (GEM), que señalaba que sólo el 4% de los españoles, de entre los que no son aún empresarios, tiene “intenciones emprendedoras”. Es decir, que sólo uno de cada 25 aspira a montar una empresa, un porcentaje que sitúa a los hispanos en el antepenúltimo lugar de la lista de los países avanzados sólo superados por japoneses y daneses. De esta manera, por cada 18 aspirantes a funcionarios sólo hay un empresario en ciernes.

Así, entre las economías avanzadas, España es la quinta peor situada en oportunidades percibidas de negocio (con sólo un 16% de personas que declaran conocer alguna), la antepenúltima en miedo al fracaso y en el estatus otorgado a los emprendedores (sólo el 55% de los españoles los sitúa en lo alto de la escala social, frente al 88% de los finlandeses que admiran a sus empresarios de éxito); y la cuarta por la cola en la atención que los medios de información guardan para sus empresarios. Unos resultados con los que no es extraño que sólo el 4% de los españoles declaren tener “intenciones emprendedoras”.

Los motivos aducidos por los encuestados para querer ser funcionarios (ganar un sueldo para toda la vida y disfrutar de horarios cómodos) adquieren algo más de lógica cuando se analizan los datos de la economía hispana. Lo cierto es que pocos trabajadores españoles disfrutan de horarios cómodos fuera del sector público.

Gallardón intentó endeudar más a los madrileños

Gallardón sigue intentando endeudar más a los madrileños, pese a que ya es con mucho el ayuntamiento más endeudado de España. Lo que a principios de semana se vendió como una operación para ahorrar 257 millones nace en realidad de la denegación de Economía de permiso para adquirir nueva deuda.

Tal y como se desprende del texto completo del propio acuerdo del Pleno Municipal, la petición de endeudamiento no era para financiar deuda ya existente, o al menos no sólo, como queda bien claro en el primer párrafo del texto: “el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2010 contiene en el capítulo 9 de estado de ingresos del centro 001, una previsión de endeudamiento por importe de 257.381.385 euros para la financiación parcial de las inversiones municipales y de las aportaciones de capital previstas para este ejercicio”.

Es decir, que como mínimo una parte de este dinero estaba previsto para “la financiación parcial de las inversiones” y no para la refinanciación de deuda. El mismo documento cuenta que la petición se tramitó ante “los órganos componentes del Ministerio de Economía y Hacienda” el pasado 8 de abril, fecha desde la cual no se había recibido la resolución. Este silencio de Hacienda ha obligado al Ayuntamiento a prever un plan, todavía no completamente trazado, para detraer ese dinero de otras partidas presupuestarias.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha disparado de forma monstruosa desde la llegada de Ruiz Gallardón a la alcaldía. Según los datos del Banco de España que se recogen en el siguiente cuadro, en el año 2003 cuando fue elegido la deuda de la capital era de 1.455 millones, mientras que en este momento supera los 7.300.

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