Mes: junio 2010

Devolver 400 euros costó 5,700 millones: congelar las pensiones supone apenas 1,500

Aunque un alto cargo socialista no dudó en afirmar que “no es de nadie”, el dinero público es de todos, y lo que se hace con él debe ser fiscalizado hasta el último céntimo.

Hace ahora más de dos años, al calor de la cita con las urnas, el actual presidente del Ejecutivo español prometió una devolución de 400 euros a los contribuyentes como medida anti-crisis.

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Muchos advirtieron de las carencias de dicho anuncio. Por ejemplo, entregaba 400 euros por igual a rentas altas, medias y bajas. Sin embargo, la medida salió adelante.

¿Cuánto supuso aquello? Nada más y nada menos que 5,700 millones de euros menos en la Hacienda pública. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta cifra, podemos compararla con el ahorro de 1,500 que supondrá la congelación de las pensiones en 2011 o los 2,400 millones que se ahorrará el Estado con la rebaja del 5% del salario de los funcionarios.

La medida se anunció de forma precipitada, y se convirtió en la única promesa económica de calado que el PSOE incluyó en su programa para las Elecciones Generales de 2008. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, como dice el refrán.

Los “ultras” de El País

En noviembre de 2008, el diario El País publicaba una nota titulada “La escuela ultraliberal de Madrid” en la que calificaba de extremista un programa que supuestamente estarían discutiendo las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. ¿A qué llama “ultra” El País? Analicemos punto por punto el texto:

“Sindicatos: Los liberados sindicales son una casta privilegiada y partidista, no hacen nada por los trabajadores. La actividad sindical debería ser libre y autofinanciada, no pagada por los impuestos. Todos les pagamos su salario por no trabajar nada”.

Veamos: un empresario les contrata para que presten sus servicios, pero ellos dedican parte su jornada a actividades de “representación fiscal”. Mientras hace lo propio, sigue cobrando íntegramente su salario. ¿No son acaso los liberados sindicales una casta privilegiada dentro del marco laboral?

Por su parte, el texto también vincula a los sindicatos con el partidismo político. ¿Tan “ultra” es afirmar algo así? La Unión General de Trabajadores está vinculada al Partido Socialista desde sus comienzos. Pablo Iglesias, quien constituyó también el PSOE, fue el fundador de dicha central sindical. Por su parte, Comisiones Obreras estuvo vinculada desde sus inicios al Partido Comunista de España. Si además de estos vínculos formales consideramos el apego demostrado por UGT y CC.OO a las políticas del gobierno socialista, parece obvio que no es tan “ultra” pensar que los sindicatos tienen bastante de “partidistas”.

El artículo también parece olvidar que, en efecto, la actividad sindical está financiada con los impuestos de todos los contribuyentes. Por lo tanto, parece que el adjetivo “ultra” no acaba de encajar en este primer párrafo. Sigamos.

“Educación: Nos oponemos a las políticas socialistas que quieren igualar por la base, castigando el valor y el mérito. Proponemos aumentar la pluralidad de la oferta educativa de nuestra región, a través de la iniciativa privada”.

Con un sistema educativo fracasado como el español, proponer un cambio no debería ser considerado “ultra”, extremista o alarmante, sino como algo lógico. No en vano, la educación española ha recibido numerosos varapalos por los diferentes estudios que miden su excelencia.

El País considera igualmente “ultra” el oponerse a las políticas educativas que castigan el valor y el mérito. ¿Deberíamos seguir permitiendo que los alumnos sigan pasando de curso con varias asignaturas suspendidas? No creo que defender otro camino sea digno de “ultras”.

“Empleo público: Pretenden crear un Estado de personas subvencionadas que no luchen por mejorar sus condiciones vitales. No creemos en “Papá Estado”. Menos impuestos, menos empleados públicos y más emprendedores”.

Veamos: España tiene 3,1 millones de funcionarios y 3 millones de emprendedores. Es evidente que necesitamos más empleadores para recuperar el dinamismo de nuestra economía, y es evidente que el crecimiento del sector público ha sido demasiado avanzado en los últimos años. ¿Es “ultra” defender lo contrario? No estaría mal que El País razonase tal acusación.

Tampoco entiendo qué es tan “ultra” en esa exhortación a una bajada de impuestos. ¿No dijo Rodríguez Zapatero, respaldado a diario por El País, que “bajar los impuestos es de izquierdas”? ¿En qué quedamos? ¿Es de izquierdas si lo dice Zapatero y es de “ultras” si lo dicen otros?

Los indicadores de la crisis

La Fundación FAES publica, como cada mes, los Indicadores Económicos más relevantes para el análisis de nuestra situación económica. A continuación ofrecemos una síntesis de algunos de ellos. Para consultar el informe completo, hagan click aquí.

Más reformas para reducir el déficit

Siguiendo la línea de textos anteriores, las siguientes líneas proponen algunas medidas capaces de reducir el gasto público español:

– Reducción del número de cargos electos. La Constitución fija el mínimo de diputados para el Congreso en 300, pero hoy tenemos 350. Debemos abordar ese recorte también a nivel regional: Andalucía, por ejemplo, tiene 109 parlamentarios autonómicos.

– Las Diputaciones Provinciales deberían ser suprimidas. Sus competencias bien pueden repartirse entre autonomías y municipios, y su gasto corriente quedaría abolido de esta forma.

– Debemos estimular la fusión de gobiernos locales. Se calcula que consolidar los Ayuntamientos pequeños, mediante un proceso de fusión ordenado. De esta forma, se adelgazaría el gasto público de las corporaciones locales, pero los servicios seguirían estando garantizados.

– Congelar la contratación de empleados públicos. España no se puede permitir más oleadas de nuevos funcionarios durante muchos años. Centrémonos en reformar la eficiencia de la administración antes de contratar a nuevos trabajadores para la misma. Un ejemplo de esta ineficiencia lo tenemos en la Educación: tenemos un muy alto número de profesores por alumno, pero las malas leyes educativas y la ausencia de un “cheque escolar” minan el potencial de excelencia para alumnos y centros educativos.

Para visitar otros artículos referidos al gasto público y el recorte del déficit, pueden hacer click en los siguientes enlaces:

– El coste del rescate bancario: la factura del FROB sin incluir las últimas fusiones.

– Los intereses de la deuda se comerán el plan de ajuste.

– El despilfarro y las subvenciones en España: una aproximación.

– Las subvenciones del gobierno de Zapatero.

– Las consecuencias del FROB y la inacción del gobierno: fuga de capitales y despilfarro de recursos.

– Contra la cultura subvencionada.

– Los rescates del gobierno español.

Conspiraciones y chivos

Lorenzo Bernaldo de Quirós afirmaba hace semanas en El Economista que los mercados “son estabilizadores en tanto no están dispuestos a sostener a países que no hacen sus deberes”. No le falta razón, pero su reflexión no encaja bien con las actitudes demostradas por el gobierno español desde hace semanas.

La verdad oficial del gobierno que preside Rodríguez Zapatero interpreta la crisis como un cúmulo de conspiraciones contra la economía española. La búsqueda de “chivos expiatorios” ha sido tan recurrente que el Wall Street Journal dedicó un duro editorial en febrero al asunto. Para el WSJ, las “teorías conspirativas” y los “argumentos paranoicos” han sido los principales causantes de la falta de confianza de los inversores en la gestión del gobierno.

Entonces, el periódico más leído de los Estados Unidos afirmaba que “la paranoia suele ser un síntoma, si no una causa, de la decadencia de las civilizaciones”. Por aquel entonces, el Centro Nacional de Inteligencia inició una “investigación” sobre las “presiones especulativas sobre España”, mientras el ministro de Fomento José Blanco vinculó la desconfianza de los mercados a “maniobras un tanto turbias”.

El ridículo fue a más, lejos de quedarse en una triste anécdota. La deuda española se vendía cada vez más cara, fruto de la inacción gubernamental. Sin embargo, José Blanco seguía afirmando que “nada de lo que ocurre es casual o inocente”, criticando incluso los “editoriales de periódicos extranjeros” que cuestionaban la labor del gobierno.

El Financial Times no tardó en reaccionar. Mientras el gobierno español hablaba de “demonización”, el diario británico llamaba “simple” al Ejecutivo por alimentar este tipo de teorías. Lejos de asumir medidas de ajuste presupuestario, y sin plantear reforma laboral alguna, el gobierno parecía esperar el respaldo de los periódicos y los mercados con todas las cifras en su contra.

Así las cosas, el partido de gobierno ha seguido lanzando ataques a “los especuladores”, “los mercados”… Incluso el ex presidente socialista Felipe González afirmó que “la culpa de la crisis la tiene Aznar”. La explicación dominante en las tesis oficiales defendió la inocencia del Ejecutivo frente a la culpabilidad extrema, pero las cifras del paro y el endeudamiento de las cuentas públicas han acabado estrellando a los conspiradores con la triste realidad.

Todos estos argumentos, además, son defendidos por los medios afines al gobierno, reforzando esta falsa ilusión que demuestra que el hombre no tiene mejor amigo que el chivo expiatorio, como bien dice Carlos Rodríguez Braun.

¿Tan difícil es entender que la ausencia de reformas perjudica a nuestra economía y compromete la confianza de quienes invierten en España? ¿Tan difícil es entender que un inversor no coloca su dinero en nuestro país si no confía en situación económica?

Los mercados han alertado al gobierno de la situación en repetidas ocasiones. La apuesta por España no es segura si no cambian las cosas, y por eso nuestro bono de deuda y nuestra Bolsa han visto huir a muchos inversores.

El único culpable de la ausencia de reformas es el gobierno español, y si queremos encontrar culpables, empecemos por reconocerlo.

El coste del rescate bancario: la factura del FROB sin incluir las últimas fusiones

Ya hemos analizado la necesidad de abordar importantes ajustes presupuestarios en varios capítulos del gasto público español. Con un déficit por encima del 11%, los 15,000 millones de euros que pretende “ahorrar” el gobierno no serán suficientes.

El Ejecutivo no es el único culpable. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se produjo con el apoyo del PNV y Coalición Canaria. Un año atrás, las cuentas se aprobaron con la complicidad del BNG y el BNG.

Así las cosas, en 2010 nos encontramos con un déficit público que acumula 87,000 millones de euros en las cuentas del año pasado. Mientras los ingresos del Estado en 2009 alcanzaban los 102,000 millones de euros, los gastos acumulaban 189,000 millones. Se ingresaron 27,000 millones menos que en 2008, pero se aprobó gastar 41,000 millones más que en el año anterior.

No podemos mirar hacia otro lado y pensar que este déficit se ha provocado por mera inercia. El gobierno ha dilapidado millones y millones de euros en diferentes partidas de gasto poco productivas y difícilmente justificables en tiempos de crisis. También, el endeudamiento de la administración paralela (que suma el 4,5% del PIB en 737 empresas, entes o fundaciones públicas fuera de control presupuestario directo) o el sobrecoste del Estado de las Autonomías (con un gasto improductivo calculado en un reciente estudio por encima de los 26,000 millones de euros) han contribuido a crear este “agujero”.

Pero este análisis pretende centrarse en los “rescates” apoyados por el gobierno en los últimos tiempos. Las cajas de ahorro que no han sabido equilibrar sus cuentas se han repartido “manguerazos” de dinero público que han endeudado aún más las cuentas públicas. No se incluyen los últimos rescates y el coste de las fusiones más recientes, por falta de datos definitivos.

Entre estos “rescates”, podemos recordar los siguientes:

– La fusión de las cajas de ahorro Manlleu, Sabadell y Terrassa recibió 380 millones de euros en “ayudas del FROB”,

– La unión de las cajas de ahorro de Manresa y Tarragona con Caixa Catalunya recibió 1,250 millones de euros, también dentro del “rescate financiero” que supuso el FROB,

– La operación de Caja Duero y Caja España fue abordada por el FROB con una “ayuda” de más de 500 millones de euros,

El “agujero” en las cuentas de Caja Castilla-La Mancha ha movido a la activación de “ayudas” por valor de 1,300 millones de euros. Los números del “rescate” final, que se concretará tras una fusión con Cajastur, serán aún mayores. Además, las fusiones anunciadas en las últimas semanas también se cobrarán al erario público.

Pero tenemos otros ejemplos de “rescates” fuera del sector financiero pero que también se han autorizado en los últimos meses: el sector del carbón, por ejemplo, recibe “ayudas públicas” por encima de los 1,489 millones de euros cada año. La plantilla receptora de las ayudas es de apenas 5,836 trabajadores, lo que supone subvencionar con 255,157 millones a cada minero.

Estas “ayudas”, “rescates” y “estímulos”, que se unen a iniciativas como el Plan E (y sus 13,000 millones de euros), tienen la culpa de la situación actual de las cuentas españolas. La intervención del Estado ha empeorado esta crisis, y el despilfarro de recursos públicos será ahora asumido por funcionarios, pensionistas y demás ciudadanos que nada han tenido que ver con la aprobación de todas estas iniciativas.

De la presión fiscal a la prisión fiscal

El director general de Tributos, Jesús Gascón, declaró en octubre de 2009 que Hacienda necesitaba salvar una situación que calificó de “insostenible”. Gascón se escudaba en la presión fiscal para argumentar que una subida de impuestos era fácil de asumir para los españoles.

Este argumento también ha sido empleado en varias ocasiones por Rodríguez Zapatero, que afirmaba en septiembre de 2009 que la presión fiscal de su Ejecutivo estaría siempre por debajo del 34,5% que heredó en 2004.

También son muchos los analistas y dirigentes que echan mano de la presión fiscal como argumento para sus subidas de impuestos. El problema es que muchos no parecen entender que la presión fiscal no tiene nada que ver con los tipos impositivos que aprueba uno u otro gobierno.

La presión fiscal mide la recaudación de Hacienda. Que baje la presión fiscal no significa que bajen los impuestos. De hecho, el efecto de subir los impuestos bajará la presión fiscal en la mayoría de los casos, pero supeditar este indicador al bolsillo de las personas es un profundo error.

Permitir que alguien use este comodín para engañar a los incautos sería de necios. Si en la mente de muchas personas se instala una noción equivocada, más fácil será manipular esas opiniones para que aplaudan un alza de tributos. No nos podemos quedar callados: la presión fiscal es el resultado de dividir la recaudación total por el PIB de un país. Este indicador depende más del ritmo de crecimiento económico o del fraude que de los tipos que imponga un gobierno.

Si nuestra presión fiscal es baja es porque Hacienda no recauda de forma efectiva. El problema es que nuestro esfuerzo fiscal sí es superior a la media europea. El español medio paga más impuestos que el europeo medio.

¿Qué nos dice todo esto? Básicamente, que nos cuentan verdades a medias para ocultar que nuestro mix fiscal agujerea el bolsillo de los ciudadanos pero no es capaz de conseguir la recaudación suficiente para financiar el bienestar del Estado que conocemos como Estado del Bienestar.

Milton Friedman y la libertad

“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas”.

“Hay una cortina de humo detrás de cada programa de gobierno”.

“Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”.

“El hombre libre no se pregunta ni qué puede hacer su país por él, ni qué puede hacer él por su país”.

“La causa de la libre empresa, de la competencia, es la única que puede mantener a los capitalistas alejados de tener un poder excesivo. Hay un viejo dicho que reza: “si quieres cazar a un ladrón, llama a otro para que lo atrape”.

“La virtud del capitalismo de libre empresa es aquél que coloca a un empresario frente a otro, y ese es el método más efectivo de control”.

“Los dos principales enemigos de la sociedad libre o de la libre empresa son los intelectuales, por un lado, y los hombres de negocio por el otro, y por motivos opuestos. Todo intelectual cree en la libertad para sí mismo, pero se opone a la libertad de los demás. Cree que debería haber una oficina de planificación central que establezca las prioridades sociales. El empresario es justo lo contrario. Todo empresario está a favor de la libertad de todos los demás, pero cuando se trata de él la cuestión cambia. Él es siempre el caso especial. Él debería tener privilegios específicos del Gobierno: una aduana, esto, aquello…”.

“Estoy a favor de bajar los impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible”.

“Una fuente mayor de objeciones a la economía libre es precisamente que […] da a la gente lo que quiere, en vez de lo que un grupo particular piensa que debería querer. Subyacente a la mayoría de los argumentos contra el mercado libre existe una falta de fe en la libertad misma”.

“Los gobiernos no aprenden jamás. Las personas sí lo hacen”.

“El salario mínimo impide a muchas personas obtener un empleo”.

La Administración Obama frente a BP: ¿De la crítica justificada al acoso empresarial?

La edición de esta semana del semanario británico The Economist aborda en profundidad la crisis originada en el Golfo de México con el vertido de fuel provocado por un grave accidente en la explotación petrolera de la empresa BP.

Inicialmente, Obama pareció dirigir su mirada hacia la empresa culpable de lo sucedido. Como cabría esperar, su posición frente a BP fue crítica y razonable. La petrolera contestó, prometiendo un desembolso millonario para subsanar los daños provocados por el vertido. También BP preparó un fondo para compensar a trabajadores perjudicados por lo sucedido, y anunció que no repartiría dividendos en 2010.

Peor aún: de la crítica justificada a la empresa, el gobierno de Obama ha evolucionado a un acoso más general hacia los empresarios americanos. The Economist nos recuerda la desafortunada ruta de desprestigio que viven muchos emprendedores de la mano de movimientos anti-globalización, anti-capitalismo y anti-liberalismo.

Una plataforma apoyada por ciertos arietes de estas posiciones ha convocado en 50 ciudades una serie de manifestaciones “a favor de la expropiación de BP”. El secretario de Interior estadounidense, Ken Salazar, ha prometido que “mantendrá el pie del gobierno sobre el cuello de BP”. Nancy Pelosi, portavoz del gobierno, afirmó cual autoridad dictatorial que BP “no puede repartir dividendos hasta que todo el daño haya sido reparado”, obviando además que la empresa ya había anunciado esta medida de forma unilateral. El mismo presidente Obama ha reconocido en una entrevista televisado que está buscando “qué traseros debe patear”.

Otro ejemplo de acoso empresarial de la Casa Blanca: Ken Salazar, al que mencionábamos antes, afirma que BP tendrá que compensar también “la congelación de la actividad petrolífera en plataformas marítimas”. The Economist recuerda con acierto un pequeño detalle: la única persona responsable de haber declarado tal congelación es el propio Salazar, cuyo departamento tomó dicha medida en contra de las empresas del sector.

¿Es BP un chivo expiatorio? No se puede afirmar tal cosa. BP es culpable, y eso debe ir por delante. Eso sí: BP no es el único culpable. Como señala The Economist, la petrolera opera “en una de las actividades económicas más reguladas de la Tierra” y funciona dentro de un marco amigo de los “subsidios e incentivos gubernamentales”.

Así las cosas, queda claro que lo que está en juego es mucho más que un desastre natural. También la credibilidad del gobierno está sufriendo con este vertido, y al contrario que el fuel que ahora mancha el Golfo de México, es muy difícil recuperar las oportunidades económicas que EEUU está perdiendo cada vez que sus líderes hacen declaraciones tan desafortunadas como las que recuerda The Economist.

Los intereses de la deuda se comerán el plan de ajuste

Las emisiones de deuda española se siguen sucediendo, y la continua degradación de la credibilidad de nuestra economía no ayuda a la hora de limitar su impacto futuro.

Según los expertos, los intereses que suman todas estas colocaciones de deuda alcanzan ya cantidades tan altas que el recorte presupuestario de 15,000 millones de euros será engullido por los pagos de estas obligaciones.

Cuando se elaboraron los PGE 2010, el Estado colocó 23,000 millones en el capítulo dedicado a pagar esa deuda. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el cálculo está hecho teniendo en cuenta la prima de riesgo de 2009, cuando el diferencial español con Alemania estaba por debajo de los 70 puntos. Hoy, ese diferencial anda por los 200 puntos, con lo que los 23,000 millones serían ya más de 30,000.

En el mes de julio, además, vencen 24,000 millones de euros de deuda que el Tesoro tendrá que volver a financiar. ¿Qué precio vamos a pagar para obtener esos dineros? Si tomamos como referencia las emisiones de hace unos días nos encontramos con un interés que excede lo pagado en abril en un 170%.

Así las cosas, queda claro que el Ejecutivo sigue siendo incapaz para recuperar el nivel de ingresos previo al comienzo de la crisis, de la misma forma que tampoco acierta a recortar sus gastos de manera suficiente. Este segundo punto es el más drástico y repentino, pero también puede ser el mejor aliado mientras se aprueban las reformas que necesita el país.

Sin embargo, y según demuestran la reforma laboral presentada o la tímida revisión de las subvenciones a la energía renovable, parece que no se avecinan grandes cambios en las carencias estructurales españolas. Por esta razón, o se aprueba un plan de ajuste muy superior a los 15,000 millones de euros prometidos, o el futuro de España será una insoportable espiral de endeudamiento pagado con más endeudamiento.

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