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Claves de competitividad: la reforma laboral en España

España no es un país de emprendedores. Su número total ronda los tres millones, una cifra inferior al número de empleados públicos que trabajan en el país. Así las cosas, queda claro que la competitividad laboral española pasa irremediablemente por la creación de condiciones óptimas para el desarrollo empresarial, sobre todo ante la delicada situación que atravesamos desde finales de 2007.

Nuestra legislación laboral básica acumula tres décadas de antigüedad. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue aprobado con amplio apoyo parlamentario,  si bien la norma heredaba muchos rasgos característicos de las leyes del trabajo aprobadas bajo la dictadura.

Las leyes aprobadas en la Transición deben ser revisadas. Tras su aprobación, los gobiernos de Felipe González no crearon ningún puesto de trabajo neto entre 1982 y 1996. Los 12,7 millones de trabajadores que estaban empleados en 1976 eran 160,000 más que los ciudadanos ocupados en 1996.

Entre 1996 y 2004, las políticas de apertura económica impulsadas por los gobiernos del Partido Popular dieron sus frutos, consiguiendo altos niveles de crecimiento que se tradujeron en la creación de millones de puestos de trabajo. Esta enseñanza, experimentada bajo la misma normativa, demuestra que la primera condición para crear empleo es la fijación de la libertad económica como el centro de la acción política.

Sin embargo, los gobiernos populares no modificaron la regulación laboral de forma profunda. Esta situación explica que en 2010, la crisis económica se haya manifestado en España de una forma muy distinta a la vivida fuera de nuestras fronteras. Ningún otro país está viviendo una destrucción de empleo comparable a la que sufrimos.

Para que el lector se haga una idea del impacto de la crisis en el mercado laboral de nuestro país, Eurostat calcula que el 72% de los trabajos perdidos en la zona euro han sido empleos destruidos en España. Así las cosas, mientras Alemania ha creado 665,000 empleos desde finales de 2007, España ha perdido 1,878,000 empleos. Esto no quiere decir que otros países no estén sufriendo esta situación, pero los 279,000 empleos perdidos en Francia o los 434,000 trabajos destruidos en Reino Unido no tienen nada que ver con los millonarios datos del paro español.

Además del drama social que supone una España con casi cinco millones de trabajadores sin empleo, nos enfrentamos a desafíos muy complejos que se derivan de esta situación. El pago de los subsidios de desempleo está saliendo muy caro al Estado, y el Estado está combatiendo esta situación con más impuestos y más endeudamiento. Esta espiral es un círculo vicioso que no se sostiene a largo plazo.

Aspectos como la negociación colectiva deben ser eliminados en favor de acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores. No podemos seguir afrontando la política laboral desde la esencia corporativista de la Italia de Mussolini. La vigencia del convenio colectivo en España es de las más rígidas de toda Europa, muy por delante de países como Polonia, Portugal, Francia, Reino Unido, Noruega… Además, hay que revisar la financiación pública entregada a sindicatos o patronal, dos organismos que deberían funcionar con las cuotas de sus afiliados para ser realmente representativos.

Tampoco podemos permitirnos la dualidad de un mercado laboral que protege en exceso a los trabajadores fijos, castigando a los que no lo son. El coste del despido debe ser evaluado de nuevo. Además, no podemos seguir derrochando miles de millones de euros en cursillos de inserción laboral que no consiguen éxito alguno en su cometido.

También la Seguridad Social debe ser revisada: si la capitalización no es, por desgracia, una opción, habría que considerar al menos la elaboración de fondos de despido como ocurre en Austria; además, las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social merecen una rebaja.

Finalmente, España debe asumir un escrutinio mucho más activo de su lista de parados de larga duración. El 40% de los trabajadores que llevan más de seis meses sin empleo entra en la categoría de trabajador “parado de larga duración”, lo que demuestra una falta de incentivos para asumir nuevos empleos. Además, la cifra sería más alta si excluimos a quienes han perdido su trabajo de forma más reciente y puntual.

En EEUU, un trabajador debe presentar semanal o quincenalmente una serie de formularios que acrediten la búsqueda activa de empleo: envío de currículos, asistencia a entrevistas de trabajo, etc. Además, rechazar ofertas de trabajo acaba suponiendo una pérdida de las prestaciones por desempleo, entendiéndose que cuestiones como la movilidad no pueden ser una excusa.

Si desean consultar un estudio completo sobre el tema, consulten este documento de la Fundación FAES o este artículo de Manuel Llamas.

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